Traía ya su pregunta preparada, por eso llegadito al aeropuerto de El Alto me la lanzó a rajatabla: ¿por qué Bolivia no está en guerra?... Especializado en una rarísima experticia, la de corresponsal de guerra, este amigo es conocido por su olfato para asentar sus escritos y eternizar sus fotografías en situaciones que parecen sacadas de la ficción, como los entuertos de Bosnia, los genocidios africanos o la invasión a Irak. Por ello sólo atiné a responderle con otra pregunta: ¿qué es lo que te trae a Bolivia si no estamos en guerra? Tampoco quiso responder, y mientras iniciamos la caminata hasta la ciudad de La Paz empezó su ejercicio de rutina enfocando su cámara fotográfica en actitud de ave rapaz girando en círculos sobre su presa. Como resultado de este ejercicio, en su lente empezaron a sumarse dramáticas las vistas que en nuestra cotidianeidad dejan de llamarnos la atención porque se nos naturalizan. Y entonces se congelaron para la eternidad la hilera alambrada del aeropuerto resguardada metro a metro por soldados del ejército, cobraron un matiz trágico las zanjas cavadas en el asfalto, las piedras que tapizan desordenadas el pavimento, el humo de las llantas quemadas que arañan el cielo, las bicicletas convertidas en taxis y las barandas de hierro que normalmente sirven para separar en carriles de subida y bajada la autopista que une las ciudades de El Alto y de La Paz y que dobladas desde su eje a la izquierda y la derecha ahora cumplen la función de trancas de estas vías. Definitivamente, la interpretación de la realidad depende del lente con que se la mire. Por ello las perspectivas del mundo están sujetas a curiosas paradojas. Así por ejemplo, según el presidente son minorías las que tienen en vilo el país desde hace ya tres semanas, y según los registros de los medios son por lo menos 400 mil los y las movilizados sólo en la ciudad de La Paz, número que al menos se debería septuplicar en los 90 puntos de bloqueo a lo largo del país entero. Desde la mirada sociológica las movilizaciones sociales en su expresión boliviana contemporánea son praxis de multitudes construyendo hegemonía, y desde las vistas captadas por la cámara fotográfica estas multitudes se humanizan en rostros que trasuntan sentimientos entrecruzados de ira con esperanza. Querido país, recibimos tu mensaje dentro de una botella La crisis boliviana no es una crisis casual ni aislada, es la expresión renovada de un acumulado que está buscando su derrotero cada vez más evidente en sus determinaciones y cada vez más compleja en sus soluciones. Para algunas mentes y lentes la crisis boliviana acumulada podría semejarse a la “crónica de una muerte anunciada” y a la estupidez desquiciada de sus habitantes, pero desde las miradas y voces de los que estamos dentro, lo que estamos viviendo es la crisis de un modelo de acumulación y dominación oligárquico – colonial inviable y fracasado. ¿Qué sentido tendría seguir insistiendo en el funcionamiento de un sistema que no satisface ni a sus propios gestores y que ha cansado al grado máximo a sus víctimas, los ciudadanos?, ¿qué sentido tiene insistir en un modelo de sociedad para el que no contamos sino como paisaje, o como reservorio natural, o como terreno de extracción de materias primas, o quizás incluso como un campo minado que a los países vecinos les hace suponer que pone en peligro su propia estabilidad? Bolivia está en crisis, a pesar que el comportamiento de su economía ha mostrado el 2004 un crecimiento en su PIB del 3,25%, superior al del 2003 que registró un 2,94%. Una primera pregunta ronda en el ambiente a partir de este hecho: ¿cómo se explica este crecimiento? La respuesta guarda relación con las buenas condiciones económicas del contexto internacional más que en la aplicación de políticas internas, dándose que está relacionado principalmente con la exportación del gas natural al Brasil. Sin el gas, el crecimiento llegaría apenas al 1,93%. Surge entonces, obligada, una segunda pregunta: ¿cómo se explica el descontento ciudadano con la venta del gas en un ambiente de crecimiento económico? Dos respuestas son suficientes. Una que la población mayoritaria, los pobres, no ven los efectos de este crecimiento porque no se reinvierte en políticas