La locura legitimada

El pasmoso reconocimiento de un Tribunal nulo

04/04/2018
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Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver y aunque pienso que es cierto también sé que cuando tenemos enfrente algo realmente espantoso, cerramos los ojos. No conozco a nadie que no lo haga en la escena fuerte de la película o cuando casualmente bordea un accidente de tránsito. Es algo de nuestra humanidad, nos protegemos mirando hacia otro lado. Sin embargo mirar nos permite anticipar que a pocos metros de nuestro carro hay un camión detenido o algún otro horror que no se quitará de allí porque hayamos decidido no mirar.

 

Hace un par de semanas que insisto en alertar las jugadas inconexas que sobre Venezuela se desarrollan: las opiniones de los organismos de Derechos Humanos, el inicio de un procedimiento ante la Corte Penal Internacional, la judicialización del tema del Esequibo, las sesiones en Ginebra. Sin duda, en este momento usted puede escoger cuál es el tema que quiere mirar, o, el que le produce ganas de cerrar los ojos.

 

Justo hace quince días estábamos eufóricos, dos cosas difíciles de prever ocurrieron: la sesión con las más altas autoridades norteamericanas en Washington para hablar de Venezuela en la OEA se suspendió por el “mal clima” que había, a la par que Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien fungía como Presidente de Perú y líder del nefasto grupo de Lima se hacía a un lado tras un escándalo de corrupción y chantaje que no pudo contener.

 

Estos dos hechos significaron una importante victoria simbólica para el chavismo y esto no puede menospreciarse porque en una guerra importa de sobremanera que las tropas estén tranquilas y esperanzadas.

 

Más allá de ello no se ha detenido nada. Los hechos continentales deben reactivar las alarmas: el juicio de Lula llegando a su final tras un fallido atentado y un llamado a golpe de un sector militar que pretende intimidar al Poder Judicial, debe verse al lado del rol cada vez más evidente del Ecuador como punto estratégico de las operaciones norteamericanas en el Continente.

 

Volviendo a Perú, con la renuncia del Presidente vino la renuncia del gabinete y la continuidad del debate parlamentario sobre su responsabilidad política así como el nombramiento de Martín Vizcarra, como Presidente.

 

Vizcarra de inmediato recordó que la postura del Perú sobre Nicolás Maduro y Venezuela se mantenía intacta y otros países del grupo de Lima han seguido paso a paso la agenda para contener el progresismo latinoamericano.

 

Así, desde Colombia la esperanza que algunos veían en la candidatura de Gustavo Petro quedó apagada cuando el candidato hace todas las declaraciones posibles para recalcar que su visión de Venezuela es la misma que ha mantenido, cada vez más abiertamente, la dupla de Uribe y Santos.

 

De este recuento de manera expresa hemos excluido el asunto de las nuevas sanciones contra Venezuela a las cuales ya nos hemos referido[1] porque queremos centrarnos en el tema jurisdiccional y afines que se dibuja en el horizonte.

 

El día de ayer, 3 de abril de 2018, ocurrió un hecho que demuestra que en esta guerra la primera caída fue la vergüenza de algunos de sus protagonistas que ya no se cuidan ni siquiera de actuar de acuerdo a las mínimas reglas de la lógica. Nos referimos al muy mediatizado y errático intento de juicio ante un “Tribunal Supremo en el exilio” del Presidente Nicolás Maduro. El mismo ha sido impulsado por Luisa Ortega Díaz que no perdió la oportunidad de su visita al Congreso colombiano para fotografiarse con Álvaro Uribe.

 

La grotesca nulidad de esa pantomima puede resumirse en el concepto de jurisdicción que entiende la función de hacer justicia dentro de un esquema de territorialidad que poco ha cambiado desde los planteamientos clásicos. Es decir, la validez de ese juicio no aguanta ni una pregunta a un estudiante de primer año de Derecho.

 

Lo sorprendente resulta entonces la estrategia, altamente simbólica, de legitimación de una acción nula de toda nulidad. Aquel errático cuerpo del que incluso algunos de sus miembros han sostenido su invalidez se fundó en la OEA y ahora sesiona en el Congreso colombiano y hoy, 4 de abril de 2018, su actuación quedó recogida como válida en el diario de decisiones de justicia del Mundo que publica la Corte Suprema de la Nación mexicana.

 

Por lo cual, en contra de todas las normas de la lógica, del derecho y de la diplomacia su estrategia se abre un paso rastrero en los países que nos han declarado la guerra pues parece que México y Colombia tienen la intención de reconocerlo.

 

Al respecto, debo confesar, me sorprende la inexistencia de reclamaciones diplomáticas venezolanas que deberían haberse generado por la autorización –o invitación- del Legislativo colombiano a que esta infamia se desarrollase en su sede.

 

Lo que contrasta con lo que, en mi opinión, es la primera acción coherente que hemos desarrollado cuando, ayer en Suiza que es un país que nos sancionó pero también la sede de buena parte de los organismos especializados en materia de Derechos Humanos, un grupo de civiles venezolanos protestaron la lectura parcializada de la realidad venezolana que se viene llevando desde los foros internacionales.

 

Los lapsos de los dos principales juicios abiertos contra Venezuela van pasando sin que se observe una acción más allá de la protesta diplomática realizada por la vía de los comunicados. Al respecto, en el caso del proceso que abrió la Corte Penal Internacional puede hacerse un paralelismo con el caso de Filipinas.

 

Filipinas que es un país con el cual no pueden mediar más diferencias culturales y políticas comparte con Venezuela que el estudio de su situación se inició el mismo día. De Filipinas, ya son mundialmente conocidos sus dos actos de defensa: el país denunció la competencia de la Corte y la Corte Suprema de aquél país solicitó a la policía local todos los registros de las actuaciones por las cuales se señala que el gobierno aplicó una política sistemática de masacres en el marco de la lucha contra la droga.

 

Este último paso equivale a nacionalizar el conflicto, a saber de qué se acusa al gobierno y qué fue lo que ocurrió, quiénes actuaron, si existen actuaciones de justicia nacional sobre ellos…, es decir, una procura de cumplimiento de las obligaciones y desarrollo de los argumentos defensivos.

 

Este escenario que nos resulta tan lejano como La Haya no es un simple espacio donde la hoy ex Fiscal perfecciona sus venganzas, es una pequeña herida que se pretende hacer crecer. Muchos analistas suelen recordar que estamos entrando en una fase donde, desde Estados Unidos se quiere reproducir en América Latina lo que han construido en otras regiones.

 

Al hacerlo es imposible no pensar en Libia y ver como a pocos meses del final fue la Corte Penal Internacional uno de los elementos mayores de la legitimación del plan y para ello dictó en el 2011, una orden de arresto por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el coronel Muammar al Gadafi.

 

Si referimos el caso de Muammar al Gadafi para describir lo que una acción de esta naturaleza puede significar así como su utilidad en el esquema imperial, lo hacemos apartando el ejemplo que hasta ahora habíamos utilizado que fue el del presidente sudanés, Omar al Bashir, donde el panorama posterior del país también está caracterizado por la migración masiva de sus habitantes, la pauperización y la ayuda humanitaria los ubican en ejemplos de los peores lugares para habitar en el presente.

 

Nota

 

[1] https://anicrisbracho.wordpress.com/2018/03/31/sancione-primero-averigue-despues/

 

https://www.alainet.org/es/articulo/192030
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