Desde el día siguiente que se fue Texaco de Ecuador, empezó la campaña para desacreditar a CEPE/Petroecuador y arrebatarle la operación de los llamados grandes campos o “Joyas de la Corona”, áreas de las cuales se ha financiado desde entonces gran parte del Presupuesto del Estado, 38% el año 2007.

En esa dirección, ensayos de grupos poderosos han sobrado, pero casi todos han sido frustrados, por la acción conciente y nacionalista del pueblo ecuatoriano. El más grotesco intento ocurrió en el régimen de Lucio Gutiérrez, cuando se pretendió entregar los campos a través de un cuestionado contrato de asociación, elaborado en el bufete Pérez Bustamante &

Ponce, proyecto que se cayó junto a su patrocinador.

En el actual régimen, lastimosamente, grupos de negociantes neoliberales infiltrados, han pretendido y pretenden continuar con esa política de desmantelamiento de la empresa pública. La expresión mas visible de esta línea se evidenció en la pretendida entrega directa, sin licitación de los grandes campos, a través de las llamadas “Alianzas Estratégicas” a las empresas: SINOPEC de China, PERTAMINA de Indonesia, PDVSA de Venezuela y ENAP de Chile, como lo anunciara el Ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, a su retorno de la gira por Asia, en octubre de 2007.

La remoción de Carlos Pareja de Petroecuador, la formulación de varias denuncias públicas y la llegada de la Armada a la estatal petrolera, permitió visibilizar la posibilidad de dar un giro en el manejo de la política hidrocarburífera.

En enero de 2008, el Presidente de Petroecuador, Contralmirante Fernando Zurita, anunció públicamente que se dejaba sin efecto la entrega de los campos a SINOPEC y PERTAMINA, y que se convocaría para febrero de 2008 a licitación para la recuperación de la producción de 4 de los cinco grandes campos, con reservas estimadas de 1.400 millones de barriles de crudo, correspondientes a las áreas: Auca, Shushufindi, Libertador y Lago Agrio. El campo Sacha, se entregaría de forma directa a la petrolera venezolana Pdvsa.

En el anuncio, Zurita dijo que se cruzará invitación a tres firmas, que "cuentan con la tecnología para realizar este tipo de trabajos: Halliburton, Baker y Schlumberger", además explicó que los citados campos continuarán siendo explotados por PETROECUADOR.

Sorpresivamente, en abril de 2008, el Vicepresidente de Petroproducción, Capitán Patricio Goyes, a través de los medios de información, convoca a concurso de ofertas para “Contratar el Servicio de Gerencia del Proyecto de asistencia técnica, administración integrada de los yacimientos, optimización de los sistemas de producción, logística y provisión de equipos, materiales y servicios, programas de desarrollo inclusive invasión con agua (waterflooding) en el Campo Auca”.

Este proyecto de Petroproducción, contradice una línea histórica de defensa de los bienes públicos, además de que desentona con lo manifestado por el Presidente de Petroecuador, Fernando Zurita, toda vez que reedita, aunque de forma solapada la entrega de la operación del Campo Auca y los demás campos, por un periodo de 5 años al sector privado (privatización), mediante un modelo de contrato que no se establece en la legislación ecuatoriana para explotación de petróleo, como es el Contrato de Obras, Bienes y Servicios Específicos.

De los términos de referencia del mencionado concurso, se puede establecer que se trata de un contrato similar al que la ley de Hidrocarburos prevé para Campos Marginales, con la diferencia de que no se entrega a 20, sino a 5 años, y que la contratista no participa con porcentajes del incremental de la producción, sino a través del costo de operación de la producción incremental y del costo de producción de la curva base, lo que como dice la canción de Silvio Rodríguez: “… no es lo mismo pero es igual”.

Además constituye una reedición desatenta de la adjudicación de los campos de Ancón a la ESPOL; así como: Biguno, Guachito, Mauro Dávalos y Paraíso a ENAP de Chile; y de la arbitraria entrega del campo Tivacuno a Maxus-Repsol-YPF, al amparo de un modelo contractual destinado, como su nombre lo indica a contratar: Obras, Bienes y Servicios Específicos, NO, para la explotación de petróleo, como en forma ilegal y perniciosa han hecho autoridades de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas desde hace 15 años, para entregar a empresas extranjeras campos en producción y dinero a manos lavadas.

