La política tributaria propuesta por los funcionarios públicos, abarca tres campos de acción: la reducción del IVA de 12 a 10 puntos, la elevación y ampliación del ICE, y, la eliminación de las “donaciones” del 25 por ciento de impuesto a la renta. En tanto la primera trata de reducir la imposición indirecta, seguramente para iniciar un proceso en el que se privilegie la imposición directa, e incidir sobre el proceso inflacionario; la segunda es un medio para compensar la reducción que genera la reducción del IVA, ampliar la imposición directa y contribuir a reducir el consumo de determinados bienes que afectan a la condición de vida de sus usuarios, por lo que se convierte, concomitantemente, en un instrumento de la política social; la tercera, a más de permitir un incremento de los ingresos fiscales, desmantela una de las medidas adoptadas para debilitar financieramente al Estado y de su capacidad para asignar los recursos presupuestarios, medida adoptada en consecuencia con el modelo neoliberal vigente, por lo que ésta medida se inscribe en la línea del compromiso asumido por el Presidente Rafael Correa: la eliminación del modelo neoliberal. Si bien el conjunto de medidas mencionadas constituyen un todo coherente, adolecen de algunos problemas que vale puntualizar y evitar, para elevar la eficiencia del paquete de medidas propuesto.

La reducción del IVA de 12 a 10 puntos, como lo hemos advertido en anteriores oportunidades y en diferentes instancias oficiales, si bien reduce la imposición indirecta, no incidirá sobre el nivel de precios, puesto que la decisión empresarial seguramente los mantendrá en niveles iguales a los que se registran antes de la rebaja. De cumplirse esta advertencia, en lugar de lograrse el propósito de beneficiar a los consumidores e incidir sobre el ritmo inflacionario, sólo determinará el incremento de la tasa de ganancia de los empresarios. Ante ello, en consonancia con la agresiva política social planteada por el Presidente Rafael Correa, es mucho más prudente mantener el IVA actual, y, simultáneamente, destinar los 400 millones de dólares en los que se reducirán los ingresos por este concepto, o el saldo no compensado por la elevación del ICE y la eliminación de la “donaciones” a programas sociales. Este enfoque permitiría revertir el esfuerzo del conjunto social hacia la sociedad en su conjunto y no hacia una reducida parte de la misma.

La propuesta anterior, no se opone a la medida compensatoria constituida por la elevación del ICE, ni tampoco a la impostergable eliminación de las donaciones, medidas que deben mantenerse por los positivos efectos sociales y políticos que prevé generarán. Consecuencias positivas a los cuales se agregará un cambio cualitativo en el rol que se les asigna, puesto que pasarían de constituir medidas simplemente compensatorias en un instrumento de financiamiento de programas sociales y, en tanto financien este tipo de programas, en un instrumento de redistribución del ingreso, puesto que los consumidores de productos gravados con el ICE [1] -los cuales son en su gran mayoría parte de los estratos de mayores ingresos-, con los impuestos que pagarán adicionalmente financiarían programas sociales cuyos beneficiarios son los ecuatorianos que forman parte de los estratos de menores ingresos.

La política tributaria propuesta por los niveles oficiales, de aceptarse la propuesta de no reducir el IVA, para disponer de recursos adicionales para posprogramas sociales, alcanzaría un nuevo nivel, mucho más amplio que la simple compensación. Y, mucho más incluyente, desde la perspectiva social. El Presidente Correa y los directivos del SRI tienen la palabra.

Quito, 3 de junio del 2007.


[1] Los impuestos a los consumos especiales, en un primer momento gravaron a los vehículos, cigarrillos, cerveza, bebidas alcohólicas y gaseosas. Posteriormente se gravaron bienes suntuarios como yates, aviones, avionetas y otros. Hoy también se aplica a los servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos.