Introducción

Cuatro meses después del despertar social en Chile, ya se pueden extraer algunas constataciones. Por un lado, la derecha política y económica sigue escogiendo el gatopardismo: desoye las demandas sociales; amalgama la protesta social con violencia y delincuencia, con el apoyo del llamado partido del orden. Sigue insistiendo en una represión que viola la libertad de expresión y los derechos humanos.

Por otro lado, el nuevo actor social resiste los intentos de encajonarle en la estrecha vereda de espectador a la que condenaba los ciudadanos el sistema político instalado en 1990. Deja fuera de escena la clase política de oposición que no puede más que constatar el fin de un periodo y su futilidad. Lo que anuncia una reorganización de fuerzas políticas.

Marzo, el plebiscito de abril y los meses que vienen definirán si el proceso político termina en mantención del status quo, en avances hacia un nuevo pacto de la clase política; o bien fuerza cambios profundos correspondientes al anti neoliberalismo del movimiento social que se ha tomado la calle al no tener canales políticos de expresión.

Lo cierto es que nada será igual. El retorno del sujeto social en la política chilena ya ha abierto un proceso de reorganización de fuerzas sociales y políticas que inaugura un nuevo periodo de contornos aun por definir.

Derecha Política y Económica: Gatopardismo y Represión

Por un lado, el gobierno y el bloque en el poder, recurre nuevamente al gatopardismo. Piñera propone cambios cosméticos, haciendo oídos sordos ante las demandas sociales concretas. Con diversos mecanismos, entre los que cuenta el control de los medios de comunicación y es apoyado por el llamado, partido del orden. Es una estrategia de diversión de la derecha política y económica, para ganar tiempo, hasta que se agote el movimiento social. Una estrategia fallida hasta ahora, porque no ha aplacado el profundo descontento social con las políticas neoliberales y la restringida democracia chilena.

Esa estrategia gatopardista, se combina con una feroz represión estatal a través de las Fuerzas Armadas (por primera vez desde la dictadura) y por Carabineros. Una represión que busca mantener a como dé lugar el orden público, violando de manera sistemática los derechos humanos. Desde el derecho a reunión hasta el derecho a la vida. La lógica represiva amalgama majaderamente a ciudadanos que no encuentran cauces políticos de expresión institucional con criminales y un enemigo poderoso que no vacila ante nada, dixit Piñera.

Ambas lógicas (gatopardista y represiva) continúan, a pesar del referendo por una Nueva Constitución el 26 de abril próximo.

Aunque vastos sectores se preparan para una demostración de fuerza popular en marzo y abril; la represión afina equipos y tropas, sin que haya avanzado un ápice la urgente reforma de Carabineros. Se temen nuevas violaciones de derechos humanos, porque no se han acogido las recomendaciones de misiones de observación internacionales. Por su parte la ultraderecha vuelve a viejas prácticas de provocación y destrucción de memoriales de víctimas de la dictadura pinochetista. Tanto el gobierno Piñera como la derecha política y económica, se vuelcan por el rechazo al cambio o el control del proceso con una Convención mixta constitucional.

El movimiento social y la reorganización del sistema político

No hay dudas que el estallido social del 18 de octubre se prolonga. Resiste los intentos de encajonarle en la estrecha vereda de espectador a la que condenaba los ciudadanos el sistema político instalado en 1990.

La continuidad de la movilización social revela una visceral desconfianza en la clase política, tanto por su ineficacia en enfrentar la desigualdad social creada por el modelo neoliberal como por sus abusos y privilegios. Critica la endémica sordera de quienes postergan las respuestas a las reivindicaciones populares, por razones internas del sistema político. El sistema político instalado en 1990 se agotó.

Es política, en cuanto desvela un conflicto de masas movilizadas contra las elites políticas y empresariales: Una crisis de representatividad del mundo social. Conlleva, al mismo tiempo, a una profundización de la democracia, en la medida en que desvela que el aumento de las desigualdades sociales consolida privilegios de pocos, hacen imposible la conversación democrática entre iguales.

Ella es social al anunciar una ruptura con el consumismo y el individualismo, atribuidos a la modernidad neoliberal: Reedita, en un nuevo contexto, el conflicto, nunca resuelto, entre las elites y el pueblo que atraviesa la historia política chilena. Y es que, más allá de la crisis de representación política o de lo político, la persistencia de la movilización apunta a un desencanto generalizado con las promesas de la modernidad neoliberal, porque la plata no alcanza y el crédito ahoga.

