La “nueva” temporada de retos: Hacia el 2010
23/11/2009
- Opinión
Algunas ya han comenzado, otras no se han detenido hace siete años, otras apenas se asoman, pero es un hecho que lo que sigue será la presentación de propuestas, algunas novedosas, otras tontas, muchas trasnochadas y otras sorprendentes y, muy seguramente, la mayoría: desastrosas. Hablo del proceso electoral que se nos vino encima y los programas de Gobierno.
Al margen de quienes terminen participando en las elecciones, podríamos identificar algunos retos que afrontar. Retos que son el legado de éste Gobierno (me refiero a los 2 períodos transcurridos). Tanto por lo que ha hecho (para bien o para mal) como por sus omisiones y, no hay que olvidar, aquello que hizo para enfrentar o no hizo para enfrentar, lo que hicieron sus antecesores. En suma, los retos son el resultado de años de mal gobierno. Identifico 3, por ahora:
1. Institucionalidad
Colombia se precia de ser un país con una institucionalidad muy alta. Creo que debemos compartir ésta afirmación, pues no se comprende cómo, con todo lo que ha pasado, sobreviva algo de institucionalidad. El reto será volver por la senda institucional. Este reto se enfrenta a desafíos, producto de situaciones y acciones, algunas de las cuales son:
Consejos comunales. La práctica de los consejos comunales, aunque ha permitido al Presidente acercarse a las bases (claro, sólo a las que, de manera estratégica, se seleccionan –tanto geográfica como personalmente-), ha tenido un impacto negativo sobre la estructura estatal colombiana. ¿Quién manda? ¿Quién decide? ¿La relación entre la instancia local y la nacional es jurídica o personalista? Cualquiera que haya visto las transmisiones se habrá percatado de cómo el Sr. Presidente actúa como un gamonal, ante el cual los mandatarios locales (quienes fueron elegidos por sus pueblos) tienen que rendirle cuentas y pleitesía. Claro, el Gobierno Nacional tiene control sobre muchos aspectos de la vida local, principalmente por la dependencia financiera de dichos entes, lo cual se ha acentuado durante estos 7 años (baste ver las reformas constitucionales). Así, la autonomía territorial, ante la dependencia financiera, se convierte en una burla.
Esto, bajo un esquema de respeto y consideración por la autonomía local y regional, no sería grave. Que la Nación participe y controle algunos puntos, no es en sí mismo algo negativo. El asunto cambia de tono cuando los mandatarios locales, junto a los representantes de algunos intereses particulares, se presentan ante el Sr. Presidente, mendigando recursos o soluciones a sus problemas. No podría decir, por no haber soportado ver todos los consejos comunales, si todos los problemas dependen de la Nación. Los que vi no siempre era así. Se convirtió en dependencia, debido a que la parafernalia, el montaje, el despliegue, el show (el acenso de muchos, comenzando por Hitler, se debe a estos montajes) obnubila las mentes de estos pequeños mandatarios: ¡Uribe sí que es grande! ¡Uribe nos salvará! ¡Sin Uribe no podemos decidir! Si al menos el mensaje hubiese sido: ¡Cuán grande es la Nación! En suma, Uribe ha desplazado a las instituciones locales. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cuántos mandatarios podrán gobernar en sus poblados o departamentos? Gobernar, en el sentido de tomar decisiones de manera autónoma (o relativa autonomía… como ocurre en política).
Gobierno nacional. La desinstitucionalización no sólo pasa por la administración local. En el plano nacional la cosa no es mejor. Si bien no son evidentes los fenómenos mediáticos tipo consejos comunales, si se observa cómo Uribe se ha rodeado de un grupo de personas que cumplen varios requisitos, bien particulares, que se resumen en que son unos “segundones”.
