Colombia 2021: otra vez la huelga de masas

La lucha por la renta básica de emergencia es vital para todos los sectores movilizados y primero que todo para la juventud, que es la más afectada por el empobrecimiento, la falta de oportunidades y el desempleo.

11/06/2021
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Los acontecimientos ocurridos en más de 700 municipios de Colombia a partir de la realización del Paro Nacional del 28 de abril no fueron fabricados por alguien, así como el gobierno de Duque y sus funcionarios intentan inútilmente afirmar.

 

Lo que ha pasado hace parte de un período histórico de huelga de masas con profundas raíces objetivas en la situación social económica y política, que se manifestó en Colombia desde el 21 de noviembre de 2019 y durante todo el mes de diciembre de ese año. El gobierno y la mayoría gobernista del congreso creyeron que podían lanzar sobre las grandes movilizaciones de protesta la aprobación de una reforma tributaria en favor de las transnacionales y de los más ricos, y multiplicar el asesinato de líderes sociales, dejando que todo quede ahí.

 

Hay que entender cual es el carácter latinoamericano e internacional de lo que está en curso. No se trata de un “plan” de alguien, sino del resultado de la crisis mundial de las políticas neoliberales y de la situación de miseria y de opresión política en que el capitalismo tiene sometidos a los pueblos.

 

En 2019 las movilizaciones en Haití y Puerto Rico, el paro de octubre en Ecuador, las movilizaciones gigantes en Chile, y la valiente lucha de los indígenas, campesinos y obreros de Bolivia contra el golpe de estado policial fascista, antecedieron e impulsaron la dimensión del paro en Colombia.

 

En 2020 la pandemia aplazó las movilizaciones, pero en mayo las masivas protestas nacionales en Estados Unidos contra la violencia policial y el racismo tras el asesinato de George Floyd, rompieron el hielo. El paro masivo que bloqueo totalmente las vías de Bolivia en agosto, obligó a la convocatoria de elecciones. Las grandes protestas contra la violencia policial en Nigeria; contra la corrupción y el intento de golpe de estado parlamentario en noviembre en Perú; la huelga general de Indonesia y las manifestaciones por la democratización de Tailandia rompieron la cuarentena, así como en 2021 la huelga campesina de la India y las manifestaciones contra el golpe militar en Myanmar.

 

En Colombia, como en Estados Unidos y Nigeria, fue la violencia policial la que rompió la cuarentena el 9 de septiembre de 2020 y desató un levantamiento general de los barrios populares de Bogotá y después la Minga solidaria de los pueblos del Cauca y de los indígenas de Caldas, Huila y Valle que marcharon por la ciudad el 21 de octubre y la toma que por 7 horas realizaron los Misak en el aeropuerto Eldorado.

 

El entrenamiento, acostumbramiento y equipamiento de las policías para reprimir y humillar al pueblo pobre y para intentar aplastar las movilizaciones populares, es una constante internacional, que cada habitante de un barrio popular sufre en la mayoría de las ciudades del mundo, por cualquier motivo.

 

La pandemia enfatizó los graves daños del neoliberalismo sobre la mayoría de la población. Especialmente evidenció las falencias del negocio con la salud, pero además en Colombia el gobierno no vaciló en tomar medidas económicas en favor de la banca mientras apenas entregó migajas a los más pobres, negó auxilios a los pequeños empresarios y microempresarios y dejó solos a los campesinos que tenían listas sus cosechas. Para completar, no se preocupó por hacer a tiempo pedidos de vacunas para detener el virus.

 

El terremoto que se sintió en Colombia desde el 28 de abril, que algunos llaman “explosión social” es la profundización del período de huelga de masas en nuestro país. El epicentro han sido los barrios populares de Cali. El “florero de Llorente” fue la “nueva” reforma tributaria con la que se quiso hacer pagar a los trabajadores y a la clase media lo que les han rebajado a las transnacionales y a los más ricos y lo que les han dado a los bancos. La crisis del sistema de carreteras en concesión expresada en la multiplicación de los peajes y sus altísimas tarifas puso el ingrediente para extender la protesta.

 

Las marchas gigantes en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Villavicencio, Barranquilla, Buenaventura, Pasto, Barrancabermeja o Popayán; los cortes de vías que en diversas regiones del país realizaron los camioneros (Meta, Boyacá, Caldas, Quindío, Tolima), se unieron a movilizaciones en las carreteras de campesinos del Catatumbo, Curumaní (Cesar), Arauca, Boyacá, Meta, Yondó (Antioquia), Sumapaz y Cauca, indígenas, comunidades negras y pobladores de la periferia de las ciudades.

 

La diáspora colombiana se ha manifestado masivamente en apoyo al paro nacional en Nueva York, Londres, Berlín, París, Bruselas, Madrid, Valencia, Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito, San José de Costa Rica, Panamá, México, Miami y Washington. Otros actos con presencia significativa ocurrieron en muchas otras ciudades del mundo.

 

Todo esto provocó la ira de la oligarquía que sintió que le pisaban los dedos de los pies. En vez de negociar ha desatado su respuesta asesina con balas no sólo de la policía a sus órdenes, sino de grupos paramilitares urbanos que actuaron en coordinación con fuerzas del estado y mafias de la delincuencia.