sociales. Y dos, porque el ingreso podría ser mucho más alto si por una parte se operara con precios más cercanos a los del mercado internacional que se mueve entre 5 y 6 dólares por millar métrico de gas mientras Bolivia le otorga solidariamente a la Argentina en 0.98; y también se incrementaría el ingreso si nos otorgáramos el derecho, como Estado, a otros procesos de la cadena productiva como la industrialización para generar valor agregado. Un tercer argumento nos demuestra que en realidad la economía se sostiene con un creciente y preocupante endeudamiento externo improductivo. En sus condiciones actuales, la crisis parece haber llegado a un límite que ya no puede seguirse moviendo en el continuum de reponer las demandas de Octubre, escucharlas, llevarlas al Parlamento, ignorarlas y retornar a la rutina de un modelo de acumulación desgastado y de un sistema de democracia representativa cuestionado. Bolivia ha llegado a un límite en cuyo contexto ha puesto en evidencia la intervención interesada de varios actores moviéndose alrededor de la dinámica de dos temas: las demandas ciudadanas contenidas en la Agenda de Octubre (recuperación estatal de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente) y en la Agenda de Enero (referéndum sobre autonomías y elección de Prefectos) Cuando octubre y enero son agendas sociales y no meses de calendario Se las ha puesto en entredicho sin que se les haya dado la oportunidad de que se den la mano. En verdad, sus únicos vínculos de entrecruzamiento han sido los medios y los poderes del Estado. Las intervenciones de los líderes de estas Agendas en programas de los medios de comunicación han estado a la par del sensacionalismo esmerado en resaltar las diferencias étnicas y sus lógicas económicas entre los habitantes aymara – quechuas de las zonas altas de Bolivia vs. la población blanca de las tierras bajas que para los medios no parecen incluir como ciudadanos a sus 30 grupos étnicos. Otro vínculo de (des)conexión han sido las intervenciones gubernamentales, las que lejos de articularlas en políticas públicas las han utilizado como argumentos para intentar desmontar la energía reivindicativa de las estrategias distintas de cada Agenda, contribuyendo a ubicarlas en espacios regionales distintos. También los parlamentarios han hecho uso de cada Agenda para marcar las diferencias de sus propuestas regionales. Resultado: dinámicas distintas en un solo país no encuentran los resquicios para articularse en una propuesta estatal que por fuerza de su propia naturaleza pluricultural y regional tiene que diseñarse diverso e intercultural. Cada agenda ha buscado estrategias de posicionamiento distintas. La dinámica de la Agenda de Octubre, ha optado por la búsqueda de su incorporación a través de la protesta social articulada a una disciplina organizativa en la que la apropiación de las demandas de la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente se ha ido convirtiendo en mitología y en ideología con un fuerte acento de empoderamiento y apropiación étnica nacionalista. Por su parte, el recorrido de la Agenda de Enero ha sido más institucional en la medida que su estrategia se basa en la exaltación emotiva del sentimiento reivindicativo de las autonomías, y después de una demostración de la fuerza de su movilización, sigue el camino constitucional de la recolección de firmas y de la solicitud al Parlamento para la promulgación de leyes sobre las autonomías y sobre la elección de prefectos. Como la resolución de ambos procesos tiene como punto de llegada el Poder Legislativo, con un Parlamento que no supo –hasta ahora- ponerse a la altura de los grandes desafíos nacionales ni de los mecanismos de la democracia representativa, los estrategas de ambas Agendas se ven en la obligación de negociar su aprobación desde sus particulares formas de presión: la Agenda de Octubre presiona mediante la protesta social con marchas y bloqueos, y la Agenda de Enero ha puesto como una espada de Damocles sobre la cabeza de los parlamentarios su declaración de Autoconvocatoria al Referéndum sobre las Autonomías para el 12 de agosto. Ambos tienen la misma contundencia sobre la democracia, a la que se la está obligando a moverse en sus límites, la primera en