La movilización obliga a imaginar nuevas formas de organización de la vida política, social y económica. La urgente demanda, desde mejoras salariales, hasta el fin de las AFP, pasando por la reestructuración del sistema de salud y de educación, en beneficio de las mayorías apunta al abandono de la lógica neoliberal por una solidaridad colectiva y a un sistema político que modere las desigualdades.

¿Cuáles perspectivas?

A pesar del cuestionamiento del sistema político de democracia restringida instalado en 1990, las perspectivas son inciertas. Por lo pronto el estallido social consiguió detener la agenda de profundización neoliberal del segundo gobierno de Piñera, que incluía sin mayor debate, una integración tributaria que permitía reducir en millones de dólares los impuestos a los más ricos.

Por un lado, la intransigencia represiva de Piñera y su agenda 2020, que niega las demandas sociales asegura la mantención de gran inestabilidad. De no mediar su renuncia por su abismal impopularidad, como ha ocurrido con otros presidentes latinoamericanos.

Por otro lado, es necesario valorar el éxito del movimiento social en forzar un cambio constitucional, que no consiguieron las dádivas del contrato social del 1º de julio de 1989. Aunque el cambio constitucional se mueve entre dos polos. El de un mecanismo dilatorio gatopardista, de cambios que aseguren que todo sigue igual o; como mecanismo de continuidad que permite construir un nuevo pacto político, mejor que el de la mal llamada transición. Lo cierto es que abre las perspectivas, por los cuestionamientos valóricos de las relaciones sociales, que le caracterizan, de provocar una reorganización de fuerzas sociales y políticas que reabran el camino de lo posible, de la profundización de la democracia, sin las entrabas actuales.

Es así como, en vísperas del referéndum del 26 de abril, se juegan las características que adoptará el nuevo periodo.

La propuesta del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución está sembrada de obstáculos a la representatividad del sentir ciudadano, que busca imponer un compás de espera a las respuestas a las demandas sociales. Por ello, la reorganización de fuerzas sociales y políticas en marzo y abril reflejan el desafío societal de terminar con el neoliberalismo y los últimos resabios dictatoriales sobre la democracia chilena.

PARTE 1. INTRANSIGENCIA REPRESIVA Y GATOPARDISMO

No a los cambios

Es evidente que el gobierno Piñera se niega a hacer cualquier cambio de fondo al modelo económico y al sistema político. Tras la aparente prescindencia, exigida por la UDI, Piñera milita contra el rechazo del cambio constitucional y contra cualquier transformación sustantiva del modelo económico neoliberal. El mismo es uno de sus productos y no imagina la posibilidad de cambiarlo.

El bloque en el poder, espera abril atacando en todos los planos. Por un lado, sigue privilegiando la política represiva, la criminalización de la protesta y de condena de la violencia, amalgamando la protesta con gestos criminales. Denunciando la violencia callejera, usándola para defender sus intereses al transformarla en el problema principal, e impedir cambios que respondan al sentir de las grandes mayorías.

Por otro lado, el gobierno y sus aliados insisten en mayoritariamente en hacer campaña por el rechazo al cambio constitucional. Agregando el discurso de la imposibilidad de cambio constitucional en contexto de violencia y reactivando organización de su base social contra los manifestantes. En el peor de los casos porque la convención que la cambie sea mixta, permitiendo que la derecha política siga exigiendo su derecho a veto. Sin agenda gubernamental, busca en el Congreso, limitar el proceso constitucional y postergar medidas concretas.

Extensión de la política represiva

Desde el 18 de octubre, el gobierno Piñera repite el mismo discurso de condena a la violencia y los intentos de amalgamar la protesta con grupos delincuentes, con un enemigo poderoso movido por fuerzas extranjeras. Un discurso falso, que tuerce la realidad y no resiste el análisis serio. Lo más cercano a una justificación fue el informe de Big Data regalado por el grupo Luksic, rechazado por antojadizo por el sistema judicial.

Es así como la extensión de la estrategia represiva se ha traducido en decenas de muertos, centenares de tuertos y cegados, de mujeres violadas y abusos, que antes, por ejercerse contra el bajo pueblo eran ocultados, ahora son incontestables. Es lo que han constatado con una terrible regularidad todos los observadores internos y externos del proceso chileno desde el 18 de octubre. Son inaceptables violaciones de derechos humanos, incompatibles con una democracia liberal.

Lo cierto es que en perspectiva histórica, la represión actual extiende la lógica estatal de criminalización aplicada contra los Mapuche y las demandas sectoriales de movimientos sociales. La masiva presencia de banderas Mapuche en las manifestaciones, ejemplifica una filiación del estallido social con la exigencia de un nuevo Chile.