 

La “democracia restringida” colombiana, que asesina todos los días líderes sociales, que quiere volver añicos los acuerdos de paz, no ha dudado en instaurar una dictadura contra la protesta popular:
 

  1. mediante los decretos que ordenan a alcaldes y gobernadores aceptar una “asistencia militar” para atacar las movilizaciones;

  2. procesos de extinción de dominio contra los camioneros que protestan contra los caros peajes y;

  3. procesos contra los congresistas de oposición, ordenados por la procuradora de bolsillo y exministra de Duque y el trámite de urgencia de un proyecto de ley inconstitucional que convierte en juez de la república que puede dictar sentencias penales, a la procuraduría, que en Colombia es un organismo de mera vigilancia administrativa.

 

La dictadura de las balas de Duque se basa en el dogma de que los bloqueos son un delito, con lo cual criminaliza los cortes de vía, a pesar de que mantuvieron por semanas corredores humanitarios para la misión médica y para el abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. Así se azuzó el abaleo de los manifestantes que ya ha costado las vidas de 75 de ellos y un ojo a decenas.

 

La “asistencia militar” es un truco para burlar los controles constitucionales y de conveniencia a la declaratoria del estado de excepción, que no se declara para que el gobierno use las fuerzas armadas a sus anchas y enfrente a tiros la movilización popular. Ya no es solo el ESMAD el que mata manifestantes, sino desde el 9 de septiembre los patrulleros y desde 2021 el GOES y como siempre los paramilitares, que ahora se atreven a dejarse filmar actuando en conjunto con policías.

 

Aunque el ministro de Defensa asegura que el ESMAD sólo ha matado 3 manifestantes desde que fue creado, en realidad hay 45 denuncias de asesinatos cometidos por ese escuadrón en diversos sitios del país hasta 2020. Aunque durante el paro de 2021 ese escuadrón ha sido acusado de 19 de las muertes, es evidente que ya no se trata sólo de la cuestión del comportamiento de una de las fuerzas que integra la policía, sino de un aparato dictatorial a la cabeza del cual se ha puesto al ministro Molano.

 

La dictadura de Duque se niega a corregir su política económica y responde con más y más represión. Con ello no hace más que profundizar las causas de la huelga de masas, que no es simplemente un paro, sino una cadena de movilizaciones que se acrecentó a partir de 21 de noviembre de 2019. Así lo han enseñado Chile y Perú con maestría. Estamos en un momento en que cualquier conflicto económico o político desata una amplia respuesta popular. Por ejemplo Usme se levantó contra las medidas para imponer el monopolio de Transmilenio y de ahora en adelante, en cada lugar la población no se quedará quieta cuando se violen sus derechos.

 

Lo más importante del paro de 2021 ha sido el protagonismo de los barrios populares de las ciudades y poblaciones. La dinámica de la huelga de masas ha llevado a que emerjan formas de autoorganización autónomas como las primeras líneas en todo el país, asambleas populares como la de Tunia (Cauca), las ollas comunitarias y fiestas de protesta en los Portales de Bogotá y la prometedora Unión de las Resistencias en Cali, así como comités locales que han sido reconocidos como interlocutores por algunos alcaldes y gobernadores.

 

El magisterio que hace parte del comité nacional ha desempeñado un papel destacado durante el paro. También algunos sindicatos que han sabido articularse a las movilizaciones locales. Por decisión propia, los portuarios de Buenaventura pararon la actividad del puerto. Desde luego el comité nacional de paro no podía ni puede ser capaz de abarcar el torbellino de la movilización de una huelga de masas. Su papel además de convocar es tratar de orientar. Pero es inevitable que surjan nuevas coordinaciones de los sectores movilizados, que sólo se pueden unificar en cuanto se les reconozca.

 

Indudablemente la lucha por la renta básica de emergencia es vital para todos los sectores movilizados y primero que todo para la juventud que es la más afectada por el empobrecimiento, la falta de oportunidades y el desempleo. Los camioneros necesitan una rebaja de tarifas y del número de peajes, pero el país necesita el fin del esquema neoliberal de carreteras por concesión. Así como detuvo la lesiva reforma a la salud, el Congreso no debería permitir el trámite de una reforma tributaria que no sea concertada con los sectores que pararon.

 

Los gamonales políticos temen como a la muerte que las elecciones de 2021 les causen una derrota electoral histórica. Por eso hacen coro a favor de la dictadura. Tienen armas viejas de fraude como la falta de control de huellas digitales y firmas de los votantes, la transmisión errada de datos y la intervención de los computadores de la Registraduría por hackers. Pero saben que sin aplastar dictatorialmente la protesta van a perder de todos modos las elecciones.

 

Sin embargo, el proceso actual no tiene como objetivo unas simples elecciones. Como lo dicen los jóvenes de los barrios se trata de que ellos conquisten un futuro diferente para ellos y para Colombia, en que el pueblo organizado decida y dirija su destino en paz. Si conseguimos unirnos, así será.

 

https://www.alainet.org/es/articulo/212623
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