A pesar de los avances producidos por la firma de los acuerdos de paz, debe reconocerse que no se ha logrado avanzar hacia el estadio de país que se dibuja en esos acuerdos. En el terreno fiscal, por ejemplo, el enorme y productivo esfuerza que se hizo con el Pacto Fiscal, quedó truncado y las valiosas propuestas allí contempladas continúan pendientes de ser adoptadas.

No menos importante ha sido el avance en la desmilitarización del país y la reducción de la represión política, particularmente en el área rural, tantas veces herida por la mano criminal de un Estado que vio a la población como su enemigo inmediato. Aunque con retraso considerable, se desarticuló el tenebroso Estado Mayor Presidencial y se fueron desvaneciendo grupos paramilitares clandestinos, aunque se percibe con intensidad la intención de sectores del Ejército de mantener sus privilegios y, de ser posible, retomar puestos de mando importantes en el país. Se habla incluso de una remilitarización de la policía y se observa con desagrado que el ex ministro de Defensa, Francisco Bermúdez, sea el embajador de Guatemala en Argentina.

Tanto en el terreno fiscal como en el militar, Guatemala tiene tareas pendientes. Pero no sólo allí. Nuestro país se ve afectado, a pesar de estar diez años sin guerra, por una impunidad que desalienta cualquier aspiración de justicia contra quienes cometieron los más atroces crímenes durante la guerra interna. Desde luego que en el campo de la justicia también se han visto algunos avances. Muy escasos, limitados, y quizá tibios, como para poder encausar procesos judiciales que requieren, además de voluntad, condiciones objetivas de desarrollo.

Debemos reconocer, con cierta vergüenza, que Guatemala carece de fortaleza en su sistema judicial, y que en medio de tanto dolor, el Estado se muestra incapaz de articular la limpieza de si mismo. Ello naturalmente provoca un fortalecimiento de las fuerzas oscuras que se amparan en la debilidad del Estado para mantenerse en la impunidad. Romperla, a través de robustecer la justicia, es primordial para proveer a las víctimas del conflicto armado, y a la sociedad en general, de una autentica paz.

De alguna manera, en medio de enormes dificultades, las y los guatemaltecos hemos ido reconociendo, en primer lugar, la existencia de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. Se sabe de masacres ocurridas con absoluta impunidad; de secuestros realizados con el descaro y libertad que sólo son comprensibles bajo un régimen militar como el vivido durante largos años.

En medio de tanta tragedia hay sucesos sangrientos que son ampliamente conocidos, en donde se sabe de la fecha exacta en que ocurrieron, el lugar, las víctimas y los daños causados. Se sabe, y esto es lo verdaderamente importante para la justicia, quiénes son los responsables de esos episodios de sangre. El incendio y masacre de la Embajada de España, el 31 de enero de 1980, es uno de esos hechos en los que se saben nombres, apellidos y rangos de quienes estaban al frente de la operación que terminó con la vida de 37 personas, entre campesinos, obreros, estudiantes y empleados de la embajada; quienes es importante recordar, fueron quemados vivos.

En la búsqueda de una autentica reconciliación, la sociedad guatemalteca ha descubierto que el proceso de adaptación en un ambiente sin guerra, debe incluir necesariamente tres aspectos importantes: el primero, que creemos se ha avanzado, es en reconocer la existencia de la guerra y de los daños que ésta causó. El segundo elemento es la reparación económica y social a las víctimas y, en tercer lugar, es indispensable que se haga justicia.

En el caso de la embajada de España, el Estado ya reconoció su responsabilidad; el Programa Nacional de Resarcimiento anunció, hace pocos días, que mañana podría entregar una reparación económica de Q24 mil a cada familia de las 37 víctimas. Lo que queda pendiente es la aplicación de justicia contra los criminales responsables, y en este aspecto ya hemos comenzado a dar los primeros pasos. Importantes pero insuficientes para construir reconciliación.

Por ahora sólo dos militares están detenidos: Germán Chupina Barahona, tenebroso personaje que en el día de la masacre fungía como director de la Policía Nacional, principal responsable operativo y Ángel Aníbal Guevara, ex ministro de la Defensa. Pero en el proceso también hay órdenes de captura internacional contra Óscar Mejía Víctores, Donaldo Álvarez Ruiz, Benedicto Lucas García y Pedro García Arredondo, por los delitos de genocidio, torturas, detención ilegal y terrorismo. Es decir que aún hay trabajo pendiente en este caso, uno de las 626 masacres que registra el Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico.

El problema mayor al que nos enfrentamos es que la impunidad sigue allí. Herida, pero sigue funcionando. Y es que las causas de la impunidad radican en un sistema judicial débil, incapaz de castigar a los responsables de los crímenes; en la ausencia de un marco legal adecuado; en la delgadez del presupuesto para la justicia; en la poca capacidad humana y técnica para llevar juicios bien sustentados; en la penetración del crimen organizado o grupos clandestinos de poder; y en la falta de voluntad política para esclarecer los crímenes.

Por todo ello resulta muy oportuno brindar respaldo y reconocimiento a la justicia universal, porque sobre esa base, es más probable que recibamos justicia, y que los responsables de las masacres cometidas en nuestro país tengan un proceso judicial de alta calidad, responsable, transparente y sin los vicios que padece nuestra justicia. Las capturas contra los responsables de la quema de la embajada tienen propósitos de extradición hacia España, por lo tanto es imprescindible que ocurra a la brevedad posible. Porque sólo en la medida de que eso ocurra, se podrá avanzar en la reconciliación y servirá para que nuestro sistema judicial asuma la necesidad de superar las debilidades que ahora atraviesa.

- Erwin Pérez.- Editor del Reporte Diario y analista de Incidencia Democrática

Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)

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