Colombia

Petro, a través de mis gafas

Octavio Quintero

23/01/2014

Opinión

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La predominante clase de opinión nacional considera que la defensa emprendida por el alcalde Petro en su caso de destitución e inhabilidad política le viene haciendo un daño enorme a las instituciones y a la tradición jurídica de Colombia.

O sea, si entendemos bien, la decisión del procurador Ordoñez debe ser acatada sin chistar, con el fin de preservar como patrimonio intrínseco del país su “seguridad jurídica” que lo ha elevado a un lugar “privilegiado”.

Solo a esta preeminencia nacional se le ocurre hacer semejante afirmación en un país regido por una constitución que ha sido reformada en 38 veces en los últimos 23 años, sin contar la compulsión legislativa que en estos mismos años ha pasado por el Congreso, ni las incalculables disposiciones gubernamentales en forma de decretos y resoluciones que, como se dijo hace poco, hacen de la jurisprudencia colombiana un “plato a la carta” que piden y pagan los que tienen con qué.

Resulta ofensivo que ante la realidad nacional, se nos siga diciendo que la avalancha de inversiones extranjeras sobre Colombia se debe a su estabilidad jurídica, cuando de lo que se trata es de una desnudez jurídica que provoca a los inversionistas extranjeros a que vengan a mancillar la soberanía nacional sin dejarnos siquiera su apellido paterno en forma de desarrollo empresarial y generación de empleo. Todo lo contrario: han arrasado con la incipiente empresa nacional, y reducido el empleo en calidad y cantidad a su mínima expresión.

El caso Petro le sirve a la predominante opinión nacional para remembrar el episodio en que Uribe quiso salir por su tercer mandato en forma consecutiva mediante un referendo que volvía a reformar la Constitución y que, según ahora se dice, aceptó su veredicto en contra, sin chistar. Eso para estos, fue un arranque de grandeza porque pudo haberse rebelado contra la decisión, ya que tenía “el respaldo de las mayorías en el Congreso y bien probable de la opinión pública”.

Quienes así se expresan, comparan el desconocimiento de un mandato popular mediante un simple acto administrativo (caso Petro), con el aprovechamiento de un mandato popular para aferrarse al poder mediante todas las formas de lucha (caso Uribe).

“Tan charros para las comparaciones”, dice el docto vulgo. Si algo va dejando de fondo este caso, más allá de que el personaje sea Petro, es el despertar de un pueblo manipulado desde antes y después de la Constitución del ’91, bajo el dudoso título de “crisol de la democracia en América”, precisamente porque ha aceptado “sin chistar” ese predominio de una clase dominante que privilegia el interés particular de unos cuantos nacionales y extranjeros, en detrimento del gran interés nacional de millones de compatriotas que a duras penas pasan raspando el obstáculo de una vida digna.

Ojalá acabara de despertar esta gente; y que también los millones de trabajadores reclamaran los derechos alcanzados en el consenso de la Constitución del ’91 que les han arrancado mediante simples actos administrativos o reformas constitucionales embadurnadas de mermelada a los congresistas… Ojalá despertaran los pensionadas y llenarán las plazas reclamando su derecho a la igualdad, desconocido mediante un insignificante incremento pensional igual a la inflación que resulta por debajo del incremento del salario mínimo, ya de por sí, miserable.

Ojalá despertaran los maestros, desnaturalizados como tales y convertidos en simples loros obligados a graduar alumnos por porcentajes y no por conocimientos; ojalá despertarán los médicos obligados por un criminal modelo sanitario a diagnosticar un cáncer en 15 minutos y recetar un ibuprofeno como remedio.

Ojalá, en fin, nos descoyundáramos de esta seguridad jurídica que solo sirve para que, a su amparo, nos hayan invadido las multinacionales con el aplauso de todos los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que les sirven de mascaron de proa.

Fin de folio/Hemos llegado antes a momentos como este del caso Petro, pero, infortunadamente, la clase proletaria no dispone de floreros como el de Llorente en 1810.

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