La seguridad social es tema central en la Campaña hacia la Presidencia de los EEUU. McCain y Obama lo discuten y la balanza política se inclina de acuerdo a como el primero afronta y el segundo evita, el tema de la privatización total del sistema, camino iniciado por el régimen Bush, que propone que los trabajadores jóvenes inviertan hasta el 4% de sus impuestos en el sistema de cuentas privadas.

Para algunos analistas la crisis fiscal es una estrategia mediática que crea una percepción de temor en 56% de la población. El objetivo sería desmantelar definitivamente el sistema mixto de seguridad social, logrando que los aportantes decidan invertir en cuentas privadas, antes que tener su ahorro en el sistema previsional estatal.

EEUU esgrime el fantasma del alto costo y la ineficiencia del sistema de seguridad social para conducir lo que falta del sistema (ahorro de jubilaciones) hacia la privatización. Pero el alto costo y la ineficiencia se deben precisamente a su parte privada, pues como régimen mixto, pensiones es manejado por el Estado y salud, por aseguradoras privadas.

Nadie y menos el gobierno se atreve a tocar el costoso sistema, controlado por las compañías de seguros y las empresas farmacéuticas. "Ese sistema es inmune, aún cuando esté causando tremendos problemas financieros, además del costo humano. Cerca de la mitad de las quiebras en Estados Unidos son resultados de gastos médicos", dice Naomi Klein, investigadora que visitó la Asamblea en meses pasados.

Y es que la seguridad social es de poco valor para los ricos, pero es crucial para la supervivencia de los trabajadores, de los pobres, de los viejos, de quienes dependen de otros, de los incapacitados. Es un sistema de protección, que sin embargo está en la mira del mercado. Klein comenta: "La seguridad social se basa en un principio extremadamente peligroso: preocuparse por otra gente y asumir responsabilidades comunitarias por cosas tales como salud y jubilación es algo profundamente subversivo".

Guardando las distancias por las dimensiones de la economía, en el Ecuador se han producido reiterados intentos de desmantelamiento de la seguridad social iniciados en 1995, desde la implantación de políticas neoliberales. Pese a la negativa en referéndum a la pretendida "modernización" del IESS, se desarrolló un proceso de intervención contemplado en la Constitución del 98 y continúo el plan en marzo del 2003.

Pero en nuestro país no existe el grado de bienestar económico de otras economías, ni el Estado tiene el asidero argumental de una generación que envejece, por lo que se transparentan las intenciones de abordar como negocio los servicios de este SISTEMA DE PROTECCIÓN para la sociedad.

Los ecuatorianos se han pronunciado reiteradamente en contra de una privatización del sistema de Seguridad Social, a lo largo de trece años. Pretender hacerlo vía debilitamiento desde el propio Estado es un riesgo político muy alto, incluso para el propio proceso constituyente.

No se pueden socavar los derechos adquiridos de los afiliados al Seguro Social. 3.700 millones en bienes, una deuda del Estado calculada en 3.394 millones (según el método valorista) o 880 (según el método de desagio) y un presupuesto anual de 2.300 millones de dólares, son el dinero del ahorro interno de los ecuatorianos, dinero que los bancos siempre han querido circulando en su sistema. Para eso han creado aseguradoras privadas.

Igualmente, las aseguradoras privadas han pugnado por captar asegurados, a partir de la posibilidad de un sistema mixto. De esto estamos hablando una vez más, ahora, cuando en esta Constituyente mencionamos el ahorro interno, como la posibilidad de planificar iniciativas de desarrollo en el largo plazo.

Pero este dinero tiene unos dueños que son los afiliados y jubilados del IESS. No son fondos del Estado de los que puede disponer libremente. Y los dueños del IESS no se oponen al aseguramiento universal, ni a la conformación del Banco del Afiliado. De hecho estas han sido sus propias propuestas ignoradas por los gobiernos de turno. Pero siempre y cuando no implique un traspaso al Estado de sus fondos, siempre y cuando, además, se trabaje con reglas claras y sin perder sus derechos.

¿Qué implica separar salud de jubilación en el esquema del IESS como aparece en la propuesta de la Mesa 7?

Que las prestaciones de salud pasarán a manos del Sistema de Salud Pública. Que cada afiliado, cada jubilado y cada miembro de familia de los integrantes de las cerca de 1.200 cooperativas campesinas, habrán perdido sus derechos legítimos de atención de salud completa, para depender de la voluntad política del Estado, de un presupuesto no claramente determinado, de las fluctuaciones económicas.

Actualmente los afiliados y jubilados tienen derecho a los siguientes servicios: Tratamiento de enfermedades catastróficas: como cáncer, vih, enfermedades renales, del corazón, cuyos indíces son muy altos en el país y cuyos costos sin excesivos para las capas sociales medias y bajas. Sin duda, muy pocos ecuatorianos podrán pagar seguros complementarios privados para cubrir estas contigencias y el Estado tampoco podrá otorgarlos para sustituir el servicio del IESS.

