Ecuador

¡El Presidente Correa debe leer la Constitución!

La razón de los maestros

Diego Delgado Jara

29/09/2009

Opinión

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El Presidente Rafael Correa está cometiendo una muy grave equivocación al violentar en forma advertida y premeditada los artículos 346 y 349 de la Constitución Política de la República, como lo pasamos a demostrar:

El Art. 346 de la Constitución de la República señala en forma textual:

“Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.”

Texto clarísimo que no puede prestarse a ambigüedades ni a malos entendidos.

Como se desprende del tenor literal de este artículo de la Constitución, para la EVALUACIÓN integral interna y externa, en el campo educativo, y para que promueva su calidad, establece la Constitución o llamada en forma genérica Carta Magna, dos aspectos o condiciones:

PRIMERO:

Que EXISTIRÁ (a futuro de la aprobación del texto constitucional) una institución pública, que la podía haber creado el propio Presidente, como representante de la Función Ejecutiva, con Decreto Ejecutivo, o la Función Legislativa, a través de una Ley Orgánica u Ordinaria.

Como se desprende del texto y tenor literal, esta entidad a crearse no podía ser el Ministerio de Educación, porque ese organismo ya existía desde mucho antes de la convocatoria a la Asamblea Nacional y también ya existía cuando se aprobó la Constitución el 28 de septiembre del 2008. Resulta notorio que debía ser otra entidad, por ello se establece que EXISTIRÁ, porque al momento NO EXISTÍA.

¡Al no haberse creado para la referida evaluación esa “institución pública” no se respetó ni se cumple, por lo tanto, con lo que indica en forma imperativa, en este aspecto, la Constitución de la República en su Art. 349! ¡La razón natural no pide fuerza! ¡Esta es una realidad irrebatible e incontrastable!

Por lo tanto, de manera comprobada e inobjetable, ni el Presidente de la República, ni la Asamblea Nacional, como órgano legislativo, han cumplido con este primer requisito jurídico, de haber creado esa “institución pública” encargada de la “evaluación integral interna y externa, en el campo educativo, que promueva la calidad de la educación.”

Segundo:

Esta institución pública, que, como se desprende de su tenor literal obligatorio, no podía ser jamás el Ministerio de Educación, porque así lo ordena de manera explícita la Constitución, debía ser creada para manejarse “CON AUTONOMÍA”, es decir que no debía estar sujeta –con dependencia y subordinación- ni al poder ejecutivo ni al legislativo, aunque debería haber sido creada por una de estas dos funciones del Estado, y determinando sus exactas atribuciones en la ley pero siempre guardando concordancia con lo establecido en este Art. 346, así como en el Art. 349, de la misma Constitución!

¿Para qué se establecía de modo expreso que debería ser creada y manejada “CON AUTONOMÍA”? ¡Para que esta institución pública encargada de EVALUAR a los docentes no esté subordinada, direccionada o instrumentalizada políticamente, al servicio del gobierno de turno, de tal manera que esta institución pública no resulte sumiso apéndice de ninguna fuerza política empeñada en el control ideológico del sistema educativo!

¡Es más que evidente que una entidad despojada de autonomía, con las enormes atribuciones jurídicas y laborales que dispondría, podría ser o convertirse en un expedito instrumento de depuración, exclusión o subordinación política, bajo la subjetiva y conocida apariencia de aplicación de “métodos técnicos” y “científicos”! ¡Por ello, con comprensible meditación y previsión de esta posibilidad de manipulación, se le pretendió conceder una indispensable autonomía de los regímenes de turno!

A la luz de los hechos y de la realidad, de la redacción evidenciada, ninguna de estas dos condiciones se han cumplido en esta tarea constitucional de disponer de una entidad “con autonomía” para la “evaluación integral interna y externa”.

¡Esta es una realidad inobjetable e irrefutable!

Primero, que nadie ha creado esa institución pública, y, segundo, porque jamás puede disponer de autonomía un órgano de evaluación inexistente!

Si alguien todavía cree candorosamente que esta “institución pública”, de obligatoria creación, ya ha sido creada, cabe preguntar lo siguiente:

1. ¿Quién, qué autoridad, y cuándo creó dicha entidad?

2. ¿En el caso de haberse creado y existir esa institución, en qué registro oficial, y de qué fecha, está publicada dicha creación obligatoria, ordenada en forma imperativa por el Art. 346 de la Constitución?

3. ¿Alguien sabe o conoce que esta entidad fue creada por Decreto Ejecutivo o por Ley?

4. Si ya fue creada, cumpliendo lo ordenado en el Art. 346 de la Constitución vigente, ¿por qué no actúa la misma? ¿Cuál es su nombre y que facultades le han sido asignadas legalmente?

El Presidente Correa sabe -mejor que nadie- aunque no desee admitir su prepotente equivocación, que esa institución que debía crearse de manera obligatoria, “para la evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación”, ¡NO EXISTE!

Por lo tanto, la evaluación realizada por el Ministerio de Educación u ordenada por la Presidencia de la República, no cumple con el mandato IMPERATIVO que la Constitución determinó, en forma obligatoria e inexcusable, al rezar su texto que “EXISTIRÁ una institución pública, CON AUTONOMÍA, de EVALUACIÓN INTEGRAL interna y externa, QUE PROMUEVA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.”

No cabe equívocos ni llamarse a engaño: La institución pública que debía crearse para esta EVALUACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA no sólo que no existe sino que no era, ni podía ser, por expresa e imperativa norma constitucional, el Ministerio de Educación.

Por supuesto que el Ministro del ramo y el Presidente podrían alegar que nadie les prohíbe realizar lo que han determinado hacerlo hasta el momento. Pero no pueden olvidar que, si todavía estamos en un régimen constitucional, o como proclama el Art. 1 de la Constitución en su primera frase que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia”, de conformidad con el Derecho Positivo Ecuatoriano, y según expresas regulaciones del Derecho Público, y más aún con expresa norma constitucional de por medio, sólo puede hacerse lo expresamente determinado, de manera precisa, en las normas jurídicas. ¡Y aquí existe una norma imperativa, clara, inequívoca, sin ambigüedad posible, que no ha sido cumplida! ¡La inconstitucionalidad de lo actuado, y sus responsables, saltan a la vista escandalosamente!