Cómo nunca, hemos visto que la mayoría de los ministros, directores de Departamento, gerentes, directores, subdirectores, viceministros, etc., de un Gobierno fuesen tan mediocres y pobres de espíritu. Algunos sobresalen, como ocurre en transporte (baste con revisar las encuestas de Semana), por su incapacidad. Otros, por su capacidad para mantener el status quo, en momentos en que el cambio es o era urgente (como ocurre con los cancilleres). Al margen de estos elementos, su condición de segundones los hace absolutamente dependientes de Uribe. No de Sr. presidente Uribe, sino de la persona Álvaro Uribe. El es su guía, su luz, su salvación (su definición, diría Uribito). Ninguno respira sin su autorización. Ninguno piensa, salvo que expresamente se le pida que lo haga.
La administración nacional no ha desaparecido y no lo hará en el futuro próximo. Pero su calidad, expresada, por ejemplo, en la profundidad, seriedad y rigor de algunos de los documentos CONPES, deja mucho que desear. ¿Cómo es posible que se invadan abiertamente competencias locales? ¿Cómo es posible que en 7 años no se logre culminar una vía o enfrentar la construcción de las más urgentes? ¿Cómo es posible que se licite sin tener claro para qué se licita o, peor aún, se licite para una cosa, sabiendo que todo cambiará para incluir otra?
Se observa un “gerenciamiento” típico de una finquita, donde, aunque hay un “Plan Maestro”, el día a día lo consume todo y queda sujeto a lo que diga el “patrón”. Así, si el “patrón” no ordena que se ordeñen las vacas, no se hace. Lo mismo ocurre en el Gobierno Nacional. Si Uribe no autoriza a sus dependientes a pensar, ellos no hacen nada. Total, “el que piensa pierde”, pues si al “patrón” no le gusta, el regaño público no demorará.
Este patrón tiene casos particulares, donde se “autoriza” al dependiente a salir y decir tonterías. De esta manera, las vías diplomáticas pierden sentido y, nuevamente, todo se hace conforme al deseo del “patrón”.
Partidos políticos. Otro ámbito donde, y con mayor gravedad aún, se aprecia este fenómeno mesiánico, es el político. La valla publicitaria del Partido de Integración Nacional –PIN-, no puede ser menos diciente: “Nace un nuevo partido uribista”. El país se dividió entre los partidos uribistas y los no uribistas. Se asume que los primeros apoyan al Gobierno y los segundos están en la oposición. Nuevamente desparecen las ideas… los unos apoyan lo que el “patrón” dice y los otros rechazan (o, aunque digan otra cosa, nadie les cree) lo que dice el “patrón”. Algunas voces disidentes existen, como aquellos de la “Coalición de Gobierno” que rechazan, con razones, sus iniciativas y aquellos de la “oposición”, que con razones apoyan iniciativas gubernamentales. Pero es la excepción.
¿Dónde quedaron las ideas? Y aunque algunos se rasguen las vestiduras y digan que lo que importa es la realpolitik y el agenciamiento de intereses, la vida política no se resume en eso. Necesitamos claridad en las ideas que definirán las agendas de la “realpolitik” y que posibilitan el agenciamiento de intereses. ¿Debe el Estado definir la moral de la población? Una postura sensta sobre esto, permitiría, por ejemplo, saber si los partidos apoyarán iniciativas de control social por vías de la moral (como Uribe y Galat desean) o las rechazarán. ¿El libre mercado es el medio idóneo para superar la pobreza? ¿Debemos perseguir a los peligrosos porque podrían delinquir o al delincuente porque es peligroso? ¿La libertad de expresión es valiosa?
Se trata de “pequeñas” preguntas que no se pueden responder al margen de una postura. Postura que hoy no es clara… los ciudadanos y residentes del país no sabemos que esperar… salvo que el “patrón” indique lo contrario. La política, así, dejó de ser política y se convirtió, simplemente, en el mecanismo de legitimación de los “caprichos del emperador”.
Estos tres escenarios muestran desafíos para el reto de reinstitucionalizar. ¿Cómo lograr que la cosa pública retome su condición de cosa pública? ¿Cómo lograr que, luego de 7 años de anquilosamiento, la administración, tanto nacional como local, retome con bríos sus funciones? ¿Cómo lograr que las ideas se expresen a través de los partidos y no por las balas o los insultos? ¿Cómo lograr que se piense al país, al margen de sus “patrones”? Claro está, este reto lo será, siempre y cuando la institucionalidad se estime como algo valioso.