Otros beneficios que tienen actualmente los afiliados al IESS son: entrega de fármacos, atención de embarazo, parto y puerperio, tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, medicina curativa al recién nacido hasta los seis años de edad, implantes corporales, entrega de oxígeno a domicilio, subsidio en dinero por maternidad hasta doce semanas, subsidio especial para población insular de Galápagos, hospitalización, cirugías, servicio de laboratorio, fisioterapia y rehabilitación, atención odontológica, prótesis completa y otras prestaciones que suman alrededor de 50.

Estas son buenas razones para que los afiliados no quieran que se saque la atención de salud del Seguro Social. Si vamos a forzar a los afiliados de clase media a tener seguros privados complementarios y si vamos a dejar de atender a los enfermos pobres, a las madres pobres, a las personas con enfermedades catastróficas, a los ancianos en manos de la red de salud, habiendo tenido acceso a la red del IESS, habremos cometido una injusticia, una ilegalidad puesto que se trata de derechos adquiridos.

La precaria atención de la red de salud del Estado que además, según esta misma constitución, será la atención básica, no es la que merecen quienes han aportado y tienen derecho a los servicios de que gozan en la actualidad.

No existe nada más afín al ally kawsay que el sistema de la seguridad social. Al menos el 40% de la población ecuatoriana tiene casa propia gracias al Seguro. En ellas habitan hasta tres generaciones de familias ampliadas, estrategia de sobrevivencia de capas medias y bajas. Sin los préstamos hipotecarios, muchos ecuatorianos no tendrían vivienda propia.

El buen vivir, comprendido como la visión holística de la cosmovisión indígena, que entiende como misión del esfuerzo humano la creación de condiciones materiales y espirituales para construir la vida armónica, a partir de códigos de conducta éticos y espirituales, los valores humanos y la visión de futuro, se cumple en la forma como se organizó el IESS.

Solidaridad, reciprocidad y complementariedad son principios del ally kawsay que se cumplen en el sistema de la seguridad social. El principio de solidaridad se cumple entre seguros: pensiones por mucho tiempo financió a salud, que siempre ha sido el seguro más costoso de cubrir. Los fondos se complementaron.

La solidaridad etárea determina que los aportes de la población joven financie la cobertura de salud de los jubilados que requieren costosos tratamientos y medicinas constantemente.

Del mismo modo, la solidaridad y la complementariedad se expresan en el sistema que cubre a los más pobres del sistema: los campesinos son subsidiados por quienes más dinero aportan y la reciprocidad se produce cuando son éstos, los principales defensores del sistema, los guardianes de la seguridad social, del IESS, una base social importante que permite que el jubilado pueda descansar en ellos y su capacidad de respuesta, cuando se pretende socavar sus derechos.

La concepción holística, integral del sistema es un logro social que no debería tocarse en nombre de la modernización. Es decir, hemos de proteger la integralidad como concepto. Tras los reiterados intentos de privatización del Seguro es esto lo que se ha querido romper, en lugar de emprender con las reformas administrativas que son necesarias y urgentes.

Tenemos un sistema ejemplar en la región pues ha logrado esta simbiosis importante de protección que naciones vecinas han tratado de implantar sin éxito, como el caso de Colombia. El IESS es un colchón social que nos ha permitido paliar graves crisis como sociedad.

Esto no significa que no deba ser reformado. El seguro SI DEBE ser reformarse en lo administrativo, como lo establece un diagnóstico de la OIT de 2007. Pero la misma institución lo ha propuesto, sin que los gobiernos hayan querido hacerlo.

La mentira reiterada de la quiebra no es más que un déficit a futuro, a 20 años que se solucionaría fácilmente con la sola voluntad política de revisar cada año el aporte porcentual, con eficiencia técnica en los cálculos actuariales, a través del pago de la deuda, que disminuyó considerablemente en el proceso de dolarización y que debe discutirse.

La satanizada burocracia apenas consume el 4% de los recursos, establecidos en la ley y determinados en el presupuesto del Estado. ESOS ENTONCES, NO SON ARGUMENTOS.

El dinero del IESS si es argumento para pretender ahora enviar a la salud pública a sus aportantes y legítimos dueños.

Es una solución buena y no tenida en cuenta, la ampliación de la base social, bajo la propuesta de aseguramiento universal progresivo, obligando al empleador a afiliar a sus trabajadores, con la herramienta lograda de esta Asamblea que es el fin de la tercerización laboral.

En la posibilidad de retomar como sociedad los valores que nos aseguren un crecimiento armónico y solidario, el aseguramiento universal es el ideal hacia el que deberíamos encaminarnos y que es perfectamente posible si se lo hace paulatinamente, porque nuestra demografía nos lo permite. Desde la sensatez también hago un llamado a la Asamblea para que no nos arriesguemos a despertar a un león dormido: la miseria y el descontento social.

- Mónica Chuji Gualinga es Kichwa de la Amazonía. Licenciada en Comunicación Social. Actualmente es Asambleísta Nacional, Presidenta Mesa Constituyente No 5 Recursos Naturales y Biodiversidad. Fue Secretaria General de Comunicación de la Presidencia de la República, régimen de Rafael Correa.