Se celebró en Cartagena los pasados dos y tres de febrero la Conferencia Nacional de Cooperación y Derechos Humanos que convocada por la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, y con la asistencia de 17 delegaciones diplomáticas miembros del G-24 presentes en Colombia, incluidos 7 embajadores y la Troika del G-24,  el sistema de Naciones Unidas, organismos multilaterales y más de 300 personas procedentes de organizaciones de la sociedad civil colombiana sesionó con el propósito de repotenciar el proceso Londres Cartagena, deliberar los elementos centrales de las agendas de discusión de la cooperación y los dd.hh en Colombia y fortalecer el diálogo tripartito, gobierno, comunidad internacional y sociedad civil, que se desarrolla en ese marco, e invitando a representantes de partidos políticos para iniciar un diálogo con ellos y hacer de estos temas y proceso un debate nacional.

Se lanzó igualmente la campaña “2007, Año de los derechos de las personas desplazadas, liderada por ACNUR, el Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), se presentaron iniciativas y reflexiones de las plataformas de derechos humanos y paz que actúan en Colombia y al final el CONSENSO DE ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA[1] expidieron una declaración final. Esta además de reconocer que “El proceso Londres Cartagena constituye una valiosa experiencia de interlocución y concertación democrática entre múltiples y diversos sectores de la sociedad civil, la comunidad internacional presente en Colombia, incluido especialmente el G-24, y las instituciones del Estado, para definir la orientación de la cooperación internacional de acuerdo con prioridades de carácter nacional.”, precisa el alcance que se pretende tenga el apoyo de la comunidad internacional “a los procesos de búsqueda de la paz, de superación de la crisis humanitaria, la plena vigencia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, del desarrollo humano sostenible y la equidad social.

Reafirmaron la pretensión democrática del ejercicio en tanto “ha llevado a valiosos consensos y disensos. Es importante reafirmar la vigencia de estos consensos logrados y reconocer los disensos como expresión inherente a las prácticas democráticas que fundamentan la continuidad del diálogo tripartito y constituyen insumos importantes para la búsqueda de nuevos acuerdos de alcance nacional”.

Al respecto de las relaciones internacionales se pronunciaron a favor de “un orden internacional democrático orientado hacia el multilateralismo, la búsqueda de soluciones políticas a los conflictos, la vigencia del derecho internacional, la paz y los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad social, contra los desequilibrios regionales, y contra toda forma de discriminación”.

Explicitaron cuales son desde su perspectiva, compartida con la comunidad internacional de que los temas fundamentales de la interlocución son “a. Paz, derechos humanos y Estado Social de Derecho hacia la reconciliación nacional; b. territorio, medio ambiente y política antidrogas; c. desarrollo social y gobernabilidad democrática; y d. crisis humanitaria y atención integral a las víctimas”.

Pusieron sobre la mesa los criterios que deben orientar el diálogo dentro de los que se destacan “La participación de las comunidades locales y el reconocimiento de las problemáticas regionales”, el reconocimiento de “las necesidades diferenciales y los derechos especiales de grupos étnicos, sectores poblacionales, así como colectivos discriminados y/o vulnerables”. Hicieron especial énfasis en la necedad de “Priorizar los intereses, necesidades y derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como las garantías para el acceso a sus derechos” y en la importancia de “proyectos que busquen fortalecer las instituciones estatales, en especial las entidades de control del Estado, así como las entidades territoriales”.

En lo que tiene que ver con los temas y los espacios de interlocución se puso de presente que “Los espacios de diálogo tripartito para el seguimiento sobre las recomendaciones internacionales de derechos humanos, sobre impunidad, sobre comunidades en riesgo, sobre defensores y defensoras de derechos humanos, así como las acciones que buscan promover la concertación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y DIH, son campos que deben seguir desarrollándose en el marco de este proceso”. Fieles a su tradición de valoración del papel de la comunidad internacional, en las condiciones colombianas, la declaración final  “reconoce el valioso papel del PNUD, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de ACNUR, OCHA y demás agencias del sistema de Naciones Unidas que trabajan en favor de los derechos de los colombianos y colombianas. Igualmente reconocen los valiosos esfuerzos de la cooperación con Colombia desarrollados por gobiernos e iniciativas internacionales de la sociedad civil”.

