El Estado y sus habitantes
10/09/2013
- Opinión
La pérdida de vigencia de la Cédula de Vecindad, según resolución de la Corte de Constitucionalidad, pone a prueba la capacidad institucional del Registro Nacional de las Personas (Renap) para emitir de forma inmediata las constancias para las personas que enfrentan problemas registrales en el trámite del Documento Personal de Identificación (DPI).
La sentencia de la Corte de Constitucionalidad en dicha materia, si bien es cierto, no resuelve de fondo los graves problemas de tipo registral que prevalece en el país y afecta a miles de ciudadanos y ciudadanas y sus familias, pero sí ordena al Renap que cumpla con su mandato de velar por el respeto del derecho a la identificación de todas las personas, debido a que está plenamente demostrado que quienes han acudido sistemáticamente a tramitar su documento y no lo han logrado, se debe a causas burocráticas y negligentes, imputables directamente a la administración pública. En este sentido, es una responsabilidad compartida entre las municipalidades de todo el país que tuvieron bajo su cargo los Registros Civiles y el Renap, que actualmente es el máximo ente responsable.
Subsanar los errores cometidos durante varias décadas es una responsabilidad del Estado a través de las instituciones vinculadas con el tema. Sin embargo, esta situación es nada más una evidencia de la precariedad, el poco profesionalismo y compromiso institucional a partir del cual se ha operado en las diferentes entidades del Estado y finalmente son los ciudadanos y ciudadanas quienes pagan las consecuencias, al ser limitados en el ejercicio de sus derechos humanos a nivel social, político y económico.
Garantizar certeza jurídica de la identidad de todas las personas con problemas registrales representa el mayor desafío al cual tiene que responder el Renap de manera inmediata, tomando en cuenta que la mayoría de las personas no cuenta con las posibilidades económicas para cubrir el costo de servicios notariales; para ello, es urgente que focalice la atención en los municipios y departamentos donde se concentra la mayor cantidad de personas que necesitan resolver los problemas en sus datos registrales. Especialmente de aquellos a quienes les fueron “usurpados” sus datos registrales y, por ende, su propia identidad, a raíz de la actuación irresponsable de los partidos políticos, los alcaldes que pretenden reelegirse y las consecuencias de la guerra que aún deja a muchos guatemaltecos sin documento de identidad.
La Fundación Rigoberta Menchú Tum, que se ha dedicado por varias décadas a documentar a personas que carecen de documento de identificación, puede afirmar que no hay suficientes condiciones para resolver dignamente y en el corto plazo este problema.
El Registro Nacional de las Personas tiene la gran oportunidad de impulsar un verdadero fortalecimiento institucional a nivel técnico, administrativo y jurídico, lo cual solo será posible en la medida que sus máximas autoridades hagan prevalecer la autonomía institucional y así convertirse en una institución confiable y moderna, con plena participación de todas y todos los guatemaltecos.
Rigoberta Menchú Tum
Premio Nobel de la Paz
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