En medio de la frustración y la indignación que produce el haber vivido y padecido la manera artera como el Presidente de la República y los Ministros del Interior y de Hacienda con el acompañamiento del Presidente de la CNRR, orquestaron la desnaturalización del proyecto de ley de víctimas, queda la potente sensación del avance innegable del movimiento de víctimas en Colombia y la evidencia de que ese tema, el de los derechos de las victimas llegó a la sociedad colombiana y se instaló. Ya no será posible echarlo atrás a pesar de las maniobras, la desinformación y las frases rimbombantes de que “tenemos la legislación más avanzada del mundo” y somos “líderes  mundiales en proteger los derechos de las víctimas”.

La Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales, participó de manera muy activa y comprometida en el diseño de la deliberación y las audiencias regionales, acompañó regional y nacionalmente a las mas de 4.000 víctimas que participaron de ese proceso; de manera respetuosa participó en la apropiación pedagógica y política que las víctimas hicieron del proyecto y ha decidido que seguirá trabajando hasta el último momento; primero porque salga una ley que respete los derechos y demandas de las víctimas y en caso de que no sea así porque sea rechazada, como ya lo está siendo nacional e internacionalmente, y porque sea declarada inexequible por la Honorable Corte Constitucional.

¿Por qué el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y su bancada es inconveniente y contraria a los estándares internacionales y a los derechos de las víctimas?

Porque como afirma la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el contenido del proyecto es “discriminatorio” y "excluye específicamente criterios establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas para definir la calidad de víctima, los cuales fueron aceptados por el Gobierno de Colombia"[1], y alertó que no tener en cuenta estos criterios “afectaría seriamente la legitimidad de la política estatal de reparación”.

Porque en su reciente visita al país la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, insistió en la necesidad de "beneficiar por igual a víctimas de grupos armados ilegales como de agentes del Estado"[2].

Porque como lo afirman el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)[3], el Centro Internacional de Justicia Transicional[4] y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado[5], es un retroceso y niega derechos de las víctimas.

Porque como lo ha considerado la Mesa de Víctimas, lo aprobado en el artículo 9 al “limitar el reconocimiento de las víctimas del Estado a aquellas personas que hayan sufrido menoscabo de sus derechos, como consecuencia de acciones dolosas o gravemente culposas por parte de individuos durante y con ocasión de su pertenencia a la Fuerza Pública….excluye a las víctimas de otros funcionarios(as) del Estado por ejemplo, de agentes del DAS, de militares retirados, congresistas u otros funcionarios vinculados a la  parapolítica”. … excluye a las víctimas de agentes del Estado, quienes únicamente podrán acceder a la reparación por vía judicial. Lo anterior en abierta violación de estándares internacionales[6].

Pero también el proyecto aprobado en Cámara, por instrucciones directas del Gobierno, elude la responsabilidad del Estado como garante de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y como responsable de los daños ocasionados de manera directa por acción y por omisión, fundamentándose en el principio de solidaridad para la reparación por parte del Estado, desconociendo con ello lo establecido en el derecho internacional de los DDHH, y entre otros, en el art. 1.1. de la Convención Americana de DDHH.

Al imponer a los jueces las tablas y montos determinados en el decreto 1290 con un tope máximo de 40 salarios mínimos[7], se violan los principios internacionales en materia de reparación[8], se introduce un trato indigno para las víctimas y se viola la independencia judicial impidiendo que la reparación judicial responda a un análisis concreto y completo de la totalidad de los daños y perjuicios causados.  Pero además confunde la asistencia y ayuda con la reparación ya que el proyecto aprobado en Cámara, por instrucciones del Gobierno, elimina el artículo de la ponencia mayoritaria que establecía la diferenciación entre las medidas de reparación y las de atención y ayuda humanitaria.

