El debut de la Comisión de Comunicación constituida por los asambleistas de Alianza País, al limitar el accesos a la información -en clara violación al artículo 81 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar el acceso a las fuentes de información-, debe constituirse en una definitiva despedida de falsos protagonismos que inducen, sin el conocimiento y la aprobación previa del conjunto de asambleistas, a realizar pronunciamientos públicos, actitud que irrespeta a la democracia general y partidaria, como por los problemas que tan inconsultos procedimientos generan.

Como los miembros de la mencionada Comisión acuden a aparente problemas técnicos –falta de espacio para colocar más de 6 cámaras de la televisión pública en la sala de sesiones-, para limitar el acceso de otros medios de información televisiva, el problema se vuelve más complejo, puesto que la democracia informativa se convierte en un elemento secundario, subsidiario a lo técnico. Posición que asumen todos aquellos que no tienen claras las ideas ni tampoco enraizado en su ser la democracia formal, no se diga la democracia participativa.

La posición de la Comisión, en el escenario confrontacional que actualmente se registra en el país entre el gobierno del Presidente Rafael Correa y el poder económico, que también controla los grandes medios de comunicación, igualmente ha creado un excelente, óptimo caldo de cultivo para la oposición confrontada, como lo demuestra la gran embestida que desarrollan todos los grandes medios al unísono -y en esta oportunidad con razón que nadie puede disputarles-, en contra del movimiento Alianza País, la Asamblea Constituyente y, de paso, contra el Presidente Rafael Correa. En suma, la Comisión ha trabajado, por su intransigencia antidemocrática y por sus limitaciones técnicas, en contra de la gestión del gobierno y de la Asamblea Constituyente.

Pero los efectos negativos de la posición de la Comisión no concluye con ello, puesto que crea condiciones para el desarrollo de una gran campaña en contra de la televisión pública, puesto que posibilita que su posición se interprete como el inicio de la conformación de un monopolio comunicacional, y, lo que es más grave, como instrumento de manipulación de la opinión pública.

En consecuencia con lo antes expuesto y ante todo por el descalabro generado por el traspié de la Comisión, lo más prudente es que se despidan los falsos protagonismos, que se instituye y consolide la norma democrática de que sólo aquello que es aprobado por el conjunto puede hacerse público, que la práctica democrática deba anteponerse a cualquier obstáculo técnico, que la transparencia de la información, como lo afirmó Alberto Acosta debe ser el norte informativo, que en respuesta a la defendida y asumida democracia participativa debe posibilitarse la transmisión de las sesiones de la Asamblea por todos los medios de comunicación e incluso los de información.

En suma, entenderse que sólo democracia y más democracia posibilitará la transformación cuya construcción de ha iniciado.