“… que se privatice el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que se privatice la Cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es el diurno y con los ojos abiertos.  Y, finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los Estado, entréguese de una vez por todas su explotación a empresas privadas mediante concurso internacional.  Ahí se encuentra la salvación del mundo… y, metidos en esto, que se privatice también a la puta que los parió a todos.” José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998

Al cumplirse el sexto mes del Gobierno de la Alianza Sociedad Patriótica-Pachakutik-MPD, los postulados y el programa que guiaron el levantamiento del 21 de enero del 2000: oposición a la privatización, no al ALCA, suspensión de la dolarización, fin de la impunidad y la corrupción, rechazo al Plan Colombia, han sido abandonados de raíz por el Presidente Coronel Lucio Gutiérrez (LG).  Del espíritu antineoliberal y transformador que invadió calles y plazas de la Patria, hoy solo va quedando un recuerdo poco a poco convertido en indignación social.  La palabra traición empieza a regarse por las paredes de las ciudades, mientras varios sectores sociales comienzan a quitarse el vaho del silencio, de la complicidad y a retomar el caudal histórico de la resistencia.  Entre tanto el Coronel camina rápidamente al lado de los Generales que el 22 de enero ahogaron la rebelión popular.

Una de las expresiones más contundentes de oposición al neoliberalismo del Coronel, constituye la huelga petrolera protagonizada por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros FETRAPEC, entre el 10 y el 18 de junio de 2003, quizás la más significativa del país sudamericano, cuyo objetivo central fue el rechazo a la “privatización invisible” del petróleo, bajo la modalidad de contratos de Asociación.

La jornada, pese a su alta participación, dejó un desenlace adverso para los trabajadores y su dirigencia, hoy despedida, encarcelada y perseguida, pero también está revelando en la superficie, obscuros y peligrosos intereses y ensayos económicos y políticos que ha puesto en juego el Gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez.

La movilización de los trabajadores se produjo luego de cuatro meses de diálogos frustrados, en medio de una pugna interna entre dos visiones del modelo hidrocarburífero.  El conflicto dividió al sector: por un lado el Presidente Lucio Gutiérrez y el Ministro de Energía, Carlos Arboleda Heredia (CAR-AR-HER), quienes abandonaron una política hidrocarburífera nacionalista suscrita con los trabajadores de la estatal petrolera y acabaron en la orilla de los intereses transnacionales y de las cámaras empresariales criollas. 

Al otro lado de la polémica estaban las autoridades de PETROECUADOR[1], presidida por el Capitán Guillermo Rosero, un oficial de significativa participación en el levantamiento del 21 de enero del 2000, respaldado por una mayoría del ex Consejo de Administración y por las organizaciones laborales de la empresa, que impulsaron un proyecto de inversión sin privatización bajo contratos “fuera de balance” o servicios específicos para la optimización e incremento de la producción e industrialización, sin comprometer las reservas de crudo, ni la operación de las actuales áreas de PETROECUADOR.  Con esta modalidad el Estado recibiría el 99.3% de participación y las inversiones se amortizarían en un año y medio y no en veinte años como se establecen en los contratos de Asociación.

La amistada entre Lucio Gutiérrez y George W.  Bush, está significando un altísimo costo para el país en materia petrolera: recorte de 360 millones de dólares de inversión propia de PETROECUADOR, absoluta garantía y protección a las compañías extranjeras que operan en el país, devolución a las transnacionales petroleras del Impuesto al Valor Agregado IVA retenido por el SRI (US$ 200 millones), transporte del crudo de PETROECUADOR por el Oleoducto de Crudos Pesados OCP, privatización o concesión de la empresa estatal y garantías para la participación de empresas vinculadas a funcionarios de la Administración Bush, como es el caso de la compañía Global Petroleum Investmen. 

