Cuando ‘El General’ tomo por asalto la Presidencia de la República comenzó a moldear el mote de genocida. Muy pocas personas recuerdan que hizo su mejor esfuerzo para reformar el Estado, para volverlo más eficiente, justificó. No obstante su primera e inmediata acción fue derogar la Constitución, promulgar el Estatuto Fundamental de Gobierno y ofreció un paquete de leyes políticas para retornar a la institucionalidad. Pero su batalla central no era contra las viejas leyes de la nación, sino contra la insurgencia y contra el “enemigo interno” personificado en la población o en cualquier otra persona que disienta de la política gubernamental. Así lo dictaba la Doctrina de Seguridad Nacional.

La fama de Lucas García como asesino, aunque merecida, es menor comparada con la de ‘El General’. La base de datos del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH, documenta un promedio de más de 800 asesinatos y desapariciones cada mes, durante los 17 meses que él ocupó la silla presidencial. La cifra de asesinatos por mes aumentó más del 300% entre estos dos gobiernos militares. En menos de un año y medio, las fuerzas de seguridad bajo sus directrices fueron responsables de casi el 43% de los asesinatos y desapariciones ocurridas en los 36 años de guerra y que aparecen con una fecha establecida en la base de datos del CIIDH.[1]

Y es que no podía esperarse un país repleto de leche y miel, cuando el Estado constituía la mayor amenaza de terror en contra de la población. Desde la cúpula militar se planificaron, organizaron y ejecutaron tres campañas militares de gran envergadura que tenía como propósito eliminar el apoyo social que tenía la insurgencia. Los planes militares: “Ceniza 81”, Victoria 82” y “Firmeza 83”, se ampliaron y profundizaron. ‘El General’ estuvo en el poder hasta agosto de 1983, suficiente tiempo para conocer al detalle la evolución de esos planes y las consecuencias. Tenía bajo su mando al aparato militar de mayor represión en todo el continente.

“Entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983 el país fue asolado por el terror contrainsurgente. Las masacres de civiles en el campo -cuyas víctimas fueron en su mayoría indígenas, sobre todo ancianos, mujeres y niños- eran reportadas como enfrentamientos victoriosos del ejército con la guerrilla. Las cifras de violaciones a los derechos humanos sobrepasan con creces las de sus predecesores y las de quienes le siguieron en el ejercicio del poder.”, escribió una exiliada guatemalteca en Costa Rica[2].

‘El General’ sabe que “El terror llegó a su auge en los primeros meses de 1982, cuando los soldados metódicamente masacraron aldeas enteras. Se empezaba a usar la política de "tierra arrasada", diseñada para despoblar las zonas de actividad guerrilla. Además de asesinar a niños, mujeres y ancianos, el Ejército quemó las casas y las siembras y mató a los animales de pobladores (Americas Watch: 1982). Lo que poco antes había sido una campaña selectiva en contra de simpatizantes de la insurgencia, se convirtió en una carnicería humana cuyo propósito era eliminar cualquier apoyo o apoyo potencial a los rebeldes. Fue una estrategia que (el mismo General) llamó "Quitar el agua al pez"^[3].

“El objetivo de estas políticas genocidas no era solamente eliminar la base de apoyo popular a la guerrilla, sino también destruir la cultura, la identidad, y las estructuras comunales de las poblaciones indígenas.”^[4] Por eso es que se confirma la práctica perversa de genocidio. Ésta fue una política institucional, así quedó registrado en el Informe que la Comisión del Esclarecimiento Histórico elaboró 15 años más tarde: “El 23 de marzo de 1982, el Ejército masacró a 96 campesinos en la finca Estrella Polar. En el mismo mes fueron ejecutadas trece personas en Juá y 45 en Xesaí. En abril, 34 pobladores fueron asesinados en la finca Covadonga 1 y alrededor de 100 habitantes fueron fusilados en Ilom. En mayo una decena de personas murió a manos del Ejército en Jaqchixlá. Todas estas comunidades vecinas de Chel se asemejaban entre sí porque poseían una población de mayoría maya ixil, pobre y que se hallaba indefensa ante la eventualidad de un ataque armado”. [CEH. CASO ILUSTRATIVO No. 60 LA MASACRE DE LA COMUNIDAD DE CHEL, CHAJUL. Anexo 01, Vol. 12]

Un oficial militar confesó a los investigadores de la Comisión –CEH- que: "Los de la inteligencia eran los encargados de sacarle la verdad a la gente. Les ponían una capucha con gamezán (agresivo químico), les sacaban los ojos con cuchara, les cortaban la lengua, les colgaban de los testículos...". "Yo les arranqué las uñas de los pies y después los ahorqué... les picaba el pecho a los hombres con bayoneta, la gente [...] me suplicaba que no le hiciera daño... pero llegaban el teniente y el comisionado... y me obligaban cuando veían que yo me compadecía de la gente...". El 24 de julio del año pasado, un reportaje titulado “el genocidio impune en Guatemala”, publicado por el diario: El País, de España, recogió el testimonio incluido en el capítulo II, Volumen 2 del informe de la CEH.

A pesar de tener a un General fanático religioso al frente de todos estos horrores, la población siempre se cuestionó si Dios se había olvidado de Guatemala. Además de golpista y genocida, ‘El General’ pasó a ser “el carnicero de Guatemala”, como lo llamó James Petras[5], al recordar que el Republicano, Ronald Reagan, fue el único en salir a la defensa de las críticas por violación de los derechos humanos que padecía ‘el general’ ("Está sufriendo una injusticia"), refiere el artículo de Petras. Reagan era el único personaje que en el exterior del país lo consideraba un hombre de "gran integridad personal", pese a que por aquellos días, Amnistía Internacional publicó un informe (“A government policy of political murder”) que demostraba que el centro del terror era el mismo Palacio Nacional, en cuyos sótanos “reinaba la tortura y el sistema de desapariciones forzadas”^[6].

Desde ese centro neurálgico del poder se extendía, como una onda expansiva, sobre todo el territorio nacional, una creciente ola de masacres colectivas en el área rural y ejecuciones extrajudiciales individuales o de pequeños grupos selectivos en las áreas urbanas. ‘El General’ tenía el poder en sus manos. Consiguió hacer realidad sus deseos. Pero las ambiciones del militar parecían insaciables. Él no solo perseguía el poder, sino además pretendía separarse de éste hasta la muerte.

‘El General’ no ha muerto. Solo estuvo 17 meses en la silla presidencial. De eso hace ya 24 años, pero él quiere volver a gozar de aquellas mieles. Y él es de los que hace cualquier cosa para cumplir sus objetivos –así lo alaban sus amigos- incluso cooptar magistrados, predecir manifestaciones violentas y violar el articulo 186 de la constitución –la nueva Constitución que debió hacerse después que él rompió el orden constitucional- que expresa que “No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: (a) El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.

Aunque ‘el general’ sigue siendo considerado como líder entre los suyos, y genocida entre sus detractores, en los últimos 20 años ha tenido en el campo político una montaña rusa, que por momentos lo pone cerca del cielo y en otras ocasiones lo acerca al suelo. (En la tercera y última entrega de este artículo, repasaremos los últimos años de ‘El General)

- Erwin Pérez, editor del Reporte Diario y analista de Incidencia Democrática.

Fuente: Boletín Noticias y Análisis de Tendencias Nº 1013 / Incidencia Democrática

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Guatemala, 20 de julio de 2006