Los intereses de los trabajadores son especialmente tenidos en cuenta al saludar el acuerdo tripartito entre el Gobierno, los empleados y los empleadores alcanzado en la 95 Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, así como los resultados del proceso de consulta del Plan Nacional de Desarrollo para lo cual se hace “un llamado al Gobierno Nacional para que en el proyecto de plan nacional de desarrollo 2006-2010, se tomen en cuenta las recomendaciones hechas por el Consejo Nacional de Planeación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.

Se reconoce la grave crisis humanitaria y de DD.HH, expresando que “A pesar de la disminución de algunos indicadores de violencia, persiste una crisis humanitaria y de derechos humanos, que se expresa con mayor crudeza en las zonas rurales. En Colombia persiste una situación de violencia y conflicto armado que sigue produciendo víctimas y afectando a la población civil más vulnerable. Se mantienen las infracciones al derecho internacional humanitario por parte de guerrillas y paramilitares. Servidores de la fuerza pública han estado comprometidos con infracciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que menoscaba la obligación del Estado de salvaguardar a la población civil”.

Manifiestan las organizaciones múltiples y diversas de la sociedad civil colombiana su preocupación porque “El destacado crecimiento económico, reportado por el DANE, del 7,68% para el tercer trimestre de 2006, debe estar acompañado de medidas concretas para la redistribución de la riqueza y para disminuir los desequilibrios regionales. Pese al aumento de la cobertura educativa y del sistema de seguridad social en salud, siguen siendo preocupantes las falencias existentes en materia del desarrollo social y los altos índices de concentración del ingreso, que ubican al país en la categoría de alta desigualdad, mostrando un grave deterioro en materia distributiva, que aún se expresa en la ausencia de una educación gratuita y universal con calidad, en una preocupante crisis hospitalaria y en la dificultad de los entes territoriales para contar con los recursos que garanticen la satisfacción efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Mostraron los riesgos que para la democracia significan “Las acciones y penetración de grupos guerrilleros y del paramilitarismo en las economías locales y en ámbitos institucionales, distorsionan los procesos de participación política y de representación democrática, afectando la pluralidad, los derechos y libertades políticas y la vigencia del Estado Social de Derecho”. Las elecciones territoriales de 2007 demandan un esfuerzo especial de veeduría internacional sistemática y el respaldo a los esfuerzos de observación electoral desde la sociedad civil. Y que además “Las acciones de guerrillas y paramilitares, así como los enfrentamientos con la fuerza pública, continúan contribuyendo al desplazamiento forzado de personas. El desplazamiento también es causado por procesos de apropiación violenta de la tierra y de los recursos económicos en los territorios, afectando especialmente los derechos de campesinos y campesinas, indígenas y afrodescendientes”.

Hacen un llamado hacia la paz en tanto “Consideramos que la solución política negociada sigue siendo el instrumento más idóneo para resolver el conflicto armado interno. Insistimos en el llamado a las guerrillas y al gobierno colombiano a mostrar su voluntad de avanzar efectivamente en conversaciones de paz y en la celebración de acuerdos verificables sobre el fin de las hostilidades. Se destaca que las organizaciones saluden “los acercamientos adelantados entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional y esperamos que conduzcan a resultados concretos en materia humanitaria y que desarrollen un proceso de diálogo que lleve a la paz”.

