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Trascendental petición del ACNUR y OACDH para suspender repatriaciones de haitianos

21/06/2011
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Ayer 21 de junio de 2011, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) pidieron conjuntamente a los gobiernos de los países adonde han llegado los haitianos luego del terremoto del 12 de enero de 2010, suspender las repatriaciones involuntarias a Haití, por razones humanitarias. Además, ambas agencias de la ONU exhortan a los gobiernos a renovar también por razones humanitarias los permisos de residencia y otros mecanismos que han permitido a los haitianos permanecer en el exterior.
Esta trascendental petición del ACNUR y de la OACDH cobra un sentido peculiar para los mismos haitianos que han sido forzados a huir de su país luego del terremoto y también para las organizaciones que venimos acompañando a esta población en diversas latitudes del mundo, principalmente en América Latina.
Una petición que cae en un buen momento
Lo primero que hay que subrayar es que esta petición cae en un buen momento, en el que los haitianos están viviendo una situación muy difícil en varios países del continente americano, principalmente en América Latina[1]. ¡Una situación, en la que los diferentes gobiernos cierran las fronteras de sus países a los haitianos, endurecen sus políticas de migración y asilo incluso con medidas drásticas como las repatriaciones y ponen diferentes obstáculos legales y sociales para su permanencia y su integración digna en las sociedades de acogida!
La República Dominicana, las Bahamas y los Estados Unidos de América[2] (antes del anuncio el pasado 17 de mayo, por la Secretaria americana del Homeland Security Janet Napolitano, de la prorrogación del Temporal Protected Status, el TPS, a favor de los Haitianos[3]) reanudaron las deportaciones de los haitianos hacia su país de origen, violando los derechos fundamentales de los repatriados a la vida, a la salud y a la seguridad, entre otros, y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
De la misma manera, las autoridades de Guyana Francesa y el Gobierno de Brasil cerraron sus fronteras a los haitianos a finales del año 2010 y a comienzos del 2011 respectivamente. A diez meses del terremoto, el Estado francés había empezado a interpelar a los haitianos que se encontraban de manera irregular en Guyana Francesa para obligarlos a dejar el territorio francés.
Por su parte, las autoridades brasileñas dejaron varados en el Amazonas y en la frontera con Perú a cientos de haitianos deseosos de ingresar a Brasil en busca de oportunidades. En una decisión que el gobierno brasileño tomó a mitad de febrero de este año, suspendió la concesión de estatutos de refugiados e incluso rechazó las solicitudes de refugio por parte de los haitianos, alegando que ellos no calificaban para el estatuto de refugiado en base a la Convención de Ginebra de 1951.
Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció el pasado 19 de junio en la prensa que su país ha venido endureciendo los requisitos para conceder el estatuto de refugio, por lo que “se han reducido drásticamente las solicitudes de refugio”[4], afirmó. Los haitianos han sido afectados por este endurecimiento.
A través de nuestras visitas de terreno en Ecuador y en Chile, las dos principales puertas de entrada de los haitianos a Suramérica, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR LAC) ha escuchado varios testimonios de migrantes haitianos respecto a las dificultades que enfrentan para su integración en ambos países. Las dificultades empiezan desde la llegada a los aeropuertos, donde los agentes policiales y migratorios los someten a interrogatorios rudos y a veces irrespetuosos de sus derechos, hasta la homologación o acreditación de sus documentos de estudios o de actas de matrimonio o partidas de nacimiento de sus hijos.
En ambos países, los haitianos entrevistados[5] afirman ser víctimas de estigmatización por parte de miembros de ambas sociedades e incluso de agentes policiales y de medios de comunicación que los consideran “delincuentes” por ser migrantes, afro y haitianos. La estigmatización se manifiesta en hechos tan sencillos como el rechazo de algunos propietarios de casas a arrendarles o de ciertos empleadores a darles empleo, tengan o no sus documentos en regla y las competencias para ejercer las tareas requeridas.
Una petición formulada por el ACNUR y la OACDH
La petición cobra todo su sentido por haber sido formulada conjuntamente por el ACNUR y la OACDH. A pesar de que el ACNUR ha sido siempre claro respecto a que “no considera refugiados por desastre natural y/o el cólera en Haití”, la agencia internacional ha venido pidiendo a los diferentes gobiernos que consideren la situación de los haitianos en sus territorios desde la perspectiva humanitaria.