Los aspectos centrales del conflicto

1.                  Contratos de Asociación[2].- La aplicación de los contratos de Asociación que significa la entrega de los cinco grandes campos petroleros, refinerías, terminales, oleoductos y poliductos, una modalidad contractual que solo es aplicable para proyectos de riesgo quería ser instrumentalizada para áreas en producción.  Con esos contratos el Estado apenas recibiría una participación del 40%.  Solo en la producción de crudo el Estado perdería 11 mil millones de dólares en 20 años.  Actualmente PETROECUADOR entrega al fisco el 90% de los ingresos.

2.                  Transporte de crudo.- La propuesta de las ex autoridades de PETROECUADOR y de los trabajadores es que todo el petróleo del Estado de los contratos de Participación, Prestación de Servicios y Campos Marginales, unos 90 mil barriles día, se transporte por el oleoducto estatal SOTE con una tarifa de US$ 0,35 por barril, y no por el ducto privado OCP con una tarifa de US$ 2,00 por barril.  La diferencia representa un ahorro para el país superior a los 45 millones de dólares anuales.  La propuesta técnica de los trabajadores significa acabar con los perjuicios por las mezclas de crudos, transportando el petróleo por batcheo: 110 mil barriles día de crudo de 26.5° API para refinería Esmeraldas con lo cual la planta mejoraría un 15% la producción de productos limpios; cincuenta mil barriles día de crudo de 28° API para la Refinería La Libertad; y el resto de crudo mezclado de 24.7° API para la exportación.  El Estado no tiene porque financiar una obra privada como el OCP.

3.                  Comercialización e importación de gas licuado de petróleo.- Impulso para que la Filial PETROCOMERCIAL envase y comercialice gas licuado de petróleo (GLP), en sus plantas que se encuentran abandonas o semi- paralizadas, para lo cual deberá conformar una red propia de distribuidores con la participación de los sectores indígena, campesino y urbano marginal.  La presencia de PETROCOMERCIAL en el marcado de GLP permitiría reducir en 20 millones de dólares anuales el subsidio estatal, además de regular y controlar el mercado dominado desde hace 15 años por transnacionales como AGIP y REPSOL-DURAGAS.

La propuesta de los trabajadores de PETROECUADOR, es que se suprima la intermediación y se importe GLP en forma directa, a través de un Convenio con PDVSA de Venezuela, con lo cual el país recuperaría US$ 50 millones anuales.  FLOPEC empresa estatal ecuatoriana participaría en el transporte y almacenamiento, hasta que el Estado construya el almacenamiento en tierra.  El cambio de esquema de importación y comercialización del GLP representaría un ahorro de 70 millones de dólares anuales, con lo cual no se justifican las pretensiones de eliminar el subsidio al gas de consumo doméstico.

Este caso aceleró la caída del Presidente Ejecutivo Guillermo Rosero y de varios miembros del Consejo de Administración que impulsaron acuerdos con la estatal venezolana PDVSA.  Las ex autoridades de PETROECUADOR resolvieron no renovar o ampliar el contrato de importación de GAS con la compañía Trafigura por los altos costos para el Estado y autorizó las negociaciones con PDVSA.  Un día después de haber adoptado esta resolución el régimen dispuso la destitución sin proceso del Presidente de PETROECUADOR y tres miembros del CAD. 

Diferencias comparativas entre las modalidades contractuales en pugna

Un análisis de la rentabilidad de los cinco grandes campos petroleros operados por PETROECUADOR, elaborado por un equipo de profesionales[3] de la estatal, advierte del peligro de los contratos de asociación petrolera para la economía nacional y revela que con una mínima inversión de US$ 128 millones de dólares se alcanzaría a recuperar 45 mil barriles día de los cinco campos, generando al país, ingresos adicionales del orden de US$ 395 millones anuales.  Las inversiones se amortizarían en apenas 444 días, sin transferir la propiedad, ni la operación al capital privado.

En el estudio que sirvió de base para la formulación de un documento global sobre alternativas económicas, presentado por el Consejo de Administración de Petroecuador, (CAD), al Presidente Lucio Gutiérrez, se establecen tres alternativas: “la primera mediante inversión directa del Estado para incrementar la producción de petróleo; la segunda, con aporte de capital externo al Estado a través de los contratos de Asociación; y la tercera, bajo la modalidad de servicios específicos o “fuera de balance”[4].