¡Pueden alegar que sus intenciones han sido divinas –asunto por verse-; pero lo único cierto e irrefutable es que todo lo actuado ha sido inconstitucional, en franca contradicción con la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República según lo determina el Art. 147, numeral 1, de la misma Constitución! ¡Se está actuando en forma deliberada al margen de las normas constitucionales y se enjuicia para despedirles a los maestros que no aceptan esta grosera trasgresión jurídica!

Autoridad que actúa de este modo, habiendo sido advertida de la ilegalidad que comete, persistiendo en proceder de forma maliciosa contra expresas normas vigentes de derecho adapta su conducta al delito de prevaricato establecido en el Art. 277 del Código Penal, que condena a sus responsables con prisión de uno a cinco años.

Es más. Esta vulneración de derechos constitucionales propiciada por el propio Ejecutivo, que además violenta la seguridad jurídica garantizada en el Art. 82 de la propia Constitución, abre el espacio para que, con toda razón, los educadores se acojan al Art. 98 de la mismo Constitución, que consagra:

“Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

II. EVALUACIONES SON NULAS

Se ha indicado que esta evaluación inconstitucional, realizada por un ente que no es el encargado para esta tarea por expreso mandato de la Constitución de la República, sino por una dependencia que ya existía desde antes de elaborarse el texto constitucional, y que es absolutamente subordinada al poder Ejecutivo (una especie de brazo punitivo del régimen de Alianza País), permitirá separar a los “malos maestros”, a los “mediocres”, luego de “un proceso razonable”, en regulaciones muy diferentes a las que determina el Art. 346 de la misma Constitución vigente.

Pero es que el asunto no queda allí. El principal asesor jurídico de la Presidencia, el abogado Alexis Mera Giler, eminencia gris de León Febres Cordero y de Gustavo Noboa Bejarano en materia legal, y ahora Secretario General Jurídico del régimen del Presidente Rafael Correa de la llamada Revolución Ciudadana (que no es ni ha sido SOCIALISTA JAMÁS), parece que no le ha explicado bien lo determinado en el Art. 349 de la misma Constitución de la República, que dice en forma textual lo siguiente:

“Art. 349.- El Estado GARANTIZARÁ al personal docente, EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES, ESTABILIDAD, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”

Como se desprende del tenor literal de esta norma, la primera garantía que otorga el Estado a todo el personal docente de todos los niveles y modalidades, esto es de escuelas, colegios y universidades, es la ESTABILIDAD. ¡Así lo proclama, también en forma imperativa la misma Constitución, al señalar que “El Estado GARANTIZARÁ …” No dice ni deja la posibilidad discrecional de que “podrá garantizar”, como también podía haberse redactado, sino que el cuerpo legislativo ordenó que se GARANTIZARÁ, y, en primer lugar, la ESTABILIDAD de los docentes en TODOS los niveles.

Por supuesto que, de producirse graves anomalías o transgresiones legales o morales por parte de un maestro, la Ley de Carrera Docente podría sancionar a quienes resulten responsables luego de presumirse su inocencia y haberle garantizado a cualquier acusado el debido proceso que empieza por facilitarle, sin cortapisas, el Derecho a la Defensa.

Pero aquí existen dos aspectos jurídicos adicionales a considerar:

Primero, que para cualquier sanción en contra de un maestro –o de cualquier ciudadano-, debería en forma previa cumplirse lo prescrito en el Art. 76 de la Constitución vigente, en cuyo numeral tercero, establece:

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley.”

Segundo, en concordancia con lo referido, cabe recordar, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su Art. 11-2, en esta misma línea, determina en forma imperativa:

“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.”

En el presente caso existen regulaciones emitidas por Decreto Ejecutivo, que no tienen ni siquiera fuerza de ley, como lo pasaremos a demostrar más adelante.

¿En qué artículo de la Ley de Carrera Docente se establece que quien no se deje evaluar por un órgano no autorizado por la Constitución, o entidad distinta al previsto en el Art. 346 de la Constitución vigente, puede ser sumariado o enjuiciado como ya lo han sido 2.657 maestros conforme lo publica diario Hoy, del jueves 16 de julio del 2009, pág. 3?

¡Y es la misma Ley de Carrera Docente, según lo ordena el Art. 349 de la Constitución vigente, la que “establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles”! No cabe por lo tanto que sobre el procedimiento de EVALUACIÓN educativa proceda, como se pretende, un Decreto Ejecutivo –regulación emitida por el Presidente-, o un Acuerdo Ministerial –del Ministro del ramo-, que tienen menor jerarquía jurídica que una ley, según lo determina el Art. 425 de la Constitución vigente.

¡Sólo la LEY puede regular este procedimiento, y sólo en la Ley debería haberse tipificado una eventual sanción, pero siempre, además, asunto trascendental para evitar su nulidad, que se guarde concordancia plena y armonía absoluta con lo expresamente dispuesto en los Arts. 346 y 349 de la Constitución vigente; caso contrario, lo recalcamos, todo lo actuado resulta NULO, de NULIDAD ABSOLUTA, que eso entraña “carecer de eficacia jurídica”, al tenor de lo dispuesto en los artículos 424, 425, 426 y 427, de la Constitución de la República vigente, como lo pasamos a evidenciar, en forma adicional, respecto a la inconstitucionalidad, ilegalidad e injuricidad de las evaluaciones a los maestros ecuatorianos al haberse quebrantado de manera premeditada los Arts. 346 y 349 de la propia Constitución entre otras disposiciones.

III. SUPREMACÍA JURÍDICA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES

La valoración del carácter supremo de los distintos artículos de la Constitución, que están sobre toda otra norma jurídica del país –sin excepción alguna-, consta en el Art. 424 de la Constitución de la República, que dice:

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”

“La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”

No queda entonces duda alguna que la Constitución “es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico”, así como que las demás leyes y los actos del poder público deberán mantener conformidad obligatoria con las disposiciones constitucionales, porque “EN CASO CONTRARIO CARECERÁN DE EFICACIA JURÍDICA”.