Por ejemplo, a finales de enero de 2010 “el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solicitó, a la dirección Nacional de Migración y Extranjería de Costa Rica, tramitar permisos laborales para los haitianos irregulares que residen en nuestro país”[6].
Por su parte, otras oficinas del ACNUR en Suramérica vienen proponiendo la idea de “facilitar una visa humanitaria en los países de llegada de los haitianos, que implica capacitar a ONGs y las policías de migración para determinar la vulnerabilidad de las personas y/o incorporarlas al sistema de atención en los respectivos países”.   
Vale la pena rescatar también las gestiones del ACNUR en República Dominicana que, a principios del año 2010 (luego del terremoto), pidió al gobierno de este país conceder visas humanitarias que permitirán a “quienes cuidan de personas gravemente heridas cruzar la frontera legalmente, sin tener que elegir entre el bienestar de su cónyuge o hijo en la República Dominicana y la familia o los bienes que han dejado en Haití”[7], según Gonzalo Vargas Llosa, jefe del equipo de emergencia del ACNUR en Santo Domingo.
En el caso de las representaciones del ACNUR en Brasil y en Perú, incluso brindan, a través de órganos de la Iglesia Católica, “asistencia temporal de emergencia a los haitianos que llegan” a ambos países, principalmente en la frontera brasileña con Perú, Colombia e incluso Bolivia.
En el caso de México, el ACNUR respaldó un “proyecto (de Sin Fronteras) para buscar apoyos económicos de la iniciativa privada que se destinen a los haitianos que hayan llegado al país luego del terremoto del 12 de enero.[8]” Un proyecto que preveía “obtener recursos que puedan canalizarse directamente a la población para su subsistencia: alimentación, transporte, artículos de uso personal, alojamiento, instalación de hogar, capacitación para el empleo, atención médica, asistencia legal y defensoría y gastos de interpretación y traducción”.
Del mismo modo, la representación regional del ACNUR con sede en Washington se viene mostrando preocupada por la situación de los haitianos que se encuentran en diferentes países latinoamericanos, por lo que apoyó la decisión de “actualizar las consideraciones de protección respecto a la población haitiana o de origen haitiano que vive fuera de su país a causa del terremoto de 2010 o antes de esta fecha”.
El que la petición fuera formulada por la OACDH le da también un significado especial, en el sentido de que refuerza la idea de que repatriar a los haitianos en este momento de crisis humanitaria en Haití constituye una violación de los derechos humanos de los repatriados y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Además, valdría recalcar que la mayoría de los haitianos que han huido de su país luego del terremoto fueron obligados a hacerlo justamente por la situación de violación sistemática de sus derechos humanos de la cual han sido víctimas en su país de origen. Entre esos derechos que han sido lesionados, se puede mencionar los derechos económicos, sociales y culturales: el derecho a la vivienda, la salud, la alimentación, la educación…[9]
Una petición que tiene sus límites
Nos alegramos de que el ACNUR y la OACDH hayan formulado esta petición en un momento tan oportuno, pero nos preocupa la aplicación efectiva de la recomendación por parte de los gobiernos, principalmente en América Latina. 
Los gobiernos latinoamericanos e incluso algunas organizaciones internacionales se quedan atrapados en a clásica dicotomía (¿migrante económico o refugiado?), perdiendo de vista la realidad y la especificidad de la situación de decenas de miles de haitianos con necesidad concreta de protección internacional en diferentes países de la región. 
Es muy rescatable la osadía del ACNUR de ir más allá del marco establecido por la Convención de 1951 para pedir a los gobiernos medidas especiales de protección para los haitianos tales como la no deportación y facilidades para su regularización administrativa en los países de acogida.
Sin embargo, la misma Convención de 1951 puede ser utilizada como un pretexto para negar el ingreso y la permanencia de los haitianos en los países de llegada, tal como lo venimos observando en América Latina.
Algunas recomendaciones
Se hace más que necesario un diálogo con los diferentes gobiernos y organismos regionales (tales como la OEA y la Unión de las Naciones Suramericanas –UNASUR-, concretamente en el caso latinoamericano) para aplicar las recomendaciones del ACNUR y la OACDH a través de medidas concretas y creativas de protección de los ciudadanos haitianos.  
De la misma manera, las dos agencias de la ONU deberían crear un sistema de monitoreo, junto con las organizaciones implicadas en la atención y protección de migrantes y refugiados haitianos, para dar seguimiento a la aplicación efectiva de la petición.
La protección efectiva de los flujos haitianos, un reto para el régimen de protección internacional
 