En el cuadro anterior consta un resumen de la producción incremental esperada, que se obtendría con la inversión de la compañía contratista, bajo alguna de las modalidades de contratación señaladas.  Se concluye que:

·        El volumen de producción incremental que se obtendría es de 45 mil barriles de petróleo por día (BPD), que al año representa 16.2 millones de barriles de petróleo.

·        El monto total de inversión requerida es de 128 millones de US Dólares.

·        La Tasa Interna de Retorno (TIR), de las áreas operativas Sacha, Libertador y Auca es 180.44%, 109.37% y 73.25%, respectivamente.  Estos valores de TIR son alentadores para cualquier inversionista, e indican la gran rentabilidad de estas áreas.  Esto se corrobora con el cálculo del Índice Beneficio/Costo, (IC), que en estos casos es bastante elevado. 

Si se consideran las reservas de petróleo por explotar, que se encuentran en los grandes campos, a un precio referencial de 20 US $/barril, se tendrían las siguientes cifras, en los tres escenarios:

Considerando sólo la producción incremental, el ingreso adicional para el Estado sería de 900 mil dólares diarios, en caso de que se realice inversión directa de PETROECUADOR.

Si se optare por los contratos de asociación, el Estado perdería en los 20 años 11 mil millones de dólares, tanto en el porcentaje de producción incremental, cuanto por el incremento de los costos de producción de la producción base, que subirían de US$ 3,00 a 7 u 8 dólares el barril, costos que deben ser cubiertos por PETROECUADOR a la compañía contratista. 

En cambio con el contrato de servicios específicos “Off Balance”, el Estado percibiría en forma directa un ingreso adicional diario de 540 mil dólares que corresponden al 65% del total, destinándose la diferencia, 35%, para el pago del capital e intereses.  Si la tasa de interés fuese del 25%, el pago del capital más interés estaría cubierto en un plazo de aproximadamente 444 días; luego de lo cual, el 100% de los ingresos de esta producción incremental corresponderían al Estado, o sea 900 mil dólares diarios, US$ 395 millones al año.  De esta forma se obtendría para el país la ventaja significativa de mantener la propiedad de las reservas remanentes, de los cuales se destinarían para el pago de las inversiones en las cinco áreas operativas aproximadamente de 10 a 14 millones de barriles, a 18 US$/bl, con lo que el Estado mantendría en su poder el equivalente al 99.3% de tales reservas. 

Las cifras invitan a preguntarnos ¿a quién se le ocurre por tan poca inversión (US$ 128 millones) entregar a manos extranjeras las últimas reservas de crudo liviano que tiene la Patria (2 mil millones de barriles, US$ 40 mil millones)? Resultaría como vender el carro para comprar la llanta de emergencia. 

La movilización petrolera

El objetivo central de la dirigencia petrolera era llegar al 11 de junio de 2003, con una movilización de trabajadores, como un elemento de presión política, ese día el Presidente Gutiérrez anunció que definiría la política petrolera y en particular la suerte de los cuestionados contratos de Asociación.  Pero, días antes LG y CAR-AR-HER, se adelantaron a dar un golpe de estado en Petroecuador, descabezando a la Dirección Ejecutiva de la empresa: Guillermo Rosero, Víctor Hugo Jijón (Pachakutik), Alex Guzmán y al representante de los trabajadores Marcelo Román.  El único sobreviviente fue Danny Jarrín, sobrino político de Lucio Gutiérrez..

La destitución sin proceso de las autoridades de Petroecuador conjugó los intereses del Gobierno de LG con el Partido Socialcristiano[5], como se evidencia en sendas cartas remitidas a la Procuraduría del Estado por los Diputados Xavier Sandoval, alterno de LFC, Pocho Harb y Luis Almeida, a más de pedido del Ministro Carlos Arboleda y una solicitud verbal del Primer Mandatario al Procurador, exigiendo la salida de Marcelo Román del Consejo de Administración, con el deleznable pretexto de que no tenía título académico.  Paradójicamente, el único salvado, Danny Jarrín, según el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, no tiene título registrado.

