Casi medio siglo después del inicio de las políticas prohibicionistas en EE.UU., el modelo criminalizador se cae bajo el peso de la realidad. Por qué el mundo se encamina a combatir las adicciones fuera del ámbito penal.

Algún día los libros de historia del continente narrarán cómo nuestros países, en un pasaje triste de su etapa colonial, cayeron en la trampa de impulsar la criminalización de conductas privadas y el cultivo de ciertas plantas, so pretexto del cuidado de la salud pública. El balance histórico será demoledor: miles de muertos y encarcelados, zonas enteras devastadas por una guerra absurda e injusta, y una sociedad dividida por un paradigma engañoso y anticientífico.

Muchas de las drogas hoy declaradas ilícitas fueron fundamentales en la consolidación de las élites colonialistas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y están estrechamente ligadas al comercio de esclavos y la acumulación originaria del capitalismo en las naciones centrales. El proceso de criminalización de estas sustancias ha obedecido a fenómenos poco relacionados con políticas de salud pública. Más bien está vinculada con fenómenos sociales de otra índole. Además, ha sido funcional a los intereses de los cárteles del narcotráfico. Milton Friedman señaló que la prohibición tiene el efecto de mantener los precios altos a partir de la creación de un mercado oligopólico.

Casi medio siglo después del inicio de las políticas prohibicionistas en EE.UU., de Norte a Sur del continente el modelo criminalizador se cae bajo el peso de la realidad. Se impone un balance racional, y una revisión del cúmulo de leyes insanas que han contribuido a una guerra que dejó más daños que beneficios.

Tres micro-historias permiten dar cuenta de este proceso.

Mercedes, Argentina: El Megaoperativo, 12 años después

En noviembre del 2007, la pequeña ciudad de Mercedes (Bs As) amaneció convulsionada. Hubo ocho allanamientos y siete individuos detenidos. En el procedimiento se involucraron tres fiscalías, dos jueces y una Brigada de Narcóticos. La prensa bautizó a la jornada como el “Megaoperativo” y detalló el trabajo de ‘Los Súperagentes’, un grupo de investigadores que trabajó bajo identidad reservada.

Pese a la ostentación, la cruzada fracasó. El juicio final a los acusados tardó nada menos que 12 años en celebrarse. Tuvo una opaca, misérrima cobertura en los medios. Muchos testigos citados ni siquiera comparecieron. Todos los acusados fueron absueltos, excepto uno que apeló y probablemente será absuelto en segunda instancia. ¿Cómo se explica semejante resultado?

La causa se propuso sin éxito que vecinos-clientes de circuitos de narcomenudeo delataran a otros vecinos (muchas veces amigos entre sí) por operaciones de compra-venta de sustancias ilegales. Las cantidades mínimas requisadas en los allanamientos restaron aún más prestigio al proceso. Todo el despliegue judicial y policial sirvió apenas para la exhibición pública de un puñado de adictos y proveedores locales. El escarnio no tuvo mayores efectos, ni a nivel individual ni colectivo.

No solamente la enorme tardanza en ir a juicio cuestiona los resultados del Megaoperativo. Es también que, 12 años después, uno de los adalides judiciales de la cruzada está procesado por colaborar con el espía-extorsionador Marcelo Dalessio aportando datos personales confidenciales que se utilizaban para chantajear a empresarios y políticos. Lo que comenzó con un espionaje de consumidores y agentes de narcomenudeo, derivó un tráfico de datos personales utilizado con fines criminales.

Marcelo Dalessio y el fiscal Stornelli usaban datos privados para armar causas y extorsionar empresarios y políticos.

¿Vale la pena sostener el entramado de leyes que condujo a este inútil gasto de energías?

Los ejemplos de la irracionalidad de la legislación antidrogas se palpan a diario. En otro caso, un juez de Mercedes condenó a pena de reclusión a una mujer, madre de tres hijos, por narcomenudeo. Los niños, que no tienen más familia que su madre, deben ser alojados en un centro de acogida. ¿No es peor el remedio que la enfermedad?

Culiacán, México: Una ciudad junto al Chapo

El prohibicionismo ha creado monstruos de enormes dimensiones que no sabemos cómo desactivar.

Hace pocos días, en Culiacán, México, una comitiva policial intentó detener al hijo de Joaquín Guzmán, el Chapo de Sinaloa. El hijo del Chapo –hoy recluido en una cárcel de Estados Unidos- también está solicitado por la justicia norteamericana, bajo los cargos de continuar con las actividades del cártel que conducía su padre.

El intento fue abortado por las propias fuerzas de seguridad del cártel. Los 30 policías fueron rápidamente rodeados por un centenar de hombres, que además cortaron las vías de acceso al lugar para impedir que lleguen refuerzos. Toda Culiacán, por otro lado, se iba a convertir en un infierno de violencia y represalias.

Una comisión de Seguridad Nacional –con la bendición del presidente López Obrador- decidió suspender la detención, que por otra parte, iba a ser inútil.

Los cárteles de la droga son hidras de mil cabezas. Desaparecido un jefe, lo reemplaza otro. Son redes altamente organizadas y con una profunda inserción social. En México sus jefes gozan de alta popularidad en sus regiones de influencia: financian escuelas, centros deportivos y universidades. Hacen filantropía, y crean empleos para miles de personas.

Las familias de los cárteles gozan de una gran reputación social. La Justicia los considera delincuentes porque trafican con sustancias ilegales, pero si la legislación fuera otra, serían considerados empresarios exitosos, forjadores de la prosperidad de sus comunidades. Regiones enteras arrasadas por las políticas neoliberales viven de cultivar marihuana, prohibida en México pero legal en cada vez más lugares de Estados Unidos.

El doble rasero es evidente. Del lado de México se militarizó del combate a las drogas, a pedido de EE.UU. Pero del otro lado, la sociedad estadounidense muestra un ajuste cómodo al problema: un sistema no oficial de distribución funciona sin sobresaltos. No hay jefes mafiosos ni cárteles en las noticias, pero millones de consumidores -el principal mercado del mundo- compran sus dosis con normalidad.

Antes de la “guerra contra el narco” iniciada por Felipe Calderón en 2006, los asesinatos en México mantenían una tendencia a la baja, pero repuntaron considerablemente a partir de la militarización del combate a los cárteles. Esta política costó ya más de 250 mil víctimas.