los de la violencia, y la segunda en los de la (i)legalidad. Las Agendas de Octubre y Enero, a pesar de su alta y particular representatividad no están exentas de problemas en su estructuración. Así, mientras Octubre es en esencia un movimiento de los pobres, incluidos los de las tierras bajas, Enero es todavía una apropiación regional con fuerte ascendencia de los grupos oligárquicos. Esta misma característica lleva a que ambas sean juzgadas con un particular estereotipo, la de Octubre con marca aymara alteña, y la segunda con la marca croata de los líderes del movimiento cívico cruceño. Obviamente que ambos estereotipos expresan un reduccionismo facilista, pero así mismo se han convertido en un recurso discursivo que se hace slogan descalificador. A la par de esta retrógrada interpretación de fanatismo racista, están tipificadas las acciones xenofóbicas de lado y lado, hay fundamentalismo racista creciente en los indígenas de las tierras altas que en el fondo de sus demandas saben que está contenida su revancha histórica; y por su parte, el fundamentalismo oriental ha reactivado la acción violenta de la Juventud Cruceñista. En los liderazgos de la Agenda de Octubre se han incrustado excentricidades que llevan a propuestas como un golpe de estado civil – militar patriótico, o la declaratoria de la independencia de la ciudad de El Alto en la Asamblea Nacional Originaria; por su parte, la Agenda de Enero tiene uno de sus focos pensantes en los ideólogos de la denominada Nación Camba que demuestra su intención independista y separatista antes que autonomista, o mejor dicho, que define su autonomismo a partir de coordenadas racistas. Por lo expuesto se puede colegir primero que ni en las tierras altas ni en las bajas los movimientos son homogéneos. En las altas la mayor desarticulación es política, en la medida por ejemplo que líderes de organizaciones sindicales y vecinales se mueven en los límites de la democracia sin dudar en rasgarla, mientras que el MAS, liderizado por Evo Morales busca legitimarse en los marcos constitucionales; en medio, la población mayoritaria tiene fija en la mente el mensaje central de la Agenda: la nacionalización de los hidrocarburos como cuestión de soberanía, y la Asamblea Constituyente como factor de autodeterminación. En las tierras bajas, a su vez, un problema irresuelto es el de la revisión de la Ley de Acceso a la Tierra con nuevas formas de redistribución de las tierras y de inclusión de los territorios indígenas, las demandas generadas en torno a este tema han llevado al fortalecimiento político de los latifundistas, los que junto con la oligarquía agroindustrial y petrolera copan las organizaciones cívicas de Santa Cruz, haciendo de las autonomías más que una demanda una religión. Habiéndose los partidos políticos vaciado de proyecto social y de contenido ideológico, Octubre y Enero son Agendas que desde la diversidad le están regalando al país la posibilidad de un diseño administrativo y legal cualitativamente distinto, con integración antes que con disgregaciones. De parlamentarios, presidentes y prescindentes El mes de mayo el Parlamento promulga una Ley de Hidrocarburos que legitima el inmediatismo de las políticas del “exportar o morir”, y que se encoge a las posibilidades estrechas del realismo que da el ambiente de miedo que ha generalizado la idea de que las transnacionales nos someterían a sanciones por incumplimiento de contratos si pretendemos avanzar en medidas de soberanía nacional. Rarísimo miedo introyectado en algunas mentes decisoras de políticas cuando los contratos con las transnacionales, pese a las argucias legalistas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, son ilegales en dos sentidos: Primero porque carecen de estatuto jurídico ya que nunca fueron aprobados ni promulgados por el Parlamento. Y también porque los contratos “chutos” (ilegales) se estrellan contra el artículo 139º de la Constitución Política del Estado que sostiene que los yacimientos de hidrocarburos son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Nuevamente, Bolivia está entonces en presencia de un hecho que se somete a diferentes posibilidades de interpretación. Una posibilidad que se maneja en algunos sectores es que tenemos, como