Distr. GENERAL

E/CN.4/2003/NGO/197

de febrero de 2003

ESPAÑOL SOLAMENTE

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

59º período de sesiones

Tema 12 del programa provisional

Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género:

La violencia contra la mujer

Exposición presentada por escrito por la Asociación Americana de Juristas, organización no Gubernamental reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General  ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social

[3 de febrero de 2003]

La pobreza como violencia estructural.

El papel de la mujer en la erradicación de la pobreza

I. La cuestión de la pobreza tiene poco que ver con el ingreso medio de cada país. Estados Unidos, por ejemplo, tiene el más alto ingreso per capita medido en términos de poder adquisitivo, pero tiene también los más altos niveles de pobreza entre los 17 países más industrializados (el 16,5 %) mientras Suecia, que ocupa el 13er lugar en poder adquisitivo, tiene el menor índice de pobreza.[1]

Brasil, que es uno de los países con potencial industrial y agrícola más importante en América Latina, tiene casi un tercio de su población (90 millones sobre un total de 224 millones) que vive en estado de pobreza extrema, pues su ingreso per capita es de 30 dólares mensuales, cantidad insuficiente para alimentarse. Brasil tiene una disparidad de bienes entre los más ricos y los más pobres de las más altas del mundo y el mayor índice de niños abandonados en América Latina. Algunos autores consideran a América Latina como la región más desigual del mundo, pues poseyendo fuertes ingresos y contando con recursos naturales abundantes, no habiendo sufrido grandes guerras como muchos países de Africa o ciertas regiones de Asia, sufre en cambio un incontenible avance de la pobreza. Según Kliksberg. Coordinador general de la Iniciativa Interamericana de Capital Social y Eticas del BID, en el año 2000 la cantidad de pobres en América Latina era superior a la de 1980, situación atribuible a una acelerada concentración de la riqueza.

En esta región, se estima que el 20% de las familias son monoparentales, con una mujer como jefa de familia y única fuente de ingresos. Ellas sufren tensiones extremas por falta de recursos para alimentar o hacer sobrevivir a sus hijos, a quienes defienden con gran coraje pero en condiciones durísimas. Para ese fin, las mujeres han tomado sobre sus espaldas todas las tareas relacionadas con la producción de ingresos que se suman a las de subsistencia, cuidado y asistencia a los miembros dependientes de la familia. En muchos casos, no logran evitar que sus familiares caigan en la delincuencia y en el consumo o tráfico de drogas, una de cuyas causas es la desarticulación de la familia, del mismo modo que lo son las desigualdades en la distribución de la riqueza, la falta de educación y de perspectivas de vida, la violencia exterior y la violencia en el seno de la familia y una tendencia de la sociedad a considerar que el lucro de las empresas debe tener prioridad sobre los factores humanos.

II. Sin embargo, existen estudios que ponen de relieve que “a pesar de las desventajas innegables de la mujer en materia de propiedad, ingresos, crédito y acceso a la tierra… los niños de los hogares en que las mujeres controlan el gasto están mejor alimentados, gozan de una salud mejor y tienen más posibilidades de supervivencia”[2] A la misma conclusión han llegado otros estudios realizados en Jamaica, Kenia, Malawi, Costa de Marfil y Guatemala.[3]

III. La pobreza es una forma estructural de violencia . Y la mujer es una de las víctimas principales de la pobreza, junto con los niños, los ancianos, los discapacitados y todos los grupos vulnerables de la sociedad. Es una de las víctimas principales de la pobreza por diversas razones: 1. Cuando tiene empleo, recibe salarios menores por el mismo trabajo; 2. Sufre la desocupación y la marginalización más que el hombre; 3. Asume con más ahinco el papel de conservadora de la familia, en particular de sus hijos y otros dependientes, y su responsabilidad se ha agravado a causa del aumento de las familias monoparentales; 4. Es víctima de la violencia familiar y social, que se descarga  sobre los más débiles, y también de la violencia derivada de la falta de recursos para la subsistencia; 5. Sufre directamente y en sus hijos y su familia la disminución del gasto social, que se manifiesta en falta de recursos para la educación, la salud y los programas de nutrición en escuelas, guarderías, para las embarazadas. El gasto social constituía una ayuda importante en el pasado, antes que las políticas del Estado de Bienestar fueran reemplazadas por las políticas crudamente liberales e inhumanas propiciadas por las grandes empresas transnacionales y los países más poderosos, aplicadas de manera inmisericorde en la gran mayoría de países del mundo.          

