Más allá de la letra menuda de los contratos, de sus adendums y de las astucias para sacar la mayor ventaja posible de estas circunstancias está el hecho de que al mercantilizar el derecho al agua se genera toda una cadena de vulneración de derechos humanos como nos los recuerda la experiencia de una humilde mujer cochabambina: "un servicio privatizado afecta a nuestra economía familiar y acaba siendo un negocio turbio en manos de pocos". "Los bolivianos vamos a tener que pagar 25 millones de dólares por la salida de Aguas del Tunari. "El país está a punto de perder"... "no le vemos mucha salida"... "no respetar la seguridad jurídica tiene consecuencias no sólo para un sector del país, sino para todos los bolivianos y eso lo vamos a sufrir en breves semanas en el caso señalado". (Conferencia de Prensa Ministro José Galindo, 19 de Noviembre, Los Tiempos, 20/11/04) Las declaraciones del Ministro de la Presidencia son absolutamente cuestionables tratándose de un funcionario de gobierno que debería en primer lugar defender nuestros derechos ante el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) del Banco Mundial y ante el mundo entero. El Ministro, demasiado enfático y categórico sobre la amenaza de perder el juicio con la empresa BECHTEL, hizo estas declaraciones hace algunas semanas a sabiendas de que el juicio aún no está en una fase definitiva, suponemos que para atemorizar a las organizaciones sociales de El Alto sobre sus demandas en torno a Aguas del Illimani pero también, y "de taquito", para referirse a los contenidos de la Ley de Hidrocarburos en relación a las inversiones de las transnacionales y señalar que no aprobemos una ley que cuestione su poder en este país. ¿Cuál es el interés del Ministro en colocar las cosas entre la espada y la pared? Pongamos las cosas más claras y recordemos que Aguas del Tunari nos demanda por $US. 25 millones a pesar de que no invirtió más de medio millón de dólares en su estadía en Bolivia. Es lo que "esperaba" ganar en un contrato de 40 años. Nos demanda por sus "expectativas de lucro futuro" o la "expropiación de ganancias futuras" que es válido según la "seguridad jurídica" instaurada para favorecer a las grandes empresas en el mundo a expensas –cuando se pueda- de los presupuestos públicos. Pero, ¿es justa la demanda de esta transnacional? Aguas del Tunari es un consorcio conformado por varias empresas, entre ellas cuatro pequeñas socias bolivianas y una española, todas lideradas por la norteamericana Bechtel, sin embargo el juicio está planteado como si se tratara de una empresa holandesa. ¿Cuánto de holandesa tiene Aguas del Tunari? Nada. Y Bechtel que lidera la demanda ante el CIADI es más nortemericana que la comida chatarra; se trata de una transnacional muy poderosa vinculada a círculos de poder norteamericanos dedicada actualmente, entre otras cosas, al negocio de la "reconstrucción" de Irak. Esta empresa en los pocos meses que estuvo a cargo del servicio, no realizó inversiones, incrementó las tarifas entre un 40% y un 300% y en su afán de lucro creó las condiciones para un conflicto social de grandes magnitudes que no sólo afectó los derechos al agua de usuarios y regantes de la región, sino que posibilitó una intervención militar que mantuvo en vilo a todo el país, dejó como saldo un joven muerto, decenas de heridos y varios detenidos en Cochabamba. Bechtel, conociendo y sacando ventaja de los recursos de la "seguridad jurídica" a la que con tanta pompa se refiere el Ministro, cambió su dirección legal de las Islas Caimán a Holanda a fines de 1999, cuando ya había firmado el contrato de concesión con el Estado boliviano, bajo la aquiescencia cómplice de la Superintendencia de Saneamiento Básico. Este "traslado" ilegal fue para ampararse en un Tratado Bilateral de Inversiones que tiene Bolivia con Holanda, y ahora nos demanda ante el Banco Mundial como empresa holandesa (!!). Como se ve, su demanda ante el CIADI es totalmente inmoral e injusta y vulnera los derechos de un país pobre que tiene menos de la mitad de ingresos anuales que esta empresa y que si dispusiera libremente de esos 25 millones podría resolver una parte importante de las necesidades de agua y