Los DD.HH en el primer año del Gobierno Santos

Antonio Madariaga

04/08/2011

Opinión

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Como sucede con muchas otras cosas en el Gobierno Santos, no resulta fácil hacer un diagnóstico de sus comportamientos frente a las obligaciones que el Gobierno colombiano tiene en materia de DD.HH.

Al respecto es necesario entender la razón por la que el Estado colombiano es frecuentemente condenado y/o requerido por los organismos internacionales de DD.HH y por la Corte Constitucional. Porque el Estado Colombiano tiene el deber de garantizar la plena vigencia de los DD.HH y ser respetuoso de las normas del DIH. Lo anterior no admite excepciones ni se satisface con buenas intenciones. En este sentido para realizar una evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado, no se hace sobre planes o declaraciones solamente, aunque en ciertos sentidos y momentos estas sean necesarias, sino sobre medidas que permitan, en términos de lo definido por la Corte Constitucional colombiana, el goce efectivo de derechos.

En términos generales lo que se puede afirmar es que desde el inicio del Gobierno Santos hay un nuevo clima para “hablar de DD.HH” y algunas acciones, como por ejemplo, las declaraciones del Presidente sobre víctimas, defensores y defensoras de DD.HH en el Salado o su compromiso para la aprobación de la ley de víctimas y restitución de tierras en el Congreso, la apertura a la formulación participativa de una política pública en DD.HH y DIH, o la reanudación, con tropiezos, del proceso de Garantías, o la interlocución de altísimo nivel, presidencial, ministerial y de vicepresidencia, pero que a pesar de ello esto no se traduce suficientemente en una significativa mejora en la situación de DD.HH. Colombia tiene una grave situación de Derechos Humanos y persiste una de las crisis humanitarias más grandes y profundas del mundo.

En efecto, hay un recrudecimiento de las amenazas y agresiones a líderes sociales, defensores y defensoras de DD.HH, por parte de las Águilas Negras, Rastrojos y paramilitares de nueva y de vieja generación, todos ellos paras, reparas y recontraparas. Allí, la negativa del Gobierno a reconocer la existencia del paramilitarismo, aún en sus nuevas formas, es un obstáculo insalvable para la mejoría en los Derechos Humanos, y lo es en primer lugar porque al no reconocer el fenómeno no se disponen las políticas e instrumentos necesarios para su combate y en segundo lugar porque eso deja indemne tal vez la amenaza más importante que tiene la democracia colombiana, a saber, las alianzas político-paramilitares-terratenientes con connivencia o participación abierta de servidores públicos y fuerzas militares en las regiones. Todos y todas sabemos que en Córdoba quienes dirigen de facto el departamento son los representantes de esa alianza macabra, a su vez herederos de diversos pelambres del paramilitarismo de la farsa o metáfora de la desmovilización.

Lo más grave es que todo parece indicar que esta situación, de suyo preocupante, tenderá a ponerse peor en la medida en que se inicien las reclamaciones y los procesos de restitución de tierras derivados de la ley 1448. Es una preocupación en la que coinciden públicamente, las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Presidente, el Vicepresidente, el Ministro del Interior y el Ministro de Agricultura. Pero su tarea no es anticipar que eso va a suceder, es evitar que suceda.

En segundo lugar, hay un aumento de las agresiones y de la violencia sexual contra mujeres, en la que son perpetradores miembros de la Fuerza Pública, sin que hayan sido dispuestas las acciones necesarias para erradicar esa práctica, que aún con el subregistro existente, es francamente espeluznante. Las cifras reveladas por las organizaciones de mujeres son, al respecto, sumamente dicientes.

En tercer lugar y muy a pesar de los diálogos con la Mesa de Concertación Indígena, o con las organizaciones nacionales afro, y de los acuerdos alrededor del Plan de Desarrollo o del artículo transitorio de la ley de víctimas y restitución de tierras sobre la Consulta Previa, el Gobierno no evidencia compromiso efectivo con la aplicación de las normas constitucionales y la jurisprudencia que se deriva del Convenio 168 de la OIT en lo que se refiere a la Consulta Previa y al consentimiento libre e informado. Tal vez en ese aspecto lo más significativo recientemente son las desafortunadas declaraciones y actuaciones en el Cauca. De hecho y a pesar de las reiteradas declaraciones de la ACIN y del CRIC de su autonomía e independencia, en una inadecuada y guerrerista interpretación de la soberanía, el Presidente y las Fuerzas Militares insisten en pasar por encima de los derechos de los pueblos indígenas y derribar las casas de civiles que hayan sido o se sospeche que sean utilizadas por la guerrilla, así como en la instalación de batallones de Alta Montaña en territorio indígena.

