Piñera encabeza una ofensiva contra la memoria de las violaciones de los DDHH durante la dictadura pinochetista. Su segunda presidencia envalentona la derecha política y aquella enquistada en el Estado que impone una nueva fórmula de impunidad con la liberación de cinco reos condenados por crímenes de lesa humanidad de Punta Peuco. Carlos Margotta, presidente de la Comisión de DDHH, afirma: “El pinochetismo ya no asoma la cabeza, sino el cuerpo entero”. 

La derecha, sin complejos, espera relativizar los crímenes contra la humanidad, por el contexto anterior al golpe. Es el argumento de la creación de un Museo de la Democracia. Francisco Estévez, director del Museo de la Memoria, respondió: “Es la dictadura la que explica lo que sucedió en materia de derechos humanos. Ese es el contexto. No hay otro”.

La ofensiva derechista sigue relativizando la responsabilidad estatal en dar a conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. En la reparación de las víctimas de prisión política y tortura. Ella incluye la profanación de sitios de memoria. Como la del fascista Movimiento Social Patriota, contra el memorial en el centro de tortura, Villa Grimaldi, el Día del Detenido Desaparecido.

La ofensiva interpela la izquierda chilena. Relativiza el “Nunca Más”. Justifica violaciones actuales de los DDHH. Como la ley antiterrorista contra el Pueblo Mapuche, reñido con los compromisos internacionales del Estado chileno. La Guerra de la Araucanía, de Piñera, con tropas entrenadas en Colombia, defiende los intereses pecuniarios de las forestales.

La derrota aplastante de Alejandro Guillier, evidenció el fin definitivo del pacto por la reconciliación nacional, de junio de 1989. La derecha no cumplió. Manuel Guerrero, hijo de uno de los comunistas degollados en 1985, acusó que el gobierno de Bachelet: Tenía “las mayorías para hacer los cambios y no movieron un dedo por lograr justicia”. ¿Cuáles perspectivas?

Impunidad para los criminales

Piñera fijó el tono de una ofensiva que busca consolidar la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Por primera vez desde 1990, un presidente de Chile, contradijo el Derecho Internacional indultando un condenado por crímenes de lesa humanidad. Crímenes imprescriptibles por definición desde el Juicio de Núremberg. Piñera perdonó a René Cardemil, el agente del Estado impenitente. Un reo condenado a diez años por el asesinato de seis inocentes en el caso Torres del San Borja. Entre ellos una mujer argentina con embarazo de seis meses. Que gozó del tratamiento de favor en la cárcel de lujo de Punta Peuco. Un agente del Estado que hasta en su lecho de muerte se enorgulleció de sus crímenes. Percibido como un espaldarazo a la versión pinochetista del golpe de estado de 1973.

Por su parte, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia (ECSJ), otro poder del Estado, embarcó en la estrategia de la impunidad. Un resultado del reemplazo del ministro Milton Juica (casos: Degollados y Operación Albania) por Hugo Dolmetsch, nombrado por Piñera. Es así como la politizada Segunda Sala de la ECSJ, extendió la impunidad, por primera vez desde 1990 (con el subterfugio de la libertad condicional) a cinco agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplían condena en las cárceles de Colina y Punta Peuco (Una segunda resolución indultó otros dos reos). Una decisión que viola el artículo 53 de la Convención de Viena. No respeta, el cumplimiento cabal de la sanción como reparación de tan grave conducta.

Ante la reacción pública la ECSJ rechazó el amparo del piloto del helicóptero de la siniestra Caravana de la Muerte, por tener procesos abiertos y, devolvió a la Comisión de Libertad Condicional para nuevo estudio el expediente del otro piloto Emilio de la Mahotiere.

Chile y el doble estándar

Esas decisiones contra decisiones expresas de la Corte de apelaciones y de la Comisión de libertad Condicional, contradicen la jurisprudencia de la ECSJ. Además, ninguno de los condenados mostró siquiera señales de arrepentimiento o colaboró con informaciones sobre sus delitos, como se exige de reos de delitos comunes. El abogado Hugo Llanos y Edgardo Riveros, asimilan la libertad condicional a un indulto de facto. Por su parte Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara de diputados (PC), teme que se establece una fórmula de impunidad para crímenes de lesa humanidad. Afirma que es “preocupante que la Corte Suprema otorgue la libertad condicional a criminales que no cumplen los requisitos que las normas exigen.”

Hasta conservadores no pueden desdeñar la contradicción de la resolución con el Estado de Derecho. Es considerar igual, los crímenes de agentes del Estado (crímenes de lesa humanidad) con crímenes de individuos privados. Una desatención de la ECSJ, según el derechista rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Las organizaciones de DDH en Chile condenaron la decisión. La oposición presentó una acusación constitucional en el parlamento. Paradojalmente, algunos temen que vulneraría el Estado de Derecho, una confrontación entre el parlamento y la ECSJ. Como si los conflictos con el Tribunal Constitucional no vulneran ya el Estado de Derecho. Las organizaciones de DDHH exigen que el Congreso apruebe la acusación constitucional como un acto indispensable para frenar la impunidad.