Es decir, los exámenes de evaluación a la que la mayoría de maestros se han opuesto por la forma en la que han sido concebidos, al no respetar lo determinado de manera expresa en los artículos 346 y 349 de la Constitución CARECEN DE EFICACIA JURÍDICA! ¡No tienen ningún valor constitucional ni legal! ¡Y todos los juzgamientos en contra de los maestros, a la luz del texto constitucional, son no solo inconstitucionales e injurídicos sino injustos!

Pero eso no es todo. Entre los Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador, por ejemplo, constan varias declaraciones de Derechos Humanos. Sólo en aras de la brevedad nos referiremos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sesión del 10 de diciembre de 1948, en cuyo artículo 20-1, establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”, situación que evidentemente ahora es transgredida cuando el Presidente, asesorado por Alexis Mera Giler, reforma –con inocultable dedicatoria represiva- el Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, en cuyo artículo 4, literal f, a partir del 14 de septiembre del 2009 (véase el segundo suplemento de esta misma fecha en su pág. 4), ordena que a partir de ese día no puede utilizarse ningún local educativo para “proselitismo gremial” de cualquier naturaleza. Esta regulación inédita busca que ningún maestro o miembro de la Unión Nacional de Educadores pueda reunirse en cualquier local educativo de la República.

¡Tamaña conducta tan llamativa como mezquina –y atentatoria al derecho de reunión y asociación pacífica- no se había visto ni en los peores días de las dictaduras militares, y ni siquiera en los años de feroz represión de León Febres Cordero Rivadeneyra; Osvaldo Hurtado Larrea, Sixto Durán Ballén Cordovez, Jamil Mahuad Witt, Gustavo Noboa Bejarano o Lucio Gutiérrez Borbúa! ¡Ni ellos llegaron a tanto! ¡Mezquinarles un simple local de reuniones o deliberación a los todos los maestros del país constituye una pequeñez sin precedentes y una predisposición psicológica muy agresiva y acosadora, digna de tomarse muy en cuenta! ¡Con esta mentalidad obsesiva si pudiesen despojarles de la capacidad de respirar a quienes los enseñaron a leer y escribir, quizá así lo harían! ¿Cómo pueden llegarse a estos extremos del absurdo? ¿Cómo no pudo el diálogo, enmarcado en las propias prescripciones constitucionales, prevenir el paro de los maestros, más aún cuando la dirección de la UNE y del MPD, que la hegemoniza a cierto nivel dirigencial, fueron, han sido y son, de los más entusiastas partidarios políticos de Rafael Correa?

¿Dónde queda la vigencia del Art. 19 de la misma Declaración de los Derechos Humanos, de la cual además el Ecuador fue país signatario –¡participó en su elaboración hace más de 60 años!- que proclama que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones”. ¡Se busca de manera frenética impedir actividades completamente legales y respetadas en cualquier país civilizado!

¿De qué clase es esta “revolución” apoyada por entidades, ONGs y fundaciones sustentadas, en años precedentes, en forma directa o indirecta, según varios documentos, con la colaboración del Banco Mundial, Internacional Youth Fundation (EE. UU.), USAID (Gobierno de los EE. UU.), Fundación Kellog, Global Development Aliance (EE. UU.), Fundación Rockefeller (EE. UU.), Fundación Turner (EE. UU.), Fundación Interamericana FIA, Fundación Citigrup, Instituto Synergos (EE. UU.), Fundeso (España), entre otras entidades?

¿Quiénes son los principales entes asesores y orientadores del sistema educativo del Ecuador? ¿Por qué se omite ahora, en forma calculada, de la inconveniente e interesada presencia, desde hace varios lustros, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en estas tareas del manejo de los contenidos de estudio y orientaciones para todos los niveles del sistema educativo de varios países de América Latina en función de los objetivos de la metrópoli? ¿Quién era uno de los más importantes funcionarios del BID para los proyectos educativos de este organismo durante el inicio del régimen de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahík Garzozi?

La respuesta consta en la segunda de las seis páginas de la hoja de vida del Econ. Rafael Correa, publicada varias veces con ocasión de la campaña electoral del año 2006 (y también consta en www.rafaelcorrea.com), donde textualmente se lee entre las líneas 9 a 13, de la referida página, lo siguiente:

“1992-1993: Director Administrativo – Financiero de los proyectos de educación financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, Quito- Ecuador. Gerencia administrativa y financiera de proyectos de mejoramiento del sistema educativo ecuatoriano, con un presupuesto de 110 millones de dólares y un equipo permanente de 120 personas.”

Es evidente que en el BID no encargan responsabilidad alguna, en ningún país, a quien tuviese el mínimo rasgo de izquierdismo, y menos lo van a consentir para labores educativas. Este organismo escoge su personal en forma esmerada y muy cuidadosa, analizando todos sus antecedentes y en base a recomendaciones de funcionarios de su confianza. Además, es muy sabido que el BID, su membrete institucional, encubre tareas e impulsa labores de apoyo a las mismas políticas del Banco Mundial; por ello se ha indicado que el BID es el otro nombre o membrete del mismo Banco Mundial para ejecutar sus proyectos y políticas en forma menos escandalosa y con menor resistencia.

A propósito del BID, cabe recordar que en la revista Vistazo del 3 de marzo del 2006, en un número de “presentación en sociedad” del candidato presidencial de Alianza País –auspiciada y apadrinada por esta publicación-, donde como parte del marketing planificado se lo expuso ante el país como el candidato de la “izquierda” y la “renovación”, en cuya pasta y artículo central lo denominaban “El enterrador de dinosaurios”, tiene en su pág. 20, tercera columna, la siguiente declaración, con la que coincidimos en su afirmación presumiblemente corregida, del entonces candidato “out sider”:

“Al FMI le pagaría hasta el último centavo y ¡no lo queremos ver más! Al igual que al Banco Mundial (BM) y al BID, que son parte del Consenso de Washington. Son los que diseñaron las reformas estructurales neoliberales para sacar adelante nuestras economías y lo que hicieron fue destrozarnos. Son instrumentos de la política exterior de Estados Unidos de América.”

