La importancia de cumplir los acuerdos
23/03/2014
- Opinión
La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que aglutina a diversos sectores campesinos, indígenas y afrodescendientes planteó la posibilidad, el pasado 16 de marzo, de convocar un nuevo Paro Nacional Agrario cuya reivindicación principal sería el cumplimiento por parte del gobierno nacional, de los acuerdos firmados en 2013. Uno de los factores que más ha dado lugar a que los conflictos sociales se deslicen hacia expresiones violentas o sean colonizados por los actores armados, ha sido no sólo la incapacidad del Estado para responder de forma oportuna a las demandas de sectores populares sino también, su tendencia sistemática a incumplir los acuerdos o hacerlo en forma apenas parcial, además de reprimir y descalificar a quienes protestan.
El caso de la guerra en el Oriente Antioqueño ilustra muy bien este punto. Cuando se inició el proyecto hidroeléctrico de El Peñón-Guatapé, se suscribió con las comunidades un contrato maestro que incluía indemnizaciones, obras sociales y programas de vivienda. El incumplimiento de ese contrato dio lugar al Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño. La represión y el asesinato de los líderes del movimiento en medio de la aplicación del llamado “estatuto de seguridad” de la administración de Turbay Ayala, constituyó una ventana de oportunidad para el ingreso del ELN a la región. Luego lo harían las FARC y más tarde los paramilitares, en una etapa de escalamiento macabro del conflicto armado en la región.
La falta de gestión oportuna por parte del Estado de los conflictos y reclamos sociales también estuvo presente en 1964, cuando dicha gestión fue sustituida por la retórica estigmatizadora de las “repúblicas independientes” y por los bombardeos. Error que hemos pagado demasiado caro y que es absurdo repetir. El estilo de desarrollo del país está generando conflictos agudos y el Estado, cuyo papel principal es arbitrar esos conflictos y ofrecer opciones a las poblaciones que ven amenazados sus modos y sus medios de vida, no puede quedarse paralizado en la autocomplacencia de las cifras macroeconómicas.
No tiene sentido que el país tenga un nivel de reservas internacionales que supera lo que incluso los más ortodoxos consideran el nivel óptimo (cerca de 41 mil millones de dólares, la mayoría invertidos en bonos del tesoro de los Estados Unidos) y que destine además el 30% de las regalías al Fondo de Ahorro y Estabilización. No se trata de manejar irresponsablemente esos recursos monetizándolos en el país y echando a perder la estabilidad macroeconómica. Pero sin duda hay un margen de maniobra que con cautela pero con decisión podría dar lugar a que una parte de esos recursos apalanque inversiones urgentes en el campo colombiano. ¿Por qué países de similar nivel de desarrollo económico al nuestro como Ecuador tienen derecho a contar con una infraestructura mucho mejor que la que padecemos y pueden hacer avances notables en desarrollo humano y reducción de la desigualdad y nosotros no?
No tiene presentación que cuando todo el mundo reconoce que las zonas rurales han sido el escenario principal del conflicto armado y que la desigualdad y la pobreza en dichas zonas tienen mucho que ver con las dinámicas sociales, políticas y demográficas que han nutrido a los competidores armados del Estado, el gasto público en el campo sea ridículamente bajo. De hecho, la inversión en el sector agropecuario apenas ronda el 0,25% del PIB. Tampoco tiene presentación que mantengamos un Estado fiscalmente débil cuando hay margen para aumentar los recursos sin minar la eficiencia, poniendo en marcha la “eutanasia del rentista” que recomendaba Keynes.
Los colombianos debemos respaldar el proceso de negociaciones en La Habana y acompañar al Estado colombiano en la búsqueda de un acuerdo de paz con las FARC y también con el ELN. Pero, también es importante tener claro que la paz no se define en La Habana sino en las regiones, como bien lo señaló hace tiempo el Alto Comisionado de Paz. Así como hay que cumplir los compromisos que se firmen con la guerrilla, existe la obligación sagrada de cumplir los compromisos adquiridos con quienes no apelan a las armas sino a la protesta social legítima y pacífica.
Es imperativo que los promotores del paro, en caso de que este se lleve a cabo, no caigan en la tentación de la violencia, y que el Estado se abstenga de reprimir a los manifestantes. Hay que empezar a demostrar que la paz no significa la ausencia de conflictos sino la capacidad de reconocerlos, tramitarlos y transformarlos pacíficamente.
Mauricio Uribe López
Profesor universitario
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 392
Semana del 21 al 27 de marzo de 2014
Corporación Viva la Ciudadanía
https://www.alainet.org/es/articulo/84213?language=en
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