Los próximos 29 y 30 de Noviembre se desarrollará en Bogotá esta conferencia que sigue los pasos de Londres (julio 2003) y de Cartagena (febrero 2005). Esta conferencia sin embargo marca diferencias importantes con respecto a las dos anteriores.

Para comenzar claramente se identifica como una conferencia política y no como una mesa de donantes. Este punto de vista, motivo de discusión entre las partes durante el diseño de la conferencia, fue impulsado por el G-24 y por la sociedad civil. La decisión de hacer una conferencia de naturaleza política tiene como consecuencia lógica una caracterización de la misma alrededor de los temas de discusión y en ello es posible diferenciar tres momentos. El primero de ellos, y que concentra la atención de la sociedad civil y la comunidad internacional se desarrolla alrededor de los temas de retos y problemas de la democracia, derechos de las víctimas, lucha contra la inequidad y la exclusión, nuevas perspectivas en la lucha contra las drogas, vigencia de los Derechos humanos y construcción de paz. Participarán de manera amplia en ese debate más de 400 personas, lo que incluye delegaciones oficiales de 35 países y más de 50 delegados de la sociedad civil de países de Europa, Norte y Suramérica. Será el momento privilegiado para la deliberación.

El segundo momento, de carácter gubernamental y claramente expositivo, el gobierno de Colombia presentará un balance de sus intenciones, políticas y metas alrededor de los temas que ha considerado prioritarios, pobreza, estrategia de cooperación y derechos humanos. Nótese que el conflicto como referente desaparece en la temática gubernamental.

El tercer momento, de carácter intergubernamental y que dará lugar posiblemente a la declaración de Bogotá, ha sido caracterizado por el gobierno, en razón de sus representantes en el, (el Alto Comisionado para la Reintegración Frank Pearl, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo y el representante del presidente Uribe en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y presidente de la misma, Eduardo Pizarro), como el momento de la desmovilización paramilitar, probablemente centrado en los victimarios y en la necesidad de recursos para su reintegración.
Esta caracterización de los momentos muestra la tensión fundamental de la Conferencia y en especial entre los momentos uno y el tres. Mientras que la sociedad civil centra su atención en las víctimas, el gobierno lo hace en los victimarios. Mientras la sociedad civil centra su atención en los riesgos de la parapolítica para la democracia, el gobierno lo centra en el Plan de Desarrollo. Y mantienen una tensión en la mirada que sobre el tema de derechos humanos las partes tienen.

Una segunda característica diferenciadora es que esta conferencia es tripartita. Eso quiere decir que todos sus momentos son oficiales, (en las anteriores el diálogo y la presencia de la sociedad civil era previo y no oficial y por lo tanto sus conclusiones también lo eran). Esta característica resuelve a nuestro modo de ver una vieja polémica al interior de las organizaciones de la sociedad civil y de manera particular entre las organizaciones de derechos humanos en Colombia.
La pregunta en esta polémica es: ¿Hasta dónde y hasta cuándo tener interlocución con un régimen autoritario, que amenaza el Estado Social de Derecho y que estigmatiza a los defensores y defensoras de derechos humanos y a los dirigentes sociales y políticos de oposición, calificando de terroristas a quienes discrepan de él?

En términos políticos un sector de la sociedad civil, en particular la Alianza de Organizaciones Sociales y afines ha claramente especificado, que mientras se mantengan las formalidades de la democracia en Colombia y a pesar de sus muy profundas críticas al régimen, la interlocución con el mismo, la incidencia en las políticas públicas y en las relaciones internacionales por la vía del diálogo son derechos y no concesiones. Desde esa perspectiva no se renuncia al uso de las formas legales y legítimas de presión, no se renuncia a la movilización y a la protesta, ni se la sustituye. Se entiende que todas estas formas están unidas y forman parte de una disputa por la democracia real que tiene múltiples escenarios.

La tercera Conferencia finalmente expresa una paradoja muy colombiana. Desde la perspectiva económica y por ser un país de renta media Colombia no es objeto prioritario de la cooperación internacional masiva. En ese sentido es menos importante que África o que Bolivia. Sin embargo, la grave crisis humanitaria y de Derechos Humanos, el conflicto armado interno y el tráfico de drogas son razones suficientes para la existencia de una importante presencia e interés tanto de los Estados como del sistema de Naciones Unidas en el país. Esa presencia se expresa en la existencia de una de las más grandes delegaciones del sistema en el mundo, (especialmente en el área de los DD.HH y de los Refugiados), en la existencia y gran actividad del G-24 y en el diálogo tripartito.

Será entonces la Tercera Conferencia una ocasión en la que se confrontarán nuevamente tesis sobre el conflicto y su solución, sobre la relación entre desigualdad y pobreza, sobre autonomía de la organizaciones y procesos de la sociedad civil, sobre los derechos de la víctimas de manera especial y sobre como esos asuntos son vistos en la perspectiva de las relaciones internacionales de Colombia.


Antonio Madariaga Reales
Director Ejecutivo
Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
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