A confesión de parte, relevo de prueba: ¡“Son instrumentos de la política exterior de los Estados Unidos de América”!

Es tan notoria la injusticia y absurdo de pretender hacerles cargar con todos los males del sistema educativo a los maestros que la simple reflexión histórica refuta semejante afirmación reiterada hasta la obstinación, en conducta reveladora, por medios de comunicación que dicen estar “en contra” del régimen y que son parte de un estudiado tongo, cada vez más visible.

Quienes diseñan todo el sistema educativo en el país, incluidos los contenidos de la enseñanza y material didáctico de los libros, planes y programas de estudio, son los gobiernos capitalistas de turno con los correspondientes ministros del ramo, de su absoluta y total confianza en estas tareas. Quienes manejan el Estado, su economía, sus recursos naturales, sus relaciones internacionales, el bienestar social, la obra pública, la defensa, y, de modo obvio, hasta la educación y orientación cívica de sus ciudadanos, entre otros aspectos, son y han sido, en las tres últimas décadas, los regímenes de Osvaldo Hurtado Larrea, León Febres Cordero Rivadeneyra, Rodrigo Borja Cevallos, Sixto Durán Ballén Cordovez, Abdalá Bucaram Ortiz, Fabián Alarcón Rivera, Jamil Mahauad Witt, Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez Borbúa, Alfredo Palacio González, Rafal Correa Delgado.

Con alguna notoria excepción, casi todos los ministros de estos regímenes han sido elementos cercanos a la Democracia Cristiana, al Social Cristianismo, y según las indagaciones de los propios maestros, algunos de establecimientos confesionales, varios resultan allegados al Opus Dei. Y todos los gobiernos han seguido y continúan impulsando las “orientaciones académicas” y “recomendaciones científicas” del Banco Mundial y del BID para obtener una “mejor educación” para salir de nuestro “atraso”, ocasionado por “nuestra culpa”. Planes de estudio que diseñaron, elaboraron e impulsaron con deuda externa de nuestro país.

Debe repararse que las “sugerencias” de estas entidades multilaterales, a nivel de todo América Latina, van incluso a la reformulación de las políticas educativas en las universidades, con el indisimulado objetivo de acabar con los vestigios que quedan de las concepciones críticas sobre los consecutivos procesos de dominación y saqueo de nuestras patrias latinoamericanas, asunto que se lo pretenderá abordar en un trabajo específico.

¿Qué alguien podría evolucionar? Es posible. ¡Pero si quien maneja este país lo sigue conduciendo acompañado con todos los políticos de los partidos que han sido poder, y sobre todo con sus mismas prácticas y sus mismos cuadros, todo queda en veremos! ¿Que es indispensable mejorar el sistema educativo? ¡Por supuesto! Pero procédase en forma correcta y sin el ánimo punitivo o de botín. El régimen debería conversar con el magisterio nacional, en vez de ofenderlo, y adoptarse por consenso reglas del juego muy claras, y sin el ánimo de excluir a los educadores fiscales en forma masiva en base a pruebas de notoria subjetividad.

¿Por qué no se elabora en forma consensuada material de estudio previo, de importante y sistemático nivel, y, en forma complementaria, se establecen cuidadosos sumarios para la evaluación de las distintas materias? ¿Es imposible armar bancos de preguntas para cada asignatura, en base a material académico entregado en forma previa? ¿Quién se opondría a mecanismos consensuados y que eliminen cualquier vestigio de procedimiento ausente de transparencia y orientado a buscar vacantes? ¿Por qué se quebranta en forma absurda y provocativa la Constitución Política de la República?

¿Desde cuándo este gobierno que defiende los intereses de las grandes transnacionales, cuyas áreas de manejo y lucro se mantienen intocadas, como es el caso por ejemplo del petróleo o las telecomunicaciones, que significa perder ingresos por miles de millones de dólares anuales, y que no ha sido capaz de anular las privatizaciones neoliberales (disponiendo de 96 asambleístas, con aliados, de un total de 130), que apoya en el texto constitucional las equivocadas autonomías políticas impulsadas en años precedentes por el Partido Social Cristiano, con Jaime Nebot a la cabeza, y por la USAID (ver los Arts. 244, 245, 246 271 y 274 de la Constitución), y que le ha involucrado al país en el Plan Colombia, puede llamarse popular o de izquierda, y peor socialista? ¡No puede engañarse de este modo al país! ¡Diga y reivindique lo que es este régimen, pero no puede decir que es socialista cuando favorece a las mismas transnacionales que lucraban en el país antes de la llegada de una supuesta “revolución ciudadana”, en continuidad neoliberal que contradice su estudiado discurso embaucador!

IV. ¿DERECHO AL “BUEN VIVIR”?

Uno de los hechos más sorprendentes del régimen de Rafael Correa, y que constituye una radiografía objetiva de su verdadera concepción ideológica, es su gozo inocultable que exterioriza cuando amenaza dejar sin trabajo a miles de padres de familia si son docentes. ¡En una cadena sabatina realizada desde Cuba -hace varios meses- manifestó que si diez mil maestros protestaban, y si acaso salían en marcha en horas laborables, él los sacaría de su trabajo en forma inmediata porque disponía de treinta mil carpetas y aspirantes listos para reemplazar a quienes él los excluiría de sus labores!

Los cubanos deben haberse quedado estupefactos recordando que en los años de período especial, cuando se desintegró la Unión Soviética y quedaron sin suficiente petróleo, nadie fue despedido en un país cercado económica y militarmente por décadas, en forma criminal, por los EE. UU. Se prefirió reducir varias horas de labores semanales a toda la población antes que expulsar seres humanos de sus actividades productivas y de protección a sus familias.

El Presidente, en forma incomprensible y lamentable, hace aspaviento público y notoria gala de su frenética e irrefrenable pretensión de dejar cesantes y sin trabajo a incontables miles de maestros que se oponen a evidentes violaciones constitucionales, sin que en modo alguno se opongan a una racional evaluación.

