El 15 de enero de 2007, Rafael Correa Delgado inauguró un nuevo episodio en la democracia ecuatoriana, escenario difícil para los derechos humanos caracterizado por la fragilidad del Estado, sus instituciones y el marco jurídico; la violencia solapada e incrustada en las estructuras de la fuerza y el poder, y la marcada inequidad económica y social, histórica en el país.

Tal vez la premisa para entender este momento sea que existen dos tendencias en el Ecuador, por un lado una profunda esperanza de cambio, no solo político sino histórico, de la mayoría de la población y, por otro, una feroz resistencia y oposición a las propuestas de reforma que impulsa el Gobierno, liderada por representantes de la banca, industriales, medios de comunicación y partidos políticos tradicionales.  Preocupan los desatinos del Presidente en sus declaraciones públicas y cierta imprecisión en las gestiones de la nueva administración.  Con este panorama, el país camina hacia una Asamblea Constituyente que elaborará una nueva Carta Magna.

Soberanía y política exterior: Sobre un Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos, el Gobierno de Rafael Correa ha declarado que no se firmará si las condiciones no benefician los intereses del país.  Las negociaciones realizadas por el gobierno de Lucio Gutiérrez ponían en grave riesgo el derecho a la salud, alimentación, trabajo, entre otros.  Sobre la Base de Manta, el Gobierno ha decidido no renovar el convenio por el cual se encuentran en territorio ecuatoriano militares y una base militar estadounidense.

La frontera norte es una zona marcada por la violencia: incursiones militares colombianas, impactos del Plan Colombia sobre campesinos ecuatorianos por las aspersiones aéreas con glifosato, desplazados y refugiados colombianos en territorio ecuatoriano, acceso limitado a salud y educación, y la falta de atención en servicios básicos e infraestructura configuran un panorama dificultoso para la población que vive en este territorio.

El 21 de julio de este año, se sumó a las decenas de homicidios y asesinatos registrados en la frontera norte, el asesinato de la Intendente de Sucumbíos, Irene Guerrón, quién realizaba operativos de control del contrabando de combustibles hacia Colombia.  Según Amnistía Internacional, otras autoridades y funcionarios de la zona han sufrido amenazas.

Para atender esta situación, el gobierno de Rafael Correa lleva adelante el Plan Ecuador para proporcionar seguridad en las provincias fronterizas del norte a través de programas integrales y mayor presencia estatal en la zona.  Según Fernando Bustamante, Ministro Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, se busca llegar a la paz a través del desarrollo y la vigencia de los derechos humanos.

La movilización social durante los primeros meses de gobierno estuvo protagonizada por las comunidades afectadas por proyectos mineros y comunidades que exigían el cumplimiento de convenios con la petrolera Petroriental en la provincia de Orellana.

Los conflictos entre la población y las transnacionales mineras se originaron porque en el proceso de concesión las comunidades no fueron consultadas sobre si estaban o no de acuerdo con la minería.  A esto se suman atropellos a los derechos humanos como la compra ilegal de tierras, destrucción de ecosistemas, contaminación, amedrentamiento a líderes comunitarios, persecución judicial, uso de grupos armados y otros mecanismos para romper la organización y deslegitimar las luchas locales.  Por su parte, el Gobierno ha incurrido en hechos de represión contra comunidades en el Azuay, donde fueron agredidas mayoritariamente mujeres campesinas.

En el caso de la población afectada por la actividad petrolera, hay inconformidad porque de las ganancias económicas que genera el petróleo, a la población llega una mínima parte, mientras que las comunidades enfrentan efectos por la contaminación y militarización de estas zonas, lo que además ha derivado en enfrentamientos entre fuerza pública y población civil.