país, que saber admitir nuestros compromisos por lo que debemos buscar darles legalidad a los contratos; esto es precisamente lo que pretende la Ley aprobada el mes de mayo y esto es lo que, con una radicalidad aún mayor pretendía con su propuesta de Ley don Carlos D. Mesa. En el otro extremo está la propuesta nacionalizadora de los movimientos enlazados en la Agenda de Octubre, sentimiento que ha ido creciendo en la medida que el Estado no recoge sus aspiraciones de recuperar la propiedad y manejo de nuestros recursos. En el medio existe una gama diversa de alternativas entre las que destacan las propuestas de reversión de la Ley de Hidrocarburos, y otra más conciliadora aún de revisión de sus puntos conflictivos. Una de las más expresivas ha sido la del MAS que planteó un 50% de regalías. En ninguno de los casos se ha negado la posibilidad de establecer contratos con empresas nacionales o con transnacionales, pero bajo condiciones en las que Bolivia recupere su derecho a decidir y a beneficiarse con sus propios recursos. Como se apreciará, Bolivia podría ser sancionada por pretender conducirse con sus propias políticas, convenientes al ejercicio de su derecho colectivo al desarrollo y al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. Como se apreciará, Bolivia podría ser sancionada por su aspiración de conducir sus propios programas de desarrollo que le permitan encaminar salidas a su pobreza estructural. Entre el plano legal y el mitológico, en una democracia que se ha convertido en el espacio posible de emancipación social, ¿será que en Bolivia desconocemos algún tratado o mandamiento que en la creación del mundo estableció nuestra condena a vivir eternamente en la pobreza extrema? En el contexto de reacciones a esta realidad, con los aditamentos de las dinámicas de las Agendas de Octubre y de Enero, en los poderes del Estado se producen diversas maneras de intervención. La primera, que marcó la pauta de la reacción gubernamental a las movilizaciones sociales fue de absoluta indiferencia y de movidas tácticas prepotentes para desmoronarlas. El primer síntoma fue entonces el de un país sin gobierno porque los poderes del Estado se han mostrado ineficaces e ineptos tanto para el modelo que los entrampa como para las demandas que lo perforan. Cuando los poderes del Estado sacan la cabeza sólo confirman su atribución prepotente del poder que les da su representatividad. El Parlamento no logró sesionar y los parlamentarios tuvieron que salir por la puerta trasera del Palacio Legislativo con fuerte resguardo policial que no se limitó en sus demostraciones represivas. El presidente Mesa descalificó siempre los movimientos, e hizo esfuerzos ya no sólo por cambiar sus Agendas, sino también por corregir los desatinos del Parlamento lanzando un decreto conciliador, que convocaba al mismo tiempo a la Asamblea Constituyente y al Referéndum sobre las Autonomías para el mes de octubre, dejando de lado por iniciativa propia la demanda de la recuperación de los hidrocarburos. Para este momento don Carlos D. Mesa había ya perdido legitimidad, en realidad su caída comienza cuando opta por el proyecto oligárquico y se desprende de los movimientos sociales. Consecuente con su actitud de pretender acomodar el dinamismo del país a sus principios personales, y argumentando una actitud de desprendimiento con el país, Mesa opta por el camino de renunciar a la presidencia, sin imaginarse, talvez, que esta medida no sólo define un vacío de poder, sino especialmente una demostración de que todos los posibles presidentes, incluido él, y todos los poderes del Estado son prescidentes. Todos los caminos conducen al Parlamento Pero intentemos indagar más allá de los hechos que se suceden en este tema que hace que la renuncia se convierta en estos momentos en el tema central de resolución del conflicto, poniéndose los temas de las Agendas en receso en el debate mediático y en las negociaciones políticas, aunque nunca dejaron de estar presentes en las demandas de la protesta social y del autonomismo. Argumentando que la ciudad de La Paz, sede de gobierno, no ofrece garantías para las sesiones parlamentarias, optan por reunirse en Sucre, la capital de Bolivia, que vuelve a ser un punto de trascendencia