Además, el tratamiento de las denuncias de uso excesivo de la fuerza por carabineros y militares no lleva a condenas equivalentes. Ello establece una filiación entre la suerte de agentes del Estado actuales, con las limitaciones de una justicia en la medida de lo posible, que caracteriza la impunidad de los responsables militares o políticos de violaciones de derechos humanos, y la deuda de justicia del sistema político instalado en 1990.

El discurso represivo no surte el efecto esperado. Al contrario, la ilegitimidad de la violencia estatal, se tradujo en el Estado violador identificado por el movimiento feminista en la coreografía del colectivo Las Tesis.

Piñera viola los Derechos Humanos

Es indudable que el gobierno de Sebastián Piñera viola los derechos humanos. Aunque no prosperó la acusación constitucional en su contra por temor a una crisis institucional, es culpable de escoger, sin éxito, la feroz represión de las legítimas demandas del estallido social. (Ver nuestro artículo de diciembre pasado).

En vísperas del retorno de vacaciones en marzo, el Instituto nacional de De Derechos Humanos (INDH), constata, cuatro meses desde el estallido social que las violaciones de derechos humanos continúan. Por un lado, el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones por parte de Carabineros y los militares durante el Estado de Emergencia de octubre, han sumado más de 3 mil heridos. A ello se agregan 445 personas con heridas oculares, cifra inédita de represión a nivel mundial.

Además, más de 10 mil detenidos, fueron anotados en comisarías, sufrieron uso excesivo de la fuerza, violencia sexual, torturas y tratos crueles y degradantes. Por ello, el INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales, que incluyen 951 querellas por torturas, por unas 1.631 víctimas.

La intransigencia represiva se mantiene desde octubre. Las acusaciones de violaciones de los derechos humanos han sido refrendadas por Amnistía Internacional (AI), por Human Rights Watch (HRW), por la Alta comisionada de los DD.HH. de la ONU (OACDH  ), por Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), por la misión canadiense, entre otras.

A comienzos de febrero, luego de su visita in loco, la CIDH, Claudio Nash, concluía que el gobierno Piñera, “sigue sin hacer cambios en su política represiva” y que “ha intensificado la criminalización de la demanda social” que ya había denunciado la CIDH en diciembre. Constataba finalmente, que el poder judicial no está ejerciendo  su rol de control de los abusos, y se suma “a una política de impunidad respecto de los abusos policiales”.

Un gobierno cuestionado

El presidente Sebastián Piñera, se niega a renunciar, pese al generalizado rechazo en las calles y más del 90% en las encuesta CEP. El pueblo se cansó, se unió y exige cambios económicos sustantivos y en la forma de hacer política, para terminar con profundas desigualdades sociales.

No se trata solamente del nuevo pacto social, propiciado por el Pacto por la Paz y la Nueva Constitución que, en el mejor de los casos, verá la luz dentro de dos años. Además, luego de un complejo camino, en el cual la derecha política beneficia de su anclaje en el sistema político actual, su control de medios de comunicación y el dinero, para influenciar los resultados.

Lo cierto es que el gobierno Piñera y sus aliados, se oponen a cualquier cambio profundo y se organizan para impedir la profundización de la democracia a nivel político, económico y social en Chile. Sin embargo, la resistencia popular revela el profundo cuestionamiento por un mundo popular que se reencuentra en calles y poblaciones de los valores neoliberales que sustentan el individualismo de los consumidores contra la solidaridad de los ciudadanos.

Y es que las recientes violaciones de derechos humanos desvelan resabios dictatoriales y de impunidad no resueltos en los últimos treinta años. Esos métodos, de una casta militar y de carabineros, sin controles ni contrapesos, que se cree todo permitido, se extienden contra quienes osan manifestar.

El nuevo periodo se traduce en que ha resucitado el tradicional conflicto entre elites y pueblo, que cruza la historia chilena y latinoamericana. La imposible generalización del individualismo en una sociedad desigual, cuestiona hoy los valores neoliberales, abriendo causes a la acción colectiva solidaria, la presión social y el  debate político. El cambio de periodo histórico está marcado por el cuestionamiento de la forma actual de hacer política.

Gatopardismo: Negativa cualquier cambio de fondo

La sordera del gobierno revela que el discurso del presidente Piñera; su afirmación de que Chile cambió y que el propone una agenda social robusta, no son más que figuras retóricas.

