Ecuador

Las tensiones de la economía popular y solidaria

Mario Unda

28/02/2013

Opinión

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Leyes y políticas públicas

En Ecuador, se ha hecho usual comenzar las reflexiones sobre la economía popular y solidaria con la mención que de ella hace la actual Constitución: “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” (art. 283). Trátase de un reconocimiento expreso, pero no una novedad absoluta. La anterior Constitución de 1998 decía, en su artículo 245, que “La economía ecuatoriana se organizará y desenvolverá con la coexistencia y concurrencia de los sectores público y privado. Las empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y gestión, podrán ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión. El Estado las reconocerá, garantizará y regulará”. Antes que ella, la Constitución de 1978 hablaba de cuatro sectores de la economía: el sector público, el de la economía mixta, el privado y “El sector comunitario o de autogestión, integrado por empresas cooperativas, comunales o similares, cuya propiedad y gestión pertenezcan a la comunidad de personas que trabajen permanentemente en ellas” (art. 46). E incluso la Constitución de 1967, aunque de un modo débil y confuso, asumía que lo prioritario en la economía era que “la actividad privada recib[a] estímulo del estado para la creación de nuevas empresas, para su ampliación y reinversión de sus beneficios en actividades lucrativas” (art. 86), pero señalaba también que, “Sin menoscabo de la libertad individual ni de la autonomía de las cooperativas y empresas, el Estado promoverá su creación y desarrollo, para el mejoramiento de la economía popular” (art. 87).

La novedad en este campo ha sido la aprobación de una ley y de un reglamento. Miembros de las organizaciones de economía popular y solidaria han criticado estos dos últimos instrumentos por su centramiento en las cooperativas. Pero, quizás, deba señalarse también el excesivo afán reglamentario y controlador y la tendencia homogenizante que generalmente acompaña a estos afanes. Más aún, la orientación de las normas parece encaminada especialmente a la integración en el mercado y a la normalización para la actuación mercantil cuando, justamente, lo propio de las economías solidarias es ir (también) más allá del mercado, así sea de modo inicial, incluso solamente potencial.

Además, la visión que prevalece es vincular lo popular y solidario al tamaño. Por ejemplo, cuando en el Reglamento se habla de las cajas de ahorro se establece que, al alcanzar cierto crecimiento, fijado por el Estado, deben pasar obligatoriamente a la forma cooperativa. Es casi como si dijéramos que la economía capitalista (“privada”) es la economía desarrollada, y la economía popular y solidaria es “subdesarrollada” y en la medida en que crezca pasará al siguiente escalón. Pero si se la reconoce como una “forma de organización económica” distinta, eso significa que la diferencia con las otras no es cuantitativa, sino cualitativa, y habría que verla en una dinámica de posible crecimiento sin que por eso sus actividades necesariamente dejen de ser “populares y solidarias”.

Esto resalta aún más cuando se contrastan las políticas públicas dirigidas al sector. Las posibilidades de compras públicas, aunque reales, son aún cuotas menores en el mercado de las adquisiciones estatales. Los encadenamientos productivos aparecen más como un mecanismo apropiado para la subsunción de las economías populares a la dinámica y a los procesos de acumulación de las empresas capitalistas.

Dicho de otro modo, los instrumentos legales y las políticas públicas resultan demasiado rígidos para la gran diversidad de iniciativas y de prácticas sociales que componen las economías populares.

La economía popular y solidaria en las vicisitudes del mundo real

En la realidad, la economía popular está compuesta por todas las actividades que realizan las clases populares para asegurar su subsistencia. Su punto de arranque no es, entonces, la constitución de 2008, ni las anteriores, y tampoco ley o reglamento alguno, ni siquiera las políticas públicas, si bien todo esto la afecta de modo directo. En la realidad, el punto de partida está en las prácticas sociales de reproducción de la vida, y esto debería ser también el punto de partida de las leyes y de las políticas públicas.

La práctica económica popular ha estado allí desde siempre. Se trata de una realidad antigua y presente, y muy heterogénea; conviven allí formas económicas muy diversas: distintas escalas de la pequeña propiedad, desde las que han logrado alcanzar una cierta prosperidad hasta las que mal subsisten en la precariedad; cooperativas y asociaciones de distinta índole (las más con poco espíritu cooperativo); organizaciones económicas comunitarias…; pero también están ahí formas de asalariamiento precario y disfrazado, semiasalariamientos; y, por cierto, el conjunto de actividades que aseguran, dentro y fuera del hogar, la reproducción de la fuerza de trabajo asalariada.

Todas ellas son economías populares, pero la mayoría, inserta en el pequeño mercado, no desarrolla normalmente muchas prácticas económicas solidarias (o, por lo menos, la sociedad no es muy conciente de ello). Mientras más se internan en los trazos laberínticos del mercado, más ingresan en la lógica de la competencia y del lucro individual, y más dificultades se presentan para que se mantenga y se desarrolle la solidaridad. En los últimos años hemos presenciado una fuerte ofensiva del capital sobre los recursos generados en las economías populares: los “negocios inclusivos” y las “cadenas productivas”, por ejemplo, son formas de subordinación, captación y transferencia de valor desde las economías populares hacia los centros de acumulación capitalista. Eso se observa igual en la agricultura y en la manufactura que en el comercio y en los servicios, incluidas las finanzas; y se ha convertido en política compartida por el Estado, el gran capital y la cooperación internacional.

Con todo y norma constitucional, con todo y leyes y reglamentos, los problemas para las actividades económicas populares y solidarias siguen siendo los mismos. Varios productores y productoras agrícolas (en las actividades económicas populares y solidarias, un significativo número de participantes son mujeres) señalan entre los obstáculos principales, por ejemplo, el acceso al agua, la falta de tierras, el acceso al crédito, los caminos y la vialidad, la comercialización, los conflictos con los gobiernos locales para conseguir espacios públicos adecuados para la venta y el intercambio.

En la hora actual, con el reconocimiento formal, suele decirse que se abren oportunidades de desarrollo para la economía popular. La pregunta es: ¿qué desarrollo? ¿en qué sentido? El reconocimiento formal y la institucionalización pueden ser antesalas de su desarticulación como economías solidarias, de su articulación subordinada al gran capital, del enriquecimiento relativo de algunos y el empobrecimiento de otros, pues es ese el desenvolvimiento natural del mercado.

La solidaridad más allá de la crematística

Cuando se habla de la economía popular y solidaria, en general, se pone el acento en las actividades crematísticas. Pero la solidaridad y sus posibilidades de desarrollo no están únicamente allí. Nos hemos olvidado de verlas en la vida cotidiana, cada vez más ocultas tras el velo espeso del individualismo y de la competencia. La minga[1] es la manifestación más conocida de actividades económicas solidarias; parece estar cayendo en desuso en las ciudades, pero aún está presente en el campo. Pero hay otras manifestaciones de solidaridad. Está en el “dará viendo la casa”, “dará viendo los guaguas” entre las vecinas. Está también en el fío en la tienda del barrio. Son puntos de partida que deberían ser potenciados, no sólo para su mantenimiento y reproducción como práctica social del vecindario, sino como puntales de formas de organizar la economía que no estén basadas en la búsqueda del lucro individual y del crecimiento exponencial de las ganancias.

Mario Unda es integrante del Centro de Investigaciones Ciudad de Quito, Ecuador.

[1]NdE: Minga, término andino (del Kichwa) para el trabajo colectivo comunitario.

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