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Policías comunitarias y autodefensas en México:

Las asociaciones de los hermanos en armas llegaron para quedarse

Opinión
12/10/2015
Mexico policia comunitaria Mexico policia comunitaria
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Entrevista con Luis Hernández Navarro

 

Roger Landa: Las policías comunitarias y autodefensas constituyen un complejo proceso histórico poco comprendido para quien no conoce la realidad mexicana. Según sus investigaciones, ¿Qué elementos y dinámicas sociales nacionales, pero también internacionales, deben ser comprendidos para lograr un acercamiento integral a estos procesos?

 

Luis Hernández Navarro: Las policías comunitarias y las autodefensas en México son un fenómeno que nada tiene que ver con las autodefensas colombianas o las patrullas civiles en Guatemala, formadas en el marco de una estrategia de contrainsurgencia. Aunque compartan el mismo nombre son realidades muy diferentes. A diferencia de estos países, en México son un fenómeno de autorganización (fundamentalmente rural, sobre todo indígena) surgidas para enfrentar tanto la inseguridad pública como para autodefenderse de las fuerzas de orden que actúan en el marco de un narcoestado.

 

¿Qué entiendo por narcoestado? En entidades como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua los gobiernos locales han sido capturados por el narcotráfico.

 

Entendemos por captura política el control e influencia desproporcionada y no regulada que los grupos de poder ejercen sobre el Estado, manipulando y cooptando las instituciones y políticas públicas, utilizándolas como palanca y canales para acumular poder político y económico.

 

Más aún, tal y como lo diagnosticó el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), el narcotráfico ha utilizado para sí un elemento constitutivo del Estado mexicano: la desviación del poder.

 

El TPP definió la desviación del poder como la modificación de decisiones políticas fundamentales, que dieron sentido al pacto histórico de 1917, al reformar la Constitución con la finalidad de beneficiar a intereses particulares. Se caracteriza por el uso faccioso de las leyes, y el abuso del mandato y del derecho. Se utilizan los poderes del Estado para perseguir y afectar garantías de los pueblos.

 

México es un país productor de drogas. En sus montañas se siembra y procesa amapola y mariguana. De hecho, es ya el segundo fabricante mundial de heroína. También se elaboran metanfetaminas, con precursores químicos que llegan de Oriente a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

 

Es, también, zona de paso de cocaína proveniente de Sudamérica hacia Estados Unidos. Y, sobre todo a partir de que los cárteles colombianos comenzaron a pagar a sus socios mexicanos en especie y no sólo con dinero o arma, un creciente consumidor de estupefacientes.

 

La economía mexicana está entre las 15 más grandes del mundo. Su Producto Interno Bruto (PIB) es de 1.5 billones de dólares al año, 300 mil millones provenientes de exportaciones. De acuerdo con un estudio del Congreso Mexicano las actividades económicas del crimen organizado representan el 10% del PIB, esto es, 150 mil millones de dólares.

 

De esta cantidad 40 o 45% provienen del tráfico de drogas, alrededor de 30 o 32% son obtenidos del tráfico de personas, alrededor del 20% de la piratería y otra parte de secuestros, extorsiones, etcétera. Esto significa que el negocio de los estupefacientes mueve entre 60 mil y 70 mil millones de dólares del tráfico de drogas. Se emplean en esta actividad entre 450 mil y 500 mil personas. Esto es más de tres veces el personal contratado por Petróleos Mexicanos, la principal empresa del país. Al no haber empleo, el gran empleador es el narcotráfico.

 

Las implicaciones de este flujo de dinero son múltiples: en el terreno económico-financiero, en la política y en la procuración de justicia.

 

Es sabido que México es un país de grandes contrastes. El último informe de Oxfam lo demuestra fehacientemente. En su lado luminoso tiene un pequeño grupo de multimillonarios que aparece año tras año en la lista de los hombres más ricos del mundo. En su cara oscura habitan casi 50 millones de personas anónimas que viven en la pobreza.

