Hace ya más de treinta días que los médicos de los hospitales públicos comenzaron un creciente paro de labores demandando mejores condiciones materiales para trabajar. La situación se ha ido agravando paulatinamente, sin que las autoridades consigan ofrecer soluciones tangibles a los profesionales de la salud. La escasez de la cual se quejan los médicos, no es algo abrupto o que hayan desaparecido por arte de magia los insumos, reactivos químicos y medicinas de las bodegas. El vacío obedece, según reconocieron las propias autoridades, a la esquelética capacidad administrativa y a la delincuencia “organizada” que saqueó los nosocomios nacionales. Ante la crisis, “el gremio médico de las instituciones públicas no pueden garantizar a la población un servicio de calidad, responsable, humano y digno que merecen las personas” . Además los médicos residentes responsabilizaron “completamente al ministerio de Salud Pública y al gobierno de la República de Guatemala de las deficiencias, riesgos y consecuencias directas e indirectas que deriven de esta situación (el paro) en la salud de cada uno de los guatemaltecos”. Las discrepancias creadas entre los médicos y el gobierno alrededor de este problema derivaron en la desatención a centenares de guatemaltecos. Las autoridades de salud justificaron la pasividad de su reacción a la falta de recursos en el Estado. No obstante, el mismo gobierno reportó un superávit presupuestal de Q531.5 millones, durante los primeros cuatro meses del presente año. A esa cifra hay que sumar los Q7 mil millones que hay depositados en el Banco de Guatemala. Y aunque no se tuviera ese excedente, todavía hay más del 50% del presupuesto para salud sin ejecutarse. De modo que la parsimoniosa respuesta gubernamental no puede tener otra interpretación que el desprecio por la salud y eventualmente la vida de los ciudadanos. ¿Es falso, entonces, que el Estado está para proteger a la persona y a la familia, como lo dice la Constitución? O acaso se trata de un reflejo ideológico de la línea dominante en la cúpula gubernamental. Mientras la ministra de Finanzas Públicas asegura que “no es fácil” buscar el dinero para ampliar el presupuesto a Salud, un enorme caudal de recursos financieros se están utilizando en otras áreas del Estado que, por muy importantes que parezcan, nunca tendrán la prioridad que los guatemaltecos y guatemaltecas se merecen en el campo de la salud. Lejos, muy lejos de la crisis hospitalaria en los centros públicos, se encuentra otro hospital de dimensiones físicas, económicas y eficientes muy por encima de aquellos otros a los que asiste el proletariado. El Centro Médico Militar, mejor conocido como el “hospital militar”, es uno de los centros asistenciales, más grandes y modernos de Centroamérica, con el único gran defecto que está para uso exclusivo de los militares, familiares y amigos de éstos. La exclusividad llega a la exageración de que el año pasado al Presidente Óscar Berger “le faltaron pantalones” para hacer que ese hospital que se sostiene y primordialmente del impuesto que todos todas pagamos y de donaciones personales fuera también utilizado por agentes de la Policía Nacional Civil. En una patética representación de “comandante general del Ejército” –así dice la constitución- el Presidente de la República, durante una sesión del gabinete de seguridad, el año pasado, definió que el hospital militar fuera también utilizado por los policías. Sin embargo, sus órdenes fueron inmediatamente rechazadas por militares en retiro, el general José Luis Quilo Ayuso (el mismo que la semana pasada amenazó con eventos “trágicos” si la justicia española indagaba a los acusados de genocidio) dijo que no permitirían compartir su centro hospitalario y sugirió a los policías “Mejor que acondicionen su hospital, y así no vienen a molestar a otro lado”. La actitud de los ex militares dejó experiencia en el Presidente Berger, ya que durante la actual crisis hospitalaria ni siquiera se atrevió a imaginar que quizá el hospital militar podría paliar la situación. Reafirmando de esa manera la exclusividad de la cual gozan los militares a costa de todos los guatemaltecos. El centro Médico Militar, según se sabe, solamente es utilizado en 10% de su capacidad. De las 640 camas con que cuenta, un promedio de 150 son utilizadas en el mes, el resto están vacías. Y aunque sus instalaciones son puestas al servicio de la población civil, los pacientes deben hacer pagos, como si fuera un hospital privado. De modo que el grueso de la ciudadanía se ve en complicaciones serias para recibir atención médica. Todos estamos ahora a la espera que hoy, al calor de una asamblea general de médicos, se defina el rumbo que tomará la crisis. Una vía, la más anhelada, es que los galenos depongan su huelga como consecuencia del abastecimiento de insumos y suministros médicos; el otro camino sería la continuidad del paro y, si esta es la opción a tomar, el gobierno ha hablado ya de tomar medidas administrativas contra los médicos en paro. Así, los enfermos guatemaltecos son quienes siguen sufriendo el descuido en que se encuentran los hospitales nacionales. Fuente: Boletín Noticias y Análisis de Tendencias Nº 1008 / Incidencia Democrática http://www.i-dem.org Guatemala, 14 de julio de 2006