La derecha y las organizaciones empresariales también buscan ganar tiempo para que la movilización social se agote. Incluso, la aceptación del debate constitucional se inscribe en la lógica de ganar tiempo y diluir la voluntad popular de cambio. Entre otras, está la firme negativa a aceptar el voto obligatorio para el plebiscitico del 26 de abril.

Además, la estrategia de imponer que haya dos papeletas. Eso permite sobredimensionar el voto de los opositores al cambio constitucional porque, a pesar de perder el rechazo al cambio constitucional, pueden votar por la convención mixta como mal menor. Ello, sin mencionar el alto quórum de 2/3 que se impondrá a la convención que debe redactar la nueva constitución.

El bloque en el poder y las organizaciones empresariales, también esgrimieron una retórica sobre la necesidad de reducir las desigualdades, que nunca se concretizó. Las declaraciones en ese sentido, de Andrónico Luksic, de una de las familias dueñas de Chile, contrastan con que se descubrió que estaba tras el informe de Big Data que pretendía justificar la represión por la presencia del poderoso enemigo externo. La derecha chilena y los defensores del modelo aparecen incapaces de asumir que la legitimidad relativa del modelo neoliberal se hizo añicos.

El mundo descubre que la condición necesaria y suficiente del éxito del modelo neoliberal chileno estos 30 años, era la limitación de la democracia representativa. La separación de la clase política de la sociedad. El modelo neoliberal nació en Chile, facilitado por una sangrienta dictadura, continuado y reforzado desde 1990, terminó por agotarse, dejando un saldo inaceptable de desigualdades que hacen imposible la conversación democrática.

PARTE 2: CUAL TRANSFORMACIÓN DE CHILE

¿Hacia un nuevo pacto político?

El descontento popular se extiende al conjunto de la clase política, incluidos partidos de la ex-Nueva mayoría, del reciente Frente Amplio. Los políticos opositores, no aparecen ni menos hacen discursos ante las multitudinarias manifestaciones ciudadanas. Varios representantes de partidos políticos no conciben un cambio de época. Y es que en cualquier lugar del mundo, la oposición aprovecharía la revuelta social para hacer avanzar o restablecer fallidas promesas de transición democratizadora.

Es así como, pese a ser mayoritaria, no prosperó abrir el debate de acusación constitucional contra Piñera, por violación de derechos humanos. También apoyaron leyes antisaqueos – antibarricadas y anticapuchas que criminalizan la libertad de expresión y la disidencia democrática. Inclusive cualquier disrupción del orden publico bajo pena de altas condenas. Leyes criticadas por instancias internacionales de derechos humanos. A ello se agregó el rescate del Intendente Felipe Guevara la acusación constitucional por senadores DC, PPD y PS, del llamado Partido del orden.

Es así como figuras políticas claves de la oposición como el senador socialista José-Miguel Insulza, comparten el temor tradicional de la derecha ante la movilización ciudadana, culpándola cuando de ser manifestación y protesta legítima, pasa a ser violencia antidemocrática.

Una tesis de orden, que exonera de faltas a Carabineros, defendida por Piñera de vuelta de vacaciones cuando llama a un acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia.

Es en ese contexto de distancia entre movimiento social y clase política, que existen dudas sobre los objetivos últimos del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, concluido entre 10 partidos políticos de derecha y de oposición. A pesar que ese Acuerdo recoge una reivindicación clave del estallido social, se teme que la búsqueda de un nuevo pacto político no profundice la democracia al excluir la ciudadanía movilizada. (Ver nuestro artículo de noviembre pasado).

¿Y el nuevo actor social?

La prestigiada encuesta CEP mostró que los chilenos, a pesar de rechazar los políticos, apoyan fervorosamente la democracia. La profundización de la democracia exigida por el movimiento social, incluye niveles de igualdad ciudadana inexistentes en el Chile neoliberal. Ello caracteriza al nuevo actor social alejándolo del llamado populismo de moda en otras latitudes. (Ver nuestro artículo de octubre pasado)

La acumulación de las protestas sectoriales de los últimos veinte años, culminó en un no generalizado al sistema político, al modelo neoliberal y las desigualdades sociales y el sistema de valores neoliberal. Hirvió el agua, provocando un cambio cualitativo, dialéctico. Es el deseo de  la sociedad de transformarse en Estado, de refundar la organización política con participación ciudadana.

Se desvela que el “chorreo” prometido no ocurrió. La codicia de empresarios y representantes hizo que el crecimiento económico benefició siempre a la elite. La elite económica, los dueños de Chile, lo reconocen, pero no pueden negarse a sí mismos.