 

Las empresas que manejan comercio clandestino de drogas se rigen por las mismas leyes que gobiernan la evolución de las empresas capitalistas en cualquier rama de la industria o de los servicios. Por ejemplo, la realización de dos actividades simultáneamente les reduce los costos unitarios, de tal manera que es más barato producir esos dos productos simultáneamente que producirlos por separado. Por ejemplo, trasladar droga y migrantes. Las rutas, las redes de protección y la logística es la misma.

 

Para algunos grupos de narcotraficantes el tráfico de drogas no es su principal ingreso. Hasta 2007 teníamos un patrón en donde los narcotraficantes eran narcotraficantes y los contrabandistas eran contrabandistas. Pero, a partir de 2007, los Zetas encuentran en esto otra área de oportunidad y empiezan ellos a controlar de manera simultánea contrabando, tráfico de personas, tráfico de órganos, trata de blancas.

 

Esquemáticamente, podemos decir que en México existen dos economías que marchan a velocidades distintas. Por un lado tenemos una economía clandestina, con grandes cantidades de flujos de capital; por otro lado, una economía estándar, la economía legal digamos estancada, que está en el piso, que no puede crecer.

 

La economía criminal necesita blanquear sus ganancias, es decir, introducir el capital líquido a los canales legales de la economía. Para ello se establecen empresas que empiezan a hundir sus raíces en la economía, en el tejido económico, de manera muy profunda.

 

Uno de los mecanismos usuales de lavado de dinero es el turismo, con los hoteles, antros, compañías que alquilan coches, etc. Es muy importante también la compra de bienes raíces, de autos, de joyas y de arte. Pero, sin duda alguna, el principal canal para el lavado de dinero es el sistema financiero, a través de casas de empeño, de centros cambiarios, de empresas que se dedican a transferir las remesas. Y, por supuesto, de los grandes bancos.

 

El mejor ejemplo de como el dinero sucio del crimen organizado se blanquea en los circuitos financieros legales es el caso del banco HSBC. Este banco reconoció públicamente que había movilizado entre 7 mil y 9 mil millones de dólares. Aquí en México fue multado por una cantidad que más o menos equivale como al 10% de sus ganancias en un trimestre. Pero no hay un sólo preso.

 

Sobre el lavado de dinero hay mucha impunidad. Lavar dinero, introducir dinero sucio al sistema financiero no es delito si estás en posibilidad de pagar una multa.

 

Sin embargo, la asociación entre empresarios de cuello blanco y narcotraficantes va más allá del negocio de lavado. Asolados por la inseguridad pública y la ineficiencia del Estado para garantizarla, muchos empresarios pactaron acuerdos con el crimen organizado para conseguirla. Los narcos ofrecen el servicio del transporte, ofrecen la protección, ofrecen la comercialización, ofrecen las custodias.

 

De allí la relación pasó a niveles de otra naturaleza. Por ejemplo, pedir otro tipo de favores, como cobrarle a un proveedor que no paga o sacar a un competidor del mercado. Dos casos de esta alianza son el robo y venta de combustibles y la minería.

 

Tanto dinero líquido proveniente del narco ha alterado la política mexicana. Los viejos vicios han crecido y se han ensanchado. Bajo su influjo el viejo cáncer ha hecho metástasis. México es un país de muy bajo costo para los grupos criminales internacionales. Y cuando llegan tratan de capturar a políticos a bajo costo también. Es muy fácil hacerlo. De la mano entra en escena la violencia. La ecuación es sencilla. La violencia ya existía. Ahora se ha multiplicado gracias a la corrupción política.

 

¿Qué pasaría si quitamos del circuito financiero los 65 mil millones de dólares que entran por concepto de tráfico de estupefacientes? Mientras va droga, regresa dinero. Por un lado, ese dinero representa -seguramente de una forma indeseada- capacidad de una familia para consumir, para comprar, para mover los pequeños negocios de esa comunidad. Por el otro, es una dependencia insana como todas las dependencias. Hay dependencia de las drogas y hay dependencia de ese dinero de las drogas.