El gobierno no ha logrado consolidar los pasos hacia la resolución de estos conflictos.  El recientemente posesionado Ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, mencionó que para superar estos conflictos será necesario crear condiciones de gobernabilidad.  En los últimos años, los atropellos de las empresas extractivas contra campesinos han aumentado considerablemente.  En estadísticas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) del año 2006, aparecen transnacionales extractivas como perpetradores de violaciones a derechos humanos; se registraron 11 denuncias, con una población directa e indirectamente afectada de 3416 personas.

La población carcelaria fue tomada en cuenta en el discurso de posesión presidencial de Rafael Correa y la identificó en su mayoría como víctimas de la pobreza.  El 23 de junio de 2007, el Gobierno declaró la emergencia carcelaria para resolver la situación de los presos sin sentencia y facilitar la repatriación de detenidos colombianos.  Con esto, se pretende atender el hacinamiento y la situación jurídica de los detenidos.  Las cárceles ecuatorianas tienen una capacidad para 6.500 personas, pero albergan a 16.250, de los cuales unos 2.000 son colombianos.  Del total de reclusos hay 9.591 sin sentencia, según la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).  Hay que lamentar el asesinato de la Directora de la Penitenciaría del Litoral, Soledad Rodríguez en abril de este año, en manos de la delincuencia organizada.

Varias estructuras del Estado mantienen prácticas atentatorias a los derechos humanos, entre ellas la Policía, quienes continúan inflingiendo tortura y malos tratos no solo para obtener confesiones o castigar a presuntos delincuentes, sino en detenciones arbitrarias que se han multiplicado contra jóvenes y adolescentes.  Miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de derechos humanos continúan siendo juzgados por tribunales policiales o militares; en este momento se dirime la competencia en el caso de Paúl Guañuna, joven de 16 años que fue subido a un patrullero de la policía y al día siguiente apareció muerto en la quebrada de Zámbiza, en enero de 2007.

La libertad de expresión.  En el contexto de la consulta popular que preguntó sobre la realización de la Asamblea Constituyente, se desató un intercambio de acusaciones entre el Primer Mandatario y los medios de comunicación.  Esto derivó en que la televisión transmita vídeos donde aparecía el ex Ministro de economía, Ricardo Patiño en conversaciones con el Presidente del Congreso Nacional y otro con representantes de la Empresa Abadi & Co, donde hablan de una negociación de seguros para el manejo de la deuda externa de Ecuador.  Por su lado el Gobierno promulgó un decreto por el cual se prohíbe la transmisión de vídeos gravados de forma clandestina.

Si bien el trabajo periodístico es un medio eficaz para controlar el ejercicio del poder y debe garantizarse, el debate sobre la libertad de expresión debería conducir al país a una profunda reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad ecuatoriana.  Queda claro, después de esta coyuntura, que la información en el Ecuador es potestad de los medios por lo que cabe preguntarse cómo puede la población en general hacer uso de su libertad de expresión y si los medios de comunicación propician este derecho hacia toda la población.

Como propuestas en derechos humanos para la Asamblea Constituyente se puede destacar:

- La adecuación de las normas internas a los tratados y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
- No establecer en el territorio nacional bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras que tengan de alguna manera propósitos militares.
- Que en general sean imprescriptibles las acciones y penas por delitos de lesa humanidad y los demás crímenes internacionales establecidos en tratados e instrumentos internacionales.
- Que en ningún caso se ordene la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad y el orden público interno.
- La prohibición del uso de fueros ya sea policial o militar para investigar y enjuiciar a los responsables de violaciones a derechos humanos como el asesinato, la tortura, la desaparición forzada o la detención ilegal.

A través de decreto presidencial se conformó la Comisión de la Verdad que tiene la responsabilidad de investigar atropellos a los derechos humanos entre 1984 y 1988 donde se registraron graves violaciones contra la población ecuatoriana.  Esta iniciativa y el enfoque que el Gobierno da a gran parte de sus políticas hacen prever que en este período democrático se hará una profunda reflexión sobre los derechos humanos en el Ecuador.

Paulina Ponce. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)