En uno de los aspectos más importantes para las víctimas como se demostró en las audiencias congresionales, que es el de tierras, el proyecto de ley aprobado en Cámara retrocede, como lo pidió el Gobierno, porque a la Comisión de la Verdad para Tierras, le fueron quitadas algunas de sus principales competencias que consistían en: analizar, identificar y caracterizar las causas los patrones, autores  y dinámicas del despojo y la expoliación en el país durante los últimos veinticinco años y se le deja sin dientes porque no determina el  conocimiento público de los informes de la misma y no se le garantiza un presupuesto base para su funcionamiento.

En una clara postura en contra de los derechos de las mujeres el proyecto aprobado en Cámara, tal como lo solicitaron los ministros presentes, elimina el artículo que ordenaba la aplicación del enfoque diferencial transversal a todo el proyecto de ley, lo que significa que no se reconoce que las causas y los efectos de las violaciones a los derechos humanos son diferentes para las personas que han estado sometidas a formas específicas de discriminación y violencia y que ello es especialmente crítico en el caso de las mujeres.

El principio “pro homine”, que forma parte de la doctrina internacional sobre DD.HH, dispone que en caso de existir duda sobre el sentido de la ley, debería preferirse la interpretación que favoreciera en mayor medida los derechos de las víctimas, también fue eliminado del articulado.

Durante las audiencias congresionales, una de las demandas más reiteradas por las víctimas consistió en la creación de un sistema de seguimiento con amplia participación nacional y regional de las víctimas para garantizar el cumplimiento de la ley. El proyecto aprobado creó una Comisión de Monitoreo, en donde no existe una participación relevante de las víctimas y deja por fuera la academia y otros sectores de gran importancia como la comunidad internacional.

Lo anterior que no agota los retrocesos y problemas que el proyecto aprobado tiene para garantizar los derechos de las victimas explica porque para las víctimas y sus organizaciones es mejor que se archive el proyecto a que sea aprobado en esas condiciones.

Pero tenemos claro que ni la ley es el objetivo final ni que su desnaturalización por parte del Gobierno y su bancada pueden ocultar los extraordinarios avances de las víctimas y sus organizaciones.

¿Cuáles son esos avances?

Se concertó con embajadas, agencias del sistema de Naciones Unidas, ONG, parlamentarios y la Mesa Nacional de Víctimas, la producción de insumos y la obtención de recursos financieros y de diversa índole para el impulso y la realización del proceso de deliberación regional y de las audiencias congresionales, es decir, la causa de las víctimas concitó tan amplia confluencia de actores.

Se constituyeron y operaron amplios procesos de concertación en las nueve regiones del país[9] donde se constituyeron comités de impulso conformados por las más diversas organizaciones y que han decidido en la mayoría de los casos continuar trabajando como articulaciones regionales de las organizaciones de víctimas y organizaciones acompañantes.

Se realizó un ejercicio de deliberación amplio respetuoso y plural, en el que, con presencia de víctimas del Estado y de todos los actores armados ilegales, se debatió sin que entre las víctimas de los distintos victimarios se hubiera presentado un solo roce, una sola recriminación, un solo acto agresivo. Más aun, todas las víctimas, sin excepción, demandaron la inclusión de las víctimas de agentes del Estado y el reconocimiento de sus derechos en condiciones de igualdad en el marco del proyecto de ley.

Se desarrolló una importante pedagogía sobre los derechos de las víctimas llegando con ella a víctimas de los más humildes sectores y procedencias y de los lugares más apartados de la geografía nacional.

Se posicionó de manera importante en la agenda pública el tema de los derechos de las víctimas. Se construyó una agenda de las víctimas que en el corto y mediano plazo orientará el desarrollo de las actividades y ordenará las demandas de las mismas.

Se consolidó un mecanismo organizativo que se erigió en interlocutor válido de todos los actores participantes en el proceso: la Mesa de Víctimas. Se reconoció el esfuerzo y la lealtad a los principios de un conjunto de parlamentarios del partido Liberal, el Polo y el País que queremos, encabezados por Guillermo Rivera.

Como decíamos al comienzo, el tema llegó para quedarse, pero más importante aún, las víctimas son el nuevo actor social que existe en la sociedad colombiana.


- Antonio Madariaga es Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org