 

Las policías comunitarias y los grupos de autodefensa enfrentan tanto a los grupos delincuenciales, como a la captura de los órganos de seguridad por parte de éstos.

 

Existe en México una larga tradición de lucha de autodefensa en las zonas rurales. Los hombres del campo en casi todo el país se armaron en diferentes momentos para enfrentar el abigeato, pero también para resistir las agresiones de las guardias blancas de ganaderos y pistoleros al servicio de caciques y hacendados. Las guerrillas rurales de base campesina surgieron originalmente de grupos de autodefensa. Así sucedió con Rubén Jaramillo en Morelos, el Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua y el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.

 

RL: Pese a sus detractores y críticos, el EZLN continúa siendo un hito histórico y referente actual en las luchas libertarias de la región; ¿Cómo se relaciona este proceso insurgente y el horizonte de lucha que abrió el zapatismo, con las autodefensas y las políticas comunitarias?

 

LHN: Efectivamente, el Zapatismo sigue siendo un hito histórico y una referencia en las luchas libertarias. Sus experiencias autonómicas (la Comuna de la Lacandona) no tienen parangón en la historia reciente de las luchas emancipatorias.

 

Las experiencias históricas del campesinado y los pueblos indios en México a las que me referí antes adquirieron otra dimensión con el alzamiento zapatista de 1994. En una de las primeras entrevistas que el subcomandante Marcos concedió a La Jornada explicó cómo el EZLN nació como un grupo de autodefensa, una fuerza que los indígenas hicieron suya para enfrentar las guardias blancas de los finqueros que les quitaban la tierra y los maltrataban. Con la reforma al 27 constitucional, que canceló toda posibilidad legal de tener tierra, se precipitó la conversión de esa autodefensa en un ejército indígena.

 

Una de las claves centrales para comprender el nuevo ciclo de resistencia de los movimientos populares que se vive en el país es la emergencia de asociaciones civiles armadas nacidas para defender la tierra, resistir el despojo de bosques y recursos naturales (especialmente de concesiones mineras), enfrentar la inseguridad pública (primero de delincuentes y después de narcotraficantes) y hacer justicia.

 

Esta irrupción de una constelación de policías comunitarias y grupos civiles armados en casi la tercera parte de la geografía nacional no es ajena al zapatismo. No porque los rebeldes las hayan auspiciado ni conducido sino por otras razones. Primero, porque su existencia misma y la continuidad de su proyecto autonómico sentó un precedente y una inspiración para muchos de quienes emprendieron ese camino. Segundo, porque su impulso a la lucha indígena abrió un espacio de legitimidad a las reivindicaciones étnicas. Y tercero, porque las dotó de un horizonte de lucha novedoso, en el que las tareas de seguridad y justicia son relevantes.

 

El nuevo ciclo de luchas al que dio pie el zapatismo se expresó en la formación de la CRAC-PC en Guerrero y en el Manifiesto de Ostula acordado por el Congreso Nacional Indígena (Michoacán, 2009), que reivindica el derecho a la autodefensa indígena y tiene el sello de agua de los insurgentes del sureste mexicano.

 

RL: En su texto Hermanos en Armas: policías comunitarias y autodefensas, Ud. habla de “Un país de Nota Roja” ¿A qué se refiere? ¿Cuál es esta nota roja que caracteriza a México en la actualidad?

 

LHN: México se ha convertido en un país de nota roja. No es asunto de percepción. Es una cuestión de hechos. La violencia se ha extendido hasta niveles inusitados y atraviesa todos los sectores sociales. Hampa, política y mundo empresarial se han entremezclado de manera espectacular.