El Art. 25-1 de la misma Declaración de Derechos Humanos establece, desde décadas antes que se difunda el llamado “buen vivir”, que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios …” ¿Cómo puede gozar de todas estas posibilidades elementales un ser humano despojado de su trabajo por defender prescripciones constitucionales como las referidas?

El peor daño que se le puede provocar no solo a una persona sino a toda su familia –que resulta víctima inocente- es despojarle de su trabajo; por ello –incluso- el Art. 23-1, de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo … y a la protección contra el desempleo.”

Podría decirse que despojarle de trabajo en forma ilegal e injusta a un padre o madre de familia, que sostiene a su hogar, es en algún sentido un atentado a la vida de su unidad familiar, porque como manifestaba William Shakespeare: “You take my life when you do take the means where by I live” (“Usted me quita la vida si me quita los medios por los que vivo”.

V. NULIDAD DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Las Acciones Administrativas seguidas en contra de los maestros para excluirlos de sus puestos de trabajo, por todas las razones expuestas, son inconstitucionales, ilegales, sin valor jurídico alguno, nulas, de nulidad absoluta. Y, en base a estos antecedentes y razones, deberían ser archivadas a la luz de innumerables normas del Derecho Positivo Ecuatoriano.

Pero esto tampoco es todo. El Art. 76 la Constitución vigente, relativo al debido proceso, en su numeral 7, literal i), ordena que “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por una misma causa y materia”, situación que exonera de toda nueva responsabilidad o supuesta “culpa” pendiente de los maestros ecuatorianos enjuiciados. Ya fueron enjuiciados en forma ilegal e inconstitucional los docentes, por lo tanto debe declararse la nulidad de dichas anteriores acciones, y, al tenor del referido Art. 76, num. 7, literal i), de la Constitución vigente, suspenderse cualquier otra eventual nueva acción, por resultar, así mismo, inconstitucional e ilegal.

Más allá de las simpatías y antipatías políticas del Presidente de la República, él está obligado a respetar y hacer respetar la Constitución –propiciada por él mismo y por su movimiento Alianza País-, y para ello nada mejor que él mismo lea la Constitución que aunque llena de “barbaridades” como él mismo lo admitió, está vigente.

¿QUIÉNES Y AL SERVICIO DE QUÉ INTERESES MANEJAN EL PAÍS?

El Presidente no debería dejar que los principales colaboradores de León Febres Cordero Rivadeneyra y Gustavo Noboa Bejarano, caso de Alexis Mera Giler, o de los principales impulsores de las campañas presidenciales de Jaime Nebot Saadi y de Jamil Mahauad Witt, caso de Vinicio Alvarado, entre otros, guíen sus pasos, salvo que más allá de su engañoso discurso “progresista” esa sea precisamente su verdadera esencia, afinidad e intencionalidad política, motivo obvio de su presencia permanente y privilegiada cercanía en la toma de sus más trascendentales resoluciones. ¡El Presidente sabe muy bien con quiénes labora y para qué dispone de esos cercanos colaboradores! ¡Esa es su causa común! ¡Ellos son el núcleo medular de sus decisiones! ¡Esta presencia no es un “error” sino una decisión premeditada!

¡El mismo Presidente debe leer la Constitución y cuando menos no aparentar que sus “equivocaciones” son “extravíos” de sus colaboradores social cristianos y de derecha, tolerados y defendidos por él mismo en las más altas responsabilidades gubernamentales; elementos cruciales e imprescindibles en su gestión presidencial! ¿En qué parte del mundo puede creerse que conocidos profesionales al servicio de la reacción, y cuadros políticos de la absoluta confianza de la ultra derecha filo fascista, van a impulsar un proyecto de “cambio socialista”? ¡Un proceso de este género, con esos y otros colaboradores cercanos de similar tendencia, es una gran mentira y una utopía!

Esta situación y realidad evidente nos lleva a preguntarnos e interrogar a todos los maestros ecuatorianos:

¿Desde cuándo se pretende hacer creer, de manera escandalosa e inadmisible, como si las peras surgieran del olmo, los higos de los abrojos, o rosas de los espinos, que un supuesto, difuso y falso “Socialismo” surgirá desde las mentes y equipo político formado por estrechos colaboradores de regímenes ideológicamente pro capitalistas y anti socialistas?

¿Qué tenían de “socialistas” los gobiernos de Febres Cordero Rivadeneyra, Gustavo Noboa Bejarano, Jamil Mahauad Witt (Nataly Celi, Mauricio Dávalos), Osvaldo Hurtado Larrea (Carlos Vallejo López), Rodrigo Borja Cevallos (Nicolás Issa Obando, Efrén Cocíos Jaramillo, Raúl Vallejo Corral, Antonio Gagliardo, Francisco Borja Cevallos, Ramiro González), Abdalá Bucaram Ortíz (Jorge Marún Rodríguez, Gustavo Larrea Cabrera), y del propio Lucio Gutiérrez Borbúa, cuyo Secretario General de la Administración Pública y ex ministro de Bienestar Social es el actual Contralor del Estado, designado en forma personal por el Presidente Rafael Correa, el abogado Carlos Pólit Faggioni?

¿No fue, además, la ministra de Industrias de Lucio Gutiérrez, y embajadora de Mahauad Witt en Washington, Ivonne Baki, la candidata “socialista” del Ecuador a la dirección de la UNESCO por decisión del Presidente Correa? ¡Este régimen –camuflado de “socialista”- es la expresión concentrada de la misma vieja partidocracia, a la que todos los sábados dice combatir, y que recuerda la historia del ladrón que, para protegerse, corre gritando “¡Cojan al ladrón! ¡Cojan al ladrón!”

Hemos respetado siempre las opiniones ajenas y así lo haremos con quienes dicen que representan una llamada “Revolución Ciudadana”, que tampoco la hemos visto y que nadie sabe en qué consiste, y en cuyo eje central político y administrativo tiene, así mismo, como ya lo señalamos, a representantes y elementos de ciertas ONGs, fundaciones y entidades allegadas en forma directa o indirecta a fuentes de financiamiento del Banco Mundial y el BID. ¡Verifíquese y compruébese leyendo las hojas de vida de la mayoría de los miembros de su gabinete y de las más importantes figuras y autoridades de este régimen procapitalista!

