Colombia

Perspectivas del movimiento indígena frente a la paz y el conflicto armado

Catalina Rodríguez Ramos

16/06/2014

Opinión

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Para iniciar es importante aclarar que en el país existen, según datos de la ONIC, 102 pueblos indígenas provenientes de los más variados lugares de la geografía nacional, que se han movilizado y organizado para reclamar sus derechos al territorio, la cultura y la autonomía, conformando un movimiento con una estructura organizativa sólida y estable que ha logrado posicionar importantes reivindicaciones en la agenda política nacional. Este movimiento no es, sin embargo, uniforme ni homogéneo, pues dentro de él surgen diferencias relacionadas con las particularidades culturales e históricas de los pueblos, así como con los distintos procesos de colonización y ocupación de sus territorios. Es así que hoy existen cinco organizaciones indígenas diferenciadas de carácter nacional, que agrupan y movilizan a estos pueblos y que plantean diferencias en las formas de acercamiento y negociación con los gobiernos locales, regionales y con el gobierno nacional.

De estas cinco organizaciones, que son la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Asociación de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, las cuatro últimas participaron en el foro “Paz y Pueblos indígenas: Por la vida y la defensa de nuestros territorios”. Este evento fue llevado a cabo en la ciudad de Bogotá y fue posible porque dichas organizaciones consideraron que, por encima de algunas diferencias, está el interés y el objetivo común de discutir sobre un tema fundamental, como son los diálogos de La Habana y la posibilidad de que con ellos exista una solución política y negociada al conflicto pues, a pesar de sus diferencias, los pueblos han sido invariablemente víctimas de éste, que ha afectado su autonomía, su cultura y sus territorios. Adicionalmente, los pueblos, desde su experiencia como víctimas y desde sus tradiciones e iniciativas de vida en armonía y de resolución de conflictos, tienen mucho que decir sobre la guerra y la paz en el país.

Decían durante este evento algunos mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta que la primera guerra que los seres humanos habían emprendido había sido contra la madre tierra, y que ésta había iniciado en este territorio tan pronto como llegaron los primeros colonizadores europeos, razón por la cual la reconciliación y reparación debía empezar con ella.

Complementando, un mayor del pueblo Muruy, proveniente de Puerto Leguizamo, Putumayo, afirmaba que el conflicto no se podía ver entonces únicamente como el mero enfrentamiento entre seres humanos, sino como la desarmonización y el desequilibrio que como hombres y mujeres generamos con el territorio y con todo lo que éste contiene; de allí que, como una de las conclusiones generales del foro, se expresara que la falta de paz es la falta de conocimiento y entendimiento entre los hombres y entre ellos y la naturaleza, y que alcanzarla implica el fortalecimiento de la espiritualidad, entendida como la actuación consiente de acuerdo a las leyes y principios de origen de cada pueblo; es decir, la actuación ética en reconocimiento de una identidad propia, de un pasado común y de la posibilidad de un futuro colectivo y en armonía en los territorios propios.

Con base en este postulado, que podría parecerle a muchos políticamente inocuo en la actual coyuntura, en la cual hasta ahora no se nombra el necesario proceso de reconciliación e identificación colectiva con nuestra herencia indígena y negra, y donde no se menciona siquiera la posibilidad de contemplar también como víctimas a la naturaleza, los animales, las aguas, las piedras y demás hitos donde de acuerdo a la sabiduría indígena residen los espíritus que guardan los territorios, se partió para definir lo que implica la guerra y la paz para los indígenas y su posición en este momento.

Con respecto al conflicto armado es claro que para los pueblos indígenas, éste es una fase más de la violencia histórica que han padecido desde hace siglos y que ha implicado el exterminio de pueblos enteros y, con ello, la desaparición de cientos de lenguas y cosmovisiones, pues cada pueblo es expresión de una forma única de ser, ver y entender el universo, mientras que cada uno de sus territorios es el refugio de su sabiduría ancestral y, como decían varios mayores en el foro, el libro y la guía para la vida en este planeta. Ahora bien, aunque se plantee esta continuidad, es claro que el conflicto armado actual ha entrado a exacerbar y degradar aún más las condiciones de vida de los pueblos, en tanto ha operado sobre situaciones preexistentes de discriminación, pobreza, abandono y desterritorialización.

