Honduras

Si no hay justicia en violaciones a DDHH, gobierno de facto enfrentaría a Corte Penal Internacional

Marvin Palacios

24/08/2009

Opinión

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Los derechos humanos y el respeto a los mismos, no son ni de Honduras, ni de España ni de ningún otro país, sino de todos y de la comunidad internacional. Y la obligación de su defensa es una exigencia de todos y cada uno de los seres humanos.

Así inició su conferencia magistral, el juez de la Audiencia de España, Baltazar Garzón al abordar el principio de justicia penal universal expuesto ante unas 500 personas que se congregaron en un hotel capitalino el lunes 24 de agosto.

El principio de justicia penal universal es una respuesta a la impunidad. Es igual a la lucha contra la impunidad. Uno de los argumentos que en forma reiterada se esgrimen contra el principio de justicia penal internacional, es que afecta al principio de soberanía.

“Yo creo que esta puede ser una afirmación política de consumo interno pero difícilmente se puede sostener a estas alturas jurídicamente. Cualquier jurista, cualquier estudiante de derecho va a poder contestar aislándose de la afección política a la que pueda pertenecer, que hay crímenes que no son nacionales, que son internacionales”, explicó el jurista.

Por tanto hay dos ideas, una, la jurisdicción universal para determinado tipos de crímenes internacionales que afectan a la esencia, al concepto de comunidad internacional, por tanto lucha por la impunidad.

Y dos, cuando se trata de estos crímenes no se acepta al principio de soberanía o territorialidad cuando se investiguen, porque el principio de justicia universal, es un principio que está en discusión, incluso en restricción, en algunos países, expresó Garzón.

Añadió que el principio de jurisdicción penal universal responde al principio de solidaridad entre los distintos países, es decir, si en un país no democrático, o en un país no se pueden desarrollar investigaciones sobre crímenes que tienen la catalogación de crímenes contra la humanidad o crímenes internacionales, la propia esencia de la definición de esos crímenes, imponen la obligación de cooperar a que la impunidad no sea la regla.

El jurista ejemplarizó el caso de las dictadura de Chile y Argentina. Este último país en el que se promulgaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida o como ocurrió también en Perú con las Leyes de Auto Amnistía, que posteriormente fueron anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte Suprema de Argentina anuló también dichas leyes.

“Durante todo ese tiempo en que había leyes internas que impedían la investigación de esos crímenes, ese principio de justicia penal universal permitió que se investigaran apoyándose en normas internacionales y de normas nacionales, una serie de crímenes que después, por principio de cooperación jurisdiccional, han continuado siendo investigados por los sistemas nacionales de Chile y Argentina”, detalló Garzón.

La justicia se tiene que impartir en cada uno de los países y por razones evidentes de proximidad de las pruebas, de proximidad de los hechos, de protección a las víctimas debe de producirse esa respuesta.

Posibilidades y límites de la jurisdicción universal

“Solo en el caso de que esa respuesta no se produzca, no se permita producir, se impida producir porque el sistema de justicia o de acción penal pública lo impida hasta el punto de que las víctimas queden desprotegidas, es ahí cuando el sistema internacional de justicia interviene”, señaló el juez.

Agregó que esa intervención se produce en dos ámbitos. En el de justicia penal universal y en el de la Corte Penal Internacional. El artículo 17 del Estatuto de Roma (que crea la Corte Penal internacional) explica claramente cuáles son las cuestiones de admisibilidad que son parte del mismo. Honduras lo es, España lo es, y otros más de 100 países.

“Si se impide la investigación en un país, si no es posible llevarla a cabo, si hay una omisión por los órganos de justicia en esa investigación palpable, si no se produce la protección de las víctimas de ese tipo de crímenes que agreden en forma sistemática a grupos de personas en un ámbito de falta de no protección de derechos”.

“Existe la posibilidad, la obligación de acudir y de responder respectivamente en ese ámbito de justicia. Luego habrá que entrar en cada uno de los elementos de los crímenes y demás”, sostuvo Garzón.

El juez criticó que decisiones políticas asumidas por algunos gobiernos han tratado de sabotear el trabajo de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, citó a Bélgica, país en el que se planteó un caso contra el ministro de defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld.

“Lo que sucedió fue que el Secretario de Defensa Rumsfeld dijo que Bélgica es libre de hacer lo que considere y Estados Unidos también es libre para llevarse la sede de la Organización del Tratado del Altántico Norte (OTAN) de Bruselas, dos mese después la ley se cambió”, dijo Garzón.

De igual forma citó que “cuando se han iniciado acciones que afectaba a países como Israel, China o Estados Unidos, se ha producido la iniciativa de modificación a la ley. No es crítica lo que estoy haciendo, es constatación de hechos”.

El principio de justicia penal universal es un principio integrador con las justicias nacionales, lo que se busca es procurar que no existan zonas de impunidad. También es un mensaje absolutamente claro, por mucho que quieran decir aquellos que sean contrarios al principio justicia universal.

“Y es que nadie puede hacer hoy día lo que quiera, en cualquier país del mundo. En tanto y en cuanto ese hacer afecte a derechos fundamentales que puedan ser violados en forma sistemática y que adquieran la categoría de lesa humanidad, de crimen contra la humanidad”, recalcó Garzón.

En alusión a regímenes violadores de derechos humanos, como el actual gobierno de facto el reconocido juez internacional, comentó que cuando se trata de crímenes que pueden afectar al poder o a los que transitoriamente lo persiguen, se despiertan todas las alarmas, se acude a la protección ultranacionalista y se dice que por qué se meten las narices donde no se debe, cuando yo creo que es exactamente al contrario.

“Y es integración del principio de territorialidad y del principio de justicia penal universal es lo que va a llevar a reducir esos espacios de impunidad y hacer palpable la convicción de que en cualquier momento no inmediatamente, va a ver una respuesta penal o va a ver una respuesta de otro orden a aquellas acciones que pueden ser calificadas como crímenes internacionales”, sostuvo el juez.

El ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares que moderó la intervención de los juristas internacionales, levantó los aplausos de la concurrencia cuando afirmó que él estaba contra el golpe.

De igual manera, el juez Baltazar Garzón recalcó que él también está contra el golpe de Estado perpetrado el 28 de junio contra el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales.

“Hoy día, a estas alturas de la historia es un absoluto anacronismo que se recura a la fuerza para solucionar aquello que debe solucionarse por vía del diálogo, de la concordia y del entendimiento en un país, en una democracia”, comentó el juez.

Y recalcó que “a mí no me cabe en la cabeza a mis 53 años que haya una forma diferente de entender las cosas que dentro de las vías democráticas, cualquier recurso a las vías que propicie acabar con un sistema, o acabar con una persona y que habrán las puertas al infierno, no puedo estar de acuerdo con ello”.

Honduras es suscriptora del Convenio de creación de la Corte Penal Internacional denominado Pacto de Roma.

Baltazar Garzón nacido el 26 de octubre de 1955 y conocido magistrado, juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de su país. Cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el fallecido ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la humanidad, basándose en el informe de la Comisión Chilena de la Verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.

El evento “Evolución del Derecho Penal Internacional frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos”, fue organizado en alianza con el Centro de Investigación y Promoción de loas Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

Al foro asistieron magistrados, magistradas, jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras de derechos humanos y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil hondureña.

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