El PS, propone llevar el caso a la Corte Interamericana de DDHH.  El Comité contra la Tortura de la ONU respaldó la denuncia de la AFDD, y pidió que los violadores de DDHH cumplan penas efectivas de cárcel. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los fallos de indulto a los violadores de DD.HH.

Fallas del Estado de Derecho

Creemos, que el tiempo, ha consagrado, por inacción y procrastinación de la clase política una inaceptable denegación de verdad y justicia por el Estado chileno: La omerta de los agentes del estado sobre el paradero de los detenidos políticos desaparecidos.

No fue una decisión del Estado chileno. Fue la decisión de la Corte interamericana de DDHH (Almonacid vs Chile, 2006) la que permitió crear la figura del secuestro calificado. Un nuevo paradigma que permitió condenar algunos agentes del Estado responsables de crímenes de lesa humanidad. Entre los cuales están quienes fueron indultados por la ECSJ.

A ello se agrega el ocultamiento objetivo de los archivos de los crímenes de la dictadura. CIPER denunció en 2015 que los testimonios acreditaban que el ejército tenía archivos con cientos de miles de documentos microfilmados de operaciones secretas de la dictadura: “mientras los negaba una y otra vez”. El New York Times informó en 2017, que el ejército quemó impunemente archivos de microfilme de la DINA y CNI en 2000 en los hornos de Nos.

La cantidad de crímenes impunes alcanza hasta el magnicidio por envenenamiento del ex presidente Eduardo Frei Montalba en 1982. Piñera cometió el oprobio de nombrar como subsecretario de redes asistenciales al Doctor Luis Castillo. Encubridor de la información entregada por uno de sus subordinados cuando era Director de la Red de Salud de la Universidad Católica, sobre el ocultamiento del informe de autopsia que confirmaba el asesinato del Ex presidente Frei Montalba (1964-1980). Como en otros casos, fue la tozudez de un familiar, Carmen Frei, permitió la condena de responsables. Batalló contra la posición de no crear olas del PPDC, e incluso del otro hijo de Frei el ex presidente Frei Ruiz-Tagle (1984-2000).

A diferencia de de otros países que sufrieron dictaduras de seguridad nacional, Chile sigue cargando una deuda de verdad insoslayable.

Reparación en la medida de lo posible

Piñera confirmó que no cerraría el penal de lujo de Punta Peuco. Reconoció los suyos y aprovechó la ausente voluntad política del gobierno Bachelet que en el último minuto que su ministro Jaime Campos no firmara el decreto presidencial. La cárcel de lujo Punta Peuco simboliza el doble estándar entre el trato de torturadores y asesinos y las víctimas de prisión política y tortura de la dictadura.

Es así como el gobierno Piñera retiró proyecto de compensación pecuniaria de ex presos políticos sobrevivientes. Un proyecto presentado por Bachelet en postrimerías de su mandato. Nadie espera que pueda ser adoptado bajo Piñera.

Ignacio Urrutia, diputado de la derechista UDI, se permitió banalizar las torturas y calificar las víctimas de terroristas con aguinaldo. A pesar de la oleada de condena, la ECSJ revirtió su desafuero adoptado por la Corte de apelaciones de Valparaíso a pedido de organizaciones de DDHH.

Los esfuerzos de la oposición no conmueven a Piñera: Interpelación del ministro de justicia, Hernán Larraín; la reposición del proyecto por la mayoría en la Cámara. Sólo algunos torturados han obtenido reparación con causas privadas.

La reparación a los ex presos políticos fue uno de los costos de la reconciliación con justicia, sólo en la medida de lo posible (ex presidente Patricio Aylwin en 1990). Un doble estándar inaceptable. Los torturadores reciben millonarias pensiones, hasta por estrés pos traumático.

El Informe Rettig (1991), cuya verdad fue rechazada por las FFAA y la ECSJ, no los consideró. La tardía Comisión Valech 1 (2005), los reconoció, a condición de guardar silencio por 50 años. La Valech 2 (2011), extendió la lista a más de 30 mil ex presos y torturados. No se ven perspectivas de la reparación integral que exige el derecho internacional. El Estado chileno parece esperar que el tema muera con las víctimas.

Museo de la Memoria / Museo de la Democracia

El objetivo de la derecha es imponer su versión. Que las violaciones de los DDHH se justificaron por la crisis creada por el gobierno de Allende. Es el argumento de Piñera al anunciar el Museo de la Democracia. Se trata de recordar lo que: “llevó Chile a destruir la democracia”. Lo anunció Piñera una semana después de la renuncia del fugaz Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas.

