Bolivia

El transporte como precio y herencia del neoliberalismo

Max Murillo Mendoza

21/01/2014

Opinión

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El transporte urbano y de carga, es un conglomerado de muchos grupos (poderosos y pobres también), que se aglutinan en grupos corporativos afines y según las circunstancias y regiones. En general están comandados por grupos poderosos, que en muchos casos devienen de dictaduras militares, donde se crearon y se establecieron como corporaciones económicas fuertes. Son empresas privadas que gozan normalmente de muchos privilegios, como herencia del estado republicano. Hasta hace poco ni siquiera pagaban impuestos y entregaban facturas. Y su impunidad en sus pésimos servicios es harto conocida, con gente que no conoce de atención al cliente ni en sus básicos elementos, sólo conocen de sus ganancias y el mal trato al usuario o cliente. Estas empresas privadas no entienden que en Bolivia existe un Estado. Y que la calle o los pasillos de las ciudades pertenecen a un Estado. Nada raro y extraño, porque esa es la mentalidad normal de la llamada empresa privada en Bolivia, en general, que sólo cree que tiene impunidad para asaltar, esquilmar, robar o expropiar al Estado. Es decir al ciudadano común, al que en lo cotidiano sufre las arremetidas de esa empresa privada cuasi cavernaria, esquilmadora y poco afecta al control del Estado y de instituciones de regulación, como en cualquier país del mundo.

Los imaginarios de Estado en un país donde la costumbre era robar y engañar al Estado, siguen siendo los imaginarios de grupos corporativos como el transporte. Que se engrandecieron en la época neoliberal, por la desmantelación de las empresas estatales: Comibol, Enfe y varias empresas fabriles que se cerraron por esos decretos políticos. La población desocupada buscaba como encontrar fuentes laborales, y el transporte fue uno de los sectores al que acudieron por miles y miles. Las redes de transportistas crecieron como hormigueros, en todas las ciudades del país. Sin regulaciones, sin permisos oficiales, sin controles de calidad por parte del estado republicano, se acostumbraron al desorden, al caos cotidiano de nuestras ciudades, a la locura cotidiana, a la sobrevivencia del ciudadano en la ausencia total de respeto y mínima posibilidad de convivencia pacífica y civilizada. En esta locura llamada transporte urbano, no interesa esa crueldad hacia el pueblo, de todas las clases sociales. Porque realmente es cruel que todos los días se sufra ese tremendo descalabro y desorden, y falta de respeto a todo un país. Las amenazas, las bravuconadas, las torpezas de los dueños de esos medios de locomoción llegan a extremos de impunidad. El miedo en ese desorden funciona como reloj suizo.

La presencia de Estado tiene también como objetivo último el de ordenar, el de regular a cualquier empresa privada en función de velar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. En muchos países ricos el transporte público es estatal, precisamente para que el Estado cuide esa salud del ciudadano. En el caso de Bolivia, todavía en muchas esferas y espacios, como en el transporte, la ausencia de Estado es notoria. No se puede permitir corporaciones o agrupaciones fuera del control estatal. Como era en la época republicana. Sus resultados son claros: desorden, corrupción generalizada, descontrol, impunidad y pésimo servicio a la ciudadanía. Los dirigentes del transporte no son dirigentes sociales, son empresarios privados. Y tienen que atenerse a las consecuencias de las regulaciones del Estado. Sino pues tienen que cerrar sus empresas, si es que consideran que sus servicios no se adecuan a las regulaciones de nuestras realidades. El chantaje económico no es un argumento empresarial, sino simplemente chantaje. Ahí las soluciones a esos chantajes son elementos vitales, pues el Estado tiene que cuidar la salud de la población. Y las distintas soluciones que brinde el Estado son por supuesto bien venidas: teleféricos, buses, trenes, tranvías, etc. Todas las posibilidades que permitan y favorezcan el buen vivir del ciudadano común, tienen que ser adoptadas por la sociedad.

Los grupos corporativos violentos y casi mafiosos, que sólo defienden una manera caótica y pésima de servicio, porque sus ganancias son lo primero y no el servicio en sí mismo, ya no tienen que ser visiones normales, como en la época republicana colonial. Y la presencia de Estado debe ser la forma de regular, de ordenar y de cuidar por sobre todas las cosas la salud y el bienestar de la población. El transporte también debería ser un derecho humano, no simplemente un sector de violencia cotidiana e impunidad social y económica, en contra de la población. Y otra vez, como una constante de tragedia social, son los sectores más pobres los que sufren estas consecuencias de la empresa privada del transporte. Por supuesto que quejarse sigue siendo un tema para las calendas griegas: ¿a quién?

La Paz, 20 de enero de 2014.

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