(Re)militarización y revisionismo histórico

27/07/2013
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Viniendo de Oaxaca, después de varios días de viaje en Guatemala, el miércoles 24 de Julio nos sentimos por fin a gusto. Por supuesto la bienvenida que nos dio la Comunidad 29 Diciembre tuvo que ver con esta emoción, pero lo que nos hizo sentir como en casa fue la sensación de estar “bajo control”, transmitida por el helicóptero que alrededor de las 9 de la tarde nos paso arriba de las cabezas. La verdad es que no sabemos ni el tipo de helicóptero ni si pertenecía a alguna fuerza armada, a lo mejor no, talvez algún turista estaba disfrutando de los cielos estrellados de Zaragoza, pero “hogar dulce hogar” fue el pensamiento de tod@s. Porque, de hecho, el Estado de Oaxaca y el Departamento de Chimaltenango tienen varios aspectos en común, como a final de cuenta los países de México y Guatemala. Desigualdad social, despojo de tierras para la realización de megaproyectos, racismo hacia los pueblos indígenas, explotación y marginalización de los migrantes y feminicidios son al orden del día en ambos países, además de una violencia sangrienta que golpea transversalmente cada sector de la sociedad y que se vuelve excusa perfecta para perseguir los líderes de la protesta social y llenar las cárceles de presos políticos. A pesar de la cantidad de militares y policías diseminados en todo el país, de hecho, el número de los crímenes en Guatemala, considerado el tamaño del país, es impresionante: en el primero semestre 2013 se cometieron 2266 homicidios con arma de fuego, 261 con arma blanca, 81 estrangulamientos, 14 linchamientos y 21 desmembramientos, a los que se deben sumar las 200 denuncias diarias de extorsión. Evidentemente el esquema del pacto “Paz, Seguridad y Justicia” lanzado por el gobierno de Pérez Molina y destinado a una actividad de seguridad pública civil “pero diseñado con mentalidad militar[1]”, no cumple con el compromiso asumido, a menos que los 274 crímenes más con respecto al mismo periodo de 2012 sean considerados un logro.
 
Sin embrago desde al menos tres años varias asociaciones sindicales y campesinas, juntas a organizaciones de derechos humanos, intentan llamar el atención sobre la remilitarización de un país que a nivel internacional hizo del “nunca más” un lema constante. Remilitarización que hoy en día ya no es un riesgo sino un hecho y que hace preguntar a quien persiguen las fuerzas armadas, si de los 2757 delitos cometidos sólo 79 homicidios con arma de fuego y 11 con arma blanca fueron perseguidos[2].
 
En 2012 la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) denunciaba que “detrás de la densa cortina de humo de la violencia delincuencial, continúan los ataques contra el movimiento social” y citaba los casos del asesor del magisterio nacional Enrique Torres asaltado el 25 de enero y fallecido el 8 de febrero, de los dirigentes sindicales Luis Ovidio Ortiz, acribillado el 24 de marzo cerca de su casa, y Manuel de Jesús Ramírez, asesinado el 1 de junio al salir de su vivienda, y de Francisco Miguel, asesinado el 1 de mayo en el marco del conflicto por la construcción de una hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango[3]. La oposición a este proyecto, rechazado por la comunidad entera, fue causa también de la detención arbitraria de diez pobladores, hecho que confirma “la persistencia en Guatemala de una violencia selectiva por motivaciones políticas y del uso de la criminalización como herramienta para acallar la protesta social”.
 
La criminalización en contra de líderes comunitarios sigue adelante, como destaca el estudio del Centro de Reflexiones Nim Poqom del marzo del presente año, señalando la muerte de dos ancianos en la Finca La Primavera de San Cristóbal Verapaz, la persecución contra lideres comunitarios en la región de Tezulután, los patrullajes de militares en la región del Polochic en Alta Verapaz y la Franja Transversal del Norte y la creación de oficinas de inteligencia en casi todas las gobernaciones departamentales, sobre todo en los departamentos considerados de mucho conflicto como Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, El Quichè y Petén[4].
 
Guatemala entonces ya está remilitarizada o mejor dicho, nunca se desmilitarizó. Y lo que hace más ruido es que la comunidad internacional, la misma que hace diez y siete años se demostró tan cuidadosa en asegurarse que los rebeldes bajaran de las montañas y firmaran los acuerdos de paz, no diga ni una palabra de denuncia en propósito, olvidando completamente que en 1996 sólo una de las facciones en lucha entregó sus armas.
 
El resultado es la presidencia del general Pérez Molina, la anulación de la condena al ex-dictador Ríos Montt y sobre todo la posibilidad del ejercito de reorganizarse sin que nadie moleste su actividad y versión de los acontecimientos ocurridos en más de treinta años de guerra civil. La creación de instituciones como la Fundación Contra el Terrorismo[5], con su voluntad de dar a conocer al mundo la verdad sobre la “farsa del genocidio en Guatemala” y su agradecimiento al “amigo Israel que nunca nos falló en las buenas y las malas”, debería dejar asombrado al mundo entero o, por lo menos, al estado de Israel que se supone un experto en la batalla contra el revisionismo histórico y la negación de genocidio. En cambio, las únicas voces que se levantan son las que nunca son escuchadas, hasta que sus denuncias no se vuelven en gritos de dolor.
 
 


[1] Carlos Vega, analista de seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales en Prensa Libre, Guatemala, Domingo 14 de julio 2013.
[2] Id.
[3] ¡No al autoritarismo del Gobierno! ¡No a la remilitarización del poder oligárquico!, Comunicado Nacional e Internacional del Comité Ejecutivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala, 15 de junio de 2012, disponible en línea en http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=ES&img=N&cod=67957
[4] Centro de Reflexiones Nim Poqom, Cuaderno para el debate: los pueblos originarios y el estado de terror, marzo 2013, disponible en línea en http://www.rebelion.org/docs/167842.pdf
https://www.alainet.org/es/active/66005
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