IV. La disminución del gasto social está en relación directa con las políticas de distribución de la riqueza, pues el gasto social es una forma de atemperar las injusticias en dicha distribución y aliviar la situación de los más desfavorecidos. Los servicios de alimentación, salud y educación proporcionados por el Estado permiten que los pobres tengan acceso a esos servicios y les asegura el goce de derechos humanos que, por la vía privada, no están a su alcance. Son los Estados quienes deciden la aplicación de esas políticas, a menudo por imposición de los nuevos poderes regionales, como ciertas instituciones europeas, que fuerzan a los Estados a aceptar políticas de corte neoliberal y aplican sanciones a los países que se resisten  a poner en práctica sus directivas.[4] En esta materia, las decisiones más importantes de los grupos regionales son tomadas por instituciones que no tienen carácter electivo ni son representativas, sino que son nombradas en conciliábulos privados en los que las grandes empresas y capitales transnacionales tienen una influencia definitoria.

La disminución creciente del gasto social, evidente en todo el mundo, incluidos los países más desarrollados, ha contribuido a agravar la situación de la mujer. Los servicios que antes eran proporcionados por el Estado han sido entregados a empresas privadas que los manejan con fines de lucro y no como servicios públicos. De ese modo, la salud, la educación, las pensiones, son cada vez más el privilegio de quienes tienen empleo o bienes para solventar los gastos, mientras los pobres, particularmente las mujeres, son excluidos del goce de derechos humanos fundamentales. En general, las políticas neoliberales han hecho desaparecer la noción de servicio público, pues existe una contradicción entre ese tipo de servicios y el lucro privado. La noción de interés público ha sido extirpada de la sociedad de mercado en que vivimos, en la que el beneficio de las empresas cuenta más que la vida de las personas. Escuelas, guarderías infantiles, oficinas de correo, líneas de transporte que antes eran subvencionadas o sostenidas por el Estado han sido suprimidas o entregadas a manos privadas, con perjuicio de las comunidades que las utilizaban.

V. Todos los países del mundo han disminuido el gasto social. La ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, una de las pioneras de las políticas neoliberales, redujo drásticamente el gasto social llevando su porcentaje en relación con el PNB de 6.5 en el período 1960-75 a 2.6 en el período 1980-85.[5]

Todos los demás países lo hicieron también. En América Latina Pinochet, inspirado en Milton Friedman y asesorado por los “Chicago boys”, fue el primero en aplicar con determinación una supresión creciente del gasto social.

Un estudio publicado por el UNRISD para la Cumbre Mundial del Desarrollo Social de 1994 [6] dice que Chile pasó de un esquema estatal a otro privado y que todo el sistema de pensiones fue entregado a empresas privadas que lo gestionan sobre la base de aportes individuales. Ese sistema requirió, en los hechos, amplios subsidios públicos, con lo que, en definitiva, se trata de un sistema privado subsidiado, cuyos costos parecen ser excesivamente altos. Hoy podemos agregar que los altos costos y los subsidios no han impedido que el sistema se encuentre actualmente en crisis. En resumen, los fondos que antes eran destinados a pagar directamente las pensiones son actualmente asignados a asegurar el lucro de las empresas.Son pocos los empleados que pueden acogerse a tales sistemas, que sólo cubren a la fuerza de trabajo más privilegiada y estable, pero son, en lo esencial, inaccesibles para los trabajadores informales, mucho menos para los desempleados. Los sistemas de salud estatales han sido igualmente sometidos a la privatización con idénticos resultados. Esto significa que las políticas aplicadas han profundizado las diferencias en la distribución de las riquezas y agravado la situación de los más pobres.

VI. Como víctimas de la agudización de la pobreza, las mujeres tienen un papel importante que cumplir. Este papel no es el de reemplazar la falta de acción del Estado con su propio trabajo, que es lo que sucede en los hechos, porque ello equivale a agravar la explotación del trabajo no remunerado de la mujer. Su papel debe elevarse por encima de la esclavitud a que la somete la pobreza y la extrema pobreza, tomando las decisiones que le conciernen a ellas y a su comunidad mediante todas las formas posibles de reparación de la injusticia y de producción de recursos, por ejemplo, eliminando  intermediarios en el proceso de producción. Como ejemplo de esto último la AAJ desea citar las numerosas fábricas abandonadas por sus propietarios o en situación de quiebra en Argentina, que fueron tomadas por los obreros, quienes las hacen producir y están logrando equilibrar sus balances con los acreedores, al mismo tiempo que compensan con salarios más altos el trabajo del personal, gracias a la simple eliminación de los  propietarios anteriores, quienes habían llevado a la ruina dichos establecimientos. Muchas de esas fábricas están dirigidas por mujeres. También están dirigidos por mujeres los movimientos que se hacen cargo de construcciones abandonadas por sus propietarios para dar alojamiento a numerosas familias sin techo.