Las acciones de paralización y movilización alcanzaron una adhesión total de los trabajadores, llegando a suspender actividades que otrora jamás se habían comprometido, como la reducción sustancial de la explotación de petróleo de los campos amazónicos, la suspensión de la entrega de crudo liviano-diluyente a las compañías transnacionales, el transporte y comercialización de combustibles por poliductos y terminales de despacho, baja de carga en las refinerías, suspensión total de actividades administrativas que incluyeron el retraso de varios embarques y desembarques de crudo y derivados. 

La estrategia de la FETRAPEC era llegar el 11 de junio a la mesa de diálogo con el Presidente de la República y definir de una vez la suspensión de los contratos de asociación y las demás demandas planteadas.  En efecto, el martes en la noche, el régimen convoca a las 23H00 a los dirigentes petroleros al Palacio de Carondelet.  Participan en representación del gobierno el Diputado Gilmar Gutiérrez, hermano del Presidente y el Secretario General de la Administración, Patricio Acosta. 

Tras cinco horas de reunión y consultas al Primer Mandatario se acepta la firma de un Acuerdo de dos partes: la primera relativa a la salida del Ministro Carlos Arboleda en un plazo máximo de dos semanas, documento suscrito con Patricio Acosta; y la segunda, respecto a política petrolera, debía ser sometida a consulta con los trabajadores. 

En medio de las discusiones (en momentos de falta de acuerdo) sobre la salida del Ministro Arboleda, Gilmar Gutiérrez llegó a advertir, en caso de que no se suspendiera la medida de hecho: “a nosotros nos interesa que el paro continúe para generar un ambiente de caos y convulsión social para disolver el Congreso y las Cortes, o al menos crear una crisis de gabinete y cambiar a varios ministros”.

Las expresiones de Gilmar Gutiérrez que parecían distantes y exageradas la madrugada del miércoles, fueron adquiriendo materialidad en el transcurso de ese día y de los subsiguientes.  En efecto, el miércoles a las 11 de la mañana FETRAPEC remite a la Presidencia de la República el texto del acuerdo aprobado por los trabajadores, con cuya firma se suspendería la medida; pero, se cierra toda respuesta y comunicación de parte del régimen.  LG y CAR-AR-HER habían cambiado de estrategia, a partir de ese momento el paro petrolero sería “conducido” por ellos para conseguir otros objetivos, los que ahora conoce el país o al menos se empiezan a dibujar en el ambiente. 

En primera instancia se negó la validez del acuerdo firmado con Patricio Acosta, por el contrario, LG expresa todo el respaldo al Ministro Arboleda y solicita al jefe del Comando Conjunto, General Oswaldo Jarrín, la detención de 12 de los dirigentes petroleros sin existir proceso legal alguno, mucho menos boletas de captura.  La negativa del alto oficial, como hoy se conoce públicamente, fue uno de los motivos para su salida de las FFAA.

Sin posibilidades de una salida negociada al conflicto y con una decisión inquebrantable de los trabajadores para mantenerse en la huelga, la dirección continúa con las acciones de paralización, técnicamente organizadas, esto es, sin afectar ni atentar contra la infraestructura operativa del sistema de Petroecuador. 

Mientras se daban los hechos anotados, súbitamente se presenta la paralización total del Oleoducto Transecuatoriano SOTE, que venía operando a la mitad de su capacidad con tres de sus seis bombas.  El Ministro de Energía, 30 minutos después de suscitada la paralización del SOTE, informa al país que el oleoducto se había parado por una acción de sabotaje y terrorismo de los trabajadores, quienes se habrían sustraído tarjetas y varios CPUs. 

