Víctimas sin ley a su favor. Victimarios con beneficios por “principio de oportunidad”. Legislativo, Ejecutivo y Judicial en desconcierto por leyes evacuadas a “pupitrazo limpio”. En el Congreso, senadores y representantes de la coalición gobiernista-uribista son dueños de sus propios miedos. El “hueco fiscal” se le triplicó al Ejecutivo en menos de 24 horas y el Relator de la ONU informa sobre “falsos positivos”.

La comunidad nacional e internacional en su intento por clarificar cada uno de los puntos mencionados arriba queda perpleja, puesto que con el paso de los minutos se torna más voluminoso el cúmulo de hechos que aparecen en el panorama político administrativo colombiano por los cuales también se requiere entrar a profundizar en su análisis.

Con la venia de nuestros editores y lectores intentaremos hacer un resumen de lo extractado en el primer párrafo:

Ley de víctimas

Pasaron más de veinticuatro meses, nueve audiencias públicas regionales adelantadas por el mismo Congreso colombiano (con participación de millares de ciudadanas y ciudadanos interesados en obtener la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de la no repetición de lamentables hechos en los que han perdido la vida, sus bienes materiales y su imaginario colectivo miles de colombianos, por el único pecado de estar viviendo en zonas ansiadas por terceros ajenos a sus territorios, a su cultura e idiosincrasia) para llegar a lo que se estimaba por anticipado: El Gobierno mandó a su bancada a “hundir” el proyecto de ley en beneficio de las víctimas por considerarlo contrario a la seguridad democrática y según el ministro de Hacienda: “Es inviable financieramente.

Era una verdad sabida. Al Gobierno no le simpatiza para nada el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado interno. Su posición doctrinal ha sido siempre la de negar que en el país exista algún conflicto. El desplazamiento de más de cuatro millones de colombianos es una verdad inconfesable para quienes apoyan al Gobierno Nacional.

El Gobierno y sus dos ministros de cabecera (el de Hacienda y Crédito Público y el del Interior y de Justicia) se dieron a la tarea de hundir el proyecto de ley mediante el cual se hacía reconocimiento a las víctimas del conflicto interno colombiano por las razones que mencionamos anteriormente. Según el ministro Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior y de Justicia: “Este Congreso es un orgullo para el país” por haber dado un giro de 180º en menos de cuarenta y ocho horas en sus conceptos, es decir, el martes 16 de junio aprueban un proyecto de ley de víctimas y el jueves 18 de junio rechazan dicho proyecto.

En el aprobado en primera instancia no se hacían concesiones a las víctimas de crímenes cuyos autores (materiales y/o intelectuales) fueran agentes estatales, como sí se les contempla a las que surgen de actos delictivos cometidos por otros autores (llámese paramilitares o guerrilleros), en lo concerniente a la reparación por vía gubernativa. Para el Gobierno, se hace obligatorio que se obtenga una sentencia judicial en el que se condene al autor o a los autores de los denominados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales, como bien lo reconoce el Relator de la ONU en su informe, recientemente divulgado ante la opinión pública.

Con posterioridad, los congresistas llamados conciliadores (los que estudian el texto del proyecto de ley aprobados y hacen los ajustes que estimen pertinentes para su perfeccionamiento), tanto del ala uribista-gobiernista como de la oposición tomaron en cuenta el trabajo Legislativo de tantas audiencias públicas y lo incorporaron al proyecto, lo que no satisfizo al Ejecutivo.

Juan Fernando Cristo, senador ponente del proyecto discutido abiertamente ante el país, por más de dos años, hizo énfasis en la necesidad de continuar en la tarea legislativa impulsada en beneficio de las víctimas del conflicto interno colombiano, y ratificó que : “Al menos se tiene el tema en la agenda pública, lo que de por sí ya es un gran logro, el que hayan hundido ésta iniciativa no quiere decir que se haya acabado, antes por el contrario ya estamos preparando otro proyecto para presentarlo nuevamente en la próxima legislatura”.

Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda y Crédito Público indicó que el costo de la ley hundida era de 80 billones de pesos colombianos, sin sustentos de ninguna naturaleza, lo que motivó a la oposición a ratificar sus criticas sobre la actitud del Gobierno en contra de las víctimas.

Victimarios beneficiados con “Principio de Favorabilidad”

En lo concerniente a los victimarios el Gobierno logró aprobar su proyecto de ley para beneficiar a diecinueve mil paramilitares. Según manifiesta el ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio, es con el fin de conseguir la “colaboración efectiva de quienes estuvieron incorporados en las filas del paramilitarismo y “que no cometieron delitos de lesa humanidad”.

Los paramilitares desmovilizados y que se acojan a estos beneficios deben denunciar a otros miembros de bandas delincuenciales y con ello se les condonaría su pena de privación de la libertad y obtendrían el beneficio de la libertad condicional, quedando con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial respectiva que atendió su caso específico.

La discusión al respecto es sobre un punto muy obvio, los críticos de esta iniciativa insisten en que las personas que se vinculan a cualquier grupo armado ilegal saben de antemano a lo que se exponen y someten. Van al combate con el propósito de cumplir la orden superior de “eliminar al enemigo”, entendiendo como tal a la guerrilla y a todo cuanto se les parezca, ya sean simpatizantes reales o ficticios.

“A pupitrazo limpio” por referendo reeleccionista

Mientras el presidente Uribe discute con su alma sobre la posibilidad de lanzarse a la segunda reelección, congresistas de la bancada uribista se han dado a la tarea de impulsar una iniciativa legislativa con tal de modificar la Constitución Política para que el jefe de Estado Álvaro Uribe Vélez, sea nuevamente candidato a la Presidencia de Colombia.

Esta nueva propuesta de enmienda constitucional ha copado a la denominada “aplanadora uribista” como si los demás temas del orden nacional fueran de poca o ninguna importancia, por lo que dejaron para última hora múltiples proyectos de ley que han evacuado a la carrera y sin discusión seria, serena y ponderada.

Se adiciona, por otra parte, la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia a los congresistas que impulsan el referendo reeleccionista por no cumplir con los requisitos esenciales para su debido trámite, por denuncia formal presentada por el representante a la Cámara Germán Navas Talero, del Polo Democrático Alternativo (PDA), partido opositor.

Debido a la indagación preliminar notificada por la Corte a los congresistas vinculados a la investigación, muchos representantes a la Cámara se muestran reacios a continuar con el trámite de la reelección, por miedo a perder su curul.

Hueco fiscal triplicado

Esta misma semana, el ministro de Hacienda y Crédito Público Oscar Iván Zuluaga, había anunciado que el desfase del gasto público era de ocho billones de pesos colombianos. No habían transcurrido unas cuantas horas cuando el mismo funcionario corregía su información anterior, indicando que se la habían quedado por fuera datos del año anterior, por lo que el valor real del denominado “hueco fiscal” alcanzará un total de veinticuatro billones de pesos para el 2010.

Debido a lo anterior, ya se conjetura que el Gobierno acudirá a presentar otra reforma tributaria y reducirá, aún más, el gasto social aun cuando el Gobierno intenta desmentir dichas aseveraciones.

Ejecuciones extrajudiciales por “falsos positivos”

El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las ejecuciones arbitrarias, Phillips Alston, categóricamente indicó: “La expresión falsos positivos brinda una especie de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor como un asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de beneficio”.

Para el Gobierno Nacional, en especial para el ministro (e) de Defensa, General Freddy Padilla de León, el informe mencionado deja bien parada a las Fuerzas Armadas por el reconocimiento que hace de los avances en materia de Derechos Humanos.

Lo paradójico es que el delegado de la ONU manifiesta en dicho documento: “He entrevistado a sobrevivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello”.

- Fabio Monroy Martínez es Abogado-Periodista

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 163, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org