La especificidad del caso de los haitianos en situación de movilidad luego del terremoto, que no cabe dentro de la definición “legal” de un refugiado, pero que no se puede circunscribir a la categoría de “migrantes económicos”, no es exclusiva a los haitianos.
 
Al igual que el caso de los ciudadanos de Zimbabue entre 2005 y 2009 descrito por Alexander Betts en su texto “National and international responsesto the Zimbabwe anexodus: implications for there fugee protection regime” publicado por el mismo ACNUR, el caso haitiano “plantea un reto peculiar al régimen de protección internacional de los refugiados”[10].
 
En el caso concreto de los flujos haitianos en América Latina, el SJR LAC junto con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, creemos que la Declaración de Cartagena es parte de la solución.
“Es necesaria la aplicación de la definición de refugiado que brinda la Declaración de Cartagena, que reconoce como refugiados a aquellas personas que huyan de su país de origen para salvaguardar su seguridad, integridad física y vida a causa de violencia generalizada, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”[11].
Además, el SJR LAC invita una vez más tanto a los gobiernos como a las sociedades de Latinoamérica y del Caribe a ser más solidarios con Haití y a manifestar esta solidaridad con los haitianos que llegan a los países de la región.  
Finalmente, creemos que la solidaridad[12] es el principio clave que puede motivar a los diferentes Gobiernos de la región a abrirse, más allá de sus políticas migratorias nacionales y de las normativas de protección internacional de los refugiados, para entender el grave problema humanitario de Haití que fuerza a los haitianos a huir de su país y para brindar atención y protección a esos migrantes forzosos.
La solidaridad invita a ver, ante todo y sobre todo, al ser humano (antes de ver al no-ciudadano, al extranjero, al refugiado...), a compadecerse con sus sufrimientos y a hacer acciones para reducir sus sufrimientos, devolverle su dignidad y proteger su vida y sus derechos humanos.
- Wooldy Edson Louidor del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR LAC)

[1]Ver artículo del SJR LAC publicado el 20 abril de 2011: “Sombre bilan de la situation des migrantshaïtiens en Amérique”. Enlace: http://sjrmhaiti.org/spip.php?article116&lang=fr
[2]Verartículodel SJR: Latin America: worrying increase in repatriations of Haitians, 6 May 2011. Enlace: http://www.jrs.net/news_detail?TN=NEWS-20110509031303&L=EN
[3]Secretary Napolitano Announces the Extension of Temporary Protected Status for Haiti Beneficiaries, Office of the Press Secretary, Release Date, May 17, 2011, Link: http://www.dhs.gov/ynews/releases/pr_1305643820292.shtm
 
[9] Ver: Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos, SusanGzesh, Revista Migración y Desarrollo, Primer semestre 2008, pp.97-126
[10]Alexander Betts, “National and international responses to the Zimbabwean exodus: implications for the refugee protection regime”, UNHCR, Geneva, June 2009, p. 3
[11] Comunicado de prensa del SJR LAC con motivo del Día Mundial del Refugiado, 20 de Junio de 2011. Enlace: http://www.sjrlac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=304:comunicado-dia-mundial-del-refugiado&catid=17:comunicados&Itemid=79
[12] Ver: CARTA ENCÍCLICACARITAS IN VERITATEDEL SUMO  PONTÍFICE BENEDICTO  XVIA LOS OBISPOS, A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS, A LAS PERSONAS CONSAGRADAS, A TODOS LOS FIELES LAICOS
Y A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD, SOBRE EL DESARROLLO HUMANO  INTEGRAL EN LA CARIDAD Y EN LA VERDAD. 
https://www.alainet.org/es/active/47541

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