Como ejemplo, se puede colegir que la intención de incrementar la producción de los Campos Auca, Culebra, Yulebra, Anaconda, Yuca, bajo este esquema, está encaminado al fracaso, al cometimiento de millonarios perjuicios económicos y graves violaciones legales, que comprometerían seriamente al Gobierno de Rafael Correa, por las razones que entre otras a continuación se expone:

* El modelo de contrato establecido para este Proyecto no se ajusta a la legislación ecuatoriana vigente.

* Hace la convocatoria pública, el Vicepresidente de la Filial, marginando a la Comisión de Contrataciones de Petroproducción y al Consejo de Administración, violentando la Ley de Petroecuador y los Reglamentos, lo cual revela un grave desconocimiento de la normativa o una actitud sospechosa de “hacer todo rapidito”.

* En la convocatoria pública del área: Culebra, Yulebra, Anaconda, Yuca, en algunos acápites se hace referencia al Campo AUCA, lo cual revela que solo se copiaron los términos de referencia.

* Los estudios y cálculos que las compañías privadas necesitan para poder presentar una propuesta seria puede tomar de 6 meses a un año.

* No existe una metodología de evaluación comparativa de las ofertas. Cada oferente puede presentar cantidades y costos a discreción.

* Se entrega sin inventario los activos de Petroproducción para que sean utilizados por la contratista, además del dominio de información reservada sobre los más importantes yacimientos petroleros del Ecuador.

* No existe una garantía de buen uso de los activos (instalaciones de subsuelo y superficie existentes) y daños que se puedan producir a los yacimientos.

* No se determina la forma de valorización de las inversiones y la forma de determinar el costo de operación que debe realizar la Contratista.

* En el Campo Auca-Auca Sur, esta operando el Sistema de Recuperación Secundaria por Inyección de Agua, sin embargo se deja la posibilidad de implementar otros proyectos de recuperación mejorada que determine la Contratista, en cuyo caso se prevé la firma de un contrato modificatorio que abre las puertas para una extensión de la duración del contrato.

* Se incluye la perforación de pozos, la contratación de sísmica y otras obras y servicios, que ya han sido contratadas y realizadas previamente por Petroproducción, lo cual en forma injustificada y sospechosa sobredimensiona el monto final del Proyecto.

* Prescindiendo de las obras que se duplican, el monto del contrato para AUCA bajaría de US$ 214 millones a US$ 160 millones, aproximadamente, lo cual revela absoluta inconsistencia e ignorancia.

Simultáneamente a la licitación, desde el Ministerio de Minas y Petróleos, se presiona a Petroecuador para dar cumplimiento a los Convenios de Alianzas Estratégicas, suscritos con empresas estatales, como se puede advertir del Oficio No. 405 – 090 –SPH-2008, de 1 de abril de 2008, en el cual el Ministro (e) exige al Presidente de Petroecuador: “… disponer las medidas más ágiles para lograr avances en estos temas…” se refiere a la entrega del Campo Culebra – Yulebra – Anaconda – Yuca, a la empresa ENAP de Chile.

Como se puede advertir, de un lado se jalona para empresas privadas como Halliburton, Schlumbreger, Baker, mientras del otro hacia estatales como Sinopec, Pertamina, Enap, entre otras, creando un cuadro similar a una tómbola petrolera.

Análisis jurídico

La normativa de contratación aplicable para Petroecuador y sus Empresas Filiales se encuentra prevista de manera taxativa y expresa en la Constitución Política de la República y en la Ley de Hidrocarburos, Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Reglamento de Contratación para Obras, Bienes y Servicios Específicos de Petroecuador y sus Empresas Filiales y su Instructivo de Contratación.

El primer inciso del artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos describe y define las modalidades que puede adoptar el Estado para explorar y explotar hidrocarburos en los siguientes términos: “El estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior en forma directa a través de Petroecuador, la que podrá hacerlo por si misma o celebrando contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos o mediante otras formas contractuales vigentes en la legislación ecuatoriana”.

De la cita anterior se desprende que las únicas modalidades contractuales para realizar la explotación de hidrocarburos son las expresamente detalladas en el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, por lo tanto es imposible tratar de adecuar cualquier otro tipo de contrato, para realizar la explotación de crudo.