De un carácter distinto, pero con la misma consecuencia práctica, en términos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, está la marcha atolondrada y depredadora de la “locomotora minera”, es decir, el discurso general sobre los Derechos Humanos se pone a prueba en esas circunstancias concretas y definitivamente no saca notas aprobatorias. Esa misma locomotora arrolla los derechos ambientales de los colombianos y colombianas. La concesión de títulos mineros y de explotación de hidrocarburos en paramos, reservas forestales, zonas de producción de agua, zonas de arrecifes como en Providencia, etc. son muestras de la falta de voluntad del Gobierno colombiano de preservar nuestros recursos y en esa misma medida su decisión de violar derechos colectivos.

En cuarto lugar el incumplimiento a la sentencia T-760 de la Corte Constitucional sobre la salud, y la insistencia en mantener el sistema actual de aseguramiento que ha demostrado con creces su fracaso y ha deteriorado el acceso real de los colombianos y colombianas a la salud y los anuncios de modificaciones a la sistema pensional para “desactivar la bomba pensional” corresponden a una noción mezquina de la obligación del Estado de garantizar la realización y goce efectivo de los derechos sociales, en contravía del Estado Social y Democrático de Derecho que es eje central de la Constitución de 1991. Del mismo talante es el incumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional C-376 sobre la educación, que refiere a la obligación del Estado de garantizar la gratuidad y universalidad de la educación hasta la educación media, en la que al parecer, y con vacíos en las más tempranas edades, sólo están en condiciones de cumplir, algunos esfuerzos locales como en los casos de Bogotá y Medellín. Afortunadamente y a pesar de ser inconstitucional, como creemos que lo declarará la Corte Constitucional, se derrotó el intento de volver la “sostenibilidad fiscal” un principio y volverlo apenas un “criterio”, pero no por ello deja el sinsabor de una política antisocial por parte del Gobierno.

Hechas las anteriores consideraciones se podría concluir, como concluyen algunos, que el discurso del Gobierno es un ardid, subterfugio o estratagema para engañar a los defensores de Derechos Humanos y que por lo tanto lo que corresponde es cerrar toda interlocución con el Gobierno y dedicarse a la oposición.

Al respecto varias consideraciones. La primera de ellas es que la interlocución con el Estado y con el Gobierno es un derecho de las organizaciones de la sociedad civil, que sólo podría ser reconsiderado a la luz de la existencia de gobiernos dictatoriales que rompan el orden jurídico y las formalidades del Estado de Derecho, y que por lo tanto abandonar la interlocución, cuando no se dan esas condiciones, es renunciar a un derecho. Dicho de otra manera, la sentada a una mesa de interlocución con un Gobierno formalmente democrático tiene que resistir a la tentación fácil de pararse de la misma, lo realmente difícil es permanecer sentado.

La segunda consideración es que esta conducta es tanto más adecuada, la de la interlocución, si hay espacios donde existen posibilidades de incidencia y hasta ahora el Gobierno Santos mantiene abiertos espacios de interlocución que muestran posibilidades de incidencia en políticas y actuaciones públicas.

Finalmente, las organizaciones de Derechos Humanos no somos un partido político para pasar a la oposición, en tanto nuestra tarea es independiente del signo ideológico y la filiación política del gobernante, aunque tengamos posturas políticas; no somos una organización social, (aunque haya organizaciones sociales también en las plataformas de DD.HH), para hacer depender la interlocución de la respuesta a reivindicaciones específicas y precisas en una coyuntura determinada y finalmente estamos por definición, circunscritos a la utilización de los mecanismos legales de acción política y social.

Por eso y más si se trata de aprovechar oportunidades que la coyuntura brinda, nuestra tarea sigue siendo la de incidir nacional e internacionalmente, interlocutar, criticar, presionar, hacer pedagogía en DD.HH, participar en procesos de movilización social y de exigibilidad de derechos, en fin, utilizar las herramientas de la democracia para mantener la interlocución, no para negarla.

- Antonio Madariaga es Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía

Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 266, Corporación Viva la Ciudadanía, 5 - 11 de Agosto de 2011.

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