El gobierno de Sebastián Piñera viola los derechos humanos y debe asumir la responsabilidad política por privilegiar una agenda de contención represiva de movilizaciones sociales que no contribuye a la profundización de la democracia. De manera recurrente Piñera reduce las demandas de más de 4 millones de manifestantes a una narración de una ola de violencia criminal organizada por un enemigo poderoso para permanecer sordo ante las demandas sociales. Con ello instala la inestabilidad y la crisis económica al desconocer un nuevo contexto marcado por la irrupción del actor político social y la necesidad de profundizar la democracia con mayor participación social.

El mensaje del presidente chileno Sebastián Piñera para justificar su ausencia en la COP25 tiene el mérito de resumir su gestión ante movilizaciones sociales que concitan más de 4 millones de chilenas y chilenos en la calle, de acuerdo al director de Carabineros Mario Rozas en el Congreso. Por un lado, Chile vive “una ola de violencia criminal” que enfrenta “con los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho”. Por otro, enfrenta “una gran y legítima demanda por justicia social” con “una poderosa agenda social” y con la búsqueda de un nuevo pacto social “con acuerdos para una nueva Constitución”.

El desplome de Piñera en las encuestas a 10% de aprobación en Cadem y 8.8% en Activa Research, indican que hasta su propia base de apoyo derechista rechaza su gestión. Revelan paradojalmente un vasto consenso en que la población desaprueba y no cree en la retórica del presidente: La Agenda Social dista mucho de responder a las reivindicaciones y el Acuerdo de Paz y una Nueva Constitución, no canaliza institucionalmente la movilización social, por la desconfianza acumulada en la letra chica de otras promesas de estos treinta años.  

Luego del fracaso de sus promesas de “tiempos mejores”, incapaz de renunciar a sus privilegios, el gobierno promueve el atávico temor liberal a las clases peligrosas, más propio delsiglo XIX. Su discurso de orden y seguridad, resucita discursos de la Doctrina de Seguridad Nacional como el del General de Carabineros Enrique Bassaletti, a cargo de la zona este de Santiago, quien comparó, comparó uso de escopetas de Carabineros con la quimioterapia: «Se matan células buenas y células malas«.

Human Rights Watch (HRW), constató graves violaciones de los DDH. Amnistía Internacional (AI) reveló que el objetivo de la represión es desincentivar y amedrentar la protesta legítima apuntando a la responsabilidad política del gobierno. Tanto las delegaciones de la Corte interamericana de DDHH (CIDH) como la delegación la Alta Comisionada de los DDHH, adelantan que los antecedentes reunidos por el Instituto Nacional de DDHH (INDH), la Defensoría de la Niñez, la Comisión Chilena de DDHH, atestan de pruebas irrefutables de violaciones sistemáticas de los DDHH. Ellos incluyen asesinatos a manos de agentes del Estado, daños oculares permanentes por uso sin protocolo y sin control de la composición de balines.

Creemos que los crímenes de lesa humanidad de agentes estatales desde el 18 de octubre no son hechos aislados. Se inscriben históricamente en la deuda de justicia del Estado; en la criminalización de la protesta y la represión de los pueblos originarios; en la negativa a políticas públicas que respeten derechos sociales y políticos y; la necesidad de recuperar la dignidad y la ciudadanía y; en una impunidad que ha favorecido la arrogancia, los abusos y la corrupción.

La responsabilidad política del gobierno Piñera en las violaciones de DDHH, se ha traducido en querellas y acusaciones constitucionales. La calle, principal escenario de esas violaciones, persiste en exigir la renuncia de un presidente cada vez más aislado en su laberinto represivo. Sin embargo, el carácter monarquista de la Constitución heredada de la dictadura, hace que tan sólo el considerar la renuncia o destitución del presidente, infunda temor a importantes sectores de la clase política. Con ello abandonan el normal rol que les compete a los partidos de oposición en democracia.

Por lo pronto, el gobierno Piñera se revela incapaz de abandonar los privilegios e injusticias sociales, consecuencia directa de un modelo económico. A pesar de que es contra ello que se rebeló la población. Además, la clase política no consigue canalizar institucionalmente el descontento por el carácter confuso, largo y la letra chica del proceso de Nueva Constitución.

Hasta ahora ha fracasado la represión como mecanismo de contención del movimiento social. Y es que se trata de la rebelión: “de quienes lidiaban en silencio con esa normalidad abusiva que explotó el 18 de octubre y a la que no se quiere volver”. La profundización de la represión, prevista explícitamente en el discurso presidencial, permite presagiar nuevas violaciones de DDHH. Las medidas de profundización de la agenda de orden y seguridad increpan las instancias de defensa de los DDHH y la solidaridad internacional.

Lo indudable es que irrumpió un sujeto social que, con sus demandas y su persistencia a pesar de la represión, se transforma en actor político. Se cierran así, bruscamente, los treinta años de ensayo de gobernabilidad de una clase política distanciada de una sociedad concebida como compuesta de meros consumidores. No es la primera vez que irrumpe el pueblo contra la élite en la historia de Chile. Se creía que un “pueblo” que dice basta, ya pertenecía al pasado.

Veamos en detalle los argumentos de estas aseveraciones.