El reglamento Sustitutivo de Contratación para Obras, Bienes y Servicios Específicos de Petroecuador y sus Filiales, y su Instructivo, en el Art. 1 prescribe: “Este Reglamento tiene por objeto el regular el sistema de Contratación de Petroecuador y sus empresas filiales para la ejecución de obras, adquisición de bienes y la prestación de servicios específicos, incluidos los de consultoría, de acuerdo con lo que dispone el Art. 10 de la Ley de Petroecuador, el Art. 93 de la Ley de Hidrocarburos y el Art. 22 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General a la Ley de Petroecuador”.

En ninguna parte de la Ley y los Reglamentos referidos, salvo en protervas intenciones delictivas o analfabetismo jurídico, se podría encontrar posibilidad alguna para pretender entregar la explotación de petróleo de campos independientes o mucho menos de áreas operadas actualmente por Petroecuador, como es el caso de las denominadas “Joyas de la Corona”, a través de la modalidad de Obras, Bienes y Servicios Específicos, una modalidad que fue definida para contratar la instalación de equipos, guardianía, el lavado de ropa y similares; pero que ha sido confundida deliberadamente, con los contratos de Prestación de Servicios, para la explotación de petróleo, transformando un SERVICIO ESPECIFICO, en un servicio integrado.

El caso del Contrato del Campo Tivacuno, adjudicado en el régimen de Rodrigo Borja, ilustra el cinismo e impudicia, con el que actuaron las transnacionales y las mafias internas de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas. Un informe de caducidad de este contrato, realizado por la Secretaría Nacional Anticorrupción, del Gobierno de Rafael Correa, en mayo del 2007, el cual lo pusieron bajo 7 llaves, sentencia lo siguiente: “Debido a que resulta asombroso como las máximas autoridades del sector energético, del Ministerio de Energía y Minas y del Sistema Petroecuador, desconocen y parecen confundidos por más de 15 años sobre la aplicación y alcance jurídico de la normativa propia del sector petrolero, es de fundamental importancia el precisar la marcada diferencia que existe entre un Contrato de Prestación de Servicios para Exploración y Explotación de Hidrocarburos, frente a un Contrato de Servicios Específicos”.

El citado informe suscrito por el Ing. José Luis Cortazar, agrega: “El objeto contractual y las modificaciones del plazo del contrato de Servicios Específicos para Desarrollo y Producción de Petróleo Crudo en el Area Tivacuno, no obedece ni a las normas de la Ley de hidrocarburos, ni al reglamento Sustitutivo de Contratación para Obras, Bienes y Servicios Específicos de Petroecuador y sus Empresas Filiales, formando así un contrato híbrido, sin asidero legal alguno.”

Para adaptar esta alcahuetería de modelo contractual, desde hace 15 años los lingüistas de la privatización le han dado varios baños gramaticales: “Alianzas Estratégicas, “Alianzas Operativas”, “Contrato de Servicios Específicos para el Desarrollo y Producción de Petróleo Crudo en el Area de Tivacuno”, y ahora el rimbombante nombre de: “Gerencia del Proyecto de asistencia técnica, administración integrada de los yacimientos, optimización de los sistemas de producción, logística y provisión de equipos, materiales y servicios, programas de desarrollo inclusive invasión con agua (waterflooding) en el Campo Auca”. Pero, como destaca el informe de caducidad del contrato de Tivacuno, sería la misma…. con otras moscas: “Resulta inoficioso y no causa efecto legal alguno el hecho de que las partes han denominado a los contratos citados en los antecedentes y Fundamentos de Hecho, como Contratos de Servicios Específicos para el Desarrollo y Producción de Petróleo Crudo en el Area de Tivacuno, ya que como se dejó constancia en líneas anteriores, la actividad que se realiza es de exploración y explotación de crudo, por lo tanto el procedimiento precontractual único es el previsto en la Ley de hidrocarburos y el entre facultado para autorizarlas, es el CEL”.

Por esas y otras consideraciones, la Secretaría Nacional Anticorrupción, al amparo de lo que señalan los numerales 10 y 13 del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos, solicitó a Petroecuador, inicie el proceso de caducidad del Contrato de Obras Bienes y Servicios Específicos del Campo Tivacuno, así como exigió a la Fiscalía de la Nación, inicie procesos penales en contra de los funcionarios de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas que procedieron en ese sentido. Ya es un año y no pasa nada.