 

La Nota roja -señala Wikipedia- es un género popular de periodismo en México. Aunque es similar al sensacionalismo o a la nota amarilla, la nota roja se centra exclusivamente en historias relacionadas con violencia física involucrada con el crimen, accidentes y desastres naturales. El origen del nombre está relacionado a la inquisición mexicana, donde una estampa roja era colocada para la ejecución u otros castigos

 

En el caso mexicano actual no es que los medios de comunicación exageren para pelear por la audiencia o para vender más ejemplares. Las primeras planas de los periódicos reproducen, lisa y llanamente, lo que acontece en las plazas públicas y en los sótanos del país. No inventan, reflejan. La prensa no es hoy más amarillista o escandalosa de lo que era hace unos años. Es la realidad la que se ha modificado y ha hecho de las acciones criminales un asunto cotidiano. Los medios no pueden ignorar este hecho. La prensa construye una realidad a la medida de su público, no la inventa.

 

Escribió Jorge Ibargüengoitia (En primera persona: nota roja): “Leo notas rojas con frecuencia sin ser sanguinario ni sentirme morboso. Creo que todas las noticias que se publican son las que presentan más directamente un panorama moral de nuestro tiempo y ciertos aspectos del ser humano que para el hombre común y corriente son en general desconocidos; además siento que me tocan de cerca”.

 

Al contar lo que sucede en México como un país de nota roja, los medios están describiendo, con toda crudeza, el panorama moral de nuestro tiempo y nuestro país. La historia de la administración de Felipe Calderón se contó en la nota roja de los periódicos no en los artículos y discursos de sus publicistas oficiales. Algo parecido está sucediendo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque trate de ocultarse maquillando cifras sobre delitos. El sexenio del primero pasó a la historia como el del Ejército en las calles, los miles de asesinados, las violaciones a los derechos humanos y la inseguridad pública. El del segundo, será recordado como el de la entrega del petróleo a los inversionistas extranjeros y la expansión de autodefensas y policías comunitarios.

 

En su libro Terribilísimas historias de crímenes y horrores en la ciudad de México en el siglo XIX, Agustín Sánchez cuenta cómo la nota roja del siglo XIX nos habla de la nación de la derrota, de la venganza, de la frustración, reflejadas en el robo, el asesinato, el suicidio. De la misma manera, en sus informaciones diarias, la prensa de hoy nos cuenta el drama de la descomposición política y económica de sus elites. Es sus páginas están narrados el dolor y el drama de los ciudadanos de a pie, la intriga y el odio de las cúpulas del poder, el grado de corrupción cívica.

 

Se ha querido presentar el problema de la inseguridad pública y la violencia como asunto de percepción construida por el amarillismo informativo de los medios de comunicación. Diversos comunicadores aparecieron en la pantalla chica o llenaron decenas de líneas ágatas para mostrar cómo la situación en México era mejor que en Brasil. Sin embargo, su castillo de naipes informativo se derrumbó con los primeros soplidos de la realidad. Una ola de descabezados, más inocentes muertos y los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos evidenciaron que la inseguridad era un hecho real, no algo fabricado por los medios.

 

RL: Ud. asume que son las víctimas del sistema de dominación el punto de partida para la lucha por la transformación; esto, aunque suena sencillo, no es ni obvio, ni siempre comprendido por quienes quieren contribuir en las luchas populares. ¿Qué significa “partir” de las víctimas? ¿Cuáles son las víctimas desde las que se parte para comprender el proceso de las autodefensas y las policías comunitarias?

 

LHN: Yo trato de responder a una pregunta: ¿cuál es el núcleo central capaz de organizar un gran movimiento social que enfrente con éxito el narcoestado mexicano y el pacto de impunidad que firmaron las elites mexicanas para protegerse las espaldas?

 

Y mi conclusión es que un movimiento así sólo puede constituirse desde la autoridad moral de las víctimas y sus familiares. Sólo puede prosperar desde el diálogo de quienes viven el dolor del sacrificio de uno de los suyos, y el agravio de la impunidad gubernamental. Son las víctimas, y no sus abogados, las que deben decir su palabra. Son ellas las que tienen el derecho a hablar en letras mayúsculas. Son ellas –y no sus intermediarios– quienes deben trazar el camino de su lucha. Ellas son su núcleo fundador, su inspiración, su fuente de legitimidad.