Pero suponer que socialistas de convicciones verdaderas e irrenunciables guardaremos silencio ante este engaño concertado, antipopular y antinacional, con la colaboración coordinada de dirigentes de partidos de la llamada “izquierda legal”, es no solo una candorosidad sino una muy grave equivocación. La derecha, cuya columna vertebral ideológica es la Democracia Cristiana en el poder, aunque disfrace su discurso, pretende hacer creer al pueblo que el socialismo gobierna y que ha fallado en su oportunidad histórica. ¡Buscan afanosos quemar esta opción histórica del pueblo ecuatoriano! ¡Esta maniobra diabólica debe ser desenmascarada y frenada con la verdad y a la luz de los acontecimientos políticos, económicos y sociales; sin ningún engaño!

¡Un verdadero socialismo jamás sería parte del proceso “Yunque y Martillo” del pro yanqui Plan Colombia, como lo impulsa en los hechos Rafael Correa con el teatro y cortina de humo de supuestas “diferencias” de consumo público con Alvaro Uribe Vélez (la más importante figura pública del Opus Dei de Colombia según el Nuevo Herald de Miami, del 11 de noviembre del 2002, así como de la revista “Cromos” de ese mismo país), en tanto ya están en la frontera norte cerca de doce mil soldados y los aviones no tripulados entregados por Israel, conforme lo publican diario Hoy, del jueves 13 de agosto del 2009, pág. 10, El Diario, de Portoviejo, del mismo día, pág. 11ª, y El Universo, en la primera página de idéntico día!

¡El socialismo verdadero jamás apoyaría y daría luz verde en el propio texto constitucional a las autonomías políticas balcanizadoras del país, impulsadas desde hace años por la USAID, Jaime Nebot, su Junta Cívica, y determinados egresados de la universidad norteamericana de Harvard, encaminadas a destruir el Estado nacional unitario para convertir nuestra República en siete bocados más pequeños y digeribles para las fauces insaciables de las grandes transnacionales, cuya viabilidad aprobada –en previsible consenso con Nebot pues Alianza País controlaba la Asamblea, todas sus decisiones y redacción jurídica- ya consta en los Arts. 244, 245, 246 y otros de la Constitución de Montecristi, como es posible leerlo y verificarlo, en el marco de supuestas “confrontaciones” verbales, dignas de cualquier teatro clásico de la antigua Grecia! ¡Muy distinto sería una racional descentralización administrativa, alejada de las autonomías políticas separatistas!

Los socialistas de siempre no podemos cruzarnos de brazos o quedarnos callados ante la osada y audaz conducta de quienes a nombre de un inexistente “gobierno Socialista” arremeten en forma despiadada y cínica, a nombre de esta causa, en contra de la esencia doctrinaria socialista, en feroz depredación de derechos laborales reconocidos de manera internacional –a nivel mundial-, luego de largas luchas clasistas de décadas, a favor de los trabajadores, campesinos, indígenas, maestros, profesionales, ciudadanía en general. ¡Este es un régimen enemigo –y se jacta de ello- de todo tipo de organización social bajo la genérica denominación de “corporativismo”; los hechos consumados en contra de las organizaciones profesionales, sindicales, gremiales, y de todo otro tipo, de este país, así lo comprueban y evidencian, aunque se envíen –de manera estudiada- informaciones, mensajes e imágenes falsas al exterior, en idéntica forma que se lo hizo en la campaña electoral del 2002 a favor del coronel Lucio Gutiérrez Borbúa!

¡Lo que exigimos es que -quienes dirigen este país- cuando menos sean francos y sinceros en reconocer su verdadera identidad ideológica y cauce político, y dejen de pretender engañar, con extrema audacia, a una nación entera! ¡Díganse y reconózcanse como lo que en verdad son: “Demócratas Cristianos del siglo XXI”, “Socialdemócratas del siglo XXI”, allegados al Opus Dei, lo que deseen; pero no pretendan hacer creer que la causa sagrada del Socialismo ya ha llegado al poder y es gente de esta ideología la que está gobernando a favor de las grandes corporaciones extranjeras! ¡Digan la VERDAD!

¡Manifiesten con franqueza lo que son ideológicamente, y hagan lo que deseen, reformas o contrarreformas, cambios mínimos para precautelar un sistema de injusticia e inequidad, pero identificándose con lo que son en esencia, no disfrazándose de socialistas, aunque hayan recibido el apoyo de quienes –también llamándose de izquierda- antes de auspiciar y respaldar a Rafael Correa apoyaron con el mismo frenético entusiasmo al coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, quien decía que uno de sus referentes o ejemplos era el general fascista chileno Augusto Pinochet Ugarte, conforme consta en la revista Vistazo Nro. 842, del 19 de septiembre del 2002, pág. 15, 3ra. columna, en entrevista exclusiva para el periodista Marlon Puertas. Quienes antes auspiciaron a Lucio Gutiérrez, y ahora apoyan a Rafael Correa, deben recordar, sobre todo sus bases, que en diario El Comercio, del lunes 16 de septiembre del 2002, pág. A2, manifestaba el ex Presidente que su principal aliado era el Kuomitang, partido de carácter anticomunista con sede en Taiwán, y quien el 11 de abril del 2002, ante el golpe fascista que en forma transitoria separó al Presidente Chávez del poder, repudió en forma pública cualquier similitud con el mismo, alegando que jamás podían confundirle con el mandatario nacionalista, acusando a Hugo Chávez de no haber oído al pueblo llanero y haber laborado en su contra.

