El domingo 8 de septiembre, el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó, a la Cámara de Diputados, el “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PPEF/20). En promedio el presupuesto nacional será de 6 billones de pesos.

En el PPEF/20, la mayoría de las Secretarías de Estado sufrirán recortes presupuestales. La Secretaría de Bienestar, por ser una de las instituciones predilectas del régimen, incrementará su presupuesto. Por el contrario, en el PPEF/20, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es una de las dependencias que padecerá un mayor recorte presupuestal, que pondrá en riesgo su propia existencia. Ninguna institución puede sobrevivir sin un presupuesto digno para desarrollar su política pública.

Como sabemos, la estadística no tiene signo político, sólo muestras tendencias y contra tendencias. Previene involuciones sociales y alerta regresiones que impactan negativamente el progreso de las sociedades. Por la anterior consideración, comparto las siguientes gráficas que ilustran la situación de los pueblos indígenas de México.

Cualquier información que contradiga estas fuentes será sólo discurso político, prosa, literatura o poesía. Los datos financieros ratifican el orden de prioridad del gobierno federal; por el contrario, su desconsideración y menosprecio, hace que el INPI quede desprotegido y abandonado por el mismo gobernante que lo creó. Golpear y castigar al INPI, es asestar y dar un tremendo golpe a los pueblos indígenas y afromexicanos. Revisemos algunas gráficas que evidencian el panorama desesperanzador que se avecina para el próximo año fiscal.

El crecimiento de la población indígena

La Encuesta Intercensal 2015 (EIC-15) del INEGI, indica que hay un poco más de 25 millones y medio de ciudadanos indígenas, que representan el 21.5% de la población total del país. La EIC-15 se realizó hace 4 años y la población sigue creciendo y posiblemente estamos cerca de los 30 millones de indígenas mexicanos. A pesar de múltiples adversidades, vivimos tiempos del renacimiento de la identidad indígena. La siguiente gráfica del INEGI sustenta su crecimiento demográfico:

Fuente: Censo Intercensal del 2015. INEGI

El crecimiento de la pobreza indígena

Los esfuerzos del Estado mexicano no han sido suficientes para abatir la pobreza indígena. “La población indígena, sin importar la variable que se elija, registra rezagos importantes respecto al resto de la población” (Informe CONEVAL, 2018). A nivel nacional, entre el 2008 al 2018, el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 millones de personas. El reto mayor sigue siendo el sureste del país, donde se encuentran las entidades con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, donde está asentada la mayor población indígena del país: Chiapas (77%), Guerrero (68%) y Oaxaca (61.8%); con los porcentajes más altos de pobreza. La siguiente gráfica muestra la situación de la pobreza indígena en México (2008-2018).

Pobreza indígena y no indígena. 2008-2018

Fuente: Estimaciones de CONEVAL del 2008 al 2018.

También ilustra la brecha de la desigualdad entre la población indígena y no indígena. En el 2018, arroja un porcentaje alarmante de la población indígena en situación de pobreza extrema y pobreza moderada. Ambos indicadores suman un 74.9% de ciudadanos indígenas que se encuentran en situación de pobreza. La pobreza se profundiza aún más en las mujeres, adultos mayores y en la infancia indígena. Pobreza y desigualdad es lo que caracteriza la situación contemporánea de los pueblos indígenas de México.

Crecimiento y decrecimiento del presupuesto indígena

El 2019 que fue el primer año de Andrés Manuel López Obrador (MORENA) como presidente, el Presupuesto Transversal Indígena (PTI), en relación con el último año de Enrique Peña Nieto (PRI), tuvo un incremento de casi 7 mil millones de pesos. En cambio, el primer presupuesto del INPI del 2019, casi fue igual al último recurso financiero asignado en el 2018 a la CDI.

En el Anexo 10 del PPEF/20 sobre las “Erogaciones para el Desarrollo Integral de Pueblos y Comunidades Indígenas” con un monto de $ 100,960,258,252, de los cuales, $ 3,562,717,700 son asignados al INPI. Las 16 partidas presupuestales a las dependencias del gobierno federal, representan los siguientes porcentajes:

Fuente: elaboración propia

La gráfica anterior revela lo siguiente:

Primero: la prioridad de la política indígena recae en la Secretaría de Bienestar, con un 51.9%, con más de 50 mil millones de pesos.

Segundo: la Secretaría de Educación Pública (SEP), es la segunda prioridad del gobierno en la asignación presupuestal con un 13.85% y, en tercer lugar, la Secretaría de Salud con un 7.4%. Las aportaciones federales para las entidades y municipios tiene un 10.14%. Ni la SHCP, ni la Cámara de Diputados, han publicado alguna vez los porcentajes de las asignaciones presupuestales a los Estados y municipios. No hay transparencia informativa.