 

Como lo demuestra la lucha de los padres de los muchachos desaparecido en Ayotzinapa, son las víctimas, colocadas en una situación límite a raíz de una vivencia radical, quienes pueden echar a caminar otra política. Su principio de acción en la vida pública proviene de una decisión individual de carácter moral nacida de la injusticia. La suya es una alternativa ética. Es en la moralidad de sus acciones, tanto individuales como colectivas, donde se encuentra la fuerza para enfrentar el pacto de impunidad.

 

Por supuesto, hay que sumar todas las voces a la causa. Sólo así puede provocarse el descarrilamiento de la locomotora bélica. Hay que agregar a los notables y a los plebeyos, a los religiosos y a los ateos, a los bonitos y a los feos, a los letrados y al pueblo llano. Nadie sobra. Todos hacen falta. Todos tienen algo que decir. Pero la voz que debe escucharse en primer plano es la de las víctimas.

 

Las víctimas que han promovido la formación de policías comunitarias y autodefensas son comunidades y familias -en su mayoría de escasos recursos- que han sufrido la inseguridad, la acción del crimen organizado y de sus aliados en las esferas institucionales, y la impunidad. Han afectado sus precarios bienes y recursos naturales, la honra de sus mujeres e hijas, la seguridad de sus familias y proyectos colectivos.

 

RL: Aclaremos, diferenciemos y definamos. ¿Quiénes son los “hermanos en armas”? ¿Qué son las policías comunitarias y qué son las autodefensas; y qué no son? ¿Cuáles son sus puntos en común y sus puntos de diferencias? ¿Hay algo propio de cada una que no posea la otra, o son dos caras de una misma moneda? ¿Cuáles han sido las características de sus procesos de conformación? ¿Cuáles son las principales expresiones y grupos representantes de estos procesos? ¿Qué alcances territoriales tienen en la actualidad? ¿Qué relaciones establecen con el Estado y con la comunidad? ¿Cuál es su base económica? ¿Podrían calificarse como una organización de poder popular? ¿Qué pueden aprender los países latinoamericanos de estos procesos?

 

LHN: La denominación de autodefensa es imprecisa. La prensa habla de estos grupos de distintas formas, sin distinguir unos de otros: autodefensas, policías comunitarias, grupos de vigilancia vecinal, vigilantes, guardias civiles policía ciudadana, etcétera.

 

Estos grupos comparten el ser expresión de comunidades rurales (indígenas o mestizas) y de barrios marginados de poblados o ciudades, que se arman para defenderse a sí mismos, enfrentar la inseguridad, la impunidad policíaca y para cuidar su territorio, recursos naturales y bienes comunes. Son asociaciones que surgen ante una situación excepcional o límite, y que apelan como fuente de legitimidad a sus derechos como pueblos (en caso de los indígenas) o a la necesidad de sobrevivir.

 

Y, aunque tienen algunos rasgos comunes, hay diferencias sustantivas entre ellos, tanto en sus orígenes, como en los intereses que persiguen, en el armamento con el que cuentan, en la forma de organización que se dan, así como en las reglas con las que operan y en la relación con sus comunidades de las que provienen y en las que actúan.

 

De hecho, no todos los que afirman ser autodefensas lo son en realidad. Hay que algunos de ellos no son más que un chantaje de algún dirigente campesino o urbano-popular para negociar con el gobierno algunas demandas; o bien una baladronada para atraer la atención de la prensa.

 

Su proliferación está asociada al crecimiento en los índices delictivos: robo, extorsión, secuestro, violación, asesinato. También a las agresiones de empresas transnacionales que saquean los recursos naturales de comunidades, y que en ocasiones cuentan con pistoleros para amedrentar a quienes se les resisten. Surgen donde el Estado ha abandonado sus responsabilidades en el terreno de la seguridad pública, y ha perdido credibilidad. Se forman para llenar los vacíos que la incapacidad o corrupción de las autoridades deja. Actúan ante la ineptitud policíaca para combatir el crimen.