¡No podemos permitir los socialistas de toda la vida que dirigentes ideológicamente demócrata cristianos en el poder –por formación y convicción-, y sus aliados de toda la partidocracia, defensores comunes de este sistema de injusticia, ayuden a destruir ante los ojos, conciencia y corazón del pueblo, la noble doctrina del Socialismo –al adulterar su contenido programático y esencia ideológica y política-, cuya denominación usurpan y en cuyo nombre asaltaron el poder –en asocio de sus cómplices y conocidos barnizadores-, respecto de la cual, de la causa del socialismo, cuando ya se vayan del poder, pretenderán alegar que ya manejó la República y que su desempeño fue un estrepitoso fracaso, que no solucionó ninguno de los graves problemas sociales, económicos y políticos, consustanciales al capitalismo, que ellos precisamente encarnan y defienden aunque en forma verbal lo dicen “combatir”! ¡Si no fuese tan grave lo que pretenden fingir los llamaríamos maestros de la comedia, pero por la trascendencia y oportunidad histórica que se festinan resultan maestros de una dolorosa tragedia nacional!

¡Es evidente que, en lo medular, al ceder colosales ingresos fiscales a favor de las grandes transnacionales -el patrimonio social y nacional indispensable para el desarrollo nacional-, anhelan destruir políticamente la opción del auténtico Socialismo, al pretenderlo hacer aparecer como el responsable de haber arruinado una oportunidad histórica única! ¡Por ello el reclamo indoblegable de los auténticos socialistas ecuatorianos que no tenemos motivo alguno para responder por un régimen favorecedor de las grandes corporaciones extranjeras aunque disfrace su discurso y manipule el afán irrenunciable del pueblo a un cambio que debería empezar con la anulación de las privatizaciones y la recuperación de los recursos públicos entregados por los anteriores gobiernos neoliberales a las mismas multinacionales, aspectos que este régimen de la llamada “revolución ciudadana” se ha negado a hacer pudiendo haberlo realizado infinidad de veces!

¿Cómo puede suponerse siquiera que cualquier nación o país salga del subdesarrollo si su dirigencia -¡dotada de plenos y absolutos poderes y con Asamblea Nacional Constituyente con amplísima mayoría!- ha sido incapaz de anular las privatizaciones y recuperar y nacionalizar sus recursos naturales no renovables y sus empresas fiscales más rentables, donde se encuentran miles de millones de dólares que se pierden cada año a favor de las mismas multinacionales que usufructuaban esos negocios desde años antes de la llegada de la supuesta “revolución ciudadana”, esto es desde la llamada “larga y triste noche neoliberal”, que en este aspecto esencial sigue inalterable?

¿No entregó acaso el gobierno de la “revolución ciudadana”, por decisión personal del Presidente Rafael Correa, el fabuloso y mejor negocio de todos, el de la telefonía móvil, a Portacelular, propiedad exclusiva del mexicano Carlos Slim Helou –uno de los ciudadanos más ricos del planeta-, y a la española Movistar, por el lapso de quince años, esto es desde el 2008 hasta el 2023, con una pérdida de ingresos para el país que podrían de modo muy fácil llegar a los cuarenta mil millones de dólares imprescindibles para la solución de múltiples problemas emergentes, de carácter social y económico? ¿Qué tipo de “socialismo” es el que privilegia los intereses de las multinacionales a las urgencias de nuestra Patria necesitada? ¡Esta es la VERDAD y no nos engañemos por más que adopten medidas reformistas en aspectos no trascendentales! ¡Sólo es para barnizarse y brindar un aspecto muy distinto al de su esencia y verdadero contenido!

¡Este es otro régimen al servicio de las multinacionales como se evidencia en el inalterable manejo del petróleo y las telecomunicaciones por parte de las mismas, exactamente las mismas corporaciones que controlaban estos campos antes de la llegada del actual régimen de Rafael Correa al poder! ¿Acaso podemos olvidar u ocultar que el principal argumentador, defensor y promotor a favor de las grandes corporaciones transnacionales de la minería, a las que se les dota de carta blanca para actuar en todo el país, es el propio Presidente Rafael Correa con cuya voz se hacen las cuñas que favorecen a las multinacionales y se escuchan en las radios de las provincias de mayor potencial minero metálico como Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora?

¡Este gobierno, por lo que ha hecho hasta el momento, por el incomprensible desperdicio de la mayoría absoluta que tenía en la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, por el tipo de legislación represiva y autocrática que está emitiendo para el control social absoluto de sus habitantes –peor que en una colmena-, resulta un alfil altamente sofisticado para engañosamente subordinar el país, sus recursos, su orientación ideológica alejada del laicismo, con un falso discurso de izquierda, al Nuevo Orden Mundial controlado por las grandes corporaciones!

¡Los hechos refutan todas las palabras! ¿Para qué se entonan las canciones del Ché Guevara si esos ritmos se utilizan como música de fondo para políticas que favorecen a los privatizadores y a las grandes multinacionales en un asunto tan crucial como es el manejo de la indispensable riqueza nacional, como son los recursos naturales no renovables y las empresas fiscales más lucrativas? ¡Esa es nuestra penosa realidad! ¿Cómo puede un país ceder sus más importantes e imprescindibles ingresos, indispensables para su desarrollo y bienestar social, con una fraseología supuestamente “revolucionaria”?

¡La legislación de la “revolución ciudadana”, si se la analiza con objetividad, está encaminada a incorporar el Ecuador al esquema del Nuevo Orden Mundial! ¡Este es un régimen anti Chávez; el poder real está en la antítesis de quienes manejan la hermana República Bolivariana de Venezuela!

¡Mientras en Venezuela se pretende recuperar el control absoluto de todos los recursos naturales no renovables y las jugosas empresas privatizadas en años de saqueo neoliberal; se separa el inmenso poder tradicional de la Iglesia en el manejo estatal y no se financia a ningún grupo religioso con fondos fiscales; se nacionaliza la banca extranjera; se excluye del manejo político a los partidos tradicionales, privatizadores y neoliberales (a los miembros dirigentes de la Democracia Cristiana o COPEI, y de la Social Democracia o Acción Democrática, AD), en el Ecuador se actúa exactamente al revés!

