Es frecuente, ante la catástrofe generalizada del mundo capitalista, que muchos miren a Cuba como un modelo alternativo. Los pobres indicadores económicos de los últimos 20 años, sumados a la guerra de desinformación en torno al estado de los derechos civiles y políticos, logran que mucha gente se decepcione e interprete que no es esto lo que el mundo está buscando para salir de la crisis.

En efecto, Cuba no es de ninguna manera un modelo para imitar, excepto en el lineamiento central de sus esfuerzos: construir una sociedad que cuide de sus miembros, que no los deje abandonados a su suerte. Construir, además, un modelo de desarrollo sustentable para todos a largo plazo, y por lo tanto NO a la imagen y semejanza de los países desarrollados (que obviamente no lo son). Estos son los principios rectores fundamentales que explican buena parte de las políticas del Estado cubano, tanto las exitosas como las fallidas, las justas como las injustas. Pero además, hay que tener en cuenta que estas medidas debe ser enmarcadas en el tiempo histórico y las circunstancias concretas de la isla, y mal podrían ser tomadas como “receta” a replicar en otras economías.

Veamos en concreto algunos aspectos de esta cuestión a la luz de las últimas noticias sobre las reformas económicas.

Se ha dado amplia difusión a las últimas medidas de “liberalización” del Gobierno cubano: la autorización a los ciudadanos comunes para comprar ciertos electrodomésticos antes restringidos a extranjeros y empresas del Estado: reproductores de DVD, computadoras, etc. Lo mismo para la adquisición de líneas de teléfonos celulares por parte de particulares, o para la renta de habitaciones en los hoteles orientados al turismo internacional. ¿Por qué el Estado cubano mantuvo durante años este “apartheid” económico sobre sus propios ciudadanos?

La respuesta es simple y a la vez compleja: el colapso del “doble bloqueo” de los 90 dejó a país no sólo sin socios para comprar, sino también sin socios para vender. Los economistas cubanos llamaron “doble bloqueo” a la situación que el país vivió en la última década del siglo anterior, en que a la imposibilidad de comerciar con EE.UU. y sus aliados, se sumó la imposibilidad de comerciar con el bloque de ex países socialistas, algunos cooptados por el Imperio y otros sumidos en el caos. Fueron los tiempos del endurecimiento del embargo –Ley Helms-Burton y otras que extendieron los alcances del bloqueo incluso a terceros países– y de la vigilia internacional por la rendición inminente del Gobierno cubano, condenado a ser la isla más aislada de la historia.

Milagrosamente, Cuba sobrevivió y encontró el camino. Obviamente, fue gracias a una estrategia que concentró todos los recursos en las áreas vitales de la economía, en aras de la supervivencia del conjunto. De los tiempos en que los preciosos insumos tecnológicos provenientes del exterior y las capacidades hoteleras debían ser vedados al “libre mercado” o al libre acceso de la población para reservarlos a las prioridades de la economía, vienen las reglamentaciones que Raúl Castro acaba de anular. Y habrá más medidas en este sentido. Raúl lo anticipó en su discurso ante la Asamblea Nacional en diciembre de 2007: de las prohibiciones innecesarias nacen un buen número de ilegalidades, asumió. Y sus anuncios dieron respuesta a centenares de propuestas sobre la economía que los ciudadanos elevaron en un proceso de debate que los medios internacionales ignoran.

¿Se trata entonces de que los cubanos no tenían antes acceso a computadoras, DVDs Y teléfonos celulares? ¿Se trata de que ahora todos los cubanos podrán consumir estos productos a sus anchas? Ni una cosa ni la otra (las noticias anti-cubanas más ramplonas intentar hacernos asumir que los problemas cotidianos de sus ciudadanos se originan simplemente en la voluntad del Gobierno de hacerlos padecer). En realidad, quien tiene los recursos en la Cuba de hoy, ya probablemente tiene esos bienes, pero por “izquierda”. El asombroso repunte de la economía lo ha permitido. Es decir que lo que el Gobierno ha hecho es “legalizar” –tal vez tardíamente– una situación que ya estaba instalada. Por otra parte, el levantamiento de la prohibición no logrará que esos bienes sean accesibles a toda la población, simplemente porque su precio en dólares es una barrera. Pero ésa es una situación universal, es decir, común a cualquier país.

¿Dónde está, entonces, la diferencia central de las políticas del Gobierno cubano? Este aspecto no aparece en las noticias internacionales.

Hace un par de años, el Gobierno lanzó la consigna de la “Revolución Energética”. Se trata de una iniciativa nacional para reducir el consumo de energía, vía el recambio tecnológico. Empezó por el recambio, en todo el país, de las tradicionales bombillas por lámparas de bajo consumo. Y siguió con el recambio masivo de heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos vetustos de la época de la URSS, por nuevas y modernas unidades que se distribuyeron masivamente a lo largo y a lo ancho de la isla, pagaderos en cuotas. Le seguirá, en una etapa que comienza en breve, la distribución de hornos microondas con la misma modalidad. Quienquiera que visite la isla, por estos días, podrá comprobar la asombrosa modernización tecnológica de los hogares cubanos, que alcanza hasta el último de los rincones rurales.

Esta es claramente una política de redistribución de la riqueza –no vía-mercado, por supuesto– que atiende efectivamente tanto a necesidades individuales como colectivas.

Cuando se discute sobre el modelo cubano, es útil preguntarse: ¿Cuántas modalidades de la vida cotidiana fueron en realidad dictadas por la emergencia y la guerra? ¿Qué aspectos del espíritu humanista e igualitario que lo guían sería deseable aplicar en el nuevo modelo de sociedad que el mundo reclama?