 

Los civiles armados enfrentan un hecho dramático: la descomposición de las corporaciones policiales, y la actuación de sus integrantes como cómplices o ejecutores de todos tipos de delitos. Son muestra del fracaso del modelo de seguridad pública y sus políticas. Su existencia, según algunos políticos y analistas, cuestiona y deteriora la imagen del poder público y de la gobernabilidad en el país.

 

En los hechos, ocupan ya un lugar significativo en la vida política nacional. Tanto así, que importantes defensores de derechos humanos, entre los que se incluyen religiosos, no han dudado en identificarse a sí mismos con esa etiqueta.

 

Compartir la “marca” autodefensa, sin embargo, no diluye las diferencias realmente existentes entre quienes se reivindican como tales. Es por eso que es necesario analizar cada caso en lo individual. Sólo así puede vislumbrarse con claridad las posibilidades reales de transformación social contenida en ellos.

 

Aunque frecuentemente se piensa que son lo mismo, en realidad policías comunitarias y grupos de autodefensa son cosas distintas. Las policías comunitarias son una realidad en todo el país, tienen historia y son de diversos tipos. En el norte del país, por ejemplo, existen las guardias tradicionales de los pueblos seri y yaqui, con una estructura militar, producto de la influencia jesuita sobre ellos, pero también de las largas luchas que el Estado mexicano les declaró en el siglo XIX. Por el sur del país existe la guardia tradicional maya que resguarda a Chan Santa Cruz, en el municipio de Carrillo Puerto. Se trata de estructuras de los pueblos indígenas forjadas a través de los años, de acuerdo con las circunstancias que les ha tocado vivir. Junto con ellas existen las policías comunitarias de las comunidades, que año con año son nombradas por los pueblos de entre sus mismos integrantes para que se encarguen de su seguridad. Se trata de prácticas milenarias.

 

En cambio, las autodefensas son grupos de ciudadanos armados que buscan defenderse de las agresiones de la delincuencia organizada y los abusos policíacos. Sus integrantes no son nombrados por sus pueblos y no les rinden cuentas de sus acciones. Usualmente carecen de reglamentos o principios de funcionamiento.

 

Éstos, a su vez, debe diferenciarse de las guardias blancas, los escuadrones de la muerte y los paramilitares, todos ellos distintos entre sí. Las guardias blancas son grupos de pistoleros al servicio de finqueros, latifundistas o grandes agricultores; actúan bajo sus órdenes. Los escuadrones de la muerte son grupos clandestinos que operan sobre todo en el medio urbano, amenazando y atacando a activistas populares y defensores de los derechos humanos, y usualmente están cohesionados por ideologías anticomunistas, e integrados por elementos de las fuerzas públicas.

 

Los grupos paramilitares, en cambio, son una red de pequeños ejércitos irregulares que cuentan con mandos, integrados por indígenas y campesinos pobres, reclutados en comunidades beneficiarias de las redes clientelares del priísmo tradicional, entrenados y financiados en una especie de joint venture por las fuerzas de seguridad pública y los grupos de poder local, cuyo objetivo central es tratar de frenar la expansión de la organización campesina e indígena independiente.

 

Su surgimiento, más allá de factores endógenos, proviene de una decisión estratégica del poder. A diferencia del Ejército o las policías, los paramilitares no tienen que rendirle cuentas a nadie, escapan a cualquier escrutinio público. Pueden actuar con la más absoluta impunidad e, incluso, presentarse como “víctimas”. Son el instrumento para hacer la guerra que el Ejército federal no puede hacer directamente, para tratar de frenar la expansión de la insurgencia.

 

A nivel nacional, la acción de las policías comunitarias en pueblos originarios se apoya en el artículo segundo constitucional, que les garantiza -así sea de palabra- el derecho a decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural; a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, y a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. En el terreno estatal, -en entidades como Guerrero- cuentan con normatividades que legitiman su existencia.

