¿Por qué un ministro de las calidades del doctor Juan Camilo Restrepo no pudo cumplir el cometido de sacar la agricultura colombiana del estancamiento y por el contrario fue despedido por dos masivos paros campesinos?

 

La respuesta es sencilla. Se mantuvo y profundizó un modelo que conduce al marchitamiento de la agricultura nacional: el país depende cada vez más de las importaciones de productos agropecuarios y aprueba TLC tras TLC, mientras prioriza los proyectos petroleros, mineros y energéticos; el sector rector de la economía es el financiero, lo cual ha propiciado el carácter rentista y especulativo de la vida económica y ha sometido a la agricultura a los efectos de la revaluación del peso y las altas tasas de interés a la vez que se ha acrecentado la concentración de la propiedad de la tierra y consolidado el latifundio especulativo que se levanta como una muralla contra la producción agrícola.

 

La continuidad del estancamiento de la agricultura colombiana se entiende si se mira el lugar al cual ha sido relegada por el modelo económico. Los siguientes son los porcentajes del producto nacional que representaron cada uno de los sectores económicos en 2012:

 

Sector	% Total 2012	% crecimiento 2012
Financiero - Bancos	19,81	5,5
Servicios	14,98	4,9
Industria	11,97	-0,7
Comercio	11,95	4,1
Minas y petróleo	7,67	5,9
Transporte y comunicación	7,35	4,0
Construcción	6,36	3,6
Agropecuario	6,18	2,6

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

 

Como se ve, en Colombia el principal sector económico es el financiero. Fue además el segundo en crecimiento en 2012, precedido por la minería que se mantuvo en el primer lugar aunque con un ritmo menor que el registrado desde 2008 y particularmente 2011, año en que creció 14,4%.

 

 

	PIB	industrial	agropecuario	minero	bancario	construc.
2008	2,5	-1,8	2,6	7,3	5,6	-0,3
2009	0,4	-6,3	1	11,4	1,8	8,4
2010	4	2,9	1	12,3	2,9	-1,7
2011	6,6	5	2,4	14,4	7	10
2012	4	-0,7	2,6	5,9	5,5	3,6

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

 

Si la gerencia del modelo está en el sector financiero, su dinámica está en el sector minero y petrolero, en tanto que la industria otrora determinante está en plena decadencia, la construcción oscila erráticamente y la agricultura está en su letargo.

 

La fuerza de la aplanadora petrolera y minera radica su papel en el comercio exterior. Veamos cuáles fueron en orden porcentual de valor las exportaciones más importantes de Colombia en 2012 (según el DANE):

 

Petróleo	51,4%
Carbón	12,9%
Oro	5,7%
Prod. Químicos	5,6%
Café	3,2%
Flores	2,1%
Níquel	1,5%
Banano	1,4%

 

El comercio exterior del país depende ahora del petróleo y la minería. El café y las exportaciones de origen agropecuario han pasado a ser marginales, a excepción de las ilegales y con alguna dinámica de la exportación de biodiesel que sin embargo, choca con los altos costos de producción. Ha declinado radicalmente el papel del café en las exportaciones a la vez que bajó la producción de 18 millones a 7 millones de sacos la producción entre los años cafeteros 1990-1991 y 2011-2012, hasta el punto de tener que importar casi un millón de sacos para el consumo interno.

 

Alguien podría pensar que en la historia económica de un país puede ocurrir fácilmente que un sector desplace a otro, lo que lleva a paulatinos ajustes, de manera que la población se ubica en nuevos empleos y finalmente todo vuelve al “equilibrio”. Pero, no ocurre así en Colombia porque los sectores fuertes de la economía no se destacan por ofrecer empleo. La participación estimada en el empleo de los diferentes sectores, según la encuesta de hogares del DANE de febrero de 2013, es la siguiente:

 

Comercio, hoteles y restaurantes	27,6%
Agropecuario	18,3%
Servicios	18,0%
Industria	11,9%
Transporte y comunicaciones	8,5%
Oficinas, inmobiliaria y financiera	7,1%
Construcción	5,7%
Minería y petróleo	1,1%

 

El sector agropecuario relegado al octavo lugar en el producto nacional ocupa sin embargo, el segundo lugar en la generación de empleo productivo con un porcentaje que en la práctica es más alto, porque las estadísticas oficiales no consideran “productivo” el trabajo de las 1,7 millones de mujeres rurales que realizan “oficios de hogar”, trabajo que en la economía campesina está directamente articulado con la producción agropecuaria y que representa 7,6% de la población trabajando. Los paros cafeteros de 2013, fueron muestras de la contradicción entre el lugar que el modelo económico asigna a la agricultura y el pueblo dedicado a ella.