Los pueblos indígenas han sido por tanto revictimizados y han padecido las afectaciones del conflicto por su condición étnica y sus dinámicas territoriales. Los territorios indígenas han sido ocupados, usurpados y controlados por distintos actores, incluidos los armados, quienes han llegado a los territorios imponiéndose a través de la violencia. Los intereses son muchos, pero dentro de los que cabe resaltar están el refugio y atrincheramiento, el control de las rutas del narcotráfico y la obtención de beneficios de la explotación de bienes naturales. Como muestra de este hecho se han evidenciado las macabras alianzas entre dichos actores y las industrias extractivas para dar pie al despojo, el desplazamiento y el control de los bienes naturales; así lo ha reconocido la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 sobre Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de estarlo.

Como consecuencia de estos hechos, no solo se han presentado alteraciones del territorio y la destrucción de lugares sagrados, sino también masacres, señalamientos, asesinatos de líderes y autoridades espirituales, desapariciones, intimidaciones, confinamiento, entre otras afectaciones que han generado profundos daños y sufrimientos colectivos e individuales1. Son tristemente recordados eventos como la masacre de Bahía Portete ocurrida en el año 2004, en la cual el Bloque Norte de las AUC se ensañó particularmente con mujeres y lideresas del pueblo Wayúu, con el objetivo de doblegar la resistencia de la comunidad en el marco del proyecto de consolidación del dominio militar y territorial de este grupo paramilitar; en dicha ocasión llegaron con lista en mano a asesinar, intimidar, desplazar, violar mujeres y saquear el cementerio2. Así mismo, el accionar de las guerrillas ha afectado gravemente a los pueblos, quienes son víctimas de las estrategias militares que éstas han desplegado para la confrontación con el ejército y los grupos paramilitares; una de sus manifestaciones más perversas ha sido la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonales; se calcula que 1 de cada 10 personas afectadas por estos artefactos pertenece a un grupo indígena3.

Frente a este tipo de hechos, manifestaba un mayor del pueblo Misak que había una intención clara de los actores armados al atacar a los líderes espirituales y al perpetrar crímenes como el saqueo de un cementerio indígena, al ser la espiritualidad y la identidad la fortaleza de los pueblos. Reconocía también que debido al conflicto se había acelerado la aculturación en tanto la presencia de los actores armados en los territorios, fueran estos legales o ilegales, había conllevado a la transformación y la pérdida de los valores indígenas, especialmente en los jóvenes.

Finalmente, y con base en estos hechos victimizantes, el movimiento indígena nacional expresó un clamor unificado por la continuación de las negociaciones de La Habana y por la participación de sus organizaciones en los diálogos y en los procesos de toma de decisión, no sólo como víctimas sino también como referentes de paz en medio del conflicto. De allí que se sugiera también que la reconstrucción de la memoria histórica de la violencia contra los pueblos no sólo incluya la reconstrucción de los hechos violentos y victimizantes, sino también de todas aquellas experiencias pacíficas de resolución de conflictos internos y de intermediación para la resolución de conflictos foráneos o externos a las mismas comunidades, como forma de valorar el legado de paz y armonía que pregonan los pueblos originarios en relación a sus leyes y principios de origen. Así mismo, en procura de la no repetición de la violencia contra los indígenas y sus territorios, se afirmó que es imperativo un replanteamiento del modelo económico y el modelo de explotación y aprovechamiento de los bienes naturales.

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1 Según cifras de ACNUR cerca del 2% del total de personas desplazadas del país pertenece algún pueblo indígena y se advierte que 34 pueblos indígenas colombianos se encuentran en riesgo de extinción debido a la persistente violencia en sus territorios; según la ONIC, son la totalidad de pueblos indígenas del país los que padecen éste riesgo. Fuente:

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia... consultado 12/06/2014

2 CNRR- Grupo de Memoria Histórica. La Masacre de Bahía Portete, Mujeres Wayúu en la Mira. Taurus. 2010.

3 Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. (2013) Pág 95

http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/perspectivas-del-movimiento-indigena-frente-a-la-paz-y-el-conflicto-armado?category_id=138

https://www.alainet.org/en/node/86434