Colombia

El tema del narcotráfico

Héctor Alonso Moreno

06/10/2013

Opinión

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El tema del narcotráfico es un fenómeno surgido en los años ochenta que ha impactado casi todas las esferas del poder en Colombia, permeando de manera particular las redes del poder político. Éste es el tercer punto de la agenda que está próximo a ser abordado en la mesa de conversaciones de paz en La Habana.

A partir del tráfico de drogas surge en Colombia de manera vertiginosa una nueva élite económica mafiosa que llega a enfrentarse al Estado mediante la violencia y disputa a algunos partidos políticos el control sobre el electorado por su penetración en la política nacional y local, desalojando sectores de la oligarquía tradicional de ramas de la actividad económica y compitiendo hegemonías con el régimen político, los aparatos del Estado, los jueces, los periodistas, la opinión pública y las instituciones. La crisis de la llamada parapolítica y el proceso 8 mil, así lo evidencian.

El narcotráfico es fuente de financiación de todos los actores armados ilegales. De allí, por ejemplo, se nutren financieramente de manera indirecta las guerrillas mediante el llamado “impuesto de gramaje”, que consiste en que cada parcela o sembrado de coca debe pagarle a las guerrillas un impuesto a cambio de garantizar su protección.“En la economía de la droga, las FARC están más cerca del cocalero que del consumidor gringo o europeo; esto a diferencia de los paramilitares y narcotraficantes, que están más cerca del consumidor que del cultivador. Y las ganancias del negocio crecen a medida que se acorta la distancia con el consumidor. Sin duda que las FARC trafican, pero nunca en la escala de los paramilitares y los narcotraficantes. No han tenido la protección política regional y nacional de estos últimos. No han entendido el asunto de las legitimidades fragmentadas que permiten a narcos y paramilitares legitimarse en unos círculos de poder inaccesibles para la guerrilla” [1]

En otros casos se ha podido comprobar que las guerrillas también utilizan la coca como moneda de intercambio en transacciones por armas y logística en general. En algunas regiones del geoconflicto existe un claro maridaje entre grandes capos de la droga y comandantes de frentes guerrilleros. El narcotráfico no sólo ha permeado el conflicto político armado y es una de sus fuentes de financiación, sino que también ha corrompido la sociedad entera. El narcotráfico fue la fuente de recursos primarios que financió y estimuló el paramilitarismo tal como se puso en evidencia a partir de la crisis política que generó el proceso ocho mil.

De tal manera que este fenómeno económico del narcotráfico deberá ser también un elemento a superar para alcanzar la paz en Colombia. Así lo han considerado en el plan de trabajo que se viene desarrollando en La Habana. Allí tendrá un importante papel que jugar, en una agenda regional, el propio Gobierno de los Estados Unidos. De allí que el narcotráfico se pone hoy día en el centro de la discusión de los diálogos de paz y en el centro de la disputa de lo que ha sido el poder económico, político e institucional que se organizó en Colombia históricamente a través del centralismo, la mafia y el bipartidismo en los últimos 40 años, y es un punto central de la política de continuidad de asistencia y apoyo financiero de cooperación internacional en materia de lucha contra el narcotráfico. La discusión sobre el tema incorporará, sin duda alguna, muchos intereses. Desde los que representan los propios cultivadores campesinos, hasta los de los grandes rentistas del negocio ilegal, nacionales e internacionales, pasando por los intereses de los Estados de la región. Es decir, es un tema del mayor interés para la comunidad nacional e internacional.

Esta discusión tiene también un elemento fundamental, y es el hecho de que producto de los acuerdos con la insurgencia, el Gobierno deberá aprovechar esta oportunidad para ampliar el debate acerca de la necesidad de legalizar la coca y profundizar en el tratamiento del asunto no como un problema policivo sino de salud pública para los consumidores. Lo anterior implica que la discusión del asunto del narcotráfico en la mesa de La Habana tendrá varias aristas.

Una será en cuanto al consumo personal. Si bien, hay consenso en no castigar a los adictos y en interpretar la ley a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad; la falta de reglamentación del Gobierno sobre el asunto da paso a que se legitime el microtráfico. Es decir, si no es penalizable la dosis mínima y se permite el consumo hasta cierto gramaje de cocaína y marihuana y no se facilita la consecución de las sustancias, entonces esa demanda que otorga el derecho al consumo mínimo tendrá que seguir surtiéndose de una oferta clandestina manejada por los jíbaros, llamada microtráfico.

Crear centros de consumo de dosis mínima en el marco de una política pública de un tratamiento clínico a la adicción, sin aprobarles el consumo controlado y el suministro gratis de la dosis mínima, poco contribuirá al éxito de la política. El Estado deberá no solo permitir como lo afirma la Corte, la demanda del consumo mínimo sino también facilitar la oferta de las dosis mínimas. Para tal efecto, deberá adquirir legalmente marihuana y cocaína, a fin de suministrarles a las personas las dosis de manera gratuita para que se sometan al tratamiento psicoterapéutico que se propone por parte del Estado y como alternativa frente a la criminalización del consumo y porte de estupefacientes.

Lo anterior no es una apología al narcotráfico. Esto se ha venido haciendo a su manera en España desde el año 2000 cuando se empezaron a crear las llamadas ‘narcosalas’. Son centros donde se suministra a los adictos un kit para que se inyecten las drogas que ellos mismos llevan bajo la supervisión de trabajadores sociales. En Holanda,en la década de los setenta despenalizó el consumo de marihuana. Portugal, desde 2001 despenalizó el porte de drogas para uso personal. Suiza, después de permitir zonas de consumo libre de drogas, hoy trata a los adictos a la heroína con metadona u otras sustancias con prescripción médica. Distribuye jeringas y tiene programas de esterilización de jeringas. En Uruguay, gobernado por Mujica, no criminaliza la dosis personal ni impone un límite específico a ese porte de drogas para el consumo propio. Este año ese gobierno legalizó una política pública en función de dejar la distribución y comercialización de marihuana en manos del Estado y quitarle el negocio al narcotráfico.

Otra arista será en cuanto a la legalización del comercio de la Coca. En este sentido el debate apenas comienza como parte de una agenda que deberá posicionarse cada día con mayor fuerza en el escenario internacional. El presidente Santos, así lo hizo saber el pasado 24 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York al manifestar que “Hay que determinar sobre bases objetivas, bases científicas, si estamos haciendo lo mejor que podemos o si existen mejores opciones para combatir con más eficacia ese flagelo”.

Debemos continuar trabajando desde la academia el asunto de la legalización de la droga con fines psicoterapéuticos, sin falsos moralismos, dotados de un gran realismo político y dentro del mejor espíritu de contribuir a darle un tratamiento de salud pública a este inmenso flagelo que todos los días gana mayores adictos entre los jóvenes de todo el mundo y por supuesto debemos seguir trabajando en las propuestas de legalización de esta economía subterránea que en Colombia representa actualmente cerca del 2% del PIB.

Héctor Alonso Moreno

Profesor asociado – Universidad del Valle

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 371

Semana del 4 al 10 de octubre de 2013

Corporación Viva la Ciudadanía

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[1] PALACIOS, Marco. Las FARC y la Paz de Colombia. Letras libres-Inestco, Instituto de Estudios Sociopolíticos Colombia plural, julio de 2008.

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