 

 

El dinámico sector de la minería y el petróleo, tiene poco que ofrecer en empleos directos. Alguien podría pensar que si genera grandes ingresos podría también generar muchos empleos indirectos al jalonar la industria, y la agricultura. Pero, no ocurre así porque el país se ha abierto a las importaciones, disminuyendo o eliminando impuestos de aduana; con la continuada revaluación del peso que hace más caros los productos colombianos que los extranjeros; firmando tratados de libre comercio. Los TLC, establecen tanto las garantías a las empresas mineras y petroleras y demás transnacionales, como la libre importación, de manera que ya se importan más de 10 millones de toneladas anuales de alimentos (maíz, trigo, cebada, soya) y otros productos de origen agropecuario (como algodón), incluido un millón de sacos de café. El único sector en que el empleo puede crecer ampliamente es el comercio, multiplicándose la economía de “Sanandresito”, con un desempleo del 11,1%.

 

Diversos analistas han señalado que simultáneamente con el auge minero petrolero, Colombia contrajo la “enfermedad holandesa” cuando un ingreso de divisas, dólares o euros, causa una avalancha de importaciones y la depresión de la producción nacional.

 

Pero, la economía colombiana padece una segunda enfermedad peor que la enfermedad chipriota. Estamos asistiendo a la grave crisis de Chipre, país que naufragó después de su ingreso mediante el crecimiento del sector financiero, ofreciendo lucros adicionales y exenciones de impuestos a los depositantes bancarios.

 

Como se vio antes, en Colombia el sector financiero se ha convertido en el principal de la economía, en detrimento del sector productivo, incluso de la minería. Una economía cada vez más sometida a la actividad especulativa y a las oscilaciones cíclicas de la economía mundial. El riesgo a largo plazo es enorme y es terrible en cuanto se refiere a la alimentación pues se ha perdido la soberanía alimentaria, se ha pasado a depender de la importación de alimentos. En cualquier año puede repetirse la situación de estanflación del 2008 cuando, en medio del alza de los precios internacionales de los alimentos, la producción agropecuaria de Colombia se redujo 1,6%, los precios de los alimentos se elevaron en 13,77%, mientras la producción industrial cayó en 1,8%.

 

El actual Gobierno no sólo tomó un nuevo rumbo sino que sigue el modelo de hipertrofia del sector financiero que entró en los servicios, especialmente en la salud por medio de las EPS y quiere avanzar en la educación con el crédito educativo y la privatización. La revaluación del peso significó utilidades extras para todos los inversionistas extranjeros, depositantes bancarios que además se beneficiaron de tasas de interés altas, bien mayores que las que ofrecen los bancos de sus países; compradores de tierras que además se beneficiaron del alza de los precios de las fincas e inversionistas mineros petroleros que además se beneficiaron de exenciones y prebendas legales.

 

Pero, para entender por qué la agricultura está encerrada en el cuarto de San Alejo, hay que darse cuenta que la economía colombiana padece una tercera dolencia grave, la enfermedad colombiana, el latifundio especulativo. Esta enfermedad se caracteriza por una altísima concentración de la propiedad de la tierra con un índice Gini de concentración de 0,875[1] sobre 1 que en Antioquia y Valle que llega a 0,91,[2] simultáneo con el desperdicio de grandes cantidades de tierra agrícola: 16,6 millones de hectáreas aptas para la agricultura sin sembrar.[3]

 

Los altos precios y arriendos de la tierra disminuyeron la rentabilidad del empresario en niveles que se hicieron insoportables y explica por qué, por ejemplo, el etanol colombiano no puede competir internacionalmente. La especulación con la tierra genera lo que Keynes consideraba una preferencia por la acumulación de tierra por la existencia de una especie de prima por la tenencia de tierra.[4]

 

El doctor Restrepo, podría decir que “heredó” esta situación, pero durante dos años y medio hizo aprobar o propuso medidas que agravan la concentración especulativa de la propiedad de la tierra. Se destacan los artículos 60, 61 y 62 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional, tras una demanda del senador Jorge Robledo y el representante Wilson Arias. El Gobierno quería que tierras tituladas a los colonos campesinos o subsidiadas a beneficiarios de reforma agraria pudieran ser transferidas a grandes empresarios. Ahora en un proyecto de ley, incluyó un artículo que pretende legalizar las apropiaciones de baldíos anteriores a 1994.[5]

 

El Gobierno defiende estas políticas con los criterios del Pacto de Chicoral de hace 40 años, aplicados por el pasado gobierno en el famoso caso de Carimagua.