Aspectos económicos

Pese a que con sutiles giros gramaticales, se pretendió ocultar la entrega de la operación de los campos al sector privado extranjero, además de transferirles miles de millones de dólares por administración de la curva base y producción incremental, en el numeral 2.4, del Capítulo REMUNERACION MENSUAL, del modelo de Contrato, así como en los términos de referencia, para la licitación de los campos Auca, Culebra, Yulebra, Anaconda, Yuca, la intención se desenmascara: “TARIFA POR SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN BASE. Conforme a los costos de producción aprobados por el Ministerio de Economía en base al ejercicio del año inmediato anterior de PETROPRODUCCION, se pagará mensualmente a la CONTRATISTA el valor unitario en dólares por barril, descontado el monto correspondiente a los gastos por mano de obra directa de PETROPRODUCCION que labora en los Campos Culebra-Yulebra-Anaconda-Yuca.

Según el modelo económico utilizado por el equipo asesor de la Vicepresidencia de Petroproducción, el Estado reconocería a la contratista un costo de producción de la curva base, de 10,40 US$/bl. Si consideramos una producción base de 172 mil barriles día de los cinco grandes campos, Petroecuador reconocerá a las contratistas, anualmente US$ 652 millones, equivalente a US$ 3.264 millones en 5 años, aproximadamente, por hacer lo que hoy hace la empresa estatal. El costo de producción que se le reconocerá a la contratista es superior en casi US$ 6,00 el barril, al que hoy se le reconoce a Petroecuador, que está en el orden de US$ 4,00 el barril. La compañía contratista tiene armado su negocio, solamente administrando la curva base, aunque no incremente un barril de petróleo.

Como los pagos son mensuales, el primer mes Petroproducción entregará a la empresa o empresas contratistas por administración de la curva base, US$ 54 millones; además del 15% de adelanto a la firma del contrato, correspondiente al monto de inversión del primer año, unos US$ 15 millones, como se establece en los términos de referencia y en el modelo de Contrato: “PETROPRODUCCIÓN entregará a la CONTRATISTA un anticipo, a la firma del contrato, equivalente al 10% de las inversiones propuestas por el Oferente en el primer año, y un 5% adicional al inicio de las operaciones, respecto del total de las inversiones previstas para el primer año”. En conjunto los dos rubros representarían unos US$ 69 millones el primer mes, recursos con los cuales, la compañía podría iniciar sus operaciones sin complicación alguna.

En referencia a la producción incremental en los términos de referencia y modelo de contrato de establece: “TARIFA POR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN. Es el valor en dólares por barril incrementado que el CONTRATISTA cobrará por su servicio de gerencia del proyecto de asistencia técnica, administración integrada de los yacimientos, optimización de los sistemas de producción, logística y provisión de equipos, materiales y servicios. Este valor será ofertado por la contratista, en el que se incluirá: los impuestos, tasas y contribuciones de ley, gastos administrativos, gastos financieros y su rentabilidad razonable. Esta tarifa se cancelará mensualmente respecto del volumen de producción incremental fiscalizada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la factura, debidamente certificada por el representante de PETROPRODUCCIÓN designado”.

Aunque en los términos de referencia se establece que el costo de producción por barril incremental, será propuesto por la oferente, de acuerdo al modelo económico elaborado por Petroproducción, se estima en US$ 7,80 el barril, el costo de producción promedio que reconocerá el Estado a la contratista por producción incremental. Para ejemplificar, si en los 5 años de vigencia del contrato, se obtiene una producción incremental de 140 millones de barriles, a un promedio de US$ 7,80 el costo de producción por barril incremental, la compañía obtendría US$ 1.100 millones durante el período de vigencia del contrato, para amortizar una inversión total de apenas US$ 455 millones, prorrateada para 3 años, en los 5 campos, de acuerdo a los estudios reales de la empresa estatal.

Este modelo es bastante parecido al contrato de Asociación propuesto por Lucio Gutiérrez y Carlos Arboleda, el año 2003, con el auspicio legal del bufete Pérez Bustamante & Ponce. En el proyecto del gutierrismo se entregaba a la contratista la operación de la curva base, con un costo de producción de US$ 4,00 por barril; aunque en relación a la producción incremental se establecía una participación del 35% para la compañía, además de que el período del contrato era de 20 años.

En la propuesta de Petroproducción, se entrega igualmente la operación de la curva base, solo que con un costo de producción superior en más del 60%, mientras que para amortizar las inversiones que garantizarían el incremento de la producción, conforme establecen los términos de referencia y el modelo de contrato, la compañía recibirá un costo de producción por barril incrementado. Es decir, que salvo el tiempo de duración y el nombre del contrato, el contenido de las dos versiones contractuales es muy parecido.