Tercero: al INPI le asignan un ínfimo 3.5%, que equivale a 3 mil millones y medio de pesos, para una población de 25 millones de ciudadanos indígenas (ver gráfica del INEGI), que representan el 21% de la población total del país. Es incomprensible e injustificable este orden de prioridad presupuestal establecido por el gobierno federal. El incremento presupuestal al INPI debe alcanzar el máximo histórico obtenido en el 2015, por 12 mil millones de pesos.

Cuarto: respecto al presupuesto del INPI del 2019 (que alcanzó un monto cercano a los 6 mil millones de pesos), el asignado en el 2020 (que le determinan en promedio tres mil millones y medio de pesos), sufre un recorte presupuestal del 40.5%.

Quinto: con relación al presupuesto del máximo histórico alcanzado en el 2015 (poco más de 12 mil millones de pesos), sufre un recorte presupuestal del 70.6%. Es la máxima regresión presupuestal.

Sexto: la siguiente gráfica explica la terrible desigualdad entre el presupuesto global de los 6 billones que se destinará a nivel nacional y el porcentaje del Anexo 10 del PPEF/20:

Porcentaje del Anexo 10 en relación al presupuesto nacional

Fuente: elaboración propia

Séptimo: el siguiente cuadro refleja el porcentaje del INPI en relación al presupuesto nacional. No lo represento en la gráfica porque es una línea muy delgada que ni en porcentaje es visible:

Resumen del PPEF/20

Fuente: elaboración propia

Octavo: en el PEF/2019, la Secretaría de Bienestar tuvo el 45.14% del presupuesto del anexo 10 y el INPI el 6.7%. La propuesta para el 2020, Bienestar sube a 51.9% y el INPI decrece a un 3.5%. Si esta tendencia se mantiene y crece progresivamente, el INPI estará en vía de extinción y en menos de 5 años, la política indígena del Estado mexicano será concentrada por la Secretaría de Bienestar.

Desde el orden de prioridades del Titular del Ejecutivo Federal y de la SHCP, será inamovible el diseño presupuestal que el pasado 8 de septiembre entregó a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la última palabra la tendrán los legisladores.

A los legisladores de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración las siguientes alternativas para disminuir la desesperanza entre los pueblos indígenas y afromexicanos.

1. Cumplir con el mandato constitucional que juraron obedecer para defender y reorientar el presupuesto federal de una forma justa y equitativa y no “descobijar” a la parte más débil de la sociedad nacional, que son los pueblos indígenas y afromexicanos.

2. Hacer todos los esfuerzos necesarios para incrementar el presupuesto al INPI. En diciembre del 2018, la Cámara de Diputados creó a esta institución con un amplio mandato constitucional que no podrá cumplir con un presupuesto recortado.

3. Diversas disposiciones jurídicas nacionales e internacionales señalan que el presupuesto de la sociedad en general, y de los pueblos indígenas en particular, debe ser progresivo. Las cifras alarmantes del crecimiento de la pobreza indígena deben ser un criterio que los legisladores deben valorar en la asignación de un mayor presupuesto.

4. En los últimos diez años del ejercicio fiscal transversal para los pueblos indígenas, no se conoce un sólo impacto municipal, estatal o federal en la aplicación de dichos recursos financieros. Es tiempo que la Cámara de Diputados ordene una auditoria federal y que los titulares de dichas dependencias informen de la aplicación transparente de dichos recursos financieros.

5. Que las Secretarías con el mayor manejo del presupuesto transversal indígena informen trimestralmente de los avances físicos y financieros.

Desde el 2012 y hasta el 2020, los artículos que explican y sustentan el PEF, contienen un capítulo indígena sobre las disposiciones normativas para cada ejercicio fiscal. Para el 2020, en el Artículo 24 del Capítulo VI, además de indicar la forma en que deben aplicarse los recursos financieros del Anexo 10, en el primer numeral romano señala que este dispositivo es “…para facilitar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a sus beneficios”. Hay que fortalecer el párrafo de este artículo y recuperar las disposiciones de los PEF de años anteriores.

Los Diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas tienen la facultad constitucional para modificar esta disposición y podría quedar de la siguiente manera:

“La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, integrará, a más tardar el 10 de febrero del 2020, un Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), para dar seguimiento cualitativo y cuantitativo y evaluar trimestralmente el ejercicio presupuestal del Anexo 10 sobre las “Erogaciones para el Desarrollo Integral de Pueblos y Comunidades Indígenas”. La composición del GTI debe garantizar la inclusión y la participación de los representantes indígenas y afromexicanos. En el marco de las disposiciones constitucionales, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, convocará semestralmente a los servidores públicos para informar de los avances físicos y financieros del Anexo 10”.

La inclusión del párrafo anterior en las disposiciones normativas del PEF/20 puede abrir la puerta para que los pueblos indígenas accedan a los recursos financieros del anexo 10. Obvio, además de tener los ordenamientos legales, se requiere la voluntad política del Presidente de la República para que progresen las dos demandas primordiales: incrementar el presupuesto del INPI y abrir los candados que impiden el acceso de los pueblos indígenas a los recursos financieros del anexo 10.