Las organizaciones laborales de PETROECUADOR han rechazado las acusaciones y exigen investigaciones para determinar las causas y los responsables del hecho.  Varias declaraciones de testigos, entre ellos guardias del SOTE, dan cuenta de que funcionarios extraños ingresaron a las estaciones y salieron con los CPUs, pero que no eran trabajadores ni dirigentes sindicales.  Si no eran trabajadores, ni dirigentes, ¿quiénes eran y a quién le interesaba crear el caos?

Los días posteriores se tendieron muchos puentes para llegar a Patricio Acosta, Lucio Gutiérrez o Gilmar Gutiérrez, todos infructuosos.  El gobierno no quería ningún acuerdo con los trabajadores, todo lo contrario, trataron de llevar la medida al límite e impulsar los nuevos acuerdos que a esa altura se estructuraban con las fuerzas políticas y económicas interesadas en el negocio petrolero: el principal objetivo era descabezar y silenciar a la dirigencia laboral; crear un ambiente de terror y pánico, persiguiendo a más de cincuenta trabajadores, con los aparatos de inteligencia militar y policial, interviniendo las llamadas telefónicas, iniciando procesos penales por terrorismo y sabotaje contra 12 dirigentes y violentando los derechos laborales a través de vistos buenos ilegales.  Todas estas expresiones solo recordadas de la época del gobierno de extrema derecha de León Febres Cordero, hoy visible aliado de LG.

Los aliados de izquierda

Hay varias interrogantes y lecciones que empiezan a surgir y a aprender los trabajadores ecuatorianos y otras organizaciones populares: ¿cuál fue el rol de los asesores “izquierdistas” que circundan al Presidente Gutiérrez? Virgilio Hernández de Pachakutik, Subsecretario de Gobierno, en un gesto de dignidad renunció al cargo denunciando manipulación del paro por parte del gobierno y falta de ética en la negociación.  Pero que actitud adoptó el dirigente de la CEOSL-ORIT, José Chávez? Hay versiones serias de que habría sido él quien instruyó al Gobierno la aplicación de masivos vistos buenos en contra de los trabajadores petroleros; pero también se exige respuestas a Ciro Guzmán y otros militantes del Partido Comunista Marxista Leninista PCMLE-MPD cercanos a Gutiérrez, respecto a negociaciones a espaldas de la dirección de FETRAPEC, sostenidas por un cuestionado y expulsado dirigente de PETROPRODUCCION, Mariano Santos con el Presidente Gutiérrez. 

Además se reclama explicaciones al MPD-PCMLE respecto a la coincidencia en la campaña y contenido de las calumnias y acusaciones temerarias en contra de varios dirigentes petroleros, publicadas en el periódico de esa organización “En Marcha”, idénticas a las propaladas por el Ministro Carlos Arboleda, en una auténtica campaña de criminalización y satanización del paro y sus dirigentes.  Desde hace dos años el MPD-PCMLE perdió todo espacio en el movimiento laboral petrolero debido a su constante práctica patronal y divisionista.  Tanto FETRAPEC como los Comités de Empresa de PETROECUADOR han sostenido una mayor presencia en la Coordinadora de Movimientos Sociales y en alianzas con el movimiento indígena.

Una vez finalizado el paro y en medio del regocijo de las transnacionales petroleras y de las cámaras empresariales, LG anunció mano dura y sanción ejemplar para los trabajadores petroleros y sus organizaciones, un sector social que el 21 de enero del 2000 acompañó con un paro similar la rebelión cívico-militar que derrocó al régimen neoliberal y privatizador de Jamil Mahuad.  Los petroleros meses antes habían apoyado militantemente la campaña electoral que puso en Carondelet al Coronel LG.

Un viraje sospechoso

Tras el paro petrolero el gobierno anunció al país la decisión de no privatizar PETROECUADOR y particularmente la suspensión de los contratos de Asociación para la entrega de los cinco grandes campos petroleros, y afianzó la modalidad de servicios específicos para incrementar la producción de crudo, es decir, acogió aparentemente la propuesta de los trabajadores, aunque persigue y encarcela a sus autores. 

