Los pueblos indígenas amazónicos y la federación nacional indígena AIDESEP se han levantado contra los DL 1015 (que modifica la Ley 26505) y 1073 (que modifica el 1015). La 26505 es la Ley de la Inversión Privada en las tierras del territorio nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas. El texto modificado por el DL 1073 (literal b del artículo 10 de la Ley) reza: "Tratándose de tierras de propiedad de las Comunidades Campesinas y Nativas (...) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año." El DL 1015 rezaba: "... no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente." (Osea, mucho menos gente). A su vez, el artículo 11 de la Ley decía: "... sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad." Para el caso de las comunidades de Costa, la Ley (Art. 10) estableció "no menos del cincuenta por ciento".

En suma, los dos DL modifican la Ley 26505 de dos maneras: (1) homologan comunidades de costa, sierra y selva, es decir, asumen que la realidad (territorial, económica, cultural) de las comunidades costeras, de los campesinos serranos y de los indígenas amazónicos es similar y por tanto les cabe una regla única; (2) optan por la condición de votación menor -- cincuenta por ciento sobre dos tercios--, es decir, facilitan para todas las comunidades del Perú, el uso comercial de sus tierras. El diagnóstico homogenizador y la regla facilitadora nunca fueron consultados a las comunidades afectadas ni fueron solicitados por estas. Pero el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, exige que a las comunidades locales se les consulte sobre todo proyecto o política que las afecte. El Ejecutivo se saltó esa condición. Debido a ello la Defensoría del Pueblo interpuso denuncia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ahí está, legalmente, la cosa. Pero no política ni moralmente.

El Ejecutivo, sobre todo en las declaraciones que han vertido sus voceros en la última semana, también olvidó varios derechos de los pueblos indígenas sancionados por la ONU y reconocidos por el Perú: "Los pueblos y las personas indígenas tienen el derecho a no sufrir la asimilación forzosa o la destrucción de su cultura" (Art. 7.1); y el Estado está obligado a prevenir "Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos"; "Toda forma de asimilación e integración forzosa a otras culturas o modos de vida que les sean impuestos por medidas legislativas, administrativas o de otro tipo; y "Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos " (Art 7.2 b, d y e). Cuando se emite una norma que asimila a los pueblos indígenas amazónicos con las comunidades costeras (es decir, los trata como si fueran similares) y que facilita las condiciones en que territorios indígenas pueden pasar a manos de terceros privados (es decir, que puede tener como consecuencia el enajenarles sus tierras, territorios o recursos), sin consultar a los afectados, se está violando los derechos arriba expuestos. Eso hizo García. Y eso han hecho varios periodistas también, como Cecilia Valenzuela, ayer noche, en La Ventana Indiscreta (digamos que por ignorancia o etnocentrismo, males curables).

Como lo dijo con toda claridad Ada Chuecas del CAAAP, en RPP la mañana del lunes, no se trata de si los indígenas amazónicos están en contra o a favor del desarrollo del Perú. Claro que están por el desarrollo; pero en sus propios términos, como cualquier hijo de vecino. Pero nadie les ha preguntado cuáles son esos términos. Sin embargo, sabemos con toda claridad que no es posible la supervivencia de ninguna cultura indígena sin su territorio. Cultura indígena y territorio son una sola entidad inextricable. Y eso es justamente lo que queda amenazado con los DL de marras. Los indígenas, en ejercicicio de derechos garantizados por la sociedad global contemporánea y por las instituciones democráticas, ven en esos DL amenazadas su identidad (por asimilación) y su supervivencia (por debilitamiento de salvaguardas territoriales). Y por eso es que los indígenas han dicho estar en pie de guerra, horrorizando a los capitalinos, que no entienden que se trata de pueblos a punto de desaparecer, acosados, violentados y ninguneados cada segundo de los últimos quinientos años. Quien está al borde de caer en la nada, no puede ser muy educado cuando recibe un empujón.

Durante el fin de semana, dirigentes indígenas se reunieron con Antonio Brack, y luego, según versiones oficiales y periodísticas, patearon la mesa cuando todo iba bien encaminado. Se ha dicho que por manipulaciones humalistas. Es posible; pero en media vida de tratar con indígenas amazónicos y con sus dirigentes, sé que una negociación con indígenas no es un asunto lineal, en que se va chequeando una lista hasta que se acaba. Una negociación con indígenas es un proceso de construcción de confianza, de búsqueda de encuentros en términos de compromisos con la supervivencia indígena, no en términos jurídicos. Brack, anoche, relató algo que a él lo desconcertaba: La insistencia de los indígenas en que se derogara los DL, su gran dificultad de comprender que ya no se podía derogar, que había que someterse a los procedimientos legales y esperar la sanción del Tribunal Constitucional. Eso no lo aceptaron los indígenas, le dijeron "si el TC falla en contra nuestra, nos rebelaremos". Es decir, se irán contra la interpretación de la Constitución hecha por la máxima instancia especializada. ¿Porque están locos y no quieren ser peruanos? ¿Porque se zurran en la Constitución? No: porque está en juego su supervivencia. Eso Brack (que creció con indígenas) no lo entiende o ha decidido olvidarlo. Los indígenas exigen garantías sobre su territorio (que es su supervivencia) y Brack no se las podía dar. Eso basta, pues, para patear la mesa y concluir exactamente como ellos concluyeron: Que Brack no tiene la autoridad que ellos necesitan. ¿Y acaso fueron los indígenas quienes nos han llevado a esta situación? No. Ha sido el ignorante y arrogante gabinete García. Ellos, en su profunda codicia por las tierras de otros, en su afán trasnochado de conquista post-colonial, nos han puesto --y se han puesto-- en este brete.

Para acabarla de embarrar, declararon el lunes en estado de emergencia cuatro sectores del territorio nacional, donde las libertades democráticas han sido suspendidas. Es decir, se opta por la represión. Bajo ninguna circunstancia, nunca, aprobaré violencia de parte alguna; pero las condiciones para la violencia han sido dadas. No por los indios, sino por García; de vuelta a las andadas.