2. Justicia
El sector justicia es, quizás, uno de los retos más complejos a los que deba enfrentarse el siguiente Gobierno. Los desafíos son enormes, algunos de ellos productos de décadas de inacción, décadas durante las cuales la justicia fue la “cenicienta”. Otros son producto de los procesos durante este Gobierno en particular.
Institucionalización. Aunque ya se mencionó el tema antes, definitivamente el futuro del país se debate entre existencia o no de un sistema de justicia. No es que desaparezcan los jueces y los fiscales se verán impedidos para acusar. La actividad de dictar justicia no es algo preciso. Puede ser un oráculo, los huesos de un profeta, el paso de una estrella, el resultado de un combate o, como aspiramos, el resultado de que se convenza a un tercero imparcial sobre las razones de una de las partes.
Pues bien, lograr ese modelo de justicia demanda algunas cosas, de no poca monta. Demanda el respeto por ciertos valores que se traducen en la expresión de un aparato de justicia, independiente, organizado e institucionalizado. Tales valores son, en primer lugar, su independencia. Se dicta derecho conforme a parámetros jurídicos (que puede incluir parámetros morales o de conveniencia, pero juridificados) y no según la inclinación religiosa de algunos poderosos, el capricho del “emperadorzuelo” de turno o los recursos financieros las partes. Esto, no lo ha comprendido ni este Gobierno, ni parte de la bancada de Gobierno. Si la Corte Suprema llama a juicio a X, quien es muy “querido” por el Gobierno o su bancada, eso es indicativo de que ella está abusando de su poder, que pretende meterse en política, que hace oposición desde las sentencias. Si, el otro juez falla que es obligatorio para los colegios enseñar a los futuros ciudadanos cuáles son sus derechos, se está imponiendo una moral pervertida, ya que algunas (la mayoría de la población) tiene derecho sobre su cuerpo.
No quiere esto decir que no pueden discutirse las sentencias judiciales. Claro que sí. Viva el debate, alimentemos ese debate. Siempre y cuando sea eso: un debate. ¿Cuáles deben ser los términos del debate? Pues bien, no le pidamos al juez que participe en un debate político, económico o moral. Debatamos sus parámetros jurídicos: ¿el juicio de proporcionalidad que hizo, al considerar que la mujer puede abortar cuando es víctima de un acceso carnal violento, es razonable? ¿Respeta parámetros jurídicos admitidos? También podría debatirse sobre los parámetros del debate jurídico: ¿debe la Corte Suprema de Justicia, al entender un tipo penal de manera que excluya las conductas de ciertas personas, considerar efectos políticos? ¿Cuándo la Corte Constitucional ordena al Gobierno Nacional que adopte medidas o que coordine su acción, a fin de que la población desplazada por la violencia pueda gozar efectivamente de sus derechos, atenerse al plan de desarrollo que establece una relación entre la “seguridad democrática” y la garantía de los derechos de la población desplazada? Lo que no puede ocurrir es ese traslado ilegítimo de debates al juez.
El presidente Uribe lo ha llamado de manera muy particular: Estado de Opinión. Así, poco o nada importa el derecho y, por ende, la garantía de un juez imparcial, pues el juez debe decidir conforme al calificador del Estado: la opinión. Así, se entiende cómo este régimen no tiene vergüenza alguna en señalar como “bestia” o “corrupto”, “prevaricador” o “ignorante”, a aquel juez de la República que, conforme al calificador del Estado de Derecho, libera a una persona capturada con violación de sus garantías constitucionales.
El próximo Gobierno, si pretende que sigamos en el Estado de Derecho, en una democracia liberal y no nos traslademos a alguna forma de “democracias” iliberales o a formas mesiánicas del totalitarismo como el Estado de Opinión, deberá enfrentarse al desafío de proteger y hacer respetar la independencia judicial.
