La semana pasada estuvo de visita en nuestro país el canadiense Philippe Kirsch, quien desde marzo 2003 es Presidente de la Corte Penal Internacional en La Haya, y se desempeña en la Sala de Apelaciones de la Corte. Es miembro del colegio de abogados de la provincia de Québec y fue nombrado Consejero de la Reina en 1988. La visita del magistrado corresponde a las tareas que tiene al frente de la Corte Penal, y las reuniones sostenidas con autoridades del Ejecutivo y Legislativo, estuvieron centradas en la explicación de la Corte. Una explicación que era necesaria para las autoridades judiciales de nuestro país.

Desde luego que al resto de la ciudadanía debería tener conocimiento de qué es la Corte y al menos garantizar un conocimiento mínimo de cómo funciona, con el propósito de evitar ser presa de esas enredadas explicaciones que buscan confundir a la población.

La primera situación que debe quedar muy clara para toda la gente es que en esa Corte, se investigará y llevará ante la justicia a quienes resulten acusados de cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. La segunda cuestión que es de vital importancia, es saber que los casos que conocerá la Corte son los que se cometan a partir de la fecha en que el Estado ratifica su adhesión. Y, el tercer punto que requiere especial atención, es que las persecuciones y procesos judiciales se harán contra los particulares que resulten acusados y no, como ocurre con la Corte Interamericana, que resuelve sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes, surgidos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El “Estatuto de Roma”, adoptado el 17 de julio de 1998 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el instrumento que da vida a la Corte Penal, y es a ese Estatuto al que los países deciden adherirse. Guatemala aún no es Estado parte, puesto que la ratificación se encuentra empantanada en el Congreso de la República. Por eso, entre los propósitos del magistrado Kirsch, está contribuir a que se desempantane la adhesión y que Guatemala pueda ser miembro.

Una parte muy importante de esta adhesión, es que contribuiría a ligar a nuestro país con los procesos de justicia internacional, que causan resistencia en quienes son señalados de cometer delitos contra la humanidad. Para proveerse seguridad e impunidad al evadir la justicia, tienden a tergiversar conceptos y a retorcer leyes. Los ejemplos más notorios de esas tergiversaciones mal intencionadas se observan cuando utilizan el falso y desgastado recurso de la soberanía nacional. O bien cuando apelan al derecho legal de inmunidad.

Deben reconocerse algunos avances en procesos de justicia, luego de la firma de los acuerdos de paz, sin embargo han sido temerosos e insuficientes como para que la ciudadanía tenga confianza y credibilidad plena en nuestro sistema judicial. Hay suficientes razones para la desconfianza. Luego de casi 4 décadas de enfrentamiento armado, resulta comprensible que nuestro país padezca un debilitamiento institucional del que todavía no se recupera. Las violaciones a derechos humanos por asuntos políticos han disminuido, pero no se han extinguido del todo. La persecución a poblados enteros ya no ocurren, pero la justicia contra los responsables de esas persecuciones, secuestros y masacres sigue sin brindar resultados.

En ese sentido, la Corte Penal representa un respaldo extraterritorial para aquellos casos que nuestro débil sistema es incapaz de llevar adelante. Aunque es conocida la oposición del gobierno de Estados Unidos al Estatuto de Roma, que está ejerciendo fuertes presiones a diversos países para evitar su adhesión; considerando que la CPI no va a retomar casos cometidos durante la guerra interna de nuestro país, que ello otorga tranquilidad a los militares acusados de violaciones a derechos humanos durante la guerra, no debería existir un motivo de fondo lo suficientemente fuerte como para seguir deteniendo la adhesión de Guatemala al Estatuto de Roma.

Además la adhesión expresa una actitud de voluntad política para que Guatemala sea parte del proceso internacional de justicia. La justicia Universal es un hecho real y en funcionamiento del cual no podemos quedar excluidos por prejuicios o tergiversaciones mal intencionadas.

Pero quizá la importancia trascendental de la Corte, radica en la prevención de los delitos. Es decir que, la Corte no juzgará hechos pasados pero constituye un factor determinante para influir en que esos delitos como el genocidio y los crímenes de guerra no vuelvan a repetirse; es aquí en donde se fundamentan los temores del gobierno de Estados Unidos, especialmente porque su actitud imperial demanda mano libre e impunidad para actuar con abuso en las guerras que impone.

Para nosotros en Guatemala, la ratificación del estatuto de Roma, debiera entenderse desde el campo humano y no solamente desde la óptica jurídica que contiene.

- Erwin Pérez.- Editor del Reporte Diario y analista de Incidencia Democrática

Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)

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