Colombia

El Bajo Atrato: todas las violaciones

Antonio Madariaga

07/02/2010

Opinión

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Según datos de la Comisión Ciudadana de Seguimiento a la Política Pública del Desplazamiento, en su XIV Informe de Verificación,[1] la población que se reconoce como población afro, víctima de desplazamiento forzado, es del 16.4% de la totalidad de la población víctima de desplazamiento.

Las comunidades Negras o Afrodescendientes con el desarrollo de la ley 70 de 1993 han avanzado en la consecución de varios títulos colectivos en las cuencas de los ríos Atrato, San Juan, Baudó y en el litoral pacífico.

Sobre esta base territorial se ha ido consolidando una afirmación étnica que, se apresta a avanzar en la puesta en marcha de propuestas de mejoramiento de la calidad de vida de acuerdo a sus percepciones culturales, ya sea definida como “Planes de Vida” para la población indígena o Planes de Etnodesarrollo” para las comunidades afrodescendientes.

Este proceso ha sido contrarrestado con un intenso proceso de agresión a las comunidades afro en particular de las riberas del Atrato. Como resultado de esa agresión se han producido grandes procesos de desplazamiento, usurpación de tierras, confinamiento y el asesinato y estigmatización de los líderes de las organizaciones sociales del Atrato. La población civil ha sido la víctima, pues el irrespeto de los Derechos Humanos y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario, por parte del Estado, los paramilitares y las guerrillas, ha ido en aumento, con picos tan altos como el crimen de guerra cometido en Bellavista-Bojayá. Además se puede constatar que la lógica de la guerra está articulada a la lógica de la expansión del capital.

Grandes extensiones de tierra han sido apropiadas por paramilitares. En la carretera que conduce de Riosucio a Belén de Bajirá, es posible constatar la existencia de explotaciones de ganadería extensiva que son identificadas por las comunidades, como la finca de Carlos Castaño o de Vicente Castaño o de la suegra de Carlos Castaño o de Alias “Monoleche” el asesino de Carlos Castaño. Estas tierras colectivas han sido usurpadas, sembradas en palma, convertidas en potreros y recientemente en bananeras y plataneras, a pesar de ser de las más militarizadas del país.

A esta amenaza se suma la que se deriva del interés creciente por los recursos naturales, por parte de inversionistas, quienes pasan por el derecho de las comunidades negras a la consulta previa sin que haya suficiente acción del gobierno para hacer efectivo ese derecho

Quibdó ha pasado a ser una ciudad violenta. Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, hay mucho silencio y poca denuncia, porque por lo general las víctimas son personas sin familia. Por eso no hay una política clara para combatir estos crímenes. Los cadáveres aparecen degollados, o los echan al río. Según la Policía, hay una variable constante y es la pelea entre Los Rastrojos y las Águilas Negras por el control de economías legales e ilegales. “A la modalidad del sicariato, mayormente utilizada y que reproduce los modos de las AUC, se adicionan los casos de personas asesinadas en forma brutal, cuyos cuerpos son mutilados y lacerados con sevicia, conducta definida como la causa del daño mas allá del necesario para matar, con la que el perpetrador busca garantizar la eficacia simbólica del mensaje enviado al colectivo: la alteración del cuerpo del enemigo, en función del sometimiento de la población civil al control y a la subordinación, a través del miedo como principio operatorio”, ha denunciado la Defensoría del Pueblo[2].

Recientemente y después de una ligera inflexión de los ataques a líderes del Bajo Atrato estos se han reanudado.

En el mes de diciembre del año 2009, el día 21 fueron asesinados en un ataque con granadas Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo a manos de las FARC. En el mes de enero de 2010, el día 13, fue asesinado de tiros de fusil por paramilitares, Argenito Díaz, después de bajarlo del vehículo donde se transportaba. Los asesinatos de estos líderes de población afro, son los más recientes, de los centenares que se cuentan, en el territorio colectivo de las comunidades negras.

Decisiones recientes del Tribunal del Chocó devuelven a las comunidades negras sus tierras. Los asesinatos referidos presagian un aumento de la respuesta violenta de los usurpadores, por lo que requerimos del Gobierno la protección efectiva de estas asociaciones y sus líderes y el cumplimiento inmediato de los fallos judiciales y a la comunidad internacional solicitamos sus buenos oficios para la protección de las comunidades.

- Antonio Madariaga es Director ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 193, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

[1] Ver informe completo en www.viva.org.co

[2] http://www.verdadabierta.com/conflicto-hoy/50-rearmados/1556-en-quibdo-l...

https://www.alainet.org/es/active/36028