Puerto Rico

Acertijo para la estrategia de seguridad de EEUU

Jesús Dávila

25/11/2010

Opinión

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San Juan, Puerto Rico, (NCM) – La alta jefatura de la Universidad de Puerto Rico se ha atrincherado en el Jardín Botánico de Río Piedras tras una muralla de gigantescas alabardas de acero con portones sólidos de metal y caseta de guardia de hormigón mientras pide a Estados Unidos que tome medidas urgentes de seguridad nacional contra las protestas por la política de recortes de fondos.

Pero en cambio, el propio Gobierno removió los portones del recinto universitario de Bayamón y, con tal de que los estudiantes no puedan tomarlos, ha dejado al descubierto las instalaciones de alta tecnología con sus equipos sofisticados y sustancias químicas.

Las acciones del Gobierno de Puerto Rico aplican a su manera conceptos que aparecen en la “Estrategia de Seguridad Nacional” aprobada por Casa Blanca en mayo pasado, pero incumplen aspectos medulares del mismo documento, que enfatiza la importancia para EEUU de que se aumenten los recursos para las universidades y se dé ejemplo institucional de transparencia y gobernanza democrática.

Las coincidencias y discrepancias –ambas explícitas- con el documento estratégico plantean un acertijo en momentos en que el Presidente Barack Obama ha insistido en que las medidas de seguridad para combatir el terrorismo y el radicalismo deben estar acompañadas de un fortalecimiento democrático institucional que sirva de modelo a otros países. En cambio, funcionarios y simpatizantes del Gobierno de Puerto Rico insisten en que debe quedar claro que la Universidad de Puerto Rico no es una institución democrática y que es importante que se deje su gobierno a la jefatura mientras profesores y estudiantes obedecen y ocupan el lugar que les corresponde.

Pero la ciudadela amurallada de Río Piedras no sirvió de mucho para contener a los estudiantes, que esta semana aprovecharon su misma impenetrabilidad para detener sus labores administrativas con apenas un centenar de jóvenes que lograron cerrar los pesados portones poco antes del amanecer y luego celebraron una rueda de prensa en reclamo que se abran las negociaciones. De igual manera, tampoco sirvieron las amenazas de que las autoridades de EEUU tomarían represalias contra la Universidad para evitar que el segundo claustro nacional de profesores universitarios, reunido en la ciudad de Caguas, en el Valle del Turabo, aprobara un voto de huelga a ser ejecutado por el liderato de las organizaciones gremiales ni para prevenir que los estudiantes del recinto de Carolina retaran la ley que invalida las asambleas estudiantiles y aprobaran un voto de huelga para el 20 de diciembre.

Casi coincidente con la aprobación de la nueva estrategia de Washington sobre seguridad nacional, la jefatura de la UPR en unión al Secretario de la Gobernación Marcos Rodríguez Ema gestionaron con representantes de la entidad acreditadora estadounidense que se colocase el sistema universitario en probatoria como represalia por la huelga estudiantil. En aquel momento se explicó por escrito que el movimiento de los estudiantes era parte de un plan para desestabilizar el país mediante un alzamiento.

La jefatura universitaria ha levantado la amenaza de que las autoridades de EEUU dejarán a Puerto Rico sin universidad pública y ha insistido en estos días que el país es víctima de un “grupito” sedicioso financiado desde una potencia extranjera. Con esos criterios, amenazó a los profesores que se atrevieran participar en la asamblea del claustro, decretó ilegales las asambleas estudiantiles y, en consecuencia, nulo el referéndum estudiantil en el que un 98,2 por ciento de los participantes repudió el nuevo aumento en los costos de estudios que se pretende implantar para el próximo semestre.

En el mencionado referéndum, efectuado en el Recinto de Río Piedras, se superó por mucho el requisito de participación impuesto por una nueva ley que intentaba de manera declarada poner un obstáculo insalvable al movimiento estudiantil basado en la creencia de que no es representativo del estudiantado. Durante los tres días que duró, los estudiantes administraron un proceso que cumplió de manera impecable la normativa electoral de Puerto Rico y realizaron un escrutinio público en el que todos los votos fueron adjudicados conforme a derecho.

El movimiento estudiantil ha vuelto a la carga tras el triunfo de la huelga de la primavera pasada, en la que los estudiantes lograron que no se eliminaran las exenciones para los que pagan sus estudios destacándose en deportes, artes y los hijos de trabajadores de la propia universidad, además de detener la implantación del aumento general pautado para agosto.

En este semestre reunieron miles de estudiantes en una actividad rebelde festiva denominada “Contagi-Arte”, movilizaron otros tantos miles en la marcha “Ni un peso más, ni un paso atrás” que recorrió las facultades del Recinto Río Piedras, alteró el orden y amedrentó a profesores que apoyan al Gobierno para apenas semanas después tomar seis edificios. Finalmente, celebraron una asamblea que en dos sesiones aprobó un ultimátum para que el Gobierno se siente a negociar.

Sectores conservadores del gobierno sostienen que lo que ocurre en Puerto Rico es que ante el triunfo arrollador del anexionismo en los pasados comicios generales de 2008 ha llegado el momento de reformas profundas en las instituciones y la sociedad de manera que esa mayoría sea la fuerza indiscutible en la toma de decisiones y se sienta bien representada. De acuerdo a ese punto de vista, es necesario enfrentar las tendencias subversivas que se atrincheran en los grupos opositores, en las universidades y los medios de comunicación.

Así por ejemplo, cuando el grupo de música popular Calle Trece difundió una canción de crítica a un alcalde oficialista, la Junta de Telecomunicaciones inició una campaña para recoger cartas de queja a fin de enviarlas a la Comisión Federal de Comunicaciones en Washington. Justo el día en que salió en defensa de Calle Trece, el analista Roberto Ramos Perea fue despedido de su función en una importante estación radial de la capital.

Ya han comenzado las advertencias en privado a reporteros de medios de noticias nacionales influyentes que deben cuidarse de producir escritos que puedan desatar la ira gubernamental.

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