La decisión comunicada por el gobierno ha provocado la indignación de sus aliados transnacionales y advierte con generar una nueva crisis en el sector petrolero.  Las compañías extranjeras y sus socios criollos no están dispuestos a perder el mangar de los cinco grandes campos de crudo liviano, única garantía para volver rentable el Oleoducto de Crudos Pesados[6] y seguir beneficiándose del subsidio[7] del paralítico y ominoso Estado al que dicen “odiar”.

La aparente condescendencia programática de LG con los trabajadores petroleros y sus aliados progresistas de suspender la concesión de los cinco campos de PETROECUADOR a través de contratos de Asociación, es sólo coyuntural y declarativa, en la práctica habría la decisión de no viabilizar los contratos de servicios específicos para reactivar la producción de crudo, sino de impulsar en el Congreso Nacional con el apoyo socialcristiano y el FOPEC (Foro de Opinión Petrolera) los contratos de Gestión Compartida o Join Venture.

Petróleo: oxígeno para la dolarización

La definición de la política hidrocarburífera del Gobierno de Lucio Gutiérrez debe ser vista en el marco de la política económica global definida en los acuerdos con la administración Bush, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y en el contexto de las estrategias del capital transnacional y del imperialismo norteamericano a través de instrumentos de anexión y dominio como: el Area de Libre Comercio para las Américas ALCA, la dolarización y el Plan Colombia.  En esa dirección debemos entender el alejamiento total de LG de los acuerdos y postulados suscritos con varias organizaciones políticas y sociales de la alianza gubernamental y los conflictos que hoy la atraviesan.

El viraje o desenmascaramiento de LG en materia petrolera tiene una explicación de fondo: el sostenimiento desesperado del esquema de dolarización.  El oxígeno para alargar la agonía del dólar en el Ecuador está en el petróleo, en la concesión o “privatización invisible” del más importante recurso económico del país, que le permitiría a LG la llegada de algunos cientos de millones de dólares para aliviar el dolor.  En esa línea también debe comprenderse el acuerdo con el Partido Social Cristiano para viabilizar un posible factoring petrolero o venta anticipada de crudo, reactivando una vieja opción de ese partido.  En ese momento surge la propuesta de la empresa Global Petroleum Investmen, que ofrece una inversión de entre 5 y 8 mil millones de dólares para los proyectos: Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT), los cinco campos de PETROPRODUCCION, refinerías, etc, es decir prácticamente asegurándose el control total del recurso petrolero.

La particularidad de la propuesta radica en los sectores que están detrás de Global Petroleum Investmen.  Según documentos oficiales de PETROECUADOR y conforme a la investigación realizada por Diario Expreso, Global Petroleum estaría directamente relacionada con el Presidente de EEUU, a quien LG le habría asegurado los negocios en Ecuador.

“¿Quiénes están detrás de Global Petroleum Investments? Uno de los principales accionistas, según fuentes de Petroecuador, es John Bush, primo del presidente de los Estados Unidos, George W.  Bush.  Por parte de Ecuador, sus representantes son José Ordóñez, director de Vachagnon y Cristian Huerta.  Supuestamente por este motivo, la semana pasada estuvo en el Palacio de Gobierno un representante del secretario de Estado de la Casa Blanca, Colin Powell.  Lucio Gutiérrez, antes de viajar a la Cumbre de Río, confirmó a EXPRESO esta visita y que la propuesta está siendo analizada, pero “todo se hará por licitación”. 

En otra carta, de mayo 13 del 2003, dirigida al presidente de la República, por parte de Li Hua Guo, presidente de Global Petroleum Ecuador, con sede en Guayaquil, se informa que: “Concretamente, Global Petroleum Ecuador ha aglutinado a un grupo de inversionistas con asiento en América, Asia y África, quienes se encuentran dispuestos a invertir en la instalación de la refinería de petróleo, una planta de producción de energía eléctrica y una planta petroquímica.  Para desarrollar estas inversiones se vuelve conveniente que el proyecto de inversión petrolera, conocido como ITT, se vincule de manera directa a este tipo de inversiones, encontrándonos en condición de construir y entregar los tubos necesarios para interconectar los bloques de explotación a la refinería”.

