El proyecto de Ley de Hidrocarburos de Carlos Mesa (2004)

31/07/2019
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Carlos Mesa
Foto: lavozdebolivia.com
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Carlos Mesa, hoy candidato a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el pasado, como presidente (2003 – 2005), tenía, al igual que sus predecesores de los partidos tradicionales que gobernaron el país bajo la democracia pactada, la misión de gobernar con las oligarquías nacionales y favoreciendo a los intereses extranjeros, no importa si para esto tuviera que mentir o disimular que estaba respondiendo a las demandas nacionales que habían surgido con las movilizaciones del año 2003.

 

Una de los hechos que demuestran esto es el proyecto de Ley de Hidrocarburos que presentó al Congreso en abril de 2004, estructurado para dar continuidad a los injustos contratos para los bolivianos que se habían firmado en los gobiernos anteriores con las trasnacionales para la explotación de los hidrocarburos.

 

Renuncias para no cambiar nada

 

El 13 de octubre de 2003, en medio de intensos enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden que se protagonizaban en todo el país, en especial en la ciudad de El Alto, Carlos Mesa, entonces vicepresidente de la República, anunció su alejamiento del gobierno, abandonando así al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), por quien, algunos meses atrás, durante la campaña electoral, había manifestado “una profunda admiración”. Este anuncio de Mesa le valió cierta confianza popular, que se expresaría algunas semanas después con el respaldo de los movimientos sociales a su posesión como nuevo presidente de Bolivia.

 

“No estoy dispuesto a matar” había dicho en un mensaje a la nación, al momento de anunciar su alejamiento de Goni, cuando los muertos de la población que salió a las calles a protestar desde enero de aquel año contra las medidas neoliberales del gobierno, ya se contaban por decenas. Se podría decir por esto, que el entonces vicepresidente de Bolivia había comprendido que ya no se podía gobernar sin el pueblo. Pronto los hechos demostraron lo contrario.

 

Carlos Mesa asumió la Presidencia de la República con la legitimidad que le concedieron los movimientos sociales, y prometió gobernar con ellos, pero después de algunos meses sin hacerlo renunció a su cargo. Fue su segunda renuncia (6 de marzo de 2005), esta revocable, similar a la primera en la que anunció su alejamiento del gobierno pero no renunció a su cargo de vicepresidente. El entonces dirigente campesino Evo Morales, manifestó a los medios: “la renuncia que hace es simplemente para chantajear, una renuncia para no cambiar nada, una renuncia fundamentalmente para que la Agenda de Octubre no se lleve a cabo”.

 

Tres meses después, Mesa volvió a renunciar de la misma manera que la anterior (6 de junio de 2005). Esta vez, los movimientos sociales estuvieron de acuerdo con su salida, y se manifestaron en contra de la sucesión constitucional, disposición que señalaba a dos personajes más del neoliberalismo recalcitrante: Hormando Vaca Díez, presidente del Senado, y, Mario Cossio, presidente de la Cámara de Diputados. Ninguno de los dos a los ojos del pueblo movilizado debía ser presidente de Bolivia.

 

Un gobierno entre el miedo y la lealtad de clase

 

Carlos Mesa durante su breve gobierno ( 2003-2005) había intentado contentar a la oligarquía, pero ésta defendía los intereses extranjeros y se oponía tenazmente a las demandas nacionales, como la nacionalización de los hidrocarburos expresada en el proyecto de Ley de los Hidrocarburos que presentó el Movimiento al Socialismo (MAS).

 

El presidente no sabía cómo convencer a los movimientos sociales de que se debía hacer lo que deseaban las oligarquías y las trasnacionales. Intentó favorecer a estas últimas presentando un proyecto paralelo de Ley de Hidrocarburos, redactado maratónicamente, pero se topó con una férrea oposición social y el Congreso lo rechazó. Vanos fueron sus esfuerzos. Al final, demostró que no cedería ni un centímetro a las demandas nacionales de los movimientos sociales. Entonces, la inestabilidad social se instaló en las calles y se vivió un clima de ingobernabilidad, que no tuvo el valor de resolverlo ya sea poniéndose de un lado o del otro.

 

Si bien por un momento, en octubre de 2003, el pueblo boliviano pensó que Mesa podía ser un buen presidente, aceptando las demandas nacionales, se equivocó. En su desesperación, por miedo a ser juzgado por genocidio, primero se había alejado del gobierno de Goni, pero no estaba dispuesto a renunciar a sus sentimientos e ideología de clase, y así lo demostró posteriormente durante su gobierno.

 

Sólo la cobardía lo llevó a anunciar públicamente su alejamiento de Goni aquel luctuoso octubre de 2003; eso quedó demostrado muchos años después (2018), cuando fue convocado como testigo clave en el juicio civil que las víctimas de la Masacre de Octubre realizaron contra Gonzalo Sánchez de Lozada en tribunales de Estados Unidos, donde se rehusó a asistir.

 

El proyecto neoliberal de Mesa

 

El 17 de octubre de 2003, Mesa como nuevo presidente de Bolivia, se había comprometido ante los movimientos sociales a llevar adelante dos medidas concretas en lo que respecta a la nacionalización de los hidrocarburos: un referéndum vinculante para definir el destino del gas natural y la elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos. Meses después, el 4 de enero de 2004, en un mensaje a la nación puso fecha al referéndum (28 de marzo de 2004), y a la presentación del proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos al Congreso (31 de enero de 2004). Con este acto ratificaba sus compromisos con el pueblo.