Al final de cuentas, la compañía o compañías que se aseguren esos contratos, en los 5 años de vigencia manejarán: US$ 3.260 millones por costos de producción de la curva base y US$ 1.100 millones por producción incremental, un total de US$ 4.360 millones, por una inversión de apenas US$ 455 millones, prorrateada para 3 años, unos US$ 150 millones por año, en los 5 campos.

Resulta injustificada la pretendida licitación de la operación de los campos, considerando que como nunca antes, el Gobierno ha entregado recursos a la Filial Petroproducción, que cuenta para el año 2008, con un presupuesto de inversiones de US$ 750 millones. Es más, luego de varias reuniones con el mismo equipo técnico de Petropropducción que elaboró el Proyecto, parece un absurdo que se piense licitar Auca, Culebra, Yulebra, Anaconda, Yuca, si actualmente la Filial ya ha contratado directamente entre 10 y 14 torres de perforación, así como sísmica para Auca, lo cual le garantiza un incremento mínimo de 5 mil barriles día hasta diciembre de 2008, para cumplir el objetivo fijado por el régimen.

Alternativas económicas

De acuerdo a información proporcionada por los técnicos del Campo Auca, para lo que resta del 2008, solo haría falta una inversión de US$ 40 millones adicionales, aproximadamente. Con esa pequeña inversión que se encuentra prevista en el Plan de Inversiones de Petroproducción 2008, se obtendría el incremento de producción deseado. En caso de hacer falta recursos no contemplados en el presupuesto de la Filial, se recomienda, conformar un fideicomiso con el 30% de la producción incremental, para invertir en otras áreas. Además se plantea la posibilidad de que se utilicen recursos del IESS, bajo el mismo modelo económico, es decir a través de un fideicomiso, contratar las obras y los servicios requeridos, a través de la modalidad de Contrato de Obras, Bienes y Servicios Específicos, pagando en dinero en efectivo, sin entregar la operación del campo y mucho menos la MINA DE ORO que significa el manejo del costo de producción de la curva base.

El 15 de abril de 2008, varios profesionales de Petroecuador y ciudadanos independientes, alertaron al Presidente de Petroecuador, respecto a la inconsistencia técnica, ilegalidades y posibles perjuicios económicos que se estarían cometiendo con el mencionado proyecto, quien luego de conocer la magnitud de los hechos, dispuso se declare desierto el proceso licitatorio y se modifique de fondo y forma los términos de referencia, el tipo de contrato y los objetivos del mismo. Al momento se realiza el cambio completo del contenido y del proceso de licitación, a fin de que en los próximos días se realice en forma legal y en correspondencia con los principios que dice representar el régimen del Movimiento PAIS.

Conclusiones

Los resultados de este proceso precontractual y otros que se han dado y se dan en Petroecuador, así como la línea política ejecutada desde el Ministerio de Minas y Petróleos, expresa la ausencia de objetivos claros, estrategias y una política ordenada y conciente para el sector.

El régimen no tiene cuadros identificados con la línea que promulga el Presidente Correa y acaba rodeándose de los mismos funcionarios y ex funcionarios corruptos, vinculados a las compañías privadas o estatales interesadas en los negocios.

Resulta hasta ofensivo que mientras Petroecuador pretende entregar sus Joyas de la Corona, campos en producción de petróleo liviano, a empresas extranjeras, se nos pretenda consolar con “espejitos”, como la exploración de posibles reservas de crudo pesado en el campo Ayacucho de Venezuela, o la búsqueda de reservas de gas al sur de Chile. Otra vez vender la casa para comprar la escoba, el típico cuento del tonto.

La supuesta licitación acaba en un parapeto, toda vez que de antemano se ha anunciado que los grandes campos, con excepción de Sacha, serían ofertados a las compañías privadas transnacionales: Schlumberger, Baker y Halliburton, desconociendo su contaminado currículum y sus vinculaciones con parientes de altos funcionarios del régimen o por presiones al más alto nivel.

Es urgente que el régimen asuma con seriedad el manejo del sector y ponga al frente del mismo a ecuatorianos de reconocido profesionalismo, independencia, espíritu nacionalista y visión de cambio, de lo contrario, cualquier momento se produce un colapso, con los consecuentes impactos sociales, económicos y políticos, que el país ya conoce. Tengo la confianza de que el Presidente Correa y la Armada, impulsarán los cambios que el país requiere, espero no equivocarme.

Quito, 10 de abril de 2008