El despertar del actor social abrió las puertas a una reorganización de la representación de la política, en ruptura con los paradigmas neoliberales. Consagró la ruptura social del Pacto Político de 1989, creando una situación potencialmente revolucionaria, semejante a la vivida en otros países latinoamericanos, como aquel de la Venezuela del Punto Fijo. Con ello, abre un nuevo periodo político, que convierte a Piñera en anacrónico, por encarnar los beneficiados del Pacto, que hoy es cuestionado.

Por otro lado, el referéndum del 26 de abril y el tipo de Convención para cambiar la Constitución pueden efectivamente traducirse en exitosa maniobra de diversión de los defensores de la actual institucionalidad. Pero, el referéndum y un proceso constitucional, dependiendo de la participación ciudadana, son una condición necesaria para profundizar las reglas democráticas, y avanzar a un sistema político pos dictatorial y posneoliberal.

Coincidencia de movimientos sociales

El estallido social de octubre es tributaria de la corrupción y desprestigio del sistema político y las consecuencias del modelo neoliberal. El nuevo actor social tiene cuatro vertientes con diversos niveles de filiación histórica.

Su masividad está ligada a la coincidencia de reivindicaciones de movimientos sociales de los últimos treinta años, con sus propios procesos de organización y expresión pública contra la clase política y el modelo neoliberal.

Por un lado, está la experiencia y creciente solidaridad con la Nación Mapuche, particularmente desde el asesinato de Camilo Catrillanca. Contra la criminalización de las legítimas demandas territoriales de los Pueblos Originarios. Es por ello que son las banderas Chilena y Mapuche que simbolizan el despertar popular. Ello aunque organizaciones de la Nación Mapuche y su corriente autonomista tomen distancia del proceso.

También es porque fueron miembros del movimiento estudiantil los que fueron la chispa, con el llamado a evadir el transporte colectivo en la Región Metropolitana. Una evolución desde los pingüinos  hasta las grandes movilizaciones estudiantiles contra el lucro que ya hicieron vacilar al primer gobierno de Piñera y Bachelet. Un ejemplo de ruptura con el neoliberalismo. Una postura ciudadana encarnada en las movilizaciones contra la desigualdad estructural favorecida por la Prueba de selección Universitaria (PSU).

A ellos se agrega el movimiento feminista chileno. Experiencias de movimientos contra el femicidio, por el derecho al aborto, entre otros. El mayo feminista de 2018 y la masiva marcha del 8 de marzo de 2019, encarnaba la unificación de demandas de los movimientos sociales contra un sistema corrupto y violador. Es importante destacar el liderazgo del movimiento feminista en las calles con la coreografía El violador eres tú del colectivo Las Tesis.

La consigna de la Mesa de Unidad Social para las movilizaciones de septiembre, anticipaban ese encuentro: Nos cansamos y nos unimos.

El Derecho a Protestar

La segunda vertiente, la más visible, es la del movimiento social en las calles manifestando de manera pacífica o resistiendo la represión. Destaquemos que esa vertiente cuestiona abiertamente la violencia estatal porque criminaliza el derecho a reunión y la libertad de expresión: viola hasta el derecho a la vida.

Es la revancha de los ignorados del sistema. Es la revuelta del pueblo mestizo al que se refiere el Premio nacional de Historia, Gabriel Salazar. Con filiaciones históricas en la revolución de la chaucha, en 1949.

Esta segunda vertiente del multifacético descontento popular, porque la plata no alcanza, se inscribe en el surgimiento de un paradigma posneoliberal. La revuelta social ha provocado una crisis política y una crisis institucional. Con su abierta condena de las desigualdades sociales engendradas por el modelo neoliberal vigente reorganiza a ciudadanos, otrora atomizados en fuerzas sociales que influyen en la esfera política.

Es la expresión más tradicional de movimientos sociales. De quienes no tienen canales de expresión política para sus demandas. Tradicionalmente de corta duración, han establecido en Chile, redes de convocatoria y discursivas que le dan permanencia a pesar del discurso político público y de medios de comunicación tradicionales. Ha establecido clínicas populares (cruz negra) de campaña para tratar los heridos de la represión y mecanismos de denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Ha restablecido una cultura de resistencia y de una emblemática primera línea en redes sociales. Una movilización con raíces históricas en el tradicional conflicto de las elites contra el pueblo en Chile.

Ello explica que sea la expresión más temida por el gobierno Piñera y sus aliados y blanco de las acusaciones de violencia, del enemigo poderoso contra el que se debate Piñera.