saneamiento básico al menos en Cochabamba. Igualmente cuestionable es el papel del Banco Mundial que condicionó al gobierno a privatizar el agua en Cochabamba, es co-responsable del conflicto social generado, y ahora hace de juez y parte acogiendo la demanda interpuesta por Bechtel contra Bolivia en un Panel de Arbitraje donde la sociedad civil no tiene un lugar para defenderse o dar testimonio de lo ocurrido pues este panel de arbitraje está conformado por un representante designado por la empresa, uno del Banco Mundial y un representante del gobierno boliviano (que ya vemos cómo nos está defendiendo). El gobierno debería saber que incluso ciudadanos y ciudadanas norteamericanas activistas por los derechos humanos han tenido el valor de protestar ante las puertas del CIADI por esta agresión de Bechtel contra Bolivia, y han invitado públicamente a los miembros del CIADI a conversar sobre la pobreza en nuestro país para desanimarlos de aceptar la demanda de Bechtel; qué confianza podemos tener en gobernantes que no dudan en enlodar la imagen del país a fin de hacer sonar los sables contra la amenaza que les representa la necesidad de soberanía y justicia instalada en los corazones bolivianos y que señalan los serios problemas a los que ha llevado la privatización de nuestros servicios y de nuestros recursos naturales. Pero el ministro no deja de sorprendernos porque va aún más allá y nos dice: "Ahora, ¿debemos pagar todos los bolivianos esa suma de dinero por no haber respetado la estabilidad jurídica del país, deben pagar todos los del Departamento de Cochabamba que decidieron echar a esa compañía o hacer un juicio para establecer responsabilidades?" Según él somos los y las bolivianas quienes debemos pelearnos entre nosotros para ver quién es el culpable y hasta deberíamos hacer un juicio interno para determinar quién debe pagar la demanda ¡Por favor!, es una forma burda de criminalizar la protesta social. Quienes deberían ir a juicio son los que han firmado semejante contrato usurpando las fuentes de agua de la población indígena de la región, quienes han adjudicado el contrato a Aguas del Tunari a pesar de que en la licitación no se presentó otra empresa para que sea una verdadera licitación, quienes se hicieron de la vista gorda cuando Aguas del Tunari cambió ilegalmente su dirección para ampararse en el Tratado Bilateral de Inversiones con Holanda. A quienes debemos condenar es a las autoridades que firman contratos que someten a la población boliviana y en especial a la más pobre y humilde a no tener agua a menos que la pague con creces, con tarifas indexadas al dólar, con tasas de retorno millonarias a favor de las empresas. Entonces esa supuesta "seguridad jurídica" a la que tanto se hace mención vulnera nuestros derechos y nuestra dignidad y quienes la invocan con tanta pompa y falta de criterio ofenden nuestra inteligencia. Más allá de la letra menuda de los contratos, de sus adendums y de las astucias para sacar la mayor ventaja posible de estas circunstancias está el hecho de que al mercantilizar el derecho al agua se genera toda una cadena de vulneración de derechos humanos como nos los recuerda la experiencia de una humilde mujer cochabambina: "un servicio privatizado afecta a nuestra economía familiar y acaba siendo un negocio turbio en manos de pocos". Se dice que Bolivia ha gastado ya más de un millón de dólares de sus fondos públicos sólo en costos de abogados y traslados al CIADI en Washington, es decir más de lo que esa empresa ha gastado en Bolivia. El gobierno boliviano es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las NNUU, que ha afirmado que el agua –que es una condición para la realización de otros derechos humanos- "tiene que ser tratada como un bien social y cultural y no en primer lugar como un bien económico" (...) "es una condición para la realización de otros derechos" (Comité de las NNUU para los DESC, 27 de Nov. 2002). Esperemos que sean estos acuerdos, y no otros, los que rijan la conducta y la ética de nuestros gobernantes cuando se trate de considerar y enfrentar los conflictos que estén relacionados con el derecho humano al agua y al saneamiento. * Elizabeth Peredo. Fundación Solon.