 

Con respecto a la Ley de Hidrocarburos, para evitar que se aprobará el proyecto presentado por el MAS, Mesa presentó un proyecto paralelo, redactado sin la participación de los sectores sociales, supuestamente en busca de un acuerdo nacional, el cual intentó que se debatiera dentro y fuera del Congreso. Según Carlos Villegas, este proyecto había sido consensuado con las transnacionales petroleras, que como bien se sabe, en todo el mundo no tienen la mínima intención en defender los intereses de los pueblos, sino por el contrario defienden a ultranza sus márgenes de ganancias.

 

El proyecto de Mesa fue presentado el 14 de abril de 2004, fuera de los límites temporales que él mismo había establecido. En su artículo 3 señala que el Estado tiene “el dominio directo, inalienable e imprescriptible” sobre los yacimientos de hidrocarburos. En el mismo artículo establece que “ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos” (Villegas, 2004). Sin embargo, estos preceptos no garantizan la propiedad de los hidrocarburos para el Estado de manera inmediata, ya que en el artículo 99 se anuncia la plena vigencia de los contratos de riesgo compartido. Los primeros artículos del proyecto de Mesa, pasan a ser, al decir de Villegas, puros enunciados decorativos (op. cit.).

 

Bajo el título: “De los Contratos de Riesgo Compartido y las Actividades Petroleras Vigentes”, el artículo 99, establece que “los contratos y concesiones que hubiese sido suscritos u otorgados bajo la ley 1689, se regirán por aquella y sus reglamentos vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley”. Esto significa que la antigua Ley de Hidrocarburos, estrictamente neoliberal, continuaría vigente amparando los contratos con las trasnacionales firmados por 40 años por Gonzalo Sánchez de Lozada, por la explotación de las reservas probadas y probables que al 1 de enero de 2004 se calculaban en 54,9 TCF.

 

Nada cambiaría con la ley propuesta por Mesa. Había que esperar 40 años, en los cuales todo podía pasar. Mientras tanto, las transnacionales continuarían dejando al Estado boliviano, como siempre, tan sólo un 18 % de sus ingresos, y cargarían con el 82 %. Hasta diciembre de 2002 se habían suscrito 79 contratos de riesgo compartido con las petroleras.

 

Estos contratos tan inconvenientes para los bolivianos, sumado al proyecto de exportación de gas a Estados Unidos por un puerto chileno, habían provocado que los sectores se movilizaran desde enero de 2003, cuando se inició una marcha cocalera y bloqueo de carreteras, hasta mediados de octubre de ése año cuando ya se vislumbraba una guerra civil. Pese a todo esto, Mesa, ya en 2004 como presidente de la República, insistía en no avanzar aunque sea a tan solo un modesto “trato humano” para el Estado boliviano por parte de las trasnacionales. Se aferraba a seguir el programa de Goni, que un poco más atrás había sido el programa de Jorge Tuto Quiroga, en lo que respecta a los hidrocarburos.

 

Férrea oposición de Mesa a proyecto popular de Ley de Hidrocarburos

 

El proyecto de Ley de Hidrocarburos que presentó el MAS fue aprobado el 16 de marzo de 2005 por la Cámara de Diputados y el 29 del mismo mes por el Senado, no sin la presión de los movimientos sociales. Mesa para no tener que aprobarla, propuso adelantar las elecciones, pero el Congreso rechazó su propuesta. Esta Ley establecía un impuesto de 32 %, que se sumaría a los ingresos por regalías del 18 % que entregaban las transnacionales que explotaban gas y petróleo al Estado boliviano, sumando en total un impuesto del 50 %.

 

Después de algunos cambios debatidos en el Senado, el 6 de mayo de 2005 el Congreso en pleno aprobó la Ley de Hidrocarburos que había presentado el MAS. Ahora le tocaba aprobarla a Mesa. El 11 de mayo, el presidente se negó a ratificar la Ley y convocó a un encuentro de los sectores involucrados con el fin de debatirla. Esto molestó a los movimientos sociales. La Central Obrera Boliviana convocó a una huelga, a esto le siguieron movilizaciones de otros sectores sociales. La indignación de la población fue tal, que ahora exigían la nacionalización total de los hidrocarburos.

 

Otra de las demandas nacionales había sido la Asamblea Constituyente. Mesa intentando desviar la atención de los movimientos sociales y de la población en general, el 3 de junio decidió convocar a la Asamblea Constituyente. Esto no bastó para detener las movilizaciones.

 

Cercado por una serie de bloqueos de caminos y manifestantes que atestaban las calles de la ciudad de La Paz, el 6 de junio Mesa ensayó nuevamente su renuncia revocable, con la esperanza de replegar a la gente y mantenerse en el sillón presidencial, pero esta vez su plan fracasó. Estaba claro que de no haber renunciado hubiera tenido que abandonar el gobierno al igual que lo hizo su predecesor: huyendo vergonzosamente después de ser derrotado por la población movilizada.

 

Comunidad Clara Chuchío – Santa Cruz, 30 de julio de 2019

 

Fuentes consultadas

 

“Abandonar tu país cuando más te necesita”. En: La Época, 7 de junio de 2019.

 

“Renuncia el presidente de Bolivia”. En: Wikinoticias, 7 de junio de 2005.

 

Villegas Quiroga, Carlos. “El movimiento social, la caída de Sánchez de Lozada y las promesas de Carlos Mesa”. En libro: Privatización de la industria petrolera en Bolivia: trayectoria y efectos tributarios, Plural Editores /CIDES-UMSA, La Paz, 2004 (publicado por Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO.

 

-Emilio Hurtado Guzmán es periodista e investigador social.

https://www.alainet.org/es/articulo/201320
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