El pacto nacional por el agro
07/09/2013
- Opinión
La crisis ministerial seguida de las reveladoras cifras sobre la gestión del presidente Santos, según la última encuesta de Gallup, en la cual se desplomó la imagen favorable de un 46 al 21 por ciento, y en la que la opinión negativa del presidente alcanza la cifra de un 72 por ciento son, sin duda alguna, el primer triunfo de los paros agrarios y del descontento popular. La mayor desaprobación de los colombianos fue con el manejo del campo, que fue precisamente el tema que originó los paros y desórdenes. Esta desaprobación pasó en los últimos dos meses del 39 por ciento al 81 por ciento. Fue una caída de 42 puntos.
Lo anterior obliga al presidente Santos a convocar para el próximo 12 de septiembre un gran pacto nacional por el agro y el desarrollo rural.
Las jornadas de protesta con marchas, plantones, bloqueos, cacerolazos, y con actividades artísticas y culturales que se iniciaron el pasado lunes 19 de agosto por parte de miles de campesinos, expresan lo que el país político desconoce desde hace tantos años; es decir, las grandes angustias de los pobres del campo por la falta de políticas oficiales para el desarrollo de agro colombiano.
El presidente Juan Manuel Santos, finalmente, se vio en la obligación de tomar la decisión de afrontar el conflicto agrario para buscar una solución concertada a un tema que siendo el primer punto acordado en los diálogos de La Habana, el país no se explica aún por qué se ha demorado tanto para ser abordado en territorio colombiano con los propios voceros y protagonistas directos como son los campesinos y los productores agrícolas y agroindustriales.
Para avanzar en la solución del problema agrario es necesario reconocer que la crisis del campo se hace entonces más notoria sobre todo por la incapacidad histórica de la burguesía nacional, por adecuar el régimen agrario a las nuevas exigencias del desarrollo capitalista del país. Implementar una nueva política para el campo colombiano implica necesariamente desarrollar otras formas jurídicas de tenencia de la tierra diferente a las existentes, bajo un nuevo marco constitucional y que avancemos hacia una perspectiva del desarrollo de una nueva concepción frente a las necesidades económicas y de materia prima para el desarrollo industrial del país. Lo anterior implica dar solución a los 6 puntos de obligaciones políticas y legales básicas que exigen los campesinos y el movimiento social y popular que los respalda: la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, el acceso a la propiedad de la tierra, el reconocimiento a la territorialidad campesina, la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera, la adopción de medidas; que se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, y la inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Por su parte, es preciso recordar que el índice de Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) del DANE (2005), indicador que refleja el nivel de pobreza y miseria en las poblaciones urbanas y rurales, señala que en las regiones rurales la característica fundamental son las grandes diferencias en las condiciones del hábitat, la deficiencia al acceso y la disponibilidad de servicios públicos, agua potable y saneamiento básico, así como la baja escolaridad y las escasas posibilidades de generación de ingresos; empleo dignos, aunado a la falta de mercadeo de sus productos, de créditos blandos y el encarecimiento de los insumos agrícolas. Pese a ello, no ha existido una política pública de parte del Estado en muchos años que resuelva esta situación y por el contrario la indiferencia del Estado ha ido acompañada de la acción violencia contra los pobladores del campo quienes han sido las principales víctimas de la confrontación armada en Colombia en los últimos cincuenta años; así como lo fueron igualmente en los anteriores períodos de la violencia en Colombia de principios y mediados del siglo XX.
En el mismo sentido, los indicadores de pobreza y miseria del campo colombiano son cada vez mayores. El Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011) señala que la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema. Este mismo informe plantea, según el Índice de Ruralidad (IR), que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población, un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Éste porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones.
De allí, que el anuncio del Gobierno Nacional de convocar un gran pacto para la solución del paro agrario, es sin duda alguna, una oportunidad también para empezar de una vez por todas a discutir con los actores directos el tema que escondidamente se pactó en los diálogos de La Habana en cuanto al tema de tierras, y deberá ser el pacto por el agro el primer espacio para el ejercicio democrático de legitimación de los acuerdos en Cuba.
A la mesa de La Habana llegaron un poco más de 100 propuestas para la solución del problema agrario que fueron la expresión de una gran consulta nacional con el sector campesino coordinada por la Universidad Nacional y el programa de las Naciones Unidas que en últimas, son las propuestas que resumen el petitorio de los campesinos que hoy caminan por Colombia.
Héctor Alonso Moreno
Profesor asociado – Universidad del Valle
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 367
Semana del 6 al 12 de septiembre de 2013
Corporación Viva la Ciudadanía
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