histórica donde se han volcado las miradas del país y donde se han trasladado los decisores del trance político que estamos viviendo. Además de los parlamentarios, periodistas de todos los medios, líderes de todas las organizaciones sociales, y campesinos y mineros de las poblaciones cercanas se trasladan a la capital para una vigilia alrededor de la Casa de la Libertad, donde la sesión congresal que estamos esperando será, sin duda, una de las más importantes en la historia boliviana. Algunos de los actores de la Agenda de Octubre conjuntamente con el MAS, que en el camino se sumaron al pedido de salida de Carlos Mesa, siendo que en principio planteaban el adelanto de elecciones pero con Carlos D. Mesa como presidente, mantienen su presión por el siguiente proceso en el marco permisible de la Constitución: primero, se acepta la renuncia de Carlos Mesa; automáticamente asume el presidente del Senado don Hormando Vaca Diez de quien se espera que renuncie a esta investidura; enseguida asume el presidente de Diputados don Mario Cossío de quien también se espera su renuncia; por descarte queda entonces en la presidencia don Eduardo Rodríguez presidente de la Corte Suprema de Justicia, con la única misión de convocar en el plazo de tres meses a elecciones generales. Esta misma posición es asumida por el presidente Carlos D. Mesa, quien en su última intervención pública exhortó a don Hormando Vaca Diez a renunciar a su sucesión presidencial. La coincidente propuesta MASista y mesista tiene además en común que si se produce esta posibilidad, todo queda en receso; es decir, que ni la Asamblea Constituyente, ni la revisión o reversión de la Ley de Hidrocarburos, ni el Referéndum sobre las Autonomías se efectuarían antes de la realización del nuevo proceso electoral. Un matiz de diferencia en esta posibilidad, radica en que mientras para algunos constitucionalistas la elección es parcial, sólo para Presidente y Vicepresidente, en la aspiración popular la renovación debería ser general, es decir, también para los parlamentarios. Otra corriente descarta la posibilidad del adelanto de la convocatoria a elecciones y se aferra a la posibilidad, también constitucional, de la sucesión presidencial. Esto quiere decir que el nuevo Presidente de la República podría ser don Hormando Vaca Diez. ¿Cuáles son los intereses que están por detrás de esta posibilidad que recae en el presidente del Congreso Legislativo, que es además militante de un partido tradicional que co-gobernó con Sánchez de Lozada, y también es miembro de la brigada parlamentaria de Santa Cruz? En estas mismas afiliaciones están contenidas las respuestas. La oligarquía cruceña está empeñada en realizar su proceso autonomista el 12 de agosto, para canalizar consensos en torno a una pregunta que se interroga sobre las facultades regionales para decidir sobre sus recursos naturales, siendo que estos, de propiedad estatal, no son enajenables. Con un sentido autonomista de esta naturaleza, no son necesarias ya entonces ni una nueva Constitución ni otra Ley de Hidrocarburos, ni nuevas elecciones. Otra corriente de opinión, dadas las condiciones no sólo de un posible empate dentro del Parlamento, sino especialmente por las características de la presión que tiende a desbordarse, o desde el otro lado de las medidas de seguridad que apuntan a endurecerse, no descarta la posibilidad que no se le acepte la renuncia a don Carlos D. Mesa y que siga gobernando para dar curso a una resolución compartida de las demandas contenidas en las Agendas. Aún existen otras dos corrientes más. Una insertada en las movilizaciones sociales ganando adhesiones especialmente en la ciudad de El Alto por su independencia y el pedido de ¡que se vayan todos!, a cambio de alternativas de poder popular. Está también flotando en el ambiente la posibilidad de medidas de fuerza, con intervención nacional e internacional, lo que podría derivar en un estado de sitio y en un inimaginable e indeseable mar de violencia. Una corriente más, que fue calificada como la de las “minorías silenciosas”, aparece como la víctima de estos procesos que ocupan la ciudad sin incorporar a sus habitantes. Las vecinas y los vecinos de las ciudades de La Paz y El Alto han conformado sus