Desarrollo, un derecho colectivo

22/10/2013
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Guatemala es un país que aún no encuentra las sendas del desarrollo. Sus primaveras económicas, políticas y sociales han sido cortas y fugaces que no han permitido sentar las bases para estructurar un sistema económico, político, social y digno. Esta realidad tan marcada en nuestro país, nos debe permitir discutir y debatir públicamente un modelo de desarrollo acorde a la realidad plurinacional, plurilingüe y desigual que hoy caracteriza a la sociedad guatemalteca. No es posible seguir sosteniendo un modelo de desarrollo que da privilegios a unos y oprima a las grandes mayorías que habitan este territorio.
 
Es vergonzoso tener un país con desnutrición crónica, violencia, neorracismo, y que los gobiernos de turno se hagan los desentendidos y se dediquen a invertir en campañas millonarias de comunicación cuando la realidad contradice sus discursos y las estadísticas con las que se quiere manipular a la población, creyendo que los problemas están controlados o resueltos. Con esta actitud no se resolverá nada; al contrario, se agudizan los conflictos sociales y se pierde la perspectiva de buscar un modelo de sociedad donde exista equilibrio, armonía en plenitud de vida.
 
Un camino irrenunciable para el modelo de sociedad que buscamos es contar con una democracia participativa, pero sobre todo independiente, donde los gobiernos de turno deban romper con la visión de seguir defendiendo los intereses del capital privado depredador, por encima del bien común que las guatemaltecas y guatemaltecos tenemos derecho, consagrada en la Constitución Política de la República. Es determinante, que ahora que está en discusión la aprobación del presupuesto nacional, los partidos políticos, particularmente el oficial y la oposición, prioricen inversiones públicas sociales como educación y salud, principalmente, en comunidades y municipios con niveles altos de analfabetismo, hambruna y carencia de servicios de salud.
 
En el escenario del ejercicio del poder, en el gobierno actual, no existe una actitud política de rendición de cuentas, lo cual socava cualquier avance en la democratización de las instituciones públicas y en la búsqueda de un modelo de desarrollo. Vemos con tanta desconfianza cómo el actual gobierno invierte nuestros impuestos sin alcanzar resultados positivos, como en el caso de la seguridad ciudadana, donde se han institucionalizado mecanismos de compra sin licitación, que rompen con la obligación que tiene el Estado de transparentar su gestión pública y cumplir con lo establecido en la ley.
 
Tenemos que seguir insistiendo en un nuevo modelo de desarrollo que ponga por encima de todo, el respeto a la vida y la dignidad de las personas, que incluye también el respeto de los elementos más preciados que sostienen la vida, como la tierra y el agua, que hoy los pueblos indígenas defendemos en las cuatro latitudes del territorio porque entendemos que sin estos elementos no hay posibilidad de vida. Que el dominio de una visión estrecha en busca de ventajas económicas y ganancias no debe sacrificar el bien común, al cual todas y todos tenemos derecho y por eso lo seguimos exigiendo.
 
Rigoberta Menchú Tum
Premio Nobel de la Paz
 
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