Masacre en la Noche de San Juan

04/07/2019
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Hace 52 años, la dictadura boliviana asesinaba a decenas de trabajadores mineros
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El 24 de junio de 1967, la dictadura de René Barrientos arrasaba militarmente al movimiento minero boliviano para escarmentarlo por su osadía revolucionaria. Por tierra y aire los atacaron en sus propios campamentos durante la llamada Operación Pingüino.

 

Con el golpe de Estado que Barrientos —jefe de la fuerza aérea y vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro— perpetró contra su propio gobierno el 4 de noviembre de 1963, comenzó en Bolivia una era de ataque despiadado del poder, representado por las Fuerzas Armadas, contra el movimiento de resistencia social que lideraba la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FTSMB), nucleada en la Central Obrero Boliviana (COB).

 

Esa confrontación de fuerzas tuvo una primera respuesta oficial en mayo de 1965 a través de una serie de decretos-leyes represivos contra los sindicatos. El día 17 Barrientos firma el DL07171 que “declara fenecidas las funciones de los dirigentes sindicales”. Al día siguiente, el DL07172 obliga a que “las asambleas (obreras) para conformar directivas ad-hoc deben contar con la presencia de un personero del Ministerio de Trabajo”. El 23 el DL07181 proclama como “zonas militares los campamentos mineros de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL), bajo jurisdicción del Código Penal Militar”, reclamando competencia sobre «quienes hicieran abandono masivo de trabajo (huelga)”. El 24, el DL07188 impone una nueva escala salarial que en la práctica constituyó una reducción: la rebaja promedio fue del 26,4 por ciento.

 

Los decretos entreguistas tuvieron como respuesta obrera ese mismo mes de mayo la realización de un congreso unitario de los mineros en la localidad potosina de Siete Suyos. (Las minas en Bolivia ocupan toda la línea sur, desde La Paz hasta el departamento de Potosí, fronterizo con el norte argentino.)

 

En el libro 1967, San Juan a sangre y fuego, Carlos Soria Galvarro, José Pimentel Castillo y Eduardo García Cárdenas relatan esa disputa capital en la historia del país andino-amazónico.

 

En el capítulo I, Mineros y guerrilleros, Soria Galvarro refiere que en aquellas jornadas de mayo de 1965 se ratificó “el pacto minero-universitario-estudiantil, la defensa del fuero sindical, la reposición del control obrero (…) la lucha contra la enajenación de los yacimientos de Matilde, Mutún y Turqui; la lucha por la instalación de hornos de fundición de estaño y antimonio, aceptando la oferta soviética y checa (…) la derogatoria del Código del Petróleo y expropiación de la Gulf Oil y el rechazo al chantaje de los organismos financieros internacionales que habían suspendido créditos a Bolivia mientras no se indemnizara a la empresa de ferrocarriles Bolivia Railway. El nuevo Comité Ejecutivo Nacional fue reducido de 45 miembros a sólo 25. Hubo una renovación sustancial de cuadros”. La posición del gobierno sobre estas resoluciones fue expresada por el coronel Juan Lechín Suárez, presidente de COMIBOL: «El congreso no será reconocido y sus dirigentes están en condiciones ilegales».

 

Durante este período, la Justicia también se ensañó con los mineros. Los dirigentes sindicales afrontaron juicios por hacer asambleas, huelgas y reclamos salariales. Sumado a esto, el 23 de marzo de 1967 se inició la acción guerrillera en el oriente del país, en la amazónica región de Ñancahuazú, que comenzó a ocupar las primeras planas de la prensa. El dictador Barrientos pidió la reposición de la pena de muerte.

 

La revista FEDMINEROS de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en su número 17 del 25 de mayo 1967 publicó una nota con el título «Frente Guerrillero»: «El hambre, la miseria, la explotación, la desocupación, la violencia y el matonaje, como la persecución que ha impuesto el Gobierno gorila de Barrientos, es la consecuencia de la aparición de la guerrilla. Los generales dicen que se trata de bandoleros enemigos de los pobres, pero esto nadie cree. Podemos afirmar que la mayoría de los trabajadores ven con simpatía la acción guerrillera. Esto es la verdad. No puede ser de otra manera, cuando se vive en la injusticia, sin trabajo y mal alimentado. Sabemos que yanquis operan de antiguerrilleros y eso indigna a los obreros».

 

El 6 de junio se realizó una Asamblea General de los trabajadores mineros de Huanuni, con la presencia de dirigentes de Siglo XX y Catavi. La resolución principal fue la convocatoria a una Marcha de la Unidad Obrera y de repudio al gobierno a la que fueron convocados todos los distritos mineros y sectores laborales. Sus consignas: «Defender la nacionalización de las minas ante la amenaza de entregar(las) a consorcios imperialistas» y «apoyar moral y materialmente a las guerrillas patrióticas que operan en el sudeste del país».