Organismos internacionales constatan violaciones de los DDHH

Ante las movilizaciones sociales de octubre, el Gobierno Piñera profundizó la pendiente represiva de criminalización de la protesta, con el Comando Jungla y el asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018. Una crisis que reveló el carácter sistémico de la crisis de Carabineros y la responsabilidad del gobierno Piñera. Desde octubre, en lugar de responder a demandas sociales, y a pesar de pruebas irrefutables, mantiene un discurso que amalgama delincuentes y manifestantes para justificar la represión. Exige ahora al Congreso que apruebe leyes que criminalizan la protesta. Narración que corresponde a las de nostálgicos de la derecha pinochetista que plantean que no es el momento de los DDHH sino que del control de la violencia.

Los organismos internacionales confirman que el Gobierno de Sebastián Piñera viola los derechos humanos. El director de Human Rights Watch (HRW), afirmó: “No cabe duda que en Chile se han violado los DDHH”. En su informe de HRW afirma que agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y cometieron graves abusos en detención, constatando “graves violaciones de los DDHH en Chile”. HRW recomienda una urgente reforma de Carabineros.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) además de recomendar también, una reforma de Carabineros, develó la existencia de una política deliberada de fuerzas de orden y militares, que busca causar daño a manifestantes, para “desincentivar la protesta, llegando al extremo de utilizas la tortura y violencia sexual”. Puso en cuestión el rol del presidente y las autoridades a su cargo, al constatar que en lugar de tomar medidas para evitar las violaciones de DDHH, el gobierno Piñera ha “sostenido su política de castigo durante más de un mes”.

Todo indica que la Causa está entendida. Paulo Abrao de la (CIDH) que debe entregar un informe en los próximos días, ya señaló el 20 de noviembre que no “no hay duda de que se han cometido violaciones de DDHH durante manifestaciones en Chile”. Hasta la Alta Comisionada de DDHH de la ONU., la ex presidenta Michelle Bachelet, ya adelantó que el informe de la ONU establecerá que los protocolos no han sido seguidos.

Protestas, memoria histórica y deudas del Estado

Las violaciones de DDH cometidas por el gobierno de Sebastián Piñera  contra las manifestaciones ciudadanas, pusieron de actualidad el tema de la deuda de justicia de la democracia establecida en 1990 y como ella ha acompañado temas de impunidad, de criminalización de la protesta, de abusos y corrupción.

La consigna que “no son 30 pesos, son treinta años”, de acumulación de abusos que encendieron las manifestaciones en el discurso de los manifestantes permiten ver que el gobierno Piñera exacerbó la criminalización de la protesta. Una práctica estatal recurrente frente a la movilización social.

Con la presencia masiva de la bandera Mapuche la Wenufoye los manifestantes recuerdan los abusos contra las naciones indígenas y los 15 Mapuches asesinados en democracia, particularmente el asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Un crimen del que el Gobierno Piñera eludió toda responsabilidad política. Una impunidad inaceptable porque la instalación del comando jungla en la Araucanía fue parte de una publicitada política gubernamental.

Un llamado al respeto de derechos económicos y sociales a una pensión justa, a un salario justo, a una educación sin lucro, a una salud accesible, a una Nueva Constitución solidaria, entre otros. Todo ello converge en exigir el fin de los abusos y las desigualdades sociales engendradas por políticas neoliberales y se traduce en bautizar simbólicamente la Plaza Italia como la Plaza de la Dignidad, como otros pueblos que han dicho basta! Se apropian el espacio público.

La memoria histórica de la deuda por violaciones de DDHH se concretizó en las canciones de Víctor Jara. Las pancartas y gestos, desvelan la protesta contra la impunidad de los responsables militares y civiles de los crímenes de la dictadura y el fin del miedo. Una impunidad que fue la cara vergonzosa del retorno a gobiernos civiles en 1990, que acompaña hasta hoy la democracia restringida chilena. La corrupción en Carabineros y otras instituciones estatales están ligadas a esa impunidad en materia de violaciones de DDHH. Varios observadores de todo tipo, afirman que ello explica la desconfianza hacia el gobierno Piñera y la clase política.

No son percepciones: El 25 de noviembre, el Juez de garantía, Daniel Urrutia, confirmó ante la Comisión de DDHH del Congreso que “el Estado de Chile viola los DDHH permanentemente”. Por su parte, la ex subsecretaria de DD.HH, Lorena Fríes, afirma que los abusos sexuales de Carabineros contra mujeres y niñas detenidas, denunciadas por HRW, son “una práctica generalizada en el tiempo”. No son nuevas. Estima que el “actual comportamiento de la fuerza de orden se debe en gran medida a que la sociedad y el Estado no condenó como debió ser crímenes similares cometidos en dictadura”. Además, Sergio Micco director del INDH y el abogado experto penal Juan Pablo Mañalich abundan en el mismo sentido.

Es así como, considerando el subregistro de las violaciones de DDHH que perpetran agentes del Estado en Chile, abogados y varias organizaciones crearon el Foro No+ /por Justicia, Verdad y Dignidad. Se trata de una comisión ciudadana y jurídica para sistematizar y resguardar denuncias e investigaciones de abuso policial desde el 18 de octubre. Ella incluye entre otros al Colegio de Periodistas, el Colegio Médico, Colegio de Antropólogos.

Record Mundial de Víctimas de Balines