El autodenominado converso, afirma que el Museo de la Memoria es un montaje. Esa aberración negacionista le abrió las puertas de los círculos de poder derechistas. Escribió los discursos de Piñera (como la cuenta a la nación en mayo pasado). Antes de ser ministro de un fin de semana, era el Director de Contenidos y Estrategia de la presidencia. El responsable del relato de la segunda presidencia de Piñera, que acumula conversos como el colega de Rojas, Roberto Ampuero, su despistado Ministro de Relaciones Exteriores.

Las organizaciones culturales, de DDHH y la oposición política, repudiaron en una gran manifestación, que el Museo de la memoria fuera un montaje. Francisco Estévez (director del Museo de la Memoria) resumió: “Es la dictadura la que explica lo que sucedió en materia de derechos humanos. Ese es el contexto. No hay otro”. Nada justifica los crímenes contra la humanidad.

La renuncia de Rojas fue una victoria de la memoria. Pero la ofensiva derechista continúa. El Museo de la Democracia la unifica. Desde el fascista ex candidato presidencial José Antonio Kast, hasta el propio Piñera. Permite relativizar lo ocurrido, imponiendo la versión de la derecha golpista. La defensa de sus privilegios finalmente, que como en otros periodos sombríos (Santa María de Iquique, entre otras) justifica todas las atrocidades. El Nunca Más que se pensaba logrado, sigue en peligro. Terminó la transición pactada.

Fin de ciclo

La fuerte reacción del movimiento de derechos humanos, de organizaciones sociales y en los partidos de oposición permite esperar quela derecha tendrá dificultades en imponer su versión. Pero, gana tiempo.

En vísperas del 45º aniversario del golpe Chile no ha cerrado sus heridas. La derecha jubila y se siente gobierno por muchos años. La izquierda de transición está en profunda recomposición.

Para unos, no hay un Estado de Derecho que asegure la justicia para todos por igual: lo prueba la represión del Pueblo Mapuche. Los agentes del Estado responsables de crímenes de lesa humanidad reciben trato especial. El abandono de los derechos sociales y económicos se traduce en profunda desigualdad social y ruptura de la solidaridad. El combate contra el cambio climático se estrella contra las leyes del mercado.

Para otros la convivencia democrática sufre con la imposición del doble estándar: “Poderoso Caballero es Don Dinero”, como diría Quevedo. Lo muestra la colusión actual entre política y dinero. Los abusos y delitos tratados diferentemente según la geografía económica.

Ello interpela la izquierda chilena. ¿Se equivocó al elegir una transición pactada que privilegió la reconciliación y relativizó la búsqueda de la verdad, justicia y reparación a la “la medida de lo posible”? Su incapacidad en reformar la constitución y que Chile terminó apresado en los laberintos del mercado determina el fin con poca gracia de un proyecto en que terminó siendo útil, hasta que la derecha decidió funcionar sin avatares.

La aplastante victoria de Piñera y la ofensiva de la derecha, hace que su segundo mandato sea muy diferente del primero. Cayeron las máscaras. No se trata de resucitar la democracia de los consensos, está en juego asegurar varios mandatos para la derecha.

Desafíos de la izquierda chilena

La izquierda debe reflexionar sobre estos 28 años: ha estado en el gobierno durante 24 años. El balance es mitigado. El tratamiento del tema de los derechos humanos en la transición es uno de los aspectos más desastrosos.

El premio nacional de historia, Gabriel Salazar, afirma: “En Chile nunca ha existido aquello que se llama democracia”. Es una posverdad hablar del Museo de la Democracia en Chile, cuando ella es una democracia representativa de fachada, limitada por una Constitución autoritaria que limita el accionar solidario y moderador de las desigualdades que compete al Estado.

La izquierda de la Concertación y de la Nueva Mayoría no ha hecho la reflexión. El fin de ciclo es la ocasión propicia para hacerlo.

Las afirmaciones del referente del Frente Amplio (FA) y líder del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric confirman que el debate tampoco se ha hecho en la nueva izquierda. Comparar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura pinochetista con la situación en Cuba, Venezuela y Nicaragua, es efectivamente simplista e irresponsable, como señala Pablo Sepúlveda. Ciertamente, le da argumentos al Mercurio y la derecha, que festeja según una diputada de Poder Ciudadano, también del FA. Boric abandona el derecho a la autodeterminación de los pueblos como lo hace Washington o Luis Almagro (OEA). Tejado de vidrio, porque el Frente Amplio, no se define aún como un conglomerado de izquierda. El fin del ciclo de la transición pactada es la ocasión para un debate, también en el Frente Amplio.

En caso contrario, se deja el espacio a la ofensiva de la derecha en materia de derechos humanos ayer y hoy día.

3 de septiembre de 2018

http://marcelosolervicens.org/2018/09/chile-pinera-encabeza-una-ofensiva-contra-la-memoria/