“Es la intención de Global Petroleum Ecuador iniciar nuestras inversiones sobre la base de la irremplazable participación del proyecto ITT”.  La GPI invertiría USD 8.000 millones, sobre la base contractual de un join venture (alianza estratégica), en una operación financiera cuyos costos aún no están claros para el Ecuador.  Es decir, se acepta esta inversión ¿a cambio de qué? En una propuesta similar, en 1999, aparentemente del mismo grupo Global, se pidió que el Ecuador garantice el préstamo, que en esa ocasión era de USD 3.500 millones, con sus reservas petroleras.  Se pidió también una venta anticipada de petróleo por 30 años.

Sin embargo, el tema político pesa.  En la carta de Li Hua Guo a Lucio Gutiérrez, el inversionista anuncia que el señor John Bush no pudo llegar al Ecuador, pero que “ha puesto a las órdenes la cercana relación que mantienen con la Casa Blanca y el secretario de Estado, Colin Powell, particular del que estamos seguros, el país podrá verse beneficiado”.  (Diario Expreso)

Otra particularidad de la propuesta de Global Petroleum que acerca en el plano nacional a LG con el Partido Socialcristiano, sería la vinculación con la empresa Vachagnon y Santiago Cuesta Caputti, además de las coincidencias en el factoring petrolero, presentado por León Febres Cordero como una de las tablas de salvación para la crisis económica del país y para intentar evitar el colapso de la dolarización. 

El acuerdo LG-LFC se ve más allá del Congreso y las Cortes de Justicia, está orientado también a los negocios petroleros; en esa línea se contemplaría una reforma a la Ley de Hidrocarburos para reintroducir la cuestionada modalidad de Gestión Compartida o Join Venture, declarada inconstitucional por el TC el año 2001.  En circunstancias que los contratos de asociación no son legalmente viables para los cinco grandes campos de PETROECUADOR y en función de no dar paso a los contratos de servicios específicos, se adelanta en el Congreso Nacional el tratamiento y aprobación de la citada modalidad de gestión compartida, previamente acordada con las compañías transnacionales.

Destellos del acuerdo PSC-PSP en el sector hidrocarburífero se veían venir, incluso desde antes de la posesión de LG.  Por ejemplo la estrecha vinculación del Presidente Gutiérrez con el Diputado Socialcristiano Luis Almeida, se evidenció en la presión para designar a Pedro Almeida Morán, hermano del mencionado Legislador como Gerente de Comercio Internacional de PETROECUADOR, frente a lo cual, los trabajadores mantuvieron una frontal oposición.  Finalmente, Almeida Morán hoy está encargado de la estratégica dependencia por donde se tramitan al año negocios superiores a los mil millones de dólares. 

Conclusión y alerta

La neutralización y ruptura temporal del movimiento petrolero, ejercida por el régimen a través de acciones policíacas, tiene como objetivo cumplir en un cortísimo plazo, los acuerdos comprometidos por Gutiérrez a Bush y a los organismos multilaterales, esto es la apertura total del sector petrolero estatal al capital extranjero, en particular al norteamericano.  Así cumplen dos metas: privatizar y sostener agónicamente la dolarización. 

En el mediano plazo PETROECUADOR será poco a poco desmantelada como operadora.  La más grande empresa estatal está hoy nuevamente secuestrada por los mismos grupos de poder criollos vinculados a los aceitosos negocios del petróleo, la mayoría de ellos representados en el Congreso Nacional.  Esto rubrica la continuidad de la corrupción y del blanqueado del dinero proveniente del estiércol del diablo.

Solo la unidad del campo popular y una urgente redefinición política de los actores sociales que aún se endulzan en Carondelet, podría impedir uno de los más grandes asaltos a los bienes patrimoniales del pueblo… la privatización invisible del petróleo.