 

La ideología según la cual la eficiencia y la rentabilidad solamente pueden provenir de las grandes empresas y los campesinos son ineficientes y atrasados. Los apologistas de ese modelo aseguran que van a convertir los Llanos o como ellos los llaman, “la Altillanura”, en un emporio de desarrollo agropecuario si permiten entregar los baldíos a grandes empresas o si los colonos campesinos les venden sus tierras. Eso es un sofisma.

 

Para refutarlo, basta recordar que en los Llanos ya hay grandes propiedades y bien grandes. En el Meta están las fincas más grandes del país y su índice de Gini de concentración de la propiedad es 0,86, el sexto mayor del país. Por otra parte, los artículos 82 y 83 de la ley 160 de 1994 que autorizaban adjudicar y vender tierras baldías a grandes empresas, en extensión ilimitada, estuvieron vigentes 20 años sin que ninguna empresa se interesara en aprovecharlos.

 

En las condiciones de un alto precio de la tierra, los grandes inversionistas no quieren que les vendan baldíos a precios comerciales ni que los latifundistas les arrienden caras las haciendas, quieren gratis baldíos o territorios indígenas o comprar a bajos precios tierras de campesinos, por las buenas o por las malas, de manera que el lucro de la inversión no va a provenir fundamentalmente del producto o de su procesamiento y mercadeo sino del súbito incremento del precio de la tierra, que en el caso del río Meta es mayor por la valorización creada por las explotaciones petroleras y será mayor en la medida en que el Estado realice allí proyectos de navegación. Los inversionistas acaparadores de tierra en el mundo simplemente representan estas tierras en papeles que colocan en los mercados financieros internacionales para ganar con la especulación.

 

En la misma dirección, en lugar de eliminar la legalización de la compraventa de cosa ajena e impedir la posibilidad de legalizar despojos, sustituyó la ley 1182 de 2008 por la 1561 de 2012 que permite legalizar los títulos falsos hasta de una unidad agrícola familiar sin que haya forma de evitar que estas compraventas de cosa ajena se acumulen después de legalizadas. Así, mientras los despojados suben por la escalera de la ley de víctimas a reclamar sus derechos, en la medida de sus recursos, los comercializadores de tierra ajena subirán en el ascensor de la ley 1561 a legalizar sus escrituras fabricadas.

 

El proyecto de ley de tierras y desarrollo rural amplía de 3 a 5 años el plazo para la extinción de dominio de un predio no aprovechado. De aprobarse esa propuesta la cantidad de tierra desperdiciada aumentaría, al igual que el precio de la tierra. Para completar, elimina el concepto de título originario del Estado para probar la propiedad, asimilándolo a cualquier negocio jurídico y ratifica la posibilidad creada por la ley 1182 de 2008 de legalizar la compra venta de cosa ajena.

 

Profundizando con el marcado carácter anti indígena del Estatuto Rural declarado inconstitucional, el proyecto de ley de tierras del Gobierno elimina la norma que reconoce el carácter inalienable de 12 reservas indígenas y la que protege los territorios de pueblos cazadores, recolectores o agricultores itinerantes; desconoce la presunción de vigencia de los resguardos coloniales con títulos debidamente registrados y exige una certificación del Ministerio del Interior para evitar que un territorio indígena o afro sea adjudicado como baldío, dejado de reconocer como las áreas de caza, pesca, recolección, protección ambiental y sitios sagrados que constituyen el hábitat de una comunidad indígena. La eliminación de las normas que protegen los territorios indígenas va también en la dirección del rentismo, que quiere tomar gratis las tierras y provoca además graves conflictos interétnicos.

 

La restitución de tierras despojadas es sin duda una importante labor que ha comenzado, lentamente, gracias a la aprobación de la Ley de Víctimas y a la creación de la Unidad de Restitución. Pero, su futuro depende en primer lugar de acciones judiciales. Mientras tanto se aprueban o se quieren aprobar normas que legalizarían nuevos despojos automáticamente.

 

Mientras no se modifique el modelo que hizo fallar la gestión de un Ministro de lujo, todo va a seguir fallando.

 

 

 

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