Una investigación de la Corte Suprema de Justicia reveló vínculos entre varios congresistas aliados al presidente Álvaro Uribe y los paramilitares. La oposición pidió también que se investigue al primer mandatario.

Las declaraciones realizadas el domingo pasado por el senador Miguel de la Espriella al periódico el Tiempo, sacaron a la luz los nexos entre varios congresistas aliados al Presidente Álvaro Uribe y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De la Espriella reveló que en el año 2001, un grupo de alrededor de cuarenta políticos se reunieron en la localidad de Santa Fe de Ralito (departamento Córdoba) con los principales líderes de las AUC: Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Luego que dos individuos explicaran la estrategia política que las Autodefensas querían desplegar de cara a las elecciones del 2002, los políticos firmaron un documento que avalaba el lanzamiento de un partido político que se llamaría Movimiento Nacional Comunitario.

El congresista señaló que no se rehusó, debido a la presencia intimidatoria de innumerables hombres armados. También remarcó que la magnitud del fenómeno paramilitar, lo llevó a adoptar tal decisión: “Empiezan a ganar territorio y a ejercer en estos como señores y dueños y se constituyen en un verdadero Para-estado….En fin, en Córdoba no se podía hacer política sin la aquiescencia de las Autodefensas”.

Recurriendo a la historia, podremos conocer un poco más acerca de la impunidad con que operan las Autodefensas Unidas de Colombia. No obstante que los paramilitares comenzaron a operar en la década de los ochenta, las AUC fueron creadas en abril de 1997 a instancias de los sectores ganaderos y narcotraficantes. Su principal labor consistía en repeler las incursiones armadas de la guerrilla, para poder así defender los intereses de sus financiadores.

Durante el primer mandato presidencial de Álvaro Uribe, el gobierno les ofreció una “negociación” de paz, que concluyó en abril de 2002 con la desmovilización de 31. 000 mil combatientes a cambio de beneficios judiciales. Los mismos determinaban irrisorias condenas de solo 5 a 8 años, no obstante que a los paramilitares se le atribuyen haber realizado unos 9000 crímenes, especialmente en la costa norte y el sureste de Colombia.

El grado de poder de las Autodefensas llegó hasta al punto que, luego de la reunión de Santa Fe de Ralito, Vicente Castaño llegó a admitir que el 35 por ciento de las bancas del Congreso fueron elegidas gracias a su respaldo.

Volviendo a las declaraciones de De La Espriella, las mismas rápidamente produjeron una grave crisis dentro del gobierno colombiano. La Corte Suprema de Justicia inició una investigación para determinar los nexos entre la política y los paramilitares. En el marco de la causa ya hay tres senadores detenidos: Álvaro García, Jorge Merlano y Erick Norris; asimismo en los próximos días deberán rendir declaración indagatoria seis congresistas más, entre los que sobresale Álvaro Araujo, hermano de la Canciller Maria Consuelo Araujo.

Ayer la funcionaria debió comparecer ante el Congreso para intentar responder a aquellos que la acusan de “trafico de influencias”, para intentar así averiguar sobre la situación de su hermano en la investigación de la “parapolítica”. En medio de un debate caliente, en el se llegó a sostener que en Colombia existe un Estado “mafioso”, la Canciller debió soportar los embates de la oposición que exigía su renuncia.

De acuerdo a la opinión de la senadora liberal Cecilia López, Araujo: “Debe dar un paso al costado, porque utilizo su posición y sus influencias para obtener información no relacionada con su trabajo”. Asimismo finalizó su discurso añadiendo que “la infiltración paramilitar no sólo es en el Congreso, es una infiltración en el poder”.

Por su parte el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, reclamó que el Presidente Uribe debe “dar la cara” al país para así explicar porqué tantos amigos suyos están involucrados en dichas investigaciones.

No obstante estas críticas, el Primer mandatario señaló que pase lo que pase con el senador Araujo “El país debe respaldar a la canciller y mi gobierno la va a respaldar. La comunidad internacional debe comprender que en Colombia hay separación de poderes”.

Además de los senadores aliados al “uribismo”, otro funcionario que está en miras de la justicia es el director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Luis Carlos Ordosgoitia, quien reveló haber participado de la reunión de Santa Fe de Ralito.

El escándalo de la “parapolítica” sin lugar a dudas está dañando la imagen del Presidente Álvaro Uribe y les está sirviendo a sus adversarios para criticar los fracasos de la política militarista llevada adelante en Colombia. El ex candidato presidencial, Horacio Serpa, le pidió ayer a la Comisión de Acusaciones del Congreso que inicie una investigación formal para determinar si existen vínculos entre el Primer Mandatario y los grupos paramilitares.

“Yo tuve la oportunidad de denunciar ante la autoridad más importante de Colombia en materia de investigación, el contubernio entre sectores de políticos uribistas con el paramilitarismo, y también que el paramilitarismo respaldó a Uribe en la campaña presidencial de 2002 y en las del 2006. No sé cómo él, que es un buen sofista, va a seguir engañando al país con sus explicaciones”, remarcó Serpa.

Para intentar sobrepasar la tormenta política, algunos senadores propusieron la idea de sancionar una ley de “perdón” para así incentivar a los congresistas a revelar toda la verdad acerca del escándalo de la “parapolítica”.

Sin embargo el Presidente Uribe se mostró en contra de esta idea, así como la de intervenir el Congreso. Según su punto de vista la Justicia debe seguir trabajando, mientras el gobierno debe batirse como “Leones para salvar la institucionalidad”. Para tratar que los colombianos vuelvan a creer que el poder político no está vinculado con organizaciones criminales, que muchas veces operan con connivencia del Estado.

Agencia Periodística del MERCOSUR. http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=2575