Se ha firmado, en La Habana, entre el gobierno de Colombia y las FRAC EP, un convenio para dilucidar los problemas de justicia penal que deben tratarse una vez que los convenios de paz entren en vigencia. El objeto de este acuerdo (realmente debió haber mucha resistencia para su aceptación por parte de ambos bandos en la negociación), es reparar todos los delitos de lesa humanidad y de gravedad extraordinaria que se cometieron en Colombia durante el conflicto entre el Estado y las FARC EP, para saldar la deuda que se tiene con las víctimas y para que no haya impunidad ni posibilidad de que tales eventos deleznables puedan repetirse.

La ceremonia de la firma de ese importante documento fue presidida por el Presidente de Cuba, Raúl Castro, uno de los garantes en el proceso de negociación, y los firmantes fueron personajes del más alto nivel: el presidente Santos de Colombia y el comandante Timochenko de las FARC EP.

Todo esto, un día después de la partida del papa Francisco de Cuba, quien había advertido sobre la necesidad de que el proceso de paz no debería fracasar por ningún motivo. La firma de este documento trae a Colombia, en particular, y al resto de América y el mundo, en general, una nueva esperanza de que ese noble pueblo hijo de Bolívar se enrumbe por los senderos de la fraternidad, la compresión y el trabajo productivo para salir adelante frente a los múltiples problemas que agobian a la mayoría de los colombianos.

Por otra parte, tanto el gobierno como la guerrilla, se han comprometido a que más tardar en marzo del próximo año se firmará el acuerdo definitivo de paz y que un más más, a partir de esa fecha, un mes después la guerrilla estará desmovilizada con todas las garantías y con la posibilidad de convertirse en un partido político.

Como un mecanismo que permita que el sistema especial de justicia que se encargará de la investigación y el juzgamiento de los delitos de los que hemos hablado arriba se realice con auténtica imparcialidad y mediante el pleno respeto de los derechos fundamentales de los encausados, las partes has convenido en crear un tribunal especial que estará integrado por juristas nacionales e internacionales escogidos con criterios muy severos.

Ese tribunal pactado entre las partes contendientes en Colombia, contienda que ya lleva más de medio siglo con desastrosas consecuencias, no es más que una CICI, muy similar a la que la oposición indignada está solicitando para Honduras, con el fin de que la corrupción no siga impune y que se pueda juzgar a los corruptos, que de alguna manera también han cometido crímenes de lesa humanidad, con imparcialidad y con la plenitud de que se les aplicará, al pie de la letra, toda la severidad de la ley.

A esta demanda popular de los hondureños –bullangueros y silenciosos-, el gobierno responde con una solución acomodada, que consiste en nombrar un tribunal especial mediatizado, controlado por las mismas esferas del poder que hoy están en la mira de las acusaciones del pueblo y que, por supuesto, pretenden solamente asegurar la impunidad para los altos personeros del gobierno involucrados en al atraco a las arcas del Estado.

Colombia va por un buen camino. Desde Honduras lo celebramos con muchísimo entusiasmo. Ese pueblo se merece la paz y una verdadera justicia. Nuestra Hibueras, demás está decirlo, va también por un buen camino, la exigencia popular por una CICI arrincona cada vez más al gobierno y lo desenmascara pues pretende perpetuarse en el poder para asegurarse la impunidad que, igualmente, nos roba la paz.

Auguramos muchas nuevas buenas noticias para Colombia y su pueblo en la ruta por la paz, pero Honduras, también, no hay dudas que, con la ruta que llevan los catrachos, más temprano que tarde, llegará a la meta de ver satisfecha su ansiedad de justicia en contra de los atracadores que perpetúan y profundizan la pobreza y la miseria.