 

Pero la cobertura legal para su existencia proviene también de la legislación internacional, en la que se reconoce la existencia de pueblos indígenas y algunos derechos colectivos, entre ellos el de la libre determinación, expresada como autonomía, y como parte de ésta reconoce su propio gobierno, establecido de acuerdo con sus propias normas.

 

Son, efectivamente, embriones de poder popular. Se financian con los recursos de las comunidades que los sostienen y con el trabajo voluntario de sus integrantes.

 

RL: Hay dos territorios centrales en su investigación. Me refiero a los Estados de Guerrero y Michoacán. ¿Qué pasa en estas entidades que hace que surgieran allí con fuerza las policías comunitarias y las autodefensas? ¿Hay expresiones de estos procesos más allá de estas entidades?

 

LHN: Guerrero y Michoacán son estados vecinos, enclavados en el Pacífico. Ambos tienen una muy importante población indígena, pobreza extrema, migración y severos problemas de narcotráficos. De hecho, funcionan como narcoestados. La formación de policías comunitarias en Guerrero precede a la de Michoacán. De hecho, Guerrero es el epicentro del que irradian estos procesos organizativos. En sus orígenes, en ambas entidades surgen como parte de un proceso combinado de recomposición étnica y lucha contra la inseguridad pública.

 

No hay un registro oficial que dé cuenta del número exacto de organismos de este tipo existentes en el país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) maneja sus cifras, la prensa tiene las suyas y diversos investigadores otras diferentes. Los números de unos y otros no coinciden.

 

El 14 de enero de 2014, mientras la sirena de alerta sonaba en los cuartos de guerra de la clase política nacional, la CNDH difundió un informe sobre los policías comunitarios y grupos de autodefensa que actúan en el país. Según los datos de la institución, éstos actúan en 11 entidades, principalmente en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.

 

De acuerdo con el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero de la misma institución, de los 81 municipios michoacanos, hay presencia de autodefensas en 46.

 

Un trabajo de síntesis periodística arroja cifras distintas a las de la CNDH. En los primeros cuatro meses de 2013 se documentó la existencia de 69 grupos de autodefensa o policías comunitarias en 14 entidades: Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Morelos, Quintana Roo, Hidalgo y la Huasteca Potosina.

 

En al menos nueve entidades (Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí), la organización de la población tuvo como propósito el hacer frente a la delincuencia común y al crimen organizado.

 

Apenas dos meses antes del informe, Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, había alertado sobre la expansión de grupos de autodefensa en el país, y llamado al gobierno mexicano a “tomar cartas en el asunto”, pues, de no lograr contenerlos, se seguirán extendiendo por todo el territorio.

 

La aparición de las autodefensas ha sido sistemáticamente negada por la mayoría de las autoridades gubernamentales de los estados. No importan las siglas políticas a las que pertenezcan, su respuesta es usualmente la misma: decir que allí no ha pasado nada. El surgimiento de los grupos de civiles armados se ha convertido para ellos en un verdadero dolor de cabeza, en muestra de que no gobiernan, de que su capacidad de mando está en entredicho. En lugar de ver en el fenómeno una expresión de una ciudadanía participativa consideran que es una reprobación a su gestión.

 

RL: En su consideración, cuáles son los alcances, límites y desafíos que tienen las policías comunitarias y las autodefensas.

 

LHN: En distintos momentos se ha caracterizado a las autodefensas como un nuevo Frankenstein. Calificarlas así, como si fueran sinónimo de maldad, no deja de ser una ironía. Quien haya leído la novela recordará que lo que este personaje siempre buscó fue la comprensión humana para compartir con los demás el amor, la virtud y los afectuosos sentimientos de su corazón. El monstruo, ingenuo, esperó hallar criaturas que, ignorando su fealdad física, lo amaran por sus virtudes. Pero muy pronto, el impulso hacia el bien no fue más que un recuerdo, y la felicidad y el amor que tanto habían deseado se convirtieron en amarga y odiosa desesperación. El engendro, se volvió víctima de la incomprensión y los prejuicios de quienes sólo veían en él su fealdad externa y eran incapaces de reconocer sus cualidades reales.