¡Y la gran prensa, acomodada en un tongo escandaloso –que recibe insultos los sábados pero planilla encantada todos los días y a toda hora la propaganda del régimen, con las consecuentes excepciones de rigor-, que se negó a discutir e informar, antes de la consulta del 28 de septiembre del 2008, el problema del control privado de los recursos naturales no renovables y del establecimiento de las autonomías políticas (a las que en Venezuela se opone de manera rotunda Hugo Chávez), que engañó al país haciéndole creer –en forma mentirosa- que el asunto del aborto y del matrimonio gay estaba en la Constitución (aspecto utilizado como cortina de humo concertada con la dirección del Opus Dei en la más alta jerarquía de la Iglesia Católica), ahora se esmeran, también de manera concertada, en hacerle aparecer, en forma planificada y falsa, al Presidente Rafael Correa como “socialista”, conociendo que no ha sido ni lo es, a la luz de sus antecedentes cercanos a la democracia cristiana, accionar político reaccionario y concepción ideológica represiva! ¡Es, sin ninguna duda, el alfil político del Nuevo Orden Mundial para remolcar nuestro país a su esquema de dominio mundial: sus acciones evidentes y reiteradas, muy hábilmente ocultadas con su discurso preparado por conocidos ciudadanos que un día militaron en la izquierda, lo delatan en forma incontrastable! ¡Miremos sus hechos y sus acciones! ¡Establezcamos a quienes se enfrenta y para qué lo hace; y a qué sectores poderosos económicos y bancarios beneficia!

¡Correa pretende “vender la imagen” de que es “socialista” para engañar al pueblo, y en este anhelo falaz le da todo gusto recíproco cierta prensa “crítica” y “agredida”, cuando perfectamente saben que este régimen demócrata cristiano no tiene nada, absolutamente nada de socialista, y mucho de espíritu represivo, antiobrero, antisindical, contrario a todo tipo de organización social, pro multinacionales, pro Carlos Slim, pro corporaciones mineras, pro autonomías políticas impulsadas por la USAID, pro Plan Colombia en los hechos! ¿Por qué se suman al coro concertado de falsedades? ¿No es eso lo que pide y demanda Correa para seguir asaltando la conciencia de un pueblo desprevenido, cuando esos medios y columnistas conocen a la perfección que el régimen dispone de una legión de otros colaboradores con posiciones de ultraderecha?

¡En este afán de aparentar lo que no es, resulta fácil apreciar como le complace al milímetro –a pedir de boca- cierta prensa “opositora”! ¡El tongo es más que evidente! Este proceder convenido en forma expresa y notoria apunta a que la ciudadanía desinformada concluya –mareada- con la siguiente “lógica” inducida: ¡Si hasta los “adversarios” del gobierno dicen que él es “izquierdista” y “socialista”, así ha de ser! ¡Todo lo que simula debe entenderse al revés! ¡Estamos asistiendo a un peligroso escenario de engaño donde todos los sectores procapitalistas están confabulados, aunque simulen diferencias, para instaurar de manera conjunta un régimen policial orwelliano, y todo ello a nombre de la sagrada causa del Socialismo! ¡Para ello, como elemento previo y “justificatorio” de sus verdaderos objetivos represivos, se está desinstitucionalizando en forma planificada al país! ¡Sólo miren, por favor, lo que está pasando, o cuando menos lo acontecido hasta la hora presente, contando para ello con experimentados cuadros políticos de la vieja partidocracia y funcionarios de fundaciones y ONGs financiadas en forma directa o indirecta por el Banco Mundial y otras entidades semejantes! ¡Uno es el discurso y la imagen proyectada dentro y fuera del país, pero otra es la realidad en los aspectos medulares!

¡Otro muy distinto hubiese sido el destino del Ecuador si habría llegado un auténtico socialista a dirigir la República y habría controlado la mayoría de la Asamblea Nacional de plenos poderes! ¡Para empezar otro hubiese sido el manejo de cuarenta mil millones de dólares de colosales ingresos y gastos en los primeros 28 meses de gestión presidencial contados a partir de enero del 2007, en base a los mejores precios del petróleo en toda su historia y comparando desde cuando empezaron las exportaciones en 1972! ¡Se debieron anular las privatizaciones y nacionalizar y recuperar la riqueza social de la República del Ecuador, así como recuperar los 8.072 millones de dólares del atraco y “salvataje” bancario, según el cálculo de una Comisión nominada por el propio régimen y conformada por el Econ. Eduardo Valencia Vásquez, el Dr. Ramiro Larrea Santos, y el Obispo de Riobamba Mons. Victor Corral! ¡Pero eso es precisamente lo que no se quiso hacer; por ello no existe ni siquiera un simple mandato como sí se realizaron varios en contra de los derechos laborales!

¡Ante este enésimo tongo y maniobra desinformadora envolvente, que afecta a la verdadera causa y doctrina Socialista, quienes nos identificamos con la misma nos levantamos con más vigor que nunca para defender la invencible y sagrada causa del verdadero Socialismo enraizada por generaciones y décadas en lo más hondo del corazón de los sectores más pobres y desprotegidos del Ecuador y América Latina, a los que se pretende asaltar su conciencia con un sofisticado camuflaje verbal!

¡Todas las fracciones de los grupos dominantes –sin excepción alguna-, que pelean entre sí –a veces a dentelladas- para determinar quien controla y ordeña al país, pero que por lo general solo simulan diferencias públicas mientras por debajo resulta frecuente el reparto concertado del país en su conocida política depredatoria, deben ser derrotadas en forma inexorable! ¡Todas las fracciones de las clases dominantes (incluyendo las que simulan cambios cosméticos, y precisando y advirtiendo sus matices), pero sin excepción alguna, que todas ellas solo buscan –con métodos variables- conservar este sistema infame, pletórico de injusticias, que los beneficia y enriquece sin medida a costa de la vida misma y bienestar de las mayorías irredentas de nuestra nación!

¡La Patria debe ser recuperada de verdad y para siempre; no puede proseguir en manos de los accionistas de las grandes multinacionales y sus socios criollos encargados, con distinta careta, apariencia y lenguaje –incluso renovándolo y encubriendo sus intenciones-, del despojo legal y del vasallaje ancestral!

Y también como siempre, con la verdad y el cariño intransferible para nuestra amada Patria, una vez más, sin la menor duda, aunque nos demoremos mucho más de lo previsto, sin ninguna claudicación, a la final ¡VENCEREMOS!

Quito, septiembre del 2009

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