Podríamos pensar que con la nacionalización de los Hidrocarburos estamos en puertas de un nuevo ciclo económico basado en los ingresos generados por estos energéticos, su venta al exterior y su industrialización interna. Y coincidir en que deben servir para apuntalar el desarrollo nacional. ¿Existe coincidencia en los modos específicos de su utilización, cuando hoy una masiva ciudadanía esta familiarizada con el tema y aguarda recibir su parte del agua de lluvia que esperan, mojará a todos y por mucho tiempo? Corresponde centralmente al Gobierno Nacional, pero también a las Prefecturas, pronunciarse técnicamente en el debate, para orientar a la nación sobre el uso más adecuado de esos recursos. Es claro que si hoy no tenemos la capacidad nacional – regional - municipal de localizar el excedente, es decir de invertirlo bien para que genere riqueza de un modo sostenible, podríamos llevarnos un chasco con la expectativa creada. Bolivia vivió varios ciclos económicos asentados en lo extractivo, que produjeron grandes excedentes. Los de la plata, estaño, petróleo. Comparando trayectorias históricas de varios países, no parece imprescindible contar con excedentes grandes para gestar el desarrollo. Mas bien, tienen una importancia poco reconocida los factores internos a los propios países. Así, quien (actores), cómo (métodos, sistemas) y en qué (rubros) invertimos como país ese excedente, es central para no seguir echando eternamente la culpa de nuestras desgracias a los otros. El Gobierno Nacional vincula su anunciado Plan de Desarrollo Nacional (PDN) al uso de esos excedentes. Y busca restaurar la centralidad del Estado en la planificación y la orientación de la inversión. Conviene recordar que ya tuvimos momentos gloriosos y miserables cuando ese Estado fue gestor del desarrollo, o cuando la iniciativa privada al amparo o desamparo de su relación con él creció y adquirió empuje, contribuyendo de distinta forma al desarrollo nacional. Uno y otro actor, Estado-iniciativa privada, deberían estar hoy involucrados y articulados del mejor modo posible, aprendiendo de la experiencia de las décadas pasadas. Desde la mirada de campesinos e indígenas, que han logrado interesantes iniciativas económicas las últimas décadas, el PDN debiera contener una Estrategia de Desarrollo Rural (EDR) que sea asumida como Política de Estado. Entonces, el consenso político sobre ella es algo que debería atenderse con sabiduría y cuidado para no cometer el “error” endilgado al 21060 y ver dentro de algunos años tirados, el PDN y la EDR enteros, por la borda por merecer algún calificativo cuando los vientos político-ideológicos cambien de dirección. La EDR propuesta, con la experiencia de rendimientos y competitividad diferenciados, vinculación alterna con mercados regional-nacional-internacional, innovadoras formas de asociatividad y dirección de la producción, debería abarcar la diversidad ecológica y capacidad de la tierra del territorio nacional y considerar la diversidad cultural que portan los actores del desarrollo rural. Ya que el país cuenta con el marco jurídico mínimo referido a la tenencia y asignación de la tierra, la ley INRA -que debe ser modificada por consenso según lo demanden las transformaciones en el agro-, la EDR podría también ajustar y complementar la Ley del Medio Ambiente, la Ley de Aguas, la Ley Forestal, Ley de Municipalidades, y lo que resultara sobre Autonomías Departamentales, tanto del Referéndum, como de la Asamblea Constituyente. Sobre los actores, el impulso a las organizaciones económicas campesinas, microempresas rurales, pequeñas y medianas empresas mixtas (municipios-privados) y otras formas de emprendimiento rural, debería ser uno de los modos específicos de apoyo a las iniciativas desarrolladas desde 1952 hasta hoy. Y debería contener toda una estructura de apoyo, como una clara Jurisdicción Agraria y Ambiental, Sistemas de Innovación Tecnológica, Seguridad Jurídica, Registro y Catastro actualizados, ágiles y descentralizados, Banca para el Desarrollo Rural, Seguros de Riesgo Agropecuario, y otros mecanismos. Finalmente, si la EDR se incorpora en el Plan indicado, sería un modo de descubrir que se ha desarrollado nuestra capacidad de localizar el excedente y espantar a los fantasmas de la mentalidad rentista (una de cuyas formas es el salarialismo y empleismo burocrático) que, aunque no se lo crea, pervive en amplios sectores populares y del liderazgo nacional y regional, aún entre aquellos que se consideran los más “progresistas” entre los progresistas. - Carlos Hugo Laruta, Sociólogo alteño, Director de CIPCA La Paz. CipcaNotas, Boletín Virtual No 154, Año 5. Mayo de 2006. www.cipca.org.bo