Recursos. El otro gran desafío que hace parte del reto de la justicia, tiene que ver con los recursos para la realización de la actividad judicial: recursos humanos y físicos. En cuanto a lo primero, es asombrosa la manera en que se proponen para los cargos relevantes de la actividad judicial (jueces y fiscales, agentes del Ministerio Público), a las personas que menos peligro ofrezcan al régimen. En otras palabras, a quienes no tengan (1) capacidad intelectual para el cargo –no se señala a estas personas de tener alguna forma de discapacidad mental severa (aunque algunos obligan a sospechar)-, de manera que no comprenden la temática –por ejemplo, un experto en contratación, que deberá, si es Fiscal, defender una acusación, cuando, por decir algo, se le pida que en lugar de una teoría de imputación objetiva ligada al funcionalismo, lo haga desde otro campo o se le advierta que no se está frente a un concurso ideal, sino ante uno material- que debe trabajar. En otras palabras, no es idóneo porque no conoce el área de trabajo. Es probable que ello sea lo que la Corte Suprema de Justicia observe frente a la terna de fiscal, pero no es el único caso, ni el más grave: jueces de descongestión que pasan por todas las áreas del derecho o fiscales especializados en delitos comunes que son trasladados a los financieros, etc. (2) la independencia para el cargo. Es el caso de proponer a antiguos allegados del régimen, en los cargos más altos, a fin de que, en el momento oportuno, “devuelva el favor”. Así, por ejemplo, ¿qué clase de jueces son aquellos que, contrariando de manera sistemática lo que el intérprete competente señala –por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en materia penal-, buscan favorecer a cierto sector –por ejemplo, los congresistas condenados por la Corte Suprema-?
Por otro lado, los recursos físicos son, en muchas ocasiones, ridículos. ¿Cómo enfrentar la delincuencia si la fiscalía carece de recursos para investigar? ¿Qué hacemos si la Fiscalía no tiene capacidad –tanto por su personal como por los medios- para recoger los testimonios de las víctimas del paramilitarismo? ¿Impunidad? ¿Cómo es posible que prescriban los procesos más importantes para el país? Peor aún, ¿cómo es que para evitar la prescripción nos inventemos tonterías jurídicas?
3. Desarrollo humano
Durante los últimos años –hasta la crisis mundial debido a la desregulación-, vimos cómo el país creció. Todo gracias a “la seguridad democrática”, decía el Sr. Presidente. Sabemos que resultamos favorecidos por un ciclo económico expansivo y que nuestro beneficio fue menor al del resto de la región. Muchos se enriquecieron y muchos, según el gobierno, dejaron la pobreza atrás: somos menos pobres. Pero ¿es así? ¿La riqueza realmente disminuyó la pobreza?
¿Cómo estar seguros si el DANE ha sufrido toda clase de embates? ¿Su metodología de análisis es razonable? ¿Es riguroso? ¿Cuál es la cobertura de salud? ¿Cómo saberlo si no podemos fiarnos de los documentos de identificación?
Lo cotidiano contradice al Gobierno. No somos menos pobres. No vemos reducción de la miseria. Vemos más riqueza, eso sí. La cuestión es la siguiente: ok, durante 7 años le apostamos a un modelo neoliberal, donde la inversión social se hizo por medios politiqueros (familias en acción, etc.) y no como medio de potenciar a las personas. La ayuda a la población desplazada por la violencia se da por vía de créditos blandos, “a fin de que monten un negocio” (una persona formada en el campo y llegada a la ciudad, ¡Ja!). ¿No es este el momento de que, dado el incremento de la riqueza (ver variación del PIB), no es hora de que el índice GINI tenga un mejor comportamiento o alcancemos (hacia arriba, hay que aclarar) a otros países en la escala de Desarrollo Humano? Esa era la promesa y es hora de cumplirla.
Henrik López Sterup [1]
Profesor Universidad de los Andes
Lo expresado no necesariamente refleja la posición de la Universidad de los Andes, de sus directivas, empleados y profesores.
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 185
Corporación Viva la Ciudadanía.
[1] Lo expresado no necesariamente refleja la posición de la Universidad de los Andes, de sus directivas, empleados y profesores.
https://www.alainet.org/de/node/137915?language=es
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