 

De cualquier manera, la metáfora no deja de ser sugerente. Las autodefensas (y las policías comunitarias) surgieron por una causa tan noble y generosa como los sentimientos que albergaba el corazón de Frankenstein: garantizar la seguridad pública de los ciudadanos y las comunidades, poniendo, literalmente, su vida en prenda. Sin embargo, en el camino, se ha construido y divulgado una imagen grotesca y deforme de los “hermanos en armas”, usando sin pudor algunos sus propios defectos o inventándolos hasta volverlos irreconocibles para los demás y para sí mismos.

 

En distintos casos, esa imagen se ha convertido para la opinión pública en la realidad. El movimiento ha dejado de existir en la percepción ciudadana tal cual es para convertirse en la caricatura que se ha hecho de él: guerrilleros embozados en una causa civil, narcotráficantes disfrazados de justicieros trabajando por formar un nuevo cártel, indios violentos deseosos de hacerse justicia a mano propia, paramilitares al servicio de proyectos de contrainsurgencia.

 

Por supuesto, como sucede con las caricaturas, algunos de los rasgos que refleja el dibujo son reales, sin embargo, el resultado final no lo es. La imagen grotesca que se ha construido de quienes buscan hacerse cargo de su seguridad y de la de sus familias sirve para exorcizar la amenaza del monstruo pero no para comprender las razones de su existencia.

 

De cualquier manera, independientemente de estos juicios y de sus claroscuros internos, las diversas experiencias de autodefensa y de policías comunitarias en el país siguen expandiéndose. A pesar de la actitud gubernamental de negarlas, menospreciarlas, dividirlas o combatirlas abiertamente, siguen surgiendo por casi todo el país.

 

No parece factible que en el corto plazo vayan a desaparecer las asociaciones de los hermanos en armas. Llegaron para quedarse por un buen tiempo pero, lo que de aquí en adelante suceda con ellas, será ya otra historia.

 

RL: Para finalizar, en su condición de investigador y de periodista ¿Cuál es la importancia que tiene el pensamiento crítico en la actualidad? ¿Y cuál es el papel del periodista para transmitir este pensamiento contrahegemónico?

 

LHN: Retomo la definición ofrecida por The Critical Thinking Community: el pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Y la combino con la ofrecida por Wikipedia: El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad.

 

“El paraíso -decía el escritor sueco Henning Mankell, recientemente fallecido- tiene tantas puertas como el infierno, y nosotros tenemos que aprender a discernirlas; de lo contrario, estamos perdidos”. Esa es la importancia del pensamiento crítico. En un mundo dominado por la ley del valor, que ha convertido en mercancías infernales hasta nuestras más escondidas fantasías, el pensamiento crítico nos permite aprender a distinguir las puertas del paraíso de las del averno.

 

Los periodistas críticos buscamos ayudar a escoger las puertas adecuadas en la lucha por la emancipación en el terreno específico de nuestra materia de trabajo: la noticia.

 

*Luis Hernández Navarro: escritor y periodista mexicano, coordinador de la sección de Opinión del diario La Jornada. Fue organizador de sindicatos independientes en la década de los 70. Fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras. Participó en los Diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas. Entre sus títulos destacan: Siembra de concreto, cosecha de ira (2010, Mención de Honor del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2011); y No habrá recreo. contra-reforma constitucional y desobediencia magisterial (2013). Con su libro Hermanos en Armas: políticas comunitarias y autodefensas (2014) obtuvo una nueva Mención de Honor en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015.

 

- Roger Landa: Lic. en Filosofía, miembro de la Secretaría Operativa de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad.

 

Serie: Visiones desde nuestra América n° 14 (Septiembre-Octubre 2015)

Fuente Digital: http://www.humanidadenred.org.ve/?p=1222

https://www.alainet.org/es/articulo/172940

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