Comités de Autodefensa pero con el claro sentido de cuidar la atención de servicios básicos en poblaciones que están ya con carencia de gas, pan, carne, transporte. En una de las paradojas más curiosas de esta historia, estas minorías silenciosas que defienden su subsistencia, no dejan de sumarse a las movilizaciones sociales, permanentemente con muestras de solidaridad, y cada vez más compartiendo las trincheras donde están afincadas las esperanzas porque las políticas de Estado recojan las aspiraciones ciudadanas. Un último actor, que apareció casi al final del proceso, es la Iglesia Católica, convocada por todos los frentes para una acción mediadora. Encaró un diálogo particularizado con cada una de las partes, no logró un diálogo entre las partes, concentró la mirada esperanzada de la ciudadanía y concluyó procesualmente en algunas recomendaciones. La primera solicitando a los movimientos sociales que se levanten para quitar la presión que ejercen en las decisiones del Parlamento. Curiosamente, esta recomendación, que lanza inmediatamente después de su reunión con los tres poderes del Estado, no se extiende a la presión institucional oligárquica de mantener la fecha anticipada del referéndum autonómico. En uno de sus puntos más importantes concluye en que el adelanto a elecciones es la mejor alternativa en estos momentos porque permitiría bajar la presión social y volver al diálogo para retomar en mejores condiciones la definición sobre los temas de las Agendas. Destruyamos todo lo que queda / construyamos todo lo que falta Dependiendo del lente con que se la mire, con estos antecedentes Bolivia podría estar o en las puertas del infierno desmembrador de su territorio con intervención violenta a sus movimientos sociales, o podría encontrarse en los albores de una construcción positiva de su integridad. Puesta la pelota en la cancha de los parlamentarios, por su propio comportamiento histórico y por el contexto que está rodeando a la sesión de Congreso más importante de la historia contemporánea de Bolivia, solamente podemos decir que todo puede ser posible. Entre estas posibilidades, hay algunas que dan motivos para la esperanza si sabemos quitarnos la lógica de imponer agendas y optamos por el camino de encontrar los puntos de convergencia. En la situación límite que estamos viviendo, los motivos de la esperanza no tienen más alternativas que una salida pactada con un acuerdo nacional mínimo que condense la Convocatoria a Referéndum sobre las Autonomías, la Convocatoria a Asamblea Constituyente, y un Referéndum sobre la Nacionalización de los Hidrocarburos, en un plazo racional y suficiente, no importando quién sea el presidente, pero sí garantizando un estricto control social sobre el desempeño de las políticas del Estado. Respaldando la mediación de la Iglesia, es importante la unidad nacional por el rechazo a toda forma de intervención violenta, sea ésta de origen militar, de la estupidez fundamentalista incrustada en las demandas separatistas e independentistas, o desde la irresponsabilidad de algunos medios nacionales e internacionales que han fomentado con su sensacionalismo los desencuentros y las intolerancias. En este ambiente de vigilia, y con la ilusión puesta en una solución viable, con la esperanza puesta en que los límites de tolerancia de la democracia no se desborden, con los sonidos de los petardos de dinamita alrededor de la sala de redacción desde la que escribo, desde los testimonios ciudadanos expresados en la radio que me acompaña, emocionado por las banderas blancas que se combinan con la tricolor de nuestra Bolivia, desde la profundidad de la música que como nunca gana mi corazón enseñándome el gigantesco orgullo de ser boliviano, me animo a responderle a mi amigo, el reportero de guerra, que Bolivia no está ni va a estar en guerra porque este es un pueblo que como pocos ama la paz, porque estar de pié construyéndose un país más inclusivo y más justo no es desde ninguna perspectiva manifestación de violencia sino una forma de perfeccionamiento de nuestra democracia, la de Bolivia y la de los pueblos cuyas historias están también señalándonos el camino de que otro mundo es posible. - Adalid Contreras Baspineiro es sociólogo y comunicólogo boliviano