En lo referente a los secuestrados al tiempo que  “insistimos en que las guerrillas deben frenar todo tipo de hostilidades y liberar inmediatamente y sin condiciones a todos los secuestrados.” Declaran que “Los acuerdos humanitarios, que puedan celebrarse entre el Gobierno y las FARC y que tengan por objeto liberar a estas personas y aliviar a la población civil mientras persista la confrontación, con sujeción estricta al Derecho Internacional Humanitario, deberán ser una vía importante para propiciar el acercamiento entre las partes y la solución política del conflicto.”

Los derechos de las víctimas en general son altamente destacados tal que “Los procesos de diálogo o negociación que se desarrollen entre el Estado y grupos guerrilleros o paramilitares, deben basarse en el respeto irrestricto por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, incluyendo las garantías de no repetición. El conocimiento pleno de la verdad, la superación de la impunidad y la reparación integral de las victimas son condiciones indispensables para el desarrollo de auténticos procesos de reconciliación nacional y para evitar la repetición de la violencia.

El papel de la sociedad civil en los procesos de negociación y dialogo también ocupa un lugar importante en las preocupaciones de la sociedad civil expresado en la exhortación de que “es fundamental para la construcción de la paz, y demanda de las partes en conflicto el respeto de sus derechos y su autonomía, así como el respaldo de la comunidad internacional.”

Se reconoce el nuevo marco en que se pueden dar avances en ese terreno gracias a acciones de las distintas organizaciones de la sociedad civil y en particular de las organizaciones de victimas pero también “y pese a las dificultades que la aplicación del marco legal vigente en la materia puede ofrecer, la sociedad colombiana reconoce los esfuerzos de instituciones estatales como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para avanzar en esa dirección”.

Se “toman nota, a los fines del debate público que suscitan, de las recientes declaraciones gubernamentales sobre la importancia de la verdad total, y esperan que estas declaraciones estén acompañadas de medidas prontas encaminadas a la colaboración eficaz del gobierno en los procesos de juzgamiento, derivados de la acción de grupos armados al margen de la ley en el país, de la creación de éstos, de la connivencia con su proceder o de la omisión en el desmantelamiento y lucha contra su accionar. Así mismo, instan a las autoridades a depurar las instituciones estatales que pudieren verse comprometidas con estas prácticas.”

Reafirmando su talante democrático y civilista las organizaciones del consenso declaran que “Reconocemos el principio constitucional del monopolio legítimo de la fuerza en cabeza del Estado con estricto cumplimiento a los derechos humanos, y rechazamos cualquier acción violenta que tenga como fin acceder al poder o detentarlo ilegítimamente.” , al tiempo que instan al gobierno a cumplir con sus obligaciones en consonancia “con insistentes planteamientos y exigencias de diversas organizaciones de la sociedad civil a lo largo de más de dos décadas de trabajo por la defensa y promoción de los derechos humanos.”

En cuanto al proceso en marcha con los paramilitares la declaración insiste en que este “debe garantizar la desactivación definitiva de las estructuras económicas, políticas y sociales que los soportan, así como la devolución de tierras y demás bienes despojados violentamente. Igualmente debe conducir a la reparación integral y a evitar las formas de reactivación del paramilitarismo bajo las modalidades que ha denunciado la MAPP-OEA.”

Finalmente la Declaración “Con profunda tristeza y total indignación, condenamos el asesinato de líderes sociales, como el de Yolanda Izquierdo, líder de las organizaciones de víctimas del departamento de Córdoba. Es imperativo proteger cabal y eficazmente a las víctimas, y garantizar el acceso de todas ellas a los medios que permitan el peno respeto a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.”

Esta declaración final significa un esfuerzo de convergencia de muy diversas organizaciones de la sociedad colombiana, que incluyen a la Iglesia Católica y a los 15 sectores sociales representados en la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines; a la organización de los Alcaldes Municipales y a los empresarios organizados del país; a la variopinta presencia social e institucional del Consejo Nacional de Planeación y a la no menos diversa Confederación de ONG; y a las Fundaciones empresariales.

